La batalla del uso del agua como bien de mercado en la explotación de Doñana

 

"El capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y el ser humano." Karl Marx.

El pasado abril la aprobación por el presidente andaluz Juanma Moreno, con el apoyo de Vox, de la tramitación por vía de urgencia de la ampliación de la superficie agrícola regable en Doñana, congelada ante las elecciones municipales y autonómicas del 28M, supuso una noticia de verdadero escándalo en el plano político y ecológico. Esto permitiría la recalificación de terrenos y que el expolio de las aguas de los acuíferos para la agricultura fuera legal en medio de la peor sequía en décadas y con el 45% del territorio rural del E. Español en riesgo de aridez

La denuncia, desde Ecologistas en acción hasta todo el arco de la izquierda, ha puesto el foco en el crecimiento descontrolado de la agricultura intensiva en los últimos años y, sobre todo, las más de 3.000 hectáreas de cultivos ilegales y los más de 2.000 pozos ilegales que llevan al acuífero a una situación crítica. Si no se actúa ya, llevan años señalando reputadas voces científicas, el agotamiento del acuífero podría ser irreversible.

La situación de Doñana es un buen exponente de lo que el capitalismo llama modernización y progreso: un proceso acelerado de explotación de territorios y trabajador@s para extraer beneficios. Aquí se encuentra el llamado Acuífero 27, que para su gestión y control se ha dividido en 5 masas de agua subterráneas, de las que 3 se encuentran en un estado terminal. El parque nacional es una zona de sacrificio: se reseca y se exporta en forma de fresas, mientras las jornaleras denuncian, a su vez, sus inaceptables condiciones laborales y la forma salvaje en la que se esquilma el territorio.

Numerosas asociaciones ecologistas y organismos internacionales como la Unesco dieron ya hace 10 años la voz de alarma y la UE abrió un procedimiento de infracción contra el Estado y la Junta de Andalucía, gobernada entonces por PSOE-IU. En diciembre de 2014 se aprobó un Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío que trataba de ordenar la expansión de cultivos que, además de haberse extendido por Doñana, ocupaba ilegalmente terreno forestal. Fue ineficaz para revertir una insostenible ocupación del territorio que ya venía de años.

Incluso así puso en pie de guerra a los regantes ilegales, cuyo lobby interpuso más de 150 recursos pidiendo derechos de agua. En los tribunales, los regantes ilegales nunca obtuvieron una sentencia favorable, de modo que redoblaron la ofensiva y presionaron al gobierno de Susana Diaz para que se cambiase la ley, a lo que accedió y se dieron os primeros pasos. La proposición presentada por el PP en el parlamento andaluz responde a la oportunidad de arañar miles de votos de los “ocupantes agrarios”, por lo que lo prometió en 2018.

En este conflicto se evidencia que el capitalismo y la dependencia natural de la acumulación a toda costa han llevado a una crisis ecológica global de la que Doñana es el síntoma. La degradación del medio ambiente es una consecuencia directa de la lógica capitalista. El capitalismo no puede abordarla, pues las empresas capitalistas buscan ser rentables a toda costa, lo que significa extraer recursos naturales a una velocidad y cantidad insostenibles, sin tener en cuenta las consecuencias ecológicas y sociales. Todo por una ordenación económica de todos los recursos dirigida a producir ganancias.

El último humedal que sobrevivía a la tremenda sequía de Doñana desapareció en septiembre de 2022: ya no hay agua dulce natural pues se ha secado la laguna de Santa Olalla, la más grande de las permanentes, que colma la sed de miles de aves migratorias y mamíferos, y esto significa que el resto de humedales también están secos. Que los 109 campos de golf de Andalucía consuman el agua equivalente a más de un millón de personas en plena sequía no es un dato irrelevante. Como señalan Ecologistas en Acción, Juanma Moreno está mandando el mensaje de que el agua es sólo un bien productivo, de mercado, y hay que determinar qué queremos hacer con el agua. Esa es la batalla, inserta dentro de los conflictos por el agua que no han hecho más que empezar en todo el mundo.

Revista IZAR nº111, junio 2023

 

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SUMARIO:

Editorial: Por una candidatura unitaria anticapitalista, revolucionaria y soberanista para el próximo 23 de julio

Estado Español: Elecciones municipales y autonómicas del 28M, un primer balance

Estado Español: La batalla del uso del agua como bien de mercado en la explotación de Doñana

Estado Español: ¿Es la nueva ley de vivienda una solución habitacional real?

Estado Español: ¿Es España racista?

Dossier: ¿Qué hay detrás del nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva?

Lucha de clases: Huelga de autobuses en Barcelona: un nuevo ejemplo de la gestión del reformismo

Lucha de clases: Crónica de la comida solidaria con la huelga de los y las trabajadoras de Butrón

Internacional: "Ni somos, ni fuimos, ni seremos marroquíes." El movimiento saharaui protesta en varios mítines de Pedro Sánchez

Internacional: Hungría, frente al ataque frontal del gobierno Orbán: el profesorado no cede

Internacional: Comunicado de OKDE-Spartakos. Apoyamos y votamos a Antarsya

Unificar la lucha por la sanidad en el Estado Español: reforzar las huelgas y movilizaciones para defender los servicios públicos y las condiciones laborales de l@s trabajador@s

 

Son muchas las comunidades autónomas que se están sumando a la lucha por la sanidad pública. Las huelgas del personal médico en Madrid han servido de ejemplo para el resto de territorios, que han ido desarrollando movilizaciones en mayor o menor extensión y logrando mejoras que, aunque insuficientes, son buenos ejemplos de cómo seguir recuperando derechos y conquistando nuevos: la huelga y la movilización sostenida de la clase trabajadora.

En Madrid, tras casi 4 meses de huelga y movilizaciones, la huelga fue desconvocada el 16 de marzo al alcanzarse un acuerdo de mínimos entre los sindicatos convocantes (Amyts y SATSE) y el gobierno de Ayuso. Aunque totalmente insuficientes, se lograban algunas de las reivindicaciones de l@s trabajador@s del sistema público sanitario madrileño: el establecimiento de un límite de pacientes por médico (30 para médicos de familia y 20 para pediatras), la recuperación de los incentivos para el turno de tarde (complemento de 500€ mensuales), un incremento de salario de 450€ mensuales en sustitución de otro complemento que perdieron…

Sin embargo, estos acuerdos aún no han sido firmados. El 24 de abril, el Comité de Huelga de Atención Primaria denunció en un comunicado público que se hubieran celebrado ya 5 consejos de gobierno y ninguno hubiera aprobado las medidas pactadas; instan a que se aprueben en el siguiente o amenazan con volver a la huelga. A estas movilizaciones se suman las del colectivo de médicos de hospitales, con varias jornadas de huelga convocadas para recuperar las 35h semanales que Rajoy incrementó a 37,5. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo aseguró que el gobierno regional no tiene ningún proyecto sobre la mesa para reducir la jornada, debido a "un coste muy alto"; l@s sanitari@s seguirán en lucha.

Algo similar ha sucedido en Navarra. La huelga de 17 días obligó a la firma de un preacuerdo que limitaba la agenda a 32 pacientes al día e incrementaba el salario con 400 euros mensuales. Los profesionales siguen en lucha por la aprobación y el cumplimiento efectivo de dicho pacto.

En Baleares y Cantabria, los acuerdos fueron alcanzados antes, a finales del año pasado. En Aragón la huelga convocada para el 31 de marzo fue desconvocada tras un acuerdo de 16 puntos firmado por el Servicio Aragonés de Salud y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, que establece una jornada anual de un máximo de 2.304 horas por profesional, el retorno progresivo a las 35 horas, el pago del tercer nivel de la carrera profesional y ratifica la posibilidad de apertura de los centros de salud de las ciudades hasta las 20:00h. Algo parecido sucedió en Asturias, la huelga fue desconvocada tras un pacto que incluye fundamentalmente mejoras retributivas; en Extremadura, donde se logró limitar a 36 pacientes la agenda diaria; y en Catalunya, con la implementación de un paquete de medidas urgentes.

En Andalucía, las movilizaciones comenzaron en enero. 2 días antes de la huelga convocada para el 27, la Junta de Andalucía se comprometía a limitar a 35 los pacientes diarios de l@s médic@s de familia y a 25 los de pediatría, así como a pagar incentivos salariales para atender las citas pendientes por las tardes. Sin embargo, las medidas no se están aplicando, lo que, sumado al paquete de medidas destinadas a inyectar fondos públicos a la sanidad privada aprobado por la Junta, ha llevado a los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, SMA y SATSE a convocar huelga todos los miércoles de abril y mayo. Sin embargo, el seguimiento está siendo reducido. Es necesario reforzar la huelga y la solidaridad del resto de sectores para evitar el gran ataque que el gobierno de Moreno Bonilla está perpetrando contra la sanidad pública.

En Galicia, tras 9 días de paro, el texto consensuado por la Xunta y 5 de los sindicatos convocantes (CIG, CCOO, CSIF, SATSE y UGT) recoge subidas salariales y complementos para la realización de guardias, entre otras cuestiones, pero es totalmente insuficiente. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) no ha firmado el acuerdo asegurando que “no representa ni siquiera de forma parcial las demandas del colectivo”; piden la “cobertura de todas las plazas vacantes” y un mínimo de 15 minutos por paciente, entre otras medidas; cuestiones que no se resuelven con subidas salariales.

En la Comunidad Valenciana, donde el personal sanitario también se ha movilizado, la CESM convocó huelga para el 8 de mayo, en contra del texto firmado por CCOO, UGT, CSIF, SATSE e Intersindical, por considerarlo “papel mojado”. En el País Vasco, tras las manifestaciones multitudinarias de los últimos meses en defensa de la sanidad pública, l@s sanitari@s se sumaron a la huelga los días 18 y 19 de mayo.

Es evidente que la lucha por la sanidad pública está logrando, en mayor o menor grado, mejoras en las condiciones laborales de l@s trabajador@s y en la prestación del servicio a l@s usuari@s. No son ni de lejos suficientes pero sí muestran que, mediante la movilización y la huelga, como mínimo lo que se puede es ganar poco, pero ganar. Para que los acuerdos alcanzados no se queden en papel mojado y para que se puedan imponer mejoras a los mismos en el corto y medio plazo, es necesario trabajar desde ya en unificar las luchas de los distintos territorios y en exigir a nivel estatal un incremento significativo del presupuesto para sanidad y el resto de servicios públicos, prohibiendo toda financiación de empresas privadas con fondos públicos, dejando de pagar la deuda y de financiar la guerra para garantizar unos servicios públicos de calidad, con condiciones laborales dignas.

Las organizaciones sindicales deberían tener esta tarea como central, en lugar de dedicarse a firmar pactos insuficientes para apaciguar a la clase trabajadora. Ya que las direcciones burocráticas tratan de paralizar los procesos, es necesaria la autoorganización de la clase trabajadora en sus centros de trabajo, uniéndose independientemente del sindicato al que esté afiliada. Es necesario construir un movimiento que supere a las direcciones sindicales burocráticas y la desmovilización de las fuerzas del gobierno de coalición. Basta de degradar los servicios públicos y las condiciones laborales: reforcemos las huelgas y movilizaciones, traigamos aquí las luchas de l@s trabajador@s frances@s.

Sumar y Podemos: una división artificial

  

Cuando en la presentación de Sumar el pasado 2 de abril, Yolanda Díaz lanzaba algún dardo contra la tutela de Pablo Iglesias y éste respondía que "Podemos se siente víctima de una campaña de desprecios, insultos y ninguneos", quedó claro que asistimos a una confrontación entre ambas organizaciones pero, ¿es un debate en base a orientaciones políticas distintas o, por el contrario, es una disputa por liederar la "alternativa" electoral al PSOE?

Sumar y Podemos, la misma política con distintas siglas

En octubre de 2018, Pablo Iglesias escribía en Twitter: "La condición para llegar a acuerdos sobre la política social, sobre política económica y sobre derechos civiles es dialogar, dialogar y dialogar". En el acto en el Polideportivo Magariños de Madrid, Yolanda Díaz planteó que: "la política con mayúsculas es dialogar con el que no piensa como nosotras para llegar a acuerdos, acordar, unir voluntades, esperanzas y sueños". Un refrito de lo que ya proclamaba el pasado julio: "La política es escuchar, esuchar y escuchar con mucha calma. La política es dialogar, dialogar y dialogar. La política es tender la mano y después de escuchar y de dialogar, sí ser capaces de llegar a acuerdos, y ¿para qué? para cambiar la vida de la gente."

 

El 17 de enero de 2014, al salir del teatro del Barrio, Iglesias afirmaba que una minoría de privilegiados había secuestrado la democracia, Díaz también se hacía eco hace unas semanas al plantear que “uno de los grandes retos de Sumar es ensanchar la democracia”. Los paralelismos entre ambos discursos son más que evidentes, como lo son la práctica que han llevado a cabo. 

 

- Con Pablo Iglesias como vicepresidente las empresas del IBEX 35 obtuvieron 57.797, un 83,5% más que en 2019. El sector de la construcción, la banca y el sector energético duplicaron, triplicaron y hasta cuadriplicaron sus ganancias durante la crisis sanitaria. Los dueños de las 100 mayores fortunas del Estado Español son 5.375 millones más ricos hoy que antes del Covid. Mientras tanto, el artículo 135 de la Constitución sigue asfixiando nuestros servicios públicos; que los desahucios se dispararon en 2021 un 57%, siendo la cifra más alta en 5 años y que los intereses de los tenedores de la deuda y de los bancos siguen estando claramente por encima de los intereses de las familias. 

 

- Con Yolanda Díaz es más de lo mismo: basta solo con observar cómo aumentan los precios y los alquileres muy por encima de los salarios, sumados a una luz y gas cada día más caros y cómo la sanidad y la educación privada siguen mermando a nuestros servicios públicos. Mientras nuestra juventud vive asolada por un paro crónico y se elabora una reforma que rebaja la cuantía de las pensiones a nuestros mayores. Y por si todo eso fuese poco, cuando l@s trabajador@s deciden movilizarse por la subida de sus salarios, la respuesta es la represión al son de las tanquetas y de una ley mordaza que no se ha derogado. 

 

Sumar, Podemos y el proyecto reformista 

 

La aparición de Sumar no responde a ningún cambio de orientación política con respecto a Podemos. Sigue siendo en esencia el mismo proyecto político, que entienden Díaz y compañía que les permitirá afrontar mejor el nuevo periodo electoral.  Porque Sumar, al igual que Podemos, defiende una orientación política centrada en los procesos electorales y en tratar de alcanzar las instituciones para acabar aplicando políticas contrarias a las que defendían en sus orígenes. 

 

El problema al que se enfrentan tanto unos como otros es el mismo. Ni han estado ni están dispuestos a enfrentarse a los intereses de los más ricos. Algunas medidas han supuesto un ligero alivio temporal para l@s que acaben beneficiándose de dicha medida, pero no cambiará en ningún caso el problema de fondo. Ese es el problema central de este gobierno y de quienes lo componen se llamen Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Irene Montero o Yolanda Díaz. Y como no están dispuestos a realizar ese enfrentamiento, construyen herramientas políticas que no buscan agudizar la movilización y la conflictividad social en la calle, en los centros de trabajo y de estudio, sino marcos para alcanzar puestos institucionales para gestionar el sistema capitalista como simple muleta del PSOE en un cogobierno. 

 

Podemos-Sumar, pero no cambiarán nuestras vidas 

 

Los llamados a la unidad electoral de unos y otros, independientemente de si se da o no, ni sirve ni va a servir para responder a las consecuencias de esta crisis perpetua que ve como se disparan los precios sin que aumenten los salarios mientras se recrudecen las guerras inter-imperialistas y se hace cada día más palpable los efectos desastrosos del cambio climático. Para cambiar este escenario hace falta algo más que una u otra propuesta de gestión “progresista” del sistema capitalista. 

 

Las organizaciones políticas, los y las sindicalistas, los y las activistas que hacemos este mismo diagnóstico tenemos una responsabilidad para converger y para proponer otra hoja de ruta. Los estallidos sociales en países como Francia o Grecia se suma al aumento de las huelgas en el Estado Español y a la masificación de la lucha por la sanidad demuestran que dicha alternativa es posible. 

 

Para ello, los y las que tenemos como brújula la imposición de un programa de urgencia social mediante la movilización y las huelgas, con total independencia de quienes gobiernen, debemos tomar la responsabilidad de converger y de hacer converger a todos los y las que salen a la calle por los servicios públicos, las pensiones, el derecho a la vivienda, la subida de los salarios o los derechos democráticos, asumiendo que defender esas cuestiones significa en la práctica enfrentarse a los intereses de los que más tienen. 

 

Desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR hemos lanzado varias propuestas al conjunto de la izquierda combativa y aunque la inmensa mayoría ha preferido obviarlas, no nos resignamos y seguiremos llevando a cabo esa política de aportar respuestas unitarias con aquellas organizaciones que nos han contestado.