martes, 6 de marzo de 2012

Mas de 165.000 personas claman contra la privatizacion del Canal de Isabel II‏

Lunes 5 de marzo de 2012,

  • La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y el 15M instalaron ayer 319 mesas para llevar a cabo una consulta ciudadana
  • Las asambleas populares instalaron en torno a 110 puntos; el movimiento vecinal en torno a 60 e IU, 40 Escrutados los votos de 293 mesas, 165.860 personas de las 167.710 que votaron se pronunciaron contra la privatización de la empresa pública
  • La Plataforma y el 15M piden a Esperanza Aguirre que lleve a cabo un referéndum vinculante
  • El Ejecutivo regional debe poner fecha a un debate sobre la privatización del Canal en la Asamblea de Madrid

Esta mañana, portavoces de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y del 15M dieron a conocer los resultados de la consulta ciudadana que ayer llevaron a cabo en la Comunidad de Madrid sobre la privatización del Canal de Isabel II anunciada el 19 de septiembre de 2008 por la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Los portavoces de la Plataforma han recordado que, con la consulta, se ha querido dar voz a las madrileñas y madrileños sobre un asunto de capital importancia que “no aparece en ningún programa electoral” y que el Ejecutivo regional está gestionando “a espaldas de la ciudadanía”. En palabras de Enrique García, de la Asamblea Popular del 15 M de Tetuán, “hace unos meses la ciudadanía no sabía nada de la privatización del Canal” y, gracias a la “exitosa” acción de ayer, “ya se ha informado gran parte de la población”.

Esperanza Aguirre, que “no se ha dignado a respondernos tras las 35.000 firmas que registramos el pasado mes de diciembre exigiendo una consulta popular y no ha puesto fecha aún al debate que está obligada a promover en la Asamblea de Madrid como consecuencia de la Iniciativa Legislativa Municipal presentada por seis ayuntamientos que representan a más de 600.000 ciudadanos, no puede ignorar ya este clamor popular”, han subrayado los portavoces de la Plataforma. La consulta no es vinculante pero, en palabras de la Plataforma y del 15M tiene toda la validez moral y política. “Que sea vinculante depende de la voluntad política del equipo de Gobierno de Esperanza Aguirre”, han apuntado.

La “marea azul” inundó ayer buena parte de la Comunidad de Madrid: se instalaron 319 mesas en 50 municipios, incluida la capital. Destaca la implicación de la ciudadanía de Leganés, donde se instalaron 25 mesas; Aranjuez, con 13 y Coslada, con 11. En Madrid la consulta se celebró en los 21 distritos, destacando la participación en Centro, donde se instalaron 18 mesas; Carabanchel, con 17 y Hortaleza, con 13.

Escrutados los votos de 293 mesas (el 98,9% de las 319 instaladas), votaron 167.710 personas, de las cuales 165.860 personas lo hicieron a favor de la gestión 100% pública del Canal de Isabel II y 1.227 en contra. Los votos en blanco y los declarados nulos suman el resto. A falta de recibir los datos de 26 mesas, la Plataforma calcula que, “estimando una media de 570 votos por mesa, podrían haber votado 182.500 personas”, una muestra de población muy superior a cualquiera de los que se consulte en Madrid.

Los promotores de la iniciativa han destacado que el movimiento 15M instaló un tercio de las mesas (en torno a 110), demostrando así que, “lejos de la imagen de `antisistema’ que algunos se empeñan en construir en torno a este movimiento ciudadano, estamos profundamente comprometidos con el objetivo de dar voz a la ciudadanía, algo que debieran hacer los responsables políticos”.

* Los resultados, concluido el escrutinio de los votos, se darán a conocer en http://plataformacontralaprivatizac...

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domingo, 4 de marzo de 2012

El referéndum de Irlanda puede ser un golpe contra la “austeridad” en la UE

Sábado 3 de marzo de 2012,

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“Vota NO a la austeridad”. Richard Boy Barrett, diputado irlandés de la United Left Alliance.

Si los electores irlandeses rechazasen el tratado prestarían un enorme servicio a la población de Europa.

Por Michael Burke, The Guardian, 29/02/12 | esquerda.net

El gobierno irlandés de Dublín está arriesgando. Al convocar un referéndum sobre el último tratado europeo, se arriesga a enfrentarse a lo que se enfrentan la mayoría de los gobiernos europeos –prácticamente todos los partidos que aplicaron medidas de austeridad están siendo rechazados por sus electorados. Un tratado europeo que promete reducciones permanentes del gasto público no puede tener un resultado mucho mejor.

No es, del todo, sorprendente, que la austeridad no sea popular. No es más de lo que la transferencia de las rentas del trabajo y de los pobres para el capital y para los ricos. Una de las grandes falacias de esta crisis es que “no hay más dinero”. Esto es totalmente falso. Hay empresas por toda Europa nadando en dinero. Y la participación de los beneficios en la renta nacional aumentó. Es por esto que los mercados de acciones están al alza –los beneficios de las empresas están al alza.

En algunos casos, como en Irlanda, el nivel total de los beneficios ha subido, incluso cuando la renta de las familias ha descendido y la caída de la inversión privada sobrepasa la contracción del PIB. Pero el gobierno de Dublín no está lleno de jugadores irresponsables. La coalición gubernamental comenzó por resistir todas las exigencias de un referéndum sobre el tratado. Pero tuvo que ceder a la presión popular para la votación de más de un tratado de largo alcance. La persistencia en el rechazo del referéndum habría llevado, muy probablemente, a una contestación legal de la decisión. El nuevo Presidente de la República irlandés, Michael Higgins, que es en sí mismo un producto del cambio hacia la izquierda en la política irlandesa, ayudó a ejercer presión.

Todo el pasado reciente indica que los electores irlandeses serán fuertemente presionados a votar “sí”. Si votasen “no”, serían acusados de destruir el Euro y de todas las desgracias que seguirían. Pero quien está destruyendo la economía europea, y potencialmente el Euro, son los políticos que permiten que el capital circule libremente en la Zona Euro cuando éste es distribuido por los poseedores de obligaciones, e impiden que el Estado redistribuya capital de acuerdo con lo que entiende ser económicamente racional. El sistema federal en los EEUU, o en Alemania, y hasta cierto punto en Gran Bretaña, garantiza que si, por ejemplo, Rhode Island entra en quiebra, la estabilidad de la unión monetaria del dólar americano no corre peligro. Grecia representa poco más para la Zona Euro que Rhode Island para los EEUU. La diferencia es que la mayor parte de los gastos y de la recolección de impuestos es asumida por el gobierno federal americano. Lo que está causando una crisis estructural de la Zona Euro es el rechazo por parte de Europa de un mecanismo de transferencias presupuestarias que sea compatible con una unión monetaria.

En vez de esto, como contrapartida del rescate a los acreedores griegos, la troika de la UE, BCE y FMI insiste en aún más austeridad, o sea, más transferencia de rentas del trabajo para el capital. El tratado determina una restricción gubernamental de “déficits estructurales”, cuya existencia nebulosa permite que tecnócratas no electos impongan a Europa todos los recortes que consideren. Así, la “austeridad” será la norma, tanto en el centro como en la periferia de Europa. Y mientras tanto, es obvio que estas políticas no están resultando; y ahora se habla de abandonar a los griegos a su suerte, con la imposición de cláusulas de compensación que nos hacen recordar los tiempos de Versalles. Si los electores irlandeses rechazasen el tratado estarían prestando un enorme servicio a la población de Europa. Puede ser el punto de cambio en Europa y no solo; un freno a la ola de austeridad antes de que se torne incontrolable.

En el otro lado de Europa, en Grecia, ha habido una oposición sistemática a las medidas de la troika. A pesar de lo mucho que se oye de que protestar no vale la pena, Grecia tuvo una reducción de la deuda y la tasa de interés que está obligada a pagar fue reducida. En Irlanda, las circunstancias políticas favorecen la posibilidad de un ataque político objetivo a las medidas desastrosas y antidemocráticas que han sido seguidas desde el inicio de la crisis. Un voto SÍ significa la continuación de la pesadilla. Un voto NO sería un golpe a favor de todas las víctimas de la austeridad y de todos los demócratas de Europa.

Traducción de Adrián Sánchez

Huelga General para todos y con continuidad

Para que sea sólo un comienzo y no falte la "marea verde".

Domingo 4 de marzo de 2012,

Agustín Moreno/Viento Sur

Las calles se llenaron de manifestantes el 19 de febrero de 2012. Gran éxito de la movilización contra la reforma laboral del gobierno del PP. Los sindicatos cifraron la asistencia en 500.000 personas en Madrid, en 450.000 en Barcelona, y varios cientos de miles más en otras cincuenta ciudades españolas. A pesar de que no ayudaban declaraciones previas a las manifestaciones como que "no queremos confrontar, sino corregir" (Méndez). Parece que se cumplía con creces la petición que hicieron los sindicatos recién aprobada la reforma de ver qué opina la gente antes de convocar la huelga. Pero en vez de intervenir en la Puerta del Sol los secretarios generales de CC OO y UGT y comprometerse con los cientos de miles de personas con un mensaje de lucha y esperanza, se leyó por los responsables de juventud un manifiesto preelaborado como si fuera lo mismo que acudieran 5.000 o medio millón de personas. En él se decía: "si el Gobierno no rectifica, continuaremos en la movilización creciente", pero faltó más claridad, contundencia y concreción.

Lo cierto es que las direcciones de los sindicatos se mostraron sorprendidas por la respuesta, afirmación que ponía de manifiesto un alejamiento de la gente y la dificultad que tienen para valorar la inquietud que había provocado la reforma laboral aprobada. Ya había encuestas (El País, 12/02/2012) que decían que el 51% estaba a favor de la huelga general antes de conocerse la reforma laboral. Sólo había que ir a los centros de trabajo y a las plazas a explicarla para recabar la máxima adhesión social.

Las agresiones de la reforma

No es de extrañar la alarma social generada si se analiza la reforma laboral aprobada por el gobierno del PP. Nunca ha habido una agresión tan profunda a los derechos laborales y sociales en el período democrático que estamos viviendo. Toca todos los palos. Se establece un nuevo contrato con despido totalmente libre y gratuito, es decir, sin causa y sin ninguna indemnización, durante un año y en empresas de hasta 50 trabajadores, que son el 95% del tejido empresarial español. Abarata el despido y lo descausaliza, pasando a ser la mayoría despidos objetivos con 20 días de indemnización por año de antigüedad; ello supone una reducción de hasta dos tercios de la indemnización. Se facilita hasta extremos brutales: con tres trimestres de caída de los ingresos en la empresa se pueden despedir las plantillas. Los despidos improcedentes (totalmente arbitrarios, porque le da la gana a la empresa), serán una minoría y se reduce su coste de 45 a 33 días y de 42 a 24 mensualidades. Puede haber despidos colectivos (EREs) sin autorización administrativa previa. Se hacen posibles los despidos en las empresas públicas y para el personal laboral de las administraciones públicas.

En cuanto al salario, se puede rebajar, e incumplir unilateralmente el convenio por el empresario, cuando se producen dos trimestres consecutivos de resultados negativos, además de generalizarse el descuelgue de las empresas. El objetivo es bajar en términos reales el salario de la población trabajadora de forma drástica, al no poder recurrirse a devaluaciones competitivas por nuestra pertenencia al euro.

Se lamina la negociación colectiva al liquidarse la fuerza vinculante de los convenios y cuando se desplaza el centro de gravedad a los convenios de empresa y se dejan sin poder a los convenios de sector, que son los que protegen a los trabajadores de las pymes. Y se ha recogido la vieja reivindicación patronal de acabar con la ultraactividad o aplicación de los convenios más allá de la vigencia temporal, si el empresario aguanta dos años sin sustituirlo por uno nuevo; es decir, se fija la fecha de caducidad del articulado histórico y los derechos conseguidas por los trabajadores en décadas de negociación colectiva.

Otras medidas afectan a la flexibilidad a la carta para el empresario en el uso interno de la mano de obra; el endurecimiento de las sanciones por supuesto absentismo si se acumulan algunas bajas laborales por enfermedad, lo que puede hacer que un catarro mal curado lleve al despido; la discriminación de los parados de larga duración, ya que se dan incentivos a las empresas que contratan a parados que cobran prestaciones, que pasan a convertirse en ayudas fiscales la las empresas; el endurecimiento de la pérdida de la prestación de desempleo; el reforzamiento del papel de las empresas dedicadas al prestamismo laboral (ETTs); la recuperación del laudo de obligado cumplimiento de reminiscencias franquistas y claramente inconstitucional; etc.

Es una avalancha de recortes que prácticamente liquida el derecho del trabajo y su función tuitiva de equilibrar las relaciones laborales, empobrece de forma generalizada a la población española y nos retrotrae a situaciones de inseguridad de hace un siglo. No va a crear empleo y va a producir más despidos, más explotación laboral y más paro por la depresión del consumo y de la economía. El gobierno ha anunciado que no cambiará nada sustancial. Ante esta situación, la pregunta es ¿a qué esperan los sindicatos para convocar la huelga general? La respuesta no es fácil.

Por una parte, hay quien dice que tienen miedo al fracaso, por otra, que esperan a conocer los próximos presupuestos para intentar responder a dos agresiones con una sola huelga. Sea como fuere, lo cierto es que no pueden olvidar tres cosas: la reforma se está aplicando ya, se nota en la calle y no se pueden convocar movilizaciones a toro pasado; puede empeorar en el trámite parlamentario con el concurso interesado de otras fuerzas como CiU; si la agresión le sale gratis al PP habrá más ataques: ley de huelga, pensiones, desmantelamiento de lo público, etc. El peor fracaso es no estar a la altura de las circunstancias.

Una estrategia equivocada

Hace tiempo que las direcciones de los sindicatos vienen realizando un análisis erróneo de la situación de la crisis y de la revolución conservadora que se ha puesto en marcha. Y en consecuencia su estrategia contiene serias equivocaciones. La crisis es muy profunda, y las perspectivas son peores, según todos los organismos. El drama es que los trabajadores ni hemos creado la crisis ni tenemos nada importante que aportar a su solución. Como nos recuerda Pedro Montes, España tiene unos pasivos brutos frente al exterior de 2,3 billones de euros y, por muchos que sean los sacrificios y esfuerzos de los trabajadores, esa enorme deuda no puede pagarse. Por muchas reformas laborales, precariedad laboral, retrocesos de pensiones, recortes presupuestarios y privatizaciones que se apliquen, no se eliminan los compromisos de la deuda existente, ni la falta de solvencia, ni las dificultades para obtener liquidez en los mercados internacionales. La crisis, el golpe de Estado financiero, está sirviendo como la gran coartada para acabar con nuestros derechos y con nuestros sueños. Estamos mucho más cerca de Grecia de lo que algunos piensan.

Ante esta situación apostar por el diálogo social en exclusiva como se ha venido haciendo es ineficaz, y se convierte en una trampa. Ante la revolución neoliberal que se nos viene encima no vale la estrategia de limitar los daños. Ahí están los resultados: retroceso de las rentas salariales, tasas de paro de más del 20%, elevadísima precariedad en el empleo, débil Estado de Bienestar y privatización de los servicios públicos. Los pactos firmados no han supuesto avances en los derechos sociales, ni han impedido los retrocesos ni han cambiado un modelo productivo fracasado.

El sindicato no se salva evitando la confrontación, más bien al contrario: si no se moviliza contra las políticas neoliberales se produce una deslegitimación por no cumplir el rol al que está obligado. Esto sumado al desprestigio que persigue la derecha en campañas sostenidas contra el sindicalismo de clase, hace que entre méritos propios y ajenos la situación no sea muy boyante y obliga a redescubrir a los trabajadores la utilidad del sindicato. Tan importante como la que tienen los paraguas en caso de lluvia.

Recuperar el respeto

No es una tarea sencilla, pero es posible y absolutamente necesario, recuperar la relación con los trabajadores. Y algo básico: el respeto y la confianza hacia los sindicatos. Éstos serán vistos como algo de fiar en la medida en que hablen claro, sean firmes, escuchen a la gente, fomenten la participación y el protagonismo de sus bases y de los trabajadores. Para ello, un paso muy importante sería que fueran capaces de realizar una autocrítica pública de tres graves errores recientes: la mala gestión de la huelga general del 29 de septiembre de 2010, cuyo impulso se congeló durante tres meses sin convocar ninguna movilización posterior; la firma del funesto acuerdo de pensiones de enero de 2011; y el reciente acuerdo con la patronal para reducir los salarios, que hace imposible la recuperación del poder adquisitivo con referencias como el precio de barril de Brent. Para recuperar credibilidad hay que reconocer las equivocaciones.

Otra práctica a recuperar es ir a los centros de trabajo, estar con la gente, dialogar con ella, fomentar su participación, oírles y contar con sus opiniones sin ninguna actitud propia del despotismo ilustrado. Consultarles tanto para los acuerdos como para las movilizaciones. Para que los trabajadores les consideren como lo que en teoría son: algo suyo y no ajeno a sus intereses y anhelos.

Por último, tienen que ponerse serios de una vez con el gobierno y con la patronal. Una cuestión gravísima de la reforma laboral, desde el punto de vista formal, es que los sindicatos no sabían nada de ella. Acababan de firmar un durísimo acuerdo para los salarios, sin lograr impedir con ello que el gobierno legislase sobre el mercado de trabajo. Y ni siquiera se les informó previamente de su contenido, únicamente por los medios de comunicación y desde Bruselas se enteraron de que iba a ser muy agresiva. Lo nunca visto. Algo que se merecía una respuesta institucional muy dura, como suspender relaciones mientras no se trate con respeto a las organizaciones sindicales.

La confrontación sostenida

Ante la ofensiva neoliberal es necesaria una potente movilización social. Con mucha calle, con la huelga general y más. No se puede volver a repetir la historia de la huelga del 29-S, muy respetable en su seguimiento pero sin ninguna continuidad con movilizaciones posteriores serias. Y que incluso algunos intentasen vender el negativo pacto que elevó la edad de jubilación a los 67 años como un fruto de aquella lucha.

También se precisa un poco de humildad: nadie tiene la fuerza suficiente para hacer frente en solitario a este ataque con posibilidades de detenerlo. Y en un país camino de los seis millones de parados y con millones de precarios la movilización debe de ser además de laboral, también social y ciudadana. Impulsando los acuerdos unitarios con otros sectores sociales, ciudadanos y políticos. Con todos los sindicatos, el movimiento del 15-M, asociaciones de vecinos, culturales, AMPAS, fuerzas políticas, etc. sin descartar a nadie, pero dejando claros los objetivos y las reglas del juego.

Por ejemplo, exigiendo al PSOE un compromiso solemne de derogación de la reforma laboral si volviera al poder, para acabar (o desenmascarar) ese turnismo a lo Cánovas y Sagasta que practica con el PP en materia de política económica.

Dudo que si se hacen las cosas bien el PP resista una legislatura, con su política anti social, la recesión económica y la nula creación de empleo y sus incumplimientos electorales antes de llevar cien días en el gobierno (subida de impuestos, recorte del despido…). No hay que olvidar que la mayoría absoluta del PP es engañosa: apenas representa el 30% del electorado, resultado adornado con una ley electoral que, además de injusta, supone un auténtico fraude. Por ello, en absoluto se puede afirmar que el PP tiene amortizada la huelga general y las movilizaciones. Y mucho menos si estas son masivas, pacíficas y decididas. Hay que llamar la atención sobre el riesgo de que el gobierno utilice la fuerza pública para reprimir salvajemente, como en Valencia, con el objetivo de radicalizar las movilizaciones para que se rompa la unidad y se debiliten.

Una huelga general en la que no falte la marea verde

Por último, la huelga debe de ser convocada cuando toca, por la derogación de la reforma laboral, en defensa de los servicios públicos y contra los recortes sociales y en un día que pueda ser secundada por la mayoría de la población trabajadora. Es una cuestión de principios convocarla y de dar continuidad a la movilización. Hay más razones que nunca y condiciones para ello: la calle está que arde, el 19-F, Valencia y el movimiento estudiantil, sectores públicos movilizados, una industria en desmantelamiento, y un gran malestar social.

Parece que se quiere convocar el 29 de marzo. De ser así no permitiría participar a la conocida como “marea verde”, al ser un día no realmente lectivo, en el que se no se dan clases y solo se entregan las notas y acuden los alumnos media hora a los centros de secundaria. Las huelgas hay que hacerlas cuando hay gente en los centros y sería un error y una torpeza dejar fuera, en la práctica, al profesorado. En comunidades como Madrid ha protagonizado una poderosa lucha con diez días de huelga y más cien de conflicto, con manifestaciones de 70.000 y de 100.000 personas y una gran creatividad de las movilizaciones. También ha habido importantes movilizaciones en la educación pública de otras comunidades autónomas. No ha habido un sector que se haya movilizado con tanta fuerza en los últimos años y no se le puede ignorar.

A ver si para que nadie nos marque la fecha de la huelga general, se va a ir a poner en uno de los peores días posibles para asegurar la participación de la mayoría de los trabajadores y, en concreto, de sectores como la enseñanza pública que está en pie de lucha. La agenda de la huelga la impone la necesidad, la urgencia de la respuesta, la opinión de los trabajadores y la unidad de las fuerzas convocantes. Desde que entró en vigor la reforma laboral, el 11 de febrero, hasta el 29 de marzo hay muchos días posibles para acabar convocando en uno de los peores desde el punto de vista de garantizar la participación de todos. Si la razón es coincidir con las huelgas anunciadas en Euskadi y Galicia, algo que me parece bien, CC OO y UGT deberían negociar con ELA-STV, LAB y CIGA la fijación de una fecha en la que coincida todo el estado español y todo el mundo pueda hacerla. Y en cualquier caso, por ejemplo, ¿por qué no se convoca el 28 de marzo?

Además, la enseñanza pública no puede faltar a la cita de la huelga general porque todas las agresiones tienen coherencia: el modelo educativo, el tipo de mercado de trabajo y el modelo de sociedad que están configurando. Y que no es otra cosa que excelencia para cuatro, el resto trabajadores precarios y mal pagados y grandes desigualdades sociales. Nos hablaban de que España apostaba por otro modelo de crecimiento, por el I+D+i, por la formación de calidad, que podíamos estar en el grupo de los poderosos (G-20). La última reforma laboral del gobierno del PP apunta a un modelo propio de un país en vías de desarrollo, que basa su competitividad en bajos salarios, débil Estado de Bienestar, un derecho del trabajo ridículo y un sistema educativo clasista y, por ello, mediocre. Como vía para que las empresas ganen dinero sin modernizarse y sin apuestas de futuro.

Esto explica la ofensiva paralela hacia el servicio público educativo de calidad. Pensábamos que la beligerancia hacia la escuela pública era por razones económicas o ideológicas: para introducir el ánimo de lucro y para que las tarimas fueran púlpitos. Pero, en su lógica, a los cabezas de huevo neoliberales, no les interesa gastar en formación para empujar después a la juventud a que se vayan del país, animándoles desde programas televisivos que presentan la emigración como si fuera una fiesta. Con una campaña descarada para expulsar del país a la generación de jóvenes más brillante y preparada de nuestra historia, que no tiene un lugar entre nosotros por la irresponsable política económica aplicada.

La educación pública quiere seguir con su movilización y coincidir también con otros sectores públicos y con el conjunto de trabajadores. La lucha por la educación pública es de todos y la lucha de los demás es también la nuestra. Porque si nos llevan a un modelo laboral y social tercermundista no hay espacio para un escuela de calidad de tod@s y para tod@s. Y si esa escuela pública desaparece no tendremos ni una sociedad justa, ni una democracia de calidad, ni unos ciudadanos formados, informados, críticos y comprometidos con su con tiempo y con su pueblo. La marea verde no puede faltar en la Huelga General.

Agustín Moreno es profesor de secundaria de Vallecas

http://www.rebelion.org/noticia.php...

sábado, 3 de marzo de 2012

Boycot a Stradivarius, solidaridad con sus trabajador@s. La precariedad laboral es cosa de todos.


La precariedad laboral, el desempleo, la degradación salarial o los despidos indiscriminados se han convertido en hechos cercanos y conocidos en la vida de todas las gentes trabajadoras de nuestro país. De forma directa o a través de amigos, familiares y compañeros, estamos conociendo una época de vulneración y pérdida contínua de los derechos laborales, así como de degradación de las condiciones de vida que no nos puede dejar ajenos.

Stradivarius es una famosa empresa de moda y textil, que es también responsable de prácticas laborales indignantes. Sus trabajadores y trabajadoras deberán encontrar caminos para organizarse con el objetivo de mejorar su situación; pero desde fuera, no siendo parte de su plantilla, todos y todas podemos ayudar para que increíbles fortunas e imperios empresariales, como éste, no pretendan trasladar la crisis a quienes no la han provocado: los trabajadores y trabajadoras mismas. Así esta empresa se caracteriza en nuestra provincia por:

  • Despidos indiscriminados, para mantener beneficios enormes trasladando el coste de la crisis a la plantilla. Que harán ahora empresas como ésta con la nueva reforma laboral que deja totalmente desprotegidos a los trabajadores.
  • Es la única empresa del grupo de Inditex en Cádiz que no tiene representación legal de los trabajadores. Hay mecanismos represivos para que nadie se organice y puedan reclamar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa y que se respeten los derechos de la plantilla.
  • Horarios excesivos para ahorrar personal a costa de la vida social, personal y de la salud de sus trabajadoras. Así en montajes de rebajas o cambios pueden llegar a tener una jornada de 17horas de trabajo consecutivas.
  • Las trabajadoras salen todos los cierres tarde en relación a su horario, pero esas horas no son compensadas de ninguna manera.
  • También en los festivos se pagan menos que lo que se establece en el convenio colectivo y sólo devuelven la mitad de las horas extraordinarias.
  • Los turnos ordinarios nunca son superiores a las 6 horas para evitar tener que conceder ningún descanso para comer algo.

jueves, 1 de marzo de 2012

Las protestas de los estudiantes en Barcelona acaban en violentas cargas de los Mossos


Jueves 1ro de marzo de 2012,

Eduardo ortega / Público

Las manifestaciones de estudiantes de este miércoles contra los recortes en Educación por las calles de Barcelona han acabado con cargas policiales y enfrentamientos entre los Mossos y varios de los manifestantes, y se han saldado con un balance de 12 heridos leves y 12 detenidos, entre ellos dos menores de edad.[ [VER FOTOGALERÍA]->http://www.publico.es/espana/424419...]

Los detenidos han sido acusados de desórdenes públicos, daños al mobiliario urbano, quema de contenedores y agresiones a los agentes policiales, y todos ellos pasarán este jueves a disposición judicial a medida que se vayan cerrando las diligencias.

Los principales incidentes se han producido en el recinto universitario, en el centro de la ciudad y en plaça Catalunya, donde se está celebrando el Congreso Mundial de Móviles.

El Congreso ha estado buena parte de la tarde fuertemente protegido por un cordón de antidisturbios y Mossos ante los cientos de manifestantes que se encontraban en las inmediaciones. Agentes han detenido a uno de los estudiantes cuando ha querido franquear la línea policial que les tenía rodeados, lo que ha provocado la reacción estudiantil, tirando objetos y una piedra , y alguna carga de los agentes.

"Menos policía y más educación" o "somos estudiantes y no delincuentes" han sido algunas de las consignas que han gritado.

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha acusado a los Mossos d’Esquadra de "reprimir" las protestas y ha exigido la liberación sin cargos de los detenidos. Por ello, medio centenar de estudiantes han protestado de forma pacífica ante la comisaría de los Mossos en el barrio de Les Corts.

Los estudiantes de la Universitat Autònoma de Barcelona ya ha convocado otra jornada de huelga para este jueves.

El recinto universitario, tomado

Previamente, cientos de estudiantes han tomado el recinto de la Universidad de Barcelona, lo que ha llevado a que los Mossos rodearan el recinto universitario, en el centro de la ciudad, donde se han producido graves disturbios y enfrentamientos entre agentes del orden y manifestantes.

Durante la mañana, las protestas se han saldado con nuevas cargas policiales, después de que varios de los manifestantes hayan quemado contenedores y vehículos a su paso por algunas de las calles, como la confluencia de la calle de Balmes con Diputación o el Eixample.

Tras finalizar la protesta, algunos manifestantes se han dispersado en grupos por el Eixample de Barcelona y han volcado y prendido fuego a varios contenedores. En una de las hogueras que se han formado, el fuego ha prendido en uno de los vehículos estacionados junto a los contenedores, informa Efe.

La protesta ha reunido a decenas de miles de personas —70.000 según los convocantes, 25.000 según la Guardia Urbana—, que han colapsado carreteras como la autopista AP-7 y el centro de la ciudad desde primera hora de la mañana . También han querido mostrar así su solidaridad con los estudiantes valencianos, duramente reprimidos por la policía en las últimas semanas.

Barcelona, colapsada

Decenas de miles de personas en Barcelona, entre estudiantes y personal universitario, han realizado una marcha en la Plaza de la Universidad de Barcelona que ha colapsado el centro de la ciudad. Por la mañana, los manifestantes cortaron varias autopistas y la estación de Bellaterra de los Ferrocarriles de la Generalitat, causando grandes retenciones. A las 10:30, unos 200 de estudiantes han llegado hasta la cadena SER, donde han leído un comunicado con sus reivindicaciones en directo en el programa ’Fora de Joc’.

La huelga a favor de la enseñanza pública en Catalunya ha sido secundada además por docentes, investigadores y personal administrativo, que muestran pancartas con el lema "No pagarem la seva estafa" y que los organizadores han calificado de "auténtico éxito". Esta protesta se suma a las que se celebran en cerca de una veintena más de ciudades que participan en los paros, concentraciones y manifestaciones convocadas por el Sindicato de Estudiantes.

Protestas en más de 20 ciudades

En Valencia se han producido encierros en las universidades durante esta noche y una manifestación ha salido desde la Facultad de Historia a las 12:00 horas.

En Madrid ha habido una manifestación desde Cibeles a Sol, convocada por la red de asambleas universitarias de la comunidad, junto con la Asamblea Interinstitutos y Juventud Sin Futuro. Alrededor de mil estudiantes al grito de "somos estudiantes, no delincuentes" o "Todos somos el Luis Vives" han participado en ella. El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha acudido a la manifestación, donde ha declarado que los jóvenes "no quieren estar en un país con un 31% de fracaso escolar y que destina medio punto menos que la media europea al gasto en educación", informa Efe.

También en Málaga han salido han protestado en el campus universitario alrededor de un centenar de estudiantes exigiendo una "educación pública, gratuita y de calidad".

En defensa de la Educación

Los estudiantes pretenden demostrar su disconformidad con "los graves recortes que agudizan la asfixia económica de la educación pública y precarizan el futuro de toda una generación"; así como su indignación con "la violenta represión que han sufrido los estudiantes valencianos, que ejercían su legítimo derecho de libertad de expresión y manifestación contra la situación de desmantelamiento de la educación pública en este territorio", dice un comunicado del movimiento ’Tomalafacultad Madrid’.

También la Federación de Enseñanza de UGT ha programado la entrega en todas las consejerías de Educación del manifiesto ’Defiende los público, defiende la educación’. Las protestas estudiantiles se suma a las concentraciones "contra la reforma laboral" convocada por los sindicatos en la Puerta del Sol y la huelga de funcionarios de la Junta de Castilla-La Mancha.

Fuente: Público

Eric Toussaint: «Unión Europea: Una terapia de choque como la realizada en América Latina en las décadas de los ochenta y de los noventa»


Jueves 1ro de marzo de 2012,

Entrevista realizada por Carlos Alonso Bedoya, publicada en el diario peruano, La Primera

Eric Toussaint, doctor en ciencias políticas y presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) es miembro de la Comisión de auditoría integral del crédito público de Ecuador (CAIC) cuyas conclusiones condujeron a la suspensión del pago de una parte de la deuda ecuatoriana. Para él, Grecia debe suspender el pago de la deuda y debe rebelarse contra la Troica, compuesta por el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea, ya que de lo contrario se hundirá en una recesión permanente.

¿Cómo caracterizaría usted el momento que atraviesan algunos países de la Unión Europea que como Grecia tienen enormes deudas públicas?

Se puede comparar su situación con la de América latina durante la segunda mitad de la década de 1980.

¿Cuáles serían las razones?

La explosión de la crisis de la deuda en América Latina tuvo lugar en 1982. La crisis bancaria privada estalló en Estados Unidos y en Europa en 2007-2008 y se transformó a partir de 2010 en una crisis de deuda soberana debida principalmente a la socialización de las pérdidas de los bancos privados[2] y a la reducción de la recaudación fiscal provocada por la crisis. En el caso europeo, tanto como en el latinoamericano, varios años después del estallido de la crisis, nos encontramos en una situación en la que los acreedores privados y sus representantes se reúnen para ordenar las condicionalidades a todos los gobiernos. Ejercen presión sobre éstos para que implanten políticas drásticas de ajuste que se concretan en una reducción de los gastos públicos y una reducción del poder adquisitivo de la población. Esto conduce a esas economías a un estado de recesión permanente.

Sin embargo, incluso en los peores momentos, América Latina nunca alcanzó el nivel de deuda que actualmente tiene la mayoría de los países de la zona euro, que sobrepasa el 100 % del PIB.

El nivel de la deuda europea es impresionante. En el caso de Grecia se trata del 160 % del PIB, y varios países de la Unión Europea tienen una deuda que alcanza o sobrepasa el 100 % de su producción. Está claro que hay diferencias entre las dos crisis pero en la comparación que hago el nivel de endeudamiento no es un aspecto fundamental.

¿Quiere decir que su comparación se centra en las consecuencias políticas de estas dos crisis?

Por supuesto. Cuando comparo la Europa actual con la América Latina de la segunda mitad de los años ochenta, quiero decir que los acreedores en el caso de Europa, o sea, los bancos europeos y la Troica (FMI, BCE y CE) exigen a Grecia medidas muy similares a las del Plan Brady, que afectó a América Latina a fines de los ochenta.

¿Podría explicarlo más detalladamente?

A fines de los ochenta, los acreedores de América Latina —Banco Mundial, FMI, Club de París, el Tesoro de Estados Unidos y el Club de Londres para los banqueros— consiguieron imponer su agenda y sus condiciones. Los acreedores privados transfirieron una parte de sus acreencias a las instituciones multilaterales, y a los Estados a través de la titulización, es decir transformando créditos bancarios en títulos. Otra parte de las acreencias bancarias sufrieron una reducción y se convirtieron en nuevos títulos con un tipo de interés fijo. El plan Brady tuvo un papel importante tanto en la defensa de los banqueros como en la imposición de la austeridad permanente. El plan de rescate de Grecia es muy parecido: se reduce el stock de las deudas, habrá un intercambio de títulos con los bancos europeos reemplazándolos, como en el Plan Brady, por nuevos títulos. Los bancos privados reducen de esta manera sus acreencias con Grecia (o Portugal, Irlanda…) como lo habían hecho con América Latina. Progresivamente y en forma masiva, los acreedores públicos se posicionan para ejercer una enorme presión para que el reembolso de los nuevos títulos que poseen los bancos sea realizado íntegramente. De este modo la totalidad de los fondos prestados a Grecia irá al pago de las deudas. Al mismo tiempo, estos acreedores públicos (la Troica) exigen una austeridad permanente en materia de gastos sociales del Estado, de privatizaciones masivas, de una regresión en materia de derechos económicos y sociales nunca vista en 65 años (o sea, desde el final de la segunda guerra mundial) y un abandono sustancial de la soberanía de parte de los países que tiene la desgracia de necesitar créditos. En América Latina, a ese período se lo llamó «la larga noche neoliberal.»

Los acreedores también obligaron a los países de América Latina a reducir los salarios, las pensiones, los gastos sociales y a plegarse religiosamente al pago de la deuda.

Y esa es la razón por la que digo que estamos en la misma situación. En Europa, el problema no afecta todavía a todos los países, pero sí a los más débiles como Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, España, Hungría, Rumania, las repúblicas bálticas y Bulgaria. Sin embargo, en estos países, en su conjunto, viven unos 170 millones de personas sobre una población total de la Unión Europea de cerca de 500 millones. La mayor parte de los otros países europeos aplican en un grado menor unas políticas sociales extremadamente conservadoras: Reino Unido (62 millones de habitantes), Alemania (82 millones de habitantes), Bélgica (10 millones de habitantes), Francia (65 millones de habitantes)…

La consecuencia política de la crisis de la deuda en América Latina fue la creación del Estado neoliberal. ¿Europa se encamina en la misma dirección?

No es nuevo. Hace ya tres décadas que las políticas neoliberales se aplican a Europa. Es evidente que la respuesta a la crisis del FMI, de los gobiernos que representan las clases dominantes, de los grandes bancos y de las grandes empresas industriales consiste en aplicar una terapia de choque tal como la descrita por Naomi Klein. Su objetivo es terminar el proyecto neoliberal emprendido por Margaret Thatcher en 1979-1980 en Gran Bretaña y que progresivamente se extendió a Europa durante los años ochenta. Para los países de Europa central y del Este, ex miembros del bloque soviético, se trata de la segunda terapia de choque en 25 años.

Pero en Europa sigue existiendo el Estado de bienestar

Como acabo de mencionarlo, los gobiernos han comenzado un trabajo de destrucción del Pacto social y de las conquistas populares del período 1945-1980. Es lo que comenzó Margaret Thatcher. Después de la segunda guerra mundial, durante treinta a treinta y cinco años, los pueblos de Europa habían ido acumulando conquistas y habían logrado un Estado del bienestar, con un sistema de protección social bastante sólido: convenciones colectivas, derechos laborales, etc. que protegía a los trabajadores y reducía en forma significativa el trabajo precario. Thatcher quiso destruir todo eso pero al cabo de treinta años de políticas neoliberales en Europa, todavía ese trabajo no se terminó, así que aún quedan restos.

Y la crisis de la deuda en Europa es la oportunidad de consolidar lo que había comenzado Thatcher.

La crisis permite una terapia de choque como la realizada por los acreedores y clases dominantes en América Latina en las décadas de los ochenta y de los noventa.

En Perú, fue aplicada en agosto de 1990. Asistimos al desarrollo de una fase que comprende una nueva ola de privatizaciones de las empresas públicas. En Europa, se privatizarán las empresas públicas significativas que todavía quedan.

¿Se aplicará en Europa la misma doctrina de seguridad que se implantó en América Latina en la que los sindicatos estaban calificados de terroristas?

Es evidente que el autoritarismo en la manera de ejercer el poder aumenta en Europa. Durante estos últimos años ya se pusieron en vigencia leyes que criminalizan a los movimientos sociales, leyes antiterroristas. La represión aumenta pero no toma la forma de la eliminación física de los activistas como en los peores momentos en América Latina, a fines de los setenta, principio de los ochenta. No obstante, la situación europea se parece a la de los países latinoamericanos. Después de las sangrientas dictaduras (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, desde los años setenta hasta comienzo de los ochenta) se instalaron regímenes de transición (Chile, Brasil) o democracias que aplicaron una política neoliberal muy dura. En Europa, vivimos un período de marginalización del poder legislativo, de instauración de gobiernos técnicos (como en Italia), de abandono del diálogo social combinado con las tentativas de restricción al derecho de huelga, a la limitación de los piquetes formados por los huelguistas para bloquear la entrada de las empresas, de represión de las manifestaciones.

¿Cómo reaccionan los parlamentos nacionales frente a ese paquete de medidas?

Los parlamentos europeos están marginalizados puesto que la Troica hace la siguiente advertencia a los gobiernos: «Si quieren créditos, es necesario que implanten medidas de ajuste y no hay tiempo para deliberaciones en el parlamento». Algunos planes deben adoptarse en un plazo de pocos días, incluso de 24 horas.

Como lo hemos visto en Grecia.

Es lo que acaba de pasar en Grecia. La Troica exigió un plan. Finalmente se obtuvo la aprobación por el parlamento griego el domingo 12 de febrero por la noche. Pero al día siguiente, el comisario europeo de Asuntos Económicos anunció que faltaban 325 millones de euros de recortes suplementarios y concedió un plazo de 48 horas al gobierno griego. Esto muestra que el parlamento griego no tiene ningún poder de decisión y que el gobierno está tutelado por la Troica.

Esto dio lugar a una gigantesca manifestación.

Pero no solamente en Grecia, también hay grandes manifestaciones en Portugal, España, Francia, Italia, por el momento con menos intensidad, pero que se reforzarán. Además hay movilizaciones en numerosos países de Europa, incluida Gran Bretaña. En Bélgica, tuvimos en enero de 2012 la primera huelga general en 18 años. La Huelga paralizó la economía belga y los transportes durante 24 horas.

¿Qué tiene que hacer Grecia para salir del problema?

Grecia debe dejar de someterse a las órdenes de la Troica y suspender unilateralmente el pago de su deuda para obligar a los acreedores a negociar en condiciones que les sean desfavorables. Si Grecia suspende el pago como hizo Ecuador en noviembre de 2008, todos los tenedores de bonos los venderán al 30 % (o menos) de su valor nominal. Esto pondrá en dificultades a los tenedores de títulos, lo que le proporcionará más fuerza al gobierno griego [para imponer sus condiciones], incluso en una situación tan difícil.

Ecuador suspendió el pago de los títulos en noviembre de 2008 después de un proceso de auditoría, pero no se encontraba en el mismo caso que Grecia. Argentina suspendió el pago en 2001 en una situación parecida a la griega.

La comparación es más conveniente con Argentina que no tenía liquidez para pagar. Suspendió el pago y no lo reinició durante tres años (de diciembre 2001 a marzo de 2005) por lo que respecta a los mercados financieros y hasta ahora con respecto al Club de París (o sea, más de 10 años). Haciendo eso, Argentina consiguió recomenzar el crecimiento económico e impuso a los acreedores una renegociación de la deuda con una quita del 60 %.

Eso tuvo por consecuencia la exclusión de Argentina de los mercados financieros, y continúa.

Es cierto, aunque Argentina incluso excluida de los mercados financieros desde hace 10 años y no pagando nada al Club de París, también desde hace 10 años tiene un crecimiento anual medio del 8 %. Esto demuestra que un país puede tener fuentes alternativas de financiación frente a los mercados financieros. Ecuador tampoco emite nuevos títulos en los mercados y tuvo un crecimiento del 6 % en 2011, mientras que Grecia sufrió una caída del 7 % en su producto interior bruto.

Pero Ecuador se está endeudando con China a unos tipos de interés bastantes altos.

Es cierto. Es necesario encontrar la manera de mantener la soberanía con respecto a estas nuevas fuentes de financiación. Es por eso que hay que acelerar la puesta en marcha del Banco del Sur.

Volvamos a Grecia, una gran parte de los analistas, incluido usted, sostiene que una gran parte de la deuda griega es ilegítima.

Por supuesto.

Pero solamente una auditoría puede demostrarlo.

Una parte del movimiento social europeo ha sacado lecciones de la experiencia latinoamericana. Hemos hecho la propuesta de una auditoría ciudadana de la deuda que tuvo un enorme eco. Hay auditorías ciudadanas en curso o en vías de comenzar en 7 países europeos (Grecia, Francia, Portugal, España, Irlanda, Italia y Bélgica) y sin el apoyo de los gobiernos.

¿Cree usted que eso desembocará, y muy especialmente en el caso griego, en una auditoría oficial?

Veremos. Eso implica un cambio de gobierno, es decir que se necesitaría que el movimiento social fuera lo suficientemente fuerte para acabar con las soluciones gubernamentales favorables a los acreedores y que se consiga un gobierno alternativo.

Por lo tanto falta mucho para cambiar la orientación de los gobiernos europeos, como el de Grecia.

Efectivamente estamos dentro de una crisis que puede durar 10 o 15 años. Estamos solamente en la primera fase de la resistencia. Será muy duro. De forma urgente, los movimientos sociales deben conseguir expresar en hechos una solidaridad activa con el pueblo griego y constituir una plataforma común europea de resistencia a la austeridad con el objetivo de obtener la anulación de las deudas ilegítimas.

Traducido por Griselda Pinero.

Manifiesto solidario con los 13 imputados de Zamora del día 11 de junio

Jueves 1ro de marzo de 2012,

Cuando surgió, el 15-M fue un soplo de aire fresco y de vitalidad social, que demostró que había mucha gente que se daba cuenta de lo profundamente injusta que es la situación que, por gracia de los grandes poderes económicos y políticos, estamos sufriendo la mayoría de la población. El 15-M representó ese decir ¡basta! ante las flagrantes tropelías de esos poderes hacia nosotros, hacia la gente del común, la posibilidad de que nosotros mismos podamos ser realmente dueños de nuestras propias vidas. Ésa es la única razón por la que se respira nerviosismo e inquietud en los grandes despachos.

Como parte de ese movimiento general, un nutrido grupo de ciudadanos zamoranos, de las más variadas edades e ideologías, decidimos congregarnos ante el Ayuntamiento de esta ciudad el día de su toma de posesión, el 11 de junio de 2011. Y ello, precisamente, para transmitirles ese mensaje: que la época en que hacían y deshacían tranquilamente en sus despachos, a espaldas de una población que debe sufrir las consecuencias de esos tejemanejes, había terminado, que ahora se iban a ver obligados a tener en cuenta a una ciudadanía crítica y vigilante.

La concentración, como el conjunto del 15-M, fue pacífica, y sólo la negativa, arbitraria e ilegal, de la Policía a que un grupo de representantes de los ciudadanos congregados asistiera al acto (derecho reconocido y recogido en el reglamento del Ayuntamiento y que, repetimos, la Policía nos negó ilegalmente) provocó un aumento de la tensión. Esa prohibición animó a los varios centenares de ciudadanos allí congregados a mostrar públicamente su descontento a la salida de los cargos municipales, cargos dispuestos a saltarse la legalidad en la que se escudan cuando puede favorecer la justa queja de la ciudadanía, provocando nuevos momentos de tensión.

Ocho meses después, trece compañeros que asistieron a la concentración han sido imputados por unas supuestas agresiones a varios miembros de las fuerzas de seguridad.

Queremos denunciar tajantemente la falsedad de estas acusaciones. Ningún miembro de la Policía o del Ayuntamiento fue agredido por ninguno de los asistentes a la concentración. De hecho, las propias declaraciones de dos de los agentes denunciantes indican que a ellos, insistimos, según sus propias palabras, “no les ha pasado nada”; pero a pesar de ello, aparecen como denunciantes de una supuesta agresión.

Aún más, sobre los imputados pende una nebulosa jurídica, estando poco claros los cargos concretos de la acusación, lo que les obligará a tener que soportar la aberración jurídica de tener que demostrar su inocencia, cuando el principio del derecho señala que es la acusación quien debe demostrar la culpabilidad del encausado. La división de poderes, de la que tanto se suele hablar, se muestra como una trampa: en vez de contraponerse, sirviendo unos poderes de correctores de los excesos de los otros, se complementan entre sí, formando una maquinaria aún más eficazmente tiránica.

Y no se trata de ninguna broma, algunos de los cargos presentados, o potencialmente presentables (por esa nebulosa jurídica de la que hablamos), pueden desembocar en penas de cárcel para algunos de los compañeros.

No estamos solos en esto. Desde ese soleado 15 de Mayo, centenares de personas por todo el país han sido denunciadas, la mayoría de las veces con cargos tan endebles como los que pesan sobre nuestros compañeros, por las fuerzas de seguridad. ¡Los armados y entrenados para ejercer legalmente la violencia agredidos por ciudadanos desarmados que pertenecen a un movimiento declarada y comprobadamente pacífico (como ha reconocido incluso la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, al presentar su candidatura para los Juegos Olímpicos)! Sin embargo, el poder judicial ha avalado y dado trámite sistemáticamente a estas denuncias por todo el país. Por eso la Policía puede actuar como hemos visto estos días en Valencia, porque se sabe absolutamente impune y respaldada por quienes en teoría deberían vigilar sus excesos.

Volviendo a Zamora, es evidente que las acusaciones contra nuestros compañeros no son sino un burdo montaje con claras intenciones políticas, que non son otras que amedrentar a una población que comienza a despertar y a decir ¡basta! Por eso es un juicio político, porque no busca aclarar los hechos de aquel día, sino construir un proceso ejemplarizante (de ahí, además de por su falsedad, lo poco definido de las acusaciones), con el objetivo de intimidar a todos los que están sufriendo las consecuencias de la situación política y económica y evitar su protesta y su denuncia.

Por eso este proceso judicial no es otra cosa que una lucha política donde se está dirimiendo la legitimidad del uso de nuestros derechos democráticos (de expresión, de reunión, etc.), la posibilidad de hacer visible nuestro descontento y construir una verdadera alternativa a esta situación, o bien, la omnipotencia de esos poderes, que son los que realmente pueden ejercer la violencia, para acallar cualquier denuncia de su actuación, y poder seguir, “en orden y con normalidad”, con esos tejemanejes ruinosos para la inmensa mayoría de la población.

Para algunos supuestos representantes “democráticos” el tener a una ciudadanía crítica y vigilante, que les pide responsabilidades y cuentas por su actuación, es sinónimo de “miedo y desorden”. Son los mismos que no tienen empacho en arruinar la vida de los ciudadanos que supuestamente representan, eso sí, “legal y democráticamente”, enviándolos a la cárcel, o amenazando con hacerlo, sólo por levantar la cabeza.

Es tal y como suena: a la cárcel por protestar, a la cárcel por denunciar la injusticia. ¿Es así la ciudad que quieres para ti y para tus hijos? ¿Es así el país que queréis?

Nosotros tenemos claro que no, por lo que iniciamos una campaña para dar a conocer esta nueva iniquidad a la que nos someten. Por eso, invitamos a todas las personas y colectivos que quieran mostrar su simpatía y solidaridad con nuestros compañeros inocentes a sumarse a esta campaña y a acudir el próximo jueves 1 de marzo a las 9:00 en la calle del Riego, frente a los juzgados. Asimismo, convocamos una nueva concentración solidaria el jueves 8 de marzo a las 19:30 en la plaza de la Constitución (o del 15 de Mayo), frente a Subdelegación del Gobierno.

¡Manifiesta tu solidaridad, porque también es por tus derechos!

¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!

¡STOP REPRESIÓN EN ZAMORA!

Zamora, 27 de febrero de 2012

Primeras Firmas y apoyo de las siguientes organizaciones, sindicatos, Partidos Politicos, Plataformas:

- Agora
- Asamblea Estudiantes
- Confederación General del Trabajo (CGT)
- Confederación Nacional del Trabajo S.O.V C (CNT)
- Foro por la Memoria de Zamora
- Izquierda Anticapitalista
- Izquierda Unida
- Juventud Comusta de Zamora (JCZ)
- Movimiento 15M
- Plataforma Antifascista de Zamora
- Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Zamora (PAH)