Resolución aprobada por unanimidad en la Asamblea de Delegados y Delegadas del Sindicato de Comercio, Hostelería y Turismo de Sevilla del 3 de Febrero de 2011
Las compañeras y compañeros, Delegadas y Delegados de CCOO de Comercio y Hostelería reunidos en Asamblea decidimos rechazar el Acuerdo firmado entre Gobierno y Sindicatos en materia de Pensiones, apoyando así a los compañeros que votaron en contra en el Consejo Confederal del día 1 de febrero, por encontrarlo lesivo (aún reconociendo que modifica las propuestas iniciales) para los intereses de los trabajadores y trabajadoras de este país. En base a las siguientes…
Consideraciones generales
1. La modificación de la pensión de jubilación no es asunto de “urgente necesidad” desde el momento que, incluso con los cálculos que hacen los interesados catastrofistas de siempre, se reconoce que nuestro Sistema tal y como está hoy configurado no tendría problemas hasta el 2030 y goza de un superávit, aún en tiempo de crisis como el actual, de 64.000 millones de Euros. Por ello, consideramos que la reforma (que habría que desarrollar para mejorar el Sistema Público de Pensiones y nunca para empeorarlo sobre la base de recortes) podría realizarse en un futuro no marcado por el lastre de la crisis y la presión de los especuladores.
2. Tenemos un gasto en pensiones 3 puntos inferior a la media de la UE y lo seguiremos teniendo al menos hasta el 2030, momento en el que aún estaremos un punto por debajo.
3. La crisis económica que sufrimos no tiene nada que ver con las pensiones ni su futuro, sino con un sistema financiero descontrolado y depredador unido a la especulación inmobiliaria. En lugar de controlar estos excesos, esta reforma provocará un trasvase de ahorro hacia los fondos de pensiones privados, alimentando la misma lógica que ha causado la crisis y poniendo en severo riesgo ese mismo ahorro de los trabajadores.
4. El que se haga la reforma con esta premura es, en palabras de la Ministra de Economía y del Presidente de Gobierno, para dar “confianza” a los especuladores financieros (los mercados), pero ello no quiere decir que estos dejen de especular. La cuestión es clara, se está actuando en beneficio, no de la ciudadanía, sino de los poderes financieros.
5. Las proyecciones en las que se basan los que quieren rebajar el gasto para el sostenimiento del sistema no tienen en cuenta ni el crecimiento del PIB futuro ni de la productividad. Con un crecimiento modesto de la productividad habrá muchos más recursos que los actuales para las pensiones.
6. La financiación de las pensiones, en caso hipotético de que pudiera tener déficit en el futuro, no tiene porqué ser siempre financiada con cuotas sobre los salarios, también puede hacerse con tributos progresivos sobre los beneficios o de los PGE.
Aspectos concretos del acuerdo:
El Acuerdo Gobierno-Sindicatos contiene medidas que consideramos inasumibles, en especial las siguientes:
Aumento de la edad legal de jubilación y exigencia de más años cotizados
Se aumentan tres años y medio los años obligatorios de cotización para tener derecho a la jubilación ordinaria a los 65 años, con el 100% de la base reguladora (pasando de 35 a 38,5 años).
Se necesitarán 37 años cotizados para jubilarse a los 67 años con el 100% de la base reguladora, lo que supone dos años más de cotización y aumento de dos años de la edad de jubilación.
Desaparece la jubilación especial a los 64 años.
El aumentar la edad mínima obligatoria de jubilación para la práctica totalidad de las personas
trabajadoras a los 67 años es un recorte de derechos muy importante, con las consecuencias sociales de tener que estar trabajando hasta una edad inasumible físicamente muchas veces, por lo que es fácil prever un aumento importante de las situaciones de incapacidad temporal entre los futuros trabajadores de más de 65 años, con el agravante de que el empresario puede despedir cuando quiera con las facilidades que da la reforma laboral, aplicándosele a la persona despedida los coeficientes reductores (un 7,5% cada año que se jubile antes de la edad ordinaria, 67 años en la mayoría de los casos). A todo ello se añade la dificultad que tienen estos colectivos de seguir trabajando, como lo demuestra que la tasa de ocupación de las personas de 60 a 64 años es del 32,1% frente al 66,5% de los de 50 a 54 años.
El retraso de la edad de jubilación supone además cerrar la puerta dos años más a los millones de jóvenes que están en paro y a los que se les niega la posibilidad de trabajar.
El aumentar el periodo de cotización a 38,5 años es poner un listón inalcanzable para una mayoría de trabajadores y trabajadoras, con carreras de cotización inestables, que verán disminuida notablemente su pensión, y que además consigue por sí misma el aumento de la edad de jubilación.
Se aumentan los años a computar para el periodo de cálculo de la pensión
Se pasa de los 15 años actuales a 25 en un periodo de diez años, medida que supone otro recorte para la práctica totalidad de los trabajadoras y trabajadoras, que verán mermar sus ingresos seriamente sobre la situación actual.
Conclusiones
Toda la filosofía y el objetivo del Acuerdo inciden en el gasto, pero no existen medidas claras y computables sobre los ingresos, haciendo fuerza en la “contributividad” y la “sostenibilidad” del sistema en lugar de en la solidaridad.
Se acepta una falsa idea de equidad –dar prestaciones según lo aportado- que prepara el terreno ideológico para los sistemas de capitalización.
Los jóvenes y mujeres que se incorporan al mercado de trabajo en situaciones precarias, con bajas cotizaciones, empleo discontinuo o tiempo parcial, van a ser los mayores perdedores con esta reforma, condenándoles a pensiones de miseria.
El retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años y el aumento del cálculo hasta 25 años, supone, para la mayoría de los futuros jubilados y jubiladas, una reducción de su pensión (como reconocemos en trabajos y estudios del propio Sindicato). Para el gobierno y los sectores económicos más poderosos, el objetivo del acuerdo es producir un fuerte recorte en los derechos sociales y en las expectativas de pensión actuales y futuras de millones de personas trabajadoras, para favorecer el negocio de los planes y fondos privados de pensiones.
La reforma va a generar en el medio y largo plazo una importante segmentación en la sociedad española, en la que las pensiones garantizadas por el sistema de Seguridad Social, a las que accede la población trabajadora en general, se aproximarán cada vez más a las no contributivas o asistenciales, lo que puede incentivar la no declaración de todas las rentas percibidas. Muy pocas personas podrán acceder a los niveles máximos de pensión del sistema y por ello, se está “invitando” a que, quien tenga niveles altos de renta y capacidad de ahorro, busque sistemas alternativos, evidentemente, sistemas de capitalización en el mercado financiero. Una lógica absolutamente perversa.
Por último, hacemos un llamamiento a militar en CCOO, defendiendo sus opiniones, lademocracia y la pluralidad, de esta organización, que sigue siendo el sindicato donde cientos de miles de trabajadores y trabajadoras cada día luchan por un mundo mejor
