El
próximo 28 de mayo tendrán lugar las elecciones municipales en el
conjunto del Estado y las autonómicas en algunos territorios como
Madrid, Pais Valenciá
o Navarra. Estas elecciones serán, sin duda, un anticipo de lo que
pueda ocurrir en las próximas generales previstas para finales de
año. En ese sentido, todas las previsiones hablan de un aumento del
PP y de Vox, aunque no está claro aún que puedan alcanzar una
mayoría absoluta que les permita acabar gobernando. La irrupción de
SUMAR, que no se presenta en la contienda electoral del 28 de mayo,
pretende reagrupar a la izquierda institucional a la izquierda del
PSOE con un discurso que asume sin complejo alguno su papel de
muleta del PSOE de Sánchez para acabar reeditando un gobierno de
“izquierdas” en minoría.
¿Qué
balance para esos gobiernos de “izquierdas” municipalistas y
central?
La
creación de Podemos en 2014 trajo consigo, en las municipales
de 2015, la irrupción en numerosos ayuntamientos de los
mal llamados “gobiernos del
cambio”. 4 años después,
ciudades como Zaragoza o Madrid, que habían sido gobernadas por
Zaragoza en Común
y por Ahora Madrid
respectivamente, pasaron a ser gobernadas por el PP de Azcón y
Almeida. Las políticas llevadas a cabo por esas
confluencias vinculadas a Podemos no se enfrentaron a los
intereses financieros y empresariales que realmente mandan en esas
ciudades. Los cambios
en nuestras vidas no llegaron y la desilusión creció en
gran parte de sus votantes, que veían cómo estos gobiernos no
respondían a los problemas del
empleo, de los salarios o de la vivienda
negándose, incluso, a recuperar la gestión pública de los
servicios que habían sido en el pasado privatizados.
El
caso de Madrid, con Manuela
Carmena a la cabeza, fue
muy paradigmático ya que, lejos de aportar soluciones a los
problemas cotidianos en materia de vivienda o de empleo, acabó
siendo recordada por la alcaldesa de la mayor
operación de especulación urbanística realizada en la ciudad bajo
el nombre de “Operación
Chamartín” y por
la del pago íntegro de una deuda municipal
que, al llegar al consistorio, consideraba ilegítima en
un 80% y cuya responsabilidad, afirmaba, recaía
en las empresas privadas.
En cuanto
a las ciudades en las que los ayuntamientos del
“cambio” revalidaron gobierno, el balance de sus políticas
no es mucho más halagüeño. En el caso de Ada
Colau, su condición previa de
fundadora de la PAH de Barcelona no
ha conllevado ningún cambio tangible en la cuestión de la vivienda.
8 años después de su llegada a la alcaldía, el precio de los
alquileres se ha disparado (con un incremento
de hasta un 50% desde 2015) mientras
los desahucios siguen siendo una cruel realidad. En cuanto a las
externalizaciones, ningún cambio reseñable. Ni siquiera sirvió
de apoyo a luchas de trabajadores/as tan emblemáticas como las de
Movistar y TMB
en las que, al contrario, se atrevió incluso a deslegitimar sus
huelgas haciendo público sus salarios. En cuanto al
“anticapitalista” Kichi,
es imposible hacer balance de sus 8 años al frente del ayuntamiento
de Cádiz sin recordar su apoyo incondicional al contrato de
Navantia con Arabia Saudí para construir fragatas de guerra para
matar a Yemenis, su concesión de la medalla de oro de la ciudad a la
Virgen del Rosario, su equidistancia ante la represión / aplicación
del 155 en Cataluña y la declaración unilateral de independencia,
su compadreo con Felipe VI al recibirlo con bombos y platillos hace
unos meses en el IX Congreso de la Lengua Española o las
recientes externalizaciones de los cursos municipales. Todo eso
envuelto en unos datos económicos que siguen siendo escalofriantes
con un 25% de paro, tres lanzamientos
diarios (segunda provincia de
Andalucía en valor absoluto con más desahucios) y con más
de la mitad de los gaditanos y gaditanas que trabajan con una
remuneración por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.
En lo
que se refiere al gobierno
central “más progresista de la historia”,
podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el grueso de las
políticas antisociales instauradas por los gobiernos
anteriores (ZP y Rajoy) se mantienen hoy en vigor con una
reforma laboral no derogada, una ley mordaza intacta, una edad de
jubilación mantenida a los 67 años o una ley 15/97 que permite la
privatización de la sanidad pública...
A
todo esto hay que sumarle las condiciones actuales de vida de los y
las trabajadoras y de la juventud que no sólo no mejoran sino que,
además, empeoran en términos de poder adquisitivo. “Cada
vez cuesta más vivir…aunque no para todos”
tal y como dice nuestra campaña. Efectivamente, mientras la pobreza
sigue creciendo (la población en
riesgo de pobreza o exclusión social aumentó en un 27,8% en
2021), los beneficios empresariales no cesan de aumentar alcanzando
unas cifras récord en 2022 con 52
000 millones de euros para la
empresas del IBEX 35 en 1 año.
Aunque
los ataques a este gobierno por parte de la derecha y de la extrema
derecha puedan hacer pensar otra cosa, éste ha regalado miles de
millones de euros en ayudas públicas a las empresas mientras
nos dedicaba unas limosnas (Ingreso
Mínimo Vital) a los y las
trabajadoras. Unas limosnas que, además, tardan mucho o directamente
no llegan alcanzando sólo al
12% de la población bajo el umbral de la pobreza.
Sin
embargo, tal y como hemos visto anteriormente hay dinero. Las
ayudas públicas ingentes recibidas por las empresas o los
macro beneficios realizados por los Amancio Ortega y demás Botines
muestran que el problema no es el dinero sino quién lo tiene y para
que se destina. Así pues, convertirse
en el gobierno que más dinero público destina al gasto militar
duplicando la partida de educación y superando la de sanidad no
deja de ser una elección política
que sirve unos intereses concretos que nada tienen que ver con la
mayoría de la sociedad: en este caso el de la
guerra y el del imperialismo europeo y estadounidense
materializado en la OTAN.
No es de extrañar entonces que Biden
reciba a Sánchez
en la Casa Blanca con la alfombra roja y que éste se lo devuelva con
un aumento de la presencia yanqui en Rota pasando de 4 a 6
destructores y acordando con
EEUU que éste pueda expulsar al Estado Español a los y las
trabajadoras migrantes latinas en función de las necesidades de la
patronal española. Un pasito más, por parte del gobierno
PSOE-UP, en la asimilación a las políticas de derechas en lo que se
refiere a materia migratoria de las que conviene no olvidar
la matanza de la valla de
Melilla, en las que murieron 23 personas, así como el despliegue del
ejército en Ceuta, hace ahora dos
años.
Las
derechas esperan al acecho viendo como este gobierno aplica parte de
sus políticas
En
esta situación, las derechas no dejan de frotarse las manos.
Todos los sondeos auguran un incremento del PP y de Vox. Sin embargo
que nadie se llame a engaño. Si esas fuerzas políticas acaban
ganando las elecciones y gobernando juntas no será responsabilidad
de aquellos/as que nos hemos seguido movilizando en contra de las
políticas antisociales de este gobierno o de los que hemos
denunciado a aquellas organizaciones que han decidido frenar la
movilización para, supuestamente, no hacerle el juego a las
derechas. En efecto, si las derechas
acaban gobernando será en gran medida responsabilidad de las
políticas antisociales llevadas a cabo por los gobiernos que
supuestamente iban a cambiar nuestras vidas
y que se habrán quedado en generar frustración y desilusión en
miles de trabajadores/as y de jóvenes. Sin
excluir la responsabilidad de la izquierda revolucionaria que habrá
sido incapaz durante todo este periodo de ofrecer una alternativa
creíble a la izquierda del Gobierno central.
Pero eso lo trataremos más adelante.
Subidas
salariales que se quedan por debajo del IPC y en simples
recomendaciones, reformas de las pensiones que sólo van en el
sentido de rebajarlas para favorecer la contratación de planes
privados, leyes de la vivienda que no ponen límite a los
precios y no impiden los desahucios o unos servicios públicos
cada vez más golpeados en beneficio de la privada
son medidas que fortalecen a las derechas a la vez que demuestran que
el gobierno de Sánchez-Díaz no está dispuesto a enfrentarse a los
intereses de los que más tienen.
Esto
no significa en absoluto que consideremos que un gobierno PSOE-UP sea
igual que uno compuesto por PP y Vox.
Por supuesto que no. Sin embargo, sí
afirmamos que el primero se atiene siempre a una misma línea roja
que coincide en la práctica con la política del segundo:
la de no legislar nunca en contra de los intereses de la patronal y
de los intereses del IBEX 35. Esa similitud es la que, una y otra
vez, acaba reforzando a las derechas a la par que amplía la
desilusión de la base electoral de la izquierda institucional.
Aquí
se suma además el papel de los partidos institucionales a la
izquierda del PSOE (ya sea a nivel estatal, Unidas Podemos o a nivel
territorial, ERC o Bildu) que a pesar de sus diferencias optan
todas por apuntalar al PSOE y sus políticas y/o por gobernar
conjuntamente cuando sea necesario.
Más de diez años después, esas fuerzas han contribuido,
definitivamente, a blanquear las políticas del PSOE dejando
definitivamente en el olvido una de las consignas más correadas del
15M: “PSOE, PP la misma mierda es”.
En
cuanto a las organizaciones sindicales mayoritarias,
su papel ha sido, durante toda esta legislatura, la de desmovilizar y
eso que no han faltado razones para la movilización. Sin embargo,
tanto las direcciones de CCOO como la de UGT han preferido limitarse
a conflictos sectoriales evitando movilizaciones estatales que
pudieran reagrupar al conjunto de los sectores y que permitieran
señalar al gobierno Sánchez-Díaz. Y cuando alguno de éstos se les
ha escapado de las manos pudiendo convertirse en una lucha
ejemplarizante, tal y como ocurrió con la huelga del metal en Cádiz
el curso pasado, éstas han hecho todo lo posible para desactivarlos.
Ahora
esa misma izquierda institucional trata de volver a generar nuevas
expectativas de “cambio” de la mano de Yolanda Díaz y de su
proyecto SUMAR para acabar haciendo lo mismo. Ya lo alertábamos en
un artículo publicado en nuestra revista de septiembre de 2022
nº102: “Sumar, ¿para acabar
restando?” analizando
el acto de presentación de dicho
proyecto (http://izar-revolucion.org/sumar-para-acabar-restando/).
8 meses después, lo que decíamos entonces se confirma con creces.
Yolanda Díaz asume plenamente la gobernanza con el PSOE a la vez que
es capaz de afirmar sin sonrojarse, en vísperas del primero de mayo
pasado, que “los derechos en
democracia sólo
se consiguen con escucha, diálogo y esfuerzo”.
Toda una declaración de principios
que nada tiene que ver con la forma en la que nuestra clase ha
conseguido derechos a lo largo de nuestra historia.
Hay
que ofrecer una alternativa a esa izquierda institucional que
gestiona la miseria
La
izquierda consecuente está siendo incapaz de ofrecer una alternativa
a esa izquierda institucional que
acaba gestionando la miseria de la mano del PSOE. Esa izquierda
consecuente existe, con realidades más o menos significativas en
función del territorio, y hace un diagnóstico de la situación
política actual parecida. Sin embargo, no da ningún paso serio para
tratar de coordinarse para, 1.-
intervenir conjuntamente en las movilizaciones y las huelgas
y, 2.- visibilizar una alternativa
política, también a nivel electoral, que ponga en el centro del
debate la necesidad de imponer un programa de urgencia social para
los y las trabajadoras y la juventud
que asuma que:
-
Frente a la pérdida del poder adquisitivo, es
necesaria una subida de los
salarios al mismo nivel que el coste de la vida.
-
Frente al incremento de la factura de la luz y del gas, es
necesaria la nacionalización de los sectores energéticos bajo
control de los y las trabajadoras y usuarias.
-
Frente a la subida del precio de los alquileres y de los desahucios,
es necesaria la expropiación de las
viviendas vacías en propiedad de los bancos, el control del precio
de los alquileres así como la creación de un parque público de
viviendas con alquileres sociales.
-
Frente a las reformas de las pensiones, es
necesaria fijar la jubilación a los 60 años con unas pensiones
dignas al nivel del IPC.
-
Frente al saqueo de nuestros servicios públicos en beneficio de la
privada, es necesaria la
reincorporación de la sanidad privada al sistema público mediante
la derogación de la ley 15/97 y del artículo 135 de la Constitución
que fijó, con nocturnidad y alevosía, como prioridad absoluta el
pago de la deuda ilegítima sobre cualquier tipo de gasto social.
Estas
medidas no las aprobará ninguno de estos gobiernos del “cambio”
mediante ninguna votación en el Parlamento.
Son medidas que se enfrentan a los intereses de los que más tienen y
para lograr imponerlas es necesario un movimiento de conjunto de la
mayoría ejerciendo una presión en
la calle y en la economía mediante las huelgas y las movilizaciones.
Las fuertes movilizaciones de la clase trabajadora y de la juventud
en Francia, muestran el camino a seguir.
En
enero de 2023, propusimos a toda esa izquierda consecuente realizar
“una
reunión pública en Madrid para
debatir sobre estas cuestiones en la mayor brevedad posible”. El
objetivo era, partiendo de las movilizaciones y de las huelgas en las
que muchos/as estamos implicados/as, conseguir que “los
y las militantes que participamos de dichas luchas nos coordinemos y
debatamos sobre los pasos a seguir para extenderlas y reforzarlas”
con
el fin de arrancar victorias que nos permitan “visibilizar
un programa de urgencia social que responda al menos a la cuestión
del aumento automático de los salarios y de las pensiones de acuerdo
con el incremento del coste de la vida, a la defensa de los servicios
públicos, a la expropiación de las eléctricas para ponerlas al
servicio de las necesidades de la mayoría y a la creación de
parques de viviendas públicos para que nadie se quede sin
techo” (http://izar-revolucion.org/a-que-estamos-esperando
/)
5
meses después, la mayoría de las organizaciones contactadas no han
creído útil realizar dicha reunión. Unos meses antes, propusimos,
allá dónde teníamos fuerzas, “construir
candidaturas municipales anticapitalistas unitarias gobierne quien
gobierne”
(http://izar-revolucion.org/ante-el-nuevo-ciclo-electoral-pongamos-los-ayuntamientos-al-servicio-de-las-luchas/)
para
“ofrecer
una alternativa de izquierdas a aquella que no tiene ningún reparo
en gobernar con el PSOE para acabar aplicando políticas antisociales
y gestionando el sistema capitalista”.
Asimismo
alertábamos entonces sobre el riesgo de “la
acumulación de listas electorales a la izquierda de lo que
representa a día de hoy el gobierno PSOE-UP” argumentando
que “ninguna
de esas candidaturas podrá por sí sola suponer una alternativa, al
contrario la suma de todas ellas en una candidatura unitaria tendrá
al menos la virtud de dar confianza a los y las que convergen en las
luchas diarias gobierne quien gobierne”.
Lamentamos
constatar que el próximo 28M no habrá listas unitarias de este
tipo. La mayoría de las
organizaciones políticas a la izquierda de UP-SUMAR han preferido
hacer oídos sordos a ese llamamiento desechando
presentar candidaturas unitarias.
Consideramos que esa política es errónea e irresponsable
y que sólo responde a la creencia de
que su propia
organización será la que acabe, por sí
sola, ocupando el espacio político a la
izquierda de UP-SUMAR y
reagrupando bajo su único
paraguas a todas las demás organizaciones.
Desde
IZAR consideramos, al contrario, que eso no ocurrirá nunca
y que los y las que nos vemos en las movilizaciones y nos enfrentamos
a las políticas antisociales gobierne quien gobierne deberíamos de
estar en disposición de coordinarnos de cara a las luchas que están
por venir y de proponer listas
anticapitalistas unitarias para las próximas elecciones generales.
Por
todo ello, desde IZAR no daremos
ninguna consigna de voto a
favor de las candidaturas de esas organizaciones.
Consideramos que hacerlo sería validar esa orientación política
que lejos de reforzar y reagrupar
a quienes
se
movilizan,
gobierne el PP-VOX o lo haga el PSOE-UP-SUMAR, sólo favorece su
debilitamiento y su
atomización.