DIEGO DÍAZ Y DANIEL RIPA . Redacción Asturies
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El aplauso de los dirigentes de UGT y CC OO no puede haber sentado
mejor a la dirección de una IU que exhibe estos días de cara a sus
afiliados y votantes su influencia positiva en la negociación a tres
bandas con el PSOE y UPyD en Asturias. En palabras de Manuel González
Orviz, coordinador general de la formación en el Principado, con cinco
diputados en el Parlamento regional, la labor de IU en la negociación
presupuestaria ha sido garantizar las partidas sociales y “aminorar el
golpe que da a los ciudadanos el Partido Popular”.
Desde la coalición, que ha exigido al PSOE nuevos impuestos, se
admite que no se pueden hacer maravillas cuando disminuyen los ingresos y
hay que pagar más a los bancos. El aumento de la presión fiscal para
compensar esto ya ha provocado las críticas de los sectores económicos,
políticos y mediáticos asturianos más comprometidos con las políticas
neoliberales del Gobierno central. Tras el rocambolesco paréntesis de
Francisco Álvarez Cascos, Asturias vuelve a tener un ejecutivo
socialista sin mayoría absoluta. Si bien la dirección de IU apostaba por
un nuevo Gobierno con los socialistas (la fórmula con la que se ha
regido el Principado entre 2003 y 2011), las bases de la coalición de
izquierdas rechazaron esto en un
referéndum interno.
El PSOE, sin mayoría absoluta, necesita además de los votos de IU, el
del diputado de UPyD, cuyas exigencias han sido en bastantes casos
totalmente divergentes de las de la formación de izquierdas.
El principal logro para la dirección de IU en el proyecto de
presupuestos de 2013 es el establecimiento de un impuesto sobre los
depósitos bancarios, similar al que ya tienen en Extremadura, Andalucía y
Canarias. Un tributo que corre el riesgo de ser anulado desde el
Gobierno de Mariano Rajoy y con el que se prevé recaudar unos 40
millones de euros, aproximadamente lo mismo que se destinará al salario
social.
Este ingreso mínimo e indefinido destinado a las personas sin
recursos económicos fue una de las medidas estrella de IU durante sus
anteriores gobiernos con el PSOE. Con la crisis su demanda se ha
disparado y desde Alambique, colectivo contra la exclusión social, se
critican los retrasos de más de un año en las tramitaciones y los
cobros, así como “los filtros que impone la administración para que no
se tramiten todas las solicitudes”.
Los logros en bienestar social, que sitúan a Asturias entre las
comunidades con mayor gasto en esta materia, contrastan con severos
recortes como el de educación, 81 millones de euros menos. Desde Suatea,
la federación asturiana de la Confederación Sindical de Trabajadoras y
Trabajadores de la enseñanza (STEs), se critica que el ajuste deje a la
pública temblando, mientras se mantienen los conciertos educativos con
centros privados.
Desde este sindicato, Yolanda Iglesias advierte del drástico recorte
en ayudas al transporte o el comedor, y critica que mientras se pierden
puestos de empleo la consejera y su gabinete se suben los sueldos. En
sanidad, los recortes, sin llegar al nivel de otras regiones, tal y como
señala Carlos Ponte, de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública,
no se hacen allí donde según este colectivo deberían hacerse: en el
excesivo gasto farmacéutico. Ponte pone como ejemplo las campañas de
vacunación de la gripe o del virus del papiloma humano, en su opinión
muy costosas pero de dudosos resultados. Para este médico, Asturias
podría utilizar el sistema de subastas a la hora de adquirir los
fármacos, un método que en Andalucía ha permitido “un ahorro de 40
millones de euros y que en Asturias podría suponer una rebaja de 33
millones de euros sin disminuir la calidad del servicio”.
En contraste con los recortes, el incremento de 650.000 euros en los
gastos del Parlamento autonómico ha irritado a los trabajadores
autonómicos y a la opinión pública en general, así como los sueldos de
altos cargos, directores generales y consejeros, que seguirán en
cantidades comprendidas entre los 55.000 y los 69.000 euros anuales, o
el nada despreciable aumento del salario del presidente del Gobierno
asturiano. Javier Fernández percibirá 69.000 euros anuales, 6.000 más
que sus predecesores, Francisco Álvarez Cascos y el socialista Vicente
Álvarez Areces.
Andalucía, recortes invisibles
Con una organización dividida acerca de la entrada en el Gobierno,
Diego Valderas, vicepresidente de Andalucía y coordinador de IU, ha
lidiado con fuertes críticas e incluso algunos abucheos, como el de los
ex trabajadores de la empresa Delphi.
Los recortes (4,1% menos) han llegado a unas cuentas autonómicas que
rondan los 30.700 millones de euros (y que podrían caer más a lo largo
del año), aunque PSOE e IU alegan que su reducción es inferior a la que
el Estado ha hecho con Andalucía, 3.000 millones y un 5,8%.
Pero a pesar de que culpan a Rajoy de la “imposición” y existe
enfrentamiento dialéctico, como con la paga extra a los funcionarios,
“los recortes se aplican con resignación”, señala un trabajador de la
televisión autonómica. Izquierda Unida, por su parte, saca pecho de su
influencia en los planes de empleo de la Junta (370 millones) o en los
‘planes de choque’ para parados de larga duración y jornaleros, una
financiación que ya era habitual en las zonas rurales. La rehabilitación
de viviendas (45 millones), los carriles bici (10 millones), el salario
social (75 millones) o los planes de solidaridad alimentaria (20
millones) también son aportaciones de IU a un Presupuesto que
incrementará las becas en un 7%.
Pero también hay escepticismo. Para Patricia García, activista de la
Asamblea de la Macarena 15M-Sevilla, la Junta de Andalucía está haciendo
los mismos recortes que otras comunidades autónomas, pero de manera
encubierta. Según García, son habituales los retrasos de más de un año
en los pagos a residencias, centros de menores, comedores sociales o
centros de investigación, lo que produce una “sensación de colapso de la
Administración”.
Julio Rodríguez, investigador de la Universidad de Sevilla, comparte
esa opinión: “La Junta me adeudó durante meses 2.200 euros, los de
mantenimiento estuvieron tres meses sin cobrar y los edificios que se
empezaron a construir en la Universidad, como parte del ‘plan de
choque’, se quedaron sin fondos a los seis meses”. Por ello, añade que
“muchas empresas se están negando a proveer a la Junta”. Rodríguez cree
que “aunque de cara a la galería parece que los recortes están siendo
menos graves, la ‘no renovación’ de contratos está a la orden del día”,
como ha sucedido con los
4.500 interinos no renovados este curso. Como respuesta, 200 de ellos se encerraron el 13 de diciembre en La Utopía de Sevilla.
En Sanidad, las renovaciones de contratos al personal eventual al 20%
del número de horas están siendo otra vía para efectuar los recortes.
María del Mar Alcalá, médico residente en el Hospital de Jerez, explica
que “mantienen el mismo número de trabajadores pero trabajando muchas
menos horas y con contratos basura”, mientras “ponen a residentes a
ocupar puestos de especialista sin supervisión”.
Desilusionada por el trato de la Administración, su colectivo convocó
una huelga indefinida –actualmente suspendida- durante 16 días,
solicitando que se reconozca el número real de horas que están haciendo y
el carácter formativo de la residencia. Alerta además de que, aunque no
hay repago como en otras Comunidades, los recortes se palpan en el
material sanitario, que está reduciendo su cantidad y calidad. La
situación de los hospitales contrasta con la de las empresas públicas
sanitarias, que aumentan en un 7% su presupuesto para 2013. Para Alcalá,
estas empresas “son un cortijo lleno de cargos intermedios políticos”,
opinión que comparte Rodríguez, quien considera “una barbaridad el
número de empresas públicas duplicadas o triplicadas en la Junta de
Andalucía”.
Las críticas también afectan a la Consejería de Vivienda, una de las
apuestas centrales de IU. Promesas electorales como la paralización de
los desahucios o un gran parque de viviendas no han sido de momento
implementadas, mientras sigue habiendo 100 desahucios diarios.
Analía Caffarenghi, abogada de uno de los Puntos de Información de
Espacio y Vivienda del 15M en Sevilla, cree que las Oficinas de Vivienda
creadas por la Junta sólo ofrecen parches provisionales: “La
Administración no se persona ante los bancos, te obligan a buscarte la
vida y cuando consiguen paralizar las ejecuciones es a cambio de que el
banco se asegure el cobro”.
Rodríguez admite que con tres consejerías “se puede hacer poco”, pero
alerta de que “los proyectos estrella se están quedando en los
despachos, lo que genera un desengaño con un Gobierno que sólo está
yendo un pasito por detrás del Gobierno central”. En esa línea se
posiciona la CUT-BAI, el partido integrado en IU liderado por
Sánchez-Gordillo, cuyo secretario de organización, Manuel Rodríguez, ha
señalado que Valderas “forma parte de un Gobierno que también recorta,
inflige sufrimiento a la población y se enfrenta a empleados públicos".
No son los únicos. Tres parlamentarios de IU decidieron no votar a favor
de los presupuestos, mientras que un centenar de cargos que se han
denominado ‘IU por la base’ han criticado
que se recorten 1000 millones de euros en Sanidad
y 600 en Educación o partidas como la protección social (601 millones
inferior) o el fomento del empleo (358 millones menos). Consideran que
irán destinados a un pago de la deuda que crece en un 60% (3.581
millones, 8% del presupuesto). A pesar de ello, el mensaje de que en
otras CC AA los recortes son mayores, ha calado en la ciudadanía
andaluza, como indica una reciente
encuesta del IESA en la que IU se aprovecharía del desplome del PP, hasta alcanzar un 16,1% de intención de voto.
Extremadura y Honduras
Los resultados en las elecciones de mayo de 2012 dejaron a IU con la
“patata caliente” de tener que elegir entre votar a favor de un
desprestigiado PSOE o abstenerse y propiciar un Gobierno del PP. La
decisión de optar por lo segundo, tras un referéndum interno, ha causado
no pocos quebraderos de cabeza a una dirección federal de IU partidaria
de entregar el poder al PSOE a toda costa para acallar cualquier
acusación de connivencia con la derecha. Esta delicada situación ha
vuelto a repetirse con la votación de los presupuestos para 2013. IU se
ha vuelto a abstener, pero a condición de que el PP admitiese sus
enmiendas: reclamar fondos al Estado para paliar el subdesarrollo
extremeño, un aumento en las partidas en ayuda a la dependencia y a las
familias sin ingresos, y ayudas y subvenciones para cooperativas de
parados. Para el coordinador de IU en la comunidad, Pedro Escobar,
enfrentado con Cayo Lara, y de quien se dijo que encabezaría una lista
en la X Asamblea de Izquierda Unida, se trata simplemente de “adecentar”
un poco unas maltrechas cuentas autonómicas de las que hace
corresponsables a PP y PSOE: “entre Guatemala y Guatepeor me quedo en
Honduras”.
