STOP DESAHUCIOS GRANADA 15M convoca: Manifestación del dia 16F por el Derecho a la vivienda y CONTRA EL GENOCIDIO FINANCIERO!!! Salida desde la caleta a las 18:00h

S.O.S VIVIENDA, EMERGENCIA HABITACIONAL.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO NO UNA MERCANCÍA

El deterioro de las condiciones laborales y de los derechos de los trabajadores, el aumento del paro, la destrucción del empleo y los recortes de todos los servicios públicos, está desembocando en unas condiciones de vida cada vez más extremas y para más personas, donde las familias están perdiendo sus viviendas, ya que el despido es el primer paso para que las familias se vean obligadas a dejar de pagar su hipoteca y el siguiente paso es el desahucio. Esta situación tiene unos responsables concretos: el gobierno, los jueces y los bancos, a pesar de que cada una de esas entidades, se escuden en que no pueden hacer nada.

La realidad de gran número de familias es que se ven obligadas dejar de pagar la hipoteca para poder sobrevivir.

Estas situaciones están ocasionando numerosos suicidios, y graves problemas de salud en las familias afectadas, sobre todo cuando las familias no afrontan esta situación desde la colectividad, el apoyo mutuo y la organización dentro de los grupos que luchan por el derecho a la vivienda y contra los desahucios. Ante esto las administraciones públicas no hacen nada, y sí impiden que otros hagan algo, amenazando y amedrentando con numerosas multas a aquellos que se movilizan para defender el derecho a la vivienda para evitar que  una familia sea expulsada de su casa.

Algunos jueces tanto españoles como europeos han señalado la ilegitimidad que se esconde tras los desahucios y tras las condiciones en que se firmaron las hipotecas en España, en las que se incluyen cláusulas e intereses abusivos. A pesar de ello, las administraciones públicas, entre ellas la Junta de Andalucía, miran hacia otro lado, proponen parches, que lejos de solucionar esta situación la perpetúan. Por lo tanto:

A la administración pública, autonómica y estatal, les exigimos:

1. La dación en pago y condonación de deuda, con alquiler social por un período mínimo de cinco años, con o sin opción a compra, para que las familias puedan continuar en su vivienda.
2. Para las familias ya desalojadas, la dación en pago retroactiva, que incluye la condonación de deuda y el realojo en viviendas vacías de los bancos o viviendas públicas.
3. Suspensión de todos los procedimientos ejecutivos, no sólo de la orden de desalojo, para poder negociar con los bancos soluciones satisfactorias.
4. Que las viviendas vacías de los bancos pasen a la administración pública y se pongan a disposición de las familias desahuciadas y/o sin vivienda.
5. Despenalizar la reocupación de viviendas vacías públicas o pertenecientes a los bancos.
6. Exigir a las entidades bancarias que reestructuren la deuda, reduzcan los intereses excesivos y supriman las cláusulas abusivas.
7. Que declaren el “estado de emergencia habitacional”, que justifica las medidas indicadas.

A los jueces, les exigimos que apliquen la legislación de forma favorable a los más desfavorecidos, en función de la realidad social del momento (art. 3 del Código Civil) y no tomen partido por los bancos.

A los bancos les exigimos que cesen de acosar a las familias que no pueden pagar la hipoteca y negocien soluciones satisfactorias que impliquen la continuidad de las familias en sus viviendas.

No queremos más soluciones al servicio de los bancos.

Exigimos soluciones para las familias, porque la vivienda es un derecho, no una mercancía.

GRUPO STOP DESAHUCIOS 15M GRANADA.

En defensa de nuestros derechos. Por unos servicios 100% públicos, de calidad y bajo control social

Izquierda Anticapitalista-Madrid. Febrero 2013

Los servicios públicos constituyen la infraestructura básica de las sociedades contemporáneas, el soporte material que garantiza la convivencia y las posibilidades de vida buena. Nos resulta ya inimaginable el simple transcurso de nuestra vida sin la presencia de este tipo de servicios básicos (agua, electricidad, sanidad, educación, transporte).

El disfrute de los derechos ciudadanos que hoy tendemos a dar por sentado, y los servicios públicos que los hacen efectivos, no es fruto de ningún tipo de evolución natural de las sociedades y los Estados. Por el contrario, resultan de muy largas y duras luchas protagonizadas durante siglos por aquellos sectores de la población que sufrían la violencia y las exacciones de los poderosos. Con la consecución de la ciudadanía y el acceso a los servicios públicos, no sólo hemos podido dignificar nuestra existencia sino que hemos mejorado sus posibilidades de hacer frente a esa violencia cotidiana.

Pero estas conquistas distan de ser admitidas pacíficamente por los grupos dominantes. En su actual fase de globalización el capitalismo, tras haber colonizado la práctica totalidad de la vida social (con su dinámica de obtención de beneficios y acumulación de capital), trata de mercantilizar también los patrimonios, bienes y servicios públicos. Con la colaboración o la pasividad de la mayoría de los Estados, pretende convertir lo que eran derechos de todas y todos en mercancías de las que podrán disfrutar sólo quienes acrediten suficiente capacidad de compra.

A medida que se van pinchando las sucesivas burbujas en que se ha basado su crecimiento durante los últimos lustros, el capitalismo vuelve sus ojos a la existencia de una demanda segura constituida por los servicios públicos. Intenta construir, sobre estos espacios de derechos, prósperos mercados de servicios (basándose en la seguridad que proporciona la inelasticidad de estas demandas: nadie puede renunciar al agua potable ni al cuidado de la salud). El Estado del Bienestar, así, habrá desempeñado un papel de “inversión en demanda” para el capitalismo neoliberal.

Desde que llegó al gobierno, el PP ha dedicado buena parte de sus esfuerzos, en el marco de una brutal ofensiva contra los derechos de la población trabajadora, a una continua y sistemática labor de ataque contra los servicios públicos esenciales. Los cuales, con todas sus imperfecciones, constituyen unas condiciones mínimas de existencia para los de abajo –y aún más en las condiciones de creciente desigualdad dentro del Reino de España.

El envite alcanza dimensiones civilizatorias. Es toda una forma de concebir las relaciones sociales, basada en la sumisión al poder del dinero y a la supuesta sabiduría sistémica encarnada en los mercados financieros, la que se pretende imponer a las poblaciones sometidas a los Estados antes llamados del Bienestar (cuando tal condición era funcional al incremento permanente de la tasa de ganancia de las economías capitalistas), y ahora cada vez más endurecidos como Estados disciplinarios.

La ofensiva no ha empezado en 2012 y ni siquiera ha sido privativa del PP. Siempre con la coartada de Bruselas, también los gobiernos del PSOE han participado en la misma, contribuyendo a asentar un “sentido común” para el que la gestión pública parece equivalente al despilfarro y la ineficiencia. Pero hay que reconocer que en esa labor ha jugado un papel de vanguardia el gobierno de la Comunidad de Madrid, controlado desde hace años por el sector más duro del PP, aquel que tiene al Tea Party estadounidense como referente y en el que los jóvenes naziliberales hacen sus pinitos antes de incorporarse a más altos destinos.

En la sanidad pública los diferentes gobiernos estatales habidos en nuestro país han ido recorriendo este camino desde hace años, desde la promulgación de la Ley 15/1997 que abría de manera franca la puerta a la privatización del Sistema Nacional de Salud, hasta el reciente Real Decreto-Ley 16/2012, que supone la ruptura del modelo público y de la universalidad y gratuidad de la asistencia sanitaria en el momento de su uso. En la Comunidad de Madrid se ha ido profundizando en esta línea a través de la LOSCAM (Ley de Ordenación Sanitaria de 2001) y del decreto de creación del Área Única de 2010. La política del gobierno del PP se ha dirigido de forma preferente a ampliar el ámbito de la participación privada en la gestión del sistema sanitario madrileño: un bocado apetecido para los grupos empresariales y los grandes inversores ávidos de ganancia sin riesgos ni molestas competencias. En la presente legislatura el gobierno regional, desembarazado de la -por lo demás inocua- presencia del PSOE en el gobierno central, se ha lanzado a tumba abierta en una política que bajo el pomposo nombre de “Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público” pretende convertir ese sistema público en el motor de su particular proyecto de recuperación económica, a través de la penetración de las multinacionales y a costa de los derechos de la población madrileña y de los derechos de las y los trabajadores sanitarios. Su ejecución supondría el banderazo de salida para la descapitalización y la privatización completas del sistema público, desde los hospitales tradicionales a los centros de salud, además del despido de una parte considerable del personal sanitario y la pérdida de la calidad y accesibilidad a la asistencia sanitaria para los y las ciudadanas.

La ofensiva contra la enseñanza pública –un sector estratégico para el poder a causa de su especial capacidad para moldear a la población y crear hegemonía ideológica— viene también de lejos. Por una parte, se trata de una fuente de ganancia más que puede encauzarse hacia sus empresas cercanas. Así, ya hace ocho años comenzaron con la parte más débil, la educación infantil, creando guarderías con nulo valor educativo (almacenamiento de niños) pero generadoras de fuertes beneficios económicos. Continuaron con los conciertos educativos: cada vez a más centros, dando suelo público, detrayendo el dinero de la escuela pública para que, después de una fuerte campaña de descrédito, fuese decayendo hasta convertirse en subsidiaria de la privada o concertada: una escuela para pobres, para emigrantes, para alumn@s con dificultades…

Pero no podemos obviar otra parte tan problemática o más que el convertir a la escuela pública en un mero recurso asistencial. Hubo que pagar el apoyo de la Iglesia Católica a sus políticas, y así se sometió a familias y alumn@s a unas propuestas religiosas cada vez más radicales. Se ceden suelo a confesiones “neocón” para que construyan sus propios colegios, dándoles el concierto incluso antes de estar construidos y facilitando que en esas zonas de nuevos desarrollos inmobiliarios no se creen centros públicos (o sólo alguno especialmente pequeño para poder convertirlo en el guetto de la zona). Así se ha colonizado (o “cristianizado…” según ellos): el ensanche de Vallecas, Las Tablas, el ensanche de Alcalá de Henares… Comunión y Liberación (grupo religioso al que pertenece la Consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar) ha sido uno de los agraciados, junto con el Opus Dei… Y por si esto no hubiera sido ya bastante, ahora se intenta desarrollar una nueva “Ley Wert” que favorece de forma fulminante a esta clase de escuela religiosa y que blinda enteramente el concierto en colegios de corte tan reaccionario como nuevas confesiones que separan los sexos.

Así, familias, alumnos, alumnas, profesoras y profesores se enfrentan a una disyuntiva terrible: enseñanza pública sin medios, con dificultades económicas, con problemas serios de personal… o una enseñanza adoctrinadora que busca formar súbditos creyentes, sumisos, competitivos, trabajadores/ consumidores que les sirvan como mano de obra barata, sin derechos, sin protesta, con cristiana resignación frente a los poderes superiores que quieren representar. Tal educación se aleja absolutamente de la igualdad de oportunidades, la necesaria equidad, la crítica constructiva, el trabajo solidario, el pensamiento científico, la capacidad crítica… En fin, en apenas ocho años un retroceso de más de medio siglo.

Además de las doctrinas reaccionarias de la jerarquía católica y sus fuerzas auxiliares, esta ofensiva tiene en su origen estrategias de la OCDE y la OMC, con una clase de análisis que puede rastrearse en las publicaciones de FAES. Análisis según el cual la enseñanza pública constituiría un obstáculo objetivo a la modernización del sistema, entendida tal modernización como adecuación absoluta a los perfiles laborales demandados por los sectores económicos dominantes y de futuro y a los de los futuros consumidores; todo ello en el marco del proyecto de renovación de la sociedad madrileña y española según los valores del capitalismo más despiadado. La remoción de este obstáculo permitiría, además, depurar una población laboral con un alto índice de sindicalización y una clara orientación de sus preferencias políticas hacia la izquierda. Al servicio de dichos objetivos, el gobierno regional del PP ha impuesto una congelación de vacantes destinada a envejecer lo más posible la plantilla actual, junto con la imposición de más obligaciones laborales (algunas de ellas claramente disparatadas), y todo ello orientado a degradar de forma acelerada la calidad de la enseñanza como condición necesaria para el paso a su privatización.

En 2001, la LOU (Ley Orgánica de Universidades) del PP ya impulsó la privatización y mercantilización de la universidad pública. En 2008-2010, pese a la resistencia en diversas universidades del Reino de España contra la implantación del “Plan Bolonia”, éste fue avanzando. Con el Real Decreto-Ley 14/ 2012 (aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2012) se dan pasos decisivos hacia una universidad sometida a los imperativos de valorización del capital. Aunque este decreto haya sido publicado en el BOE, se trata de una norma injusta, ilegítima y elaborada de forma antidemocrática. Pese a que se escuda bajo el eufemismo de “racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, se trata en realidad de un cambio de modelo educativo, tan dañino para la enseñanza pública en todos sus niveles que tiende a hacernos retroceder en el tiempo medio siglo. Si se aplica sin trabas y se desarrolla expulsará a las capas populares de la educación superior, abrirá ésta al capital financiero, degradará la calidad de la educación en todos sus niveles y someterá el sistema educativo a los intereses el sector privado (en línea con la “estrategia Universidad 2015”). En la Comunidad de Madrid, el estrangulamiento presupuestario de las universidades públicas está provocando un palpable deterioro.

En el sector de los transportes públicos los gobiernos regional y municipal de Madrid, que disponen de una excelente infraestructura soportada en buena medida con el endeudamiento a medio y largo plazo de los contribuyentes madrileños, han creído llegado el momento de aligerar lo que consideran excesiva carga de costes salariales de las empresas públicas de transporte, Metro y EMT, y se disponen a llevar a cabo un ERE con o sin el consenso de los sindicatos mayoritarios, bastante debilitados y desprestigiados desde hace años en el sector. Todo esto acompañado de un creciente deterioro en la calidad y seguridad del servicio que ya estamos sufriendo las y los usuarios, por efecto de una paulatina reducción en las dotaciones para mantenimiento y conservación.

El Canal de Isabel II es una empresa pública para el suministro de agua a los municipios de la región madrileña con resultados positivos desde hace muchos años y sin aparentes problemas de financiación para el futuro, teniendo en cuenta que dispone de un “mercado cautivo” de 177 municipios, que sus activos se encuentran en un proceso de amortización sostenible con los recursos generados y que el índice de morosidad (usuarios que dejan de pagar) es muy bajo. A pesar de todo ello, el gobierno regional anunció en 2008 su intención de dar entrada a inversores privados en el capital social de la empresa como forma de asegurar la financiación necesaria para la extensión de los servicios de la misma derivados de las exigencias de reutilización de las aguas residuales y los otros imperativos establecidos por la Directiva Marco del Agua. Al respecto debe señalarse que este gobierno regional ha rechazado convenir con la Administración General del Estado, como han hecho el resto de las CC.AA., con el fin de recibir el apoyo estatal y de la UE para la financiación de las depuradoras exigidas por la normativa comunitaria. Hasta la fecha la operación de entrada de capital privado no ha tenido éxito, pero entretanto el gobierno regional ha conseguido atar a los municipios mediante convenio al llamado “nuevo modelo de gestión” (que no es otra cosa que la privatización del Canal y el compromiso de los Ayuntamientos para vender una parte de sus acciones a los socios privados). Finalmente, el Gobierno del PP tiene un objetivo claro para las Administraciones públicas (General del Estado, Autonómica y local): bajo las pretensiones de “racionalización y modernización” lo que hay es la aplicación de las políticas neoliberales a las mismas. Se trata de reducir la Administración pública a su mínima expresión, desprovista de recursos y de personal, y todo ello con una intención soterrada de “recentralización del Estado” (esto es, desandar el camino de la descentralización autonómica). No se reserva mejor suerte para el sector público estatal (IBERIA, AENA, Correos, FMYT, NAVANTIA….) que se pretende desmembrar, privatizando los sectores rentables con el objeto de obtener ingresos y ceder a los grandes capitales porciones del patrimonio público subsistente.

Este breve repaso a las principales políticas privatizadoras del gobierno del PP sólo tiene por objeto ilustrar los objetivos esenciales de sus políticas, las herramientas de que se vale para impulsarlas y los efectos buscados con ellas. Como decíamos al principio, nos encontramos con un gobierno en la vanguardia de la ofensiva reaccionaria de la derecha y el capital financiero contra los derechos ciudadanos y las instituciones en los que se encarnan estos derechos, fundamentalmente los servicios públicos analizados, en una perspectiva cada vez más clara de dejar en el olvido el pacto social en que se ha apoyado el consenso en torno al régimen político vigente desde 1978.

Contra esta ofensiva se han levantado movilizaciones sectoriales auto-organizadas en algunos casos, como el de la educación y la sanidad, apoyadas por las y los usuarios, así como por la ciudadanía en general que ha visto peligrar condiciones esenciales de vida que creía amparadas por el ordenamiento constitucional. No obstante su amplitud y, en algunos casos su combatividad, aún no se percibe en estas movilizaciones una clara orientación contra la política general de los gobiernos regional y estatal del PP. Iniciativas como la convocatoria de la marea ciudadana para el próximo 23 de febrero podrían ser un buen punto de partida para superar esta deficiencia, si se consigue que los movimientos sectoriales que participan en ella coordinen efectivamente sus acciones e incorporen a los sindicatos de trabajadores a las mismas, especialmente a UGT y CCOO, absolutamente paralizados desde la huelga general del pasado 14 de noviembre.

Pero es preciso además dotar a las mismas de un contenido explícito de ruptura con el consenso del 78, en abierta crisis de legitimidad tras su reconstitucionalización neoliberal y autoritaria -que ha culminado, por ahora, en la reforma del artículo 135 para imponer la “regla de oro” del pago de una deuda ilegítima- y la salida a la luz de una corrupción sistémica que afecta a pilares fundamentales del mismo. Han sido los partidos del Régimen –PSOE y PP sobre todo— los que han ido convirtiendo los derechos sociales reconocidos en la Constitución formalmente vigente en papel mojado. No basta con la derogación de las múltiples leyes ilegítimas e infames promulgadas desde la llegada del PP al Gobierno (como la de acompañamiento a los presupuestos de la Comunidad de Madrid, la LOMCE de Wert, la de la reforma laboral, etc). Se trata de dirigir esta energía colectiva contra las instituciones del Régimen político en las que una parte de la ciudadanía todavía confía para detener las brutales agresiones de los gobiernos del PP y promover unos servicios públicos de calidad y gestionados democráticamente. En el desenmascaramiento de estas instituciones un papel esencial corresponde a los partidos de la izquierda y a los sindicatos, que deberían ser los primeros en denunciar de forma decidida las políticas del PP, así como la función neutralizadora y legitimadora que para las mismas desempeñan las instituciones del Régimen, la Corona en primer lugar.

Los y las anticapitalistas nos sentimos comprometidos con esa orientación como tarea fundamental de nuestro quehacer colectivo y la vamos a defender, en la medida de nuestras fuerzas, en todos los movimientos donde participamos. Contra quienes quieren cambiar la educación por “formación de capital humano”; contra quienes llaman “externalizaciones” a privatizar la sanidad pública; contra quienes imponen un sistema de tasas judiciales que acaba con la igualdad de las ciudadanas y los ciudadanos ante la ley; contra quienes socavan esa base irremplazable de la convivencia democrática que son los servicios públicos de calidad gestionados de manera participativa, contra esa minoría que representa los intereses de la plutocracia estamos las y los anticapitalistas.

LOS SERVICIOS PÚBLICOS NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN
www.anticapitalistas.org
@anticapi
FB: anticapitalistas

28F: Manifestación andaluza contra los recortes y el pago de la deuda

ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN EL BLOQUE CRÍTICO

SINDICATOS: SAT, CGT, USTEA, Sindicato Unitario, Sindicato profesional de Bomberos

COLECTIVOS SOCIALES Y CULTURALES: Ecologistas en Acción, Almenara, 15M (Intercomisión Vivienda, Comisión de Acción y Extensión, Asamblea de San José de la Rinconada, Asamblea de Cerro Amate, Asamblea de Barrios Zona Sur), Frente Cívico Somos Mayoría, CEHA, Marea Pública, ODS, Ciencia con Futuro (Asamblea de Trabajadorxs del Sector Cientifíco), Asoc. Estudiantil contra la Precariedad, ATTAC, Asamblea Constituyentes del Aljarafe, Atrapasueños, Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sevilla, entre otros muchos...

PARTIDOS Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS: JCA-Sevilla, CJC, PCPA-PCPE, CUT-BAI, Unidad Popular de Aguilar, MAIS, PA, IU por la Base, JJ.AA., Primavera Andaluza, Equo Andalucía, Red Roja, Corriente Roja, En Lucha, Izquierda Anticapitalista

ANTE EL 28 F, Manifiesto del Bloque Crítico
Andalucía afronta este 28 de Febrero una situación extremadamente difícil para la inmensa mayoría de los ocho millones de andaluces y andaluzas.

Andalucía sufre. Sufren las miles de familias desahuciadas que han perdido su casa. No hay nada más inhumano que desalojar a una familia de su hogar. Y todo para alimentar la voracidad insaciable de unos banqueros sin escrúpulos.

Sufre el millón y medio de personas sin empleo. Tener unas manos para trabajar; tener una carrera terminada; disponer de tu capacidad tanto manual como intelectual y no encontrar un trabajo digno es humillante para cientos de miles de personas, pero lo es aún más para nuestra sociedad. Porque estamos desperdiciando el talento colectivo de nuestra tierra e hipotecando su futuro. El pueblo andaluz no se merece este atropello a nuestra dignidad colectiva.

Sufre la clase trabajadora cuando la patronal aprovechando el drama del paro masivo aprieta a la baja los salarios y las condiciones de trabajo de los afortunados y afortunadas que aún tienen el privilegio de tener un empleo.

Sufre nuestra juventud cuando abandona nuestra tierra para buscarse la vida en el extranjero como antes hicieron sus padres y abuelos.

Sufre el pueblo trabajador andaluz cuando el régimen reprime a sus jóvenes, a sus sindicalistas, a sus luchadores sociales más dignos. Cuando los tribunales y la policía, el estado en definitiva, practica la criminalización, el montaje o la multa contra quienes resisten, contra quienes se levantan en rebeldía contra la dictadura del capital. Cuando en sus comisarías se tortura y en sus prisiones existen presos por motivos políticos. Sufre el pueblo andaluz cuando se recorta el presupuesto en salud, educación, dependencia y servicios sociales, lo que redunda negativamente en nuestros derechos ciudadanos.

Sufre Andalucía al ver su soberanía pisoteada por bases extranjeras y escudos nucleares que llevan muerte y destrucción a otros pueblos.

Se ríen de los andaluces y andaluzas cuando no se ha sido capaz de depurar las responsabilidades políticas de la corrupción de los ERE’s.

Se ríen de nuestros mayores que ven como sus ahorros de toda la vida están secuestrados por la estafa bancaria de las preferentes.

Se ríen cuando han dilapidado nuestro ahorro privatizando y malvendiendo las cajas a intereses foráneos.
El pueblo andaluz ha sufrido un saqueo, planificado desde Bruselas, que ha sido llevado a cabo por el régimen dictactorial de los mercados y los gobiernos a su servicio, tanto en La Moncloa como en San Telmo. Mientras nos embaucaban con el boom especulativo de la construcción, se dedicaron a desmantelar nuestra pesca, nos dejaron sin industria, atacaron la economía social, construyendo este presente incierto. Eso sí, continuaron y continúan regalando primas millonarias a los grandes terratenientes que nunca hicieron nada por esta tierra. Nos han planificado el desastre que hoy vivimos y el sufrimiento que hoy padecemos.

30 años de ofensiva neoliberal no sólo han desmantelado nuestra economía, también han puesto el riesgo el planeta. Estamos en un momento histórico radicalmente distinto a todos los precedentes. El capitalismo destruye nuestro hábitat, pone en riesgo la biodiversidad y hasta la propia existencia de la civilización humana. Conseguir justicia social, garantizando la satisfacción de las necesidades humanas sólo es posible superando el capitalismo, abriendo la puerta a un nuevo sistema económico que no explote el planeta sino que esté en paz con él.

Pero también nos ha robado la democracia. Al capitalismo en su decadencia le sobran las libertades y derechos democráticos. Y a nosotros nos sobra una Constitución, producto de un pacto con los residuos del franquismo, que se ha demostrado inútil a la hora de parar la guerra de los mercados contra el pueblo.
Y es el pueblo soberano, de abajo a arriba, quien tiene que alzar su voz para iniciar un nuevo proceso constituyente que garantice realmente las libertades públicas y los derechos fundamentales.

El Gobierno español, en manos de la derecha troglodita del PP, ha demostrado en muy poco tiempo lo que es. Se presentaron como inocentes gaviotas y se han descubierto como voraces buitres. El caso Gurtel, el caso Bárcenas… son sólo la punta del iceberg.

Váyase Sr. Rajoy. Váyase cuanto antes. Váyase por corrupto y por mentiroso. Prometió no subir los impuestos. Y ha subido el IVA tres puntos. Prometió crear tres millones de puestos de trabajo y el paro roza ya los seis millones. Prometió no tocar la sanidad y ha implantado el copago farmacéutico, que por primera vez tendrán que pagar los pensionistas. Prometió no tocar la educación y ha subido las tasas universitarias y recortado las becas y los recursos humanos y materiales. Se opuso a la subida de la luz cuando estaba en la oposición y la sube un 11%. Prometió no abaratar el despido y aprobó la peor reforma laboral de la historia que ha facilitado en la práctica el despido libre.

Sr. Rajoy, usted está haciendo lo mismo que le reprochaba a Zapatero y lo contrario de lo que decía que había que hacer cuando era el líder de la oposición. Usted es tan sumiso o más, si cabe, que Zapatero a las directrices de la Merkel y los bancos. Usted no ha hecho nada positivo por sacarnos de la crisis. Al contrario, como el anterior Gobierno del PSOE, sólo han aprobado medidas neoliberales que deprimen aún más la economía. Usted nos lleva al camino de Grecia, nos lleva a la desintegración social con tal de que sus amigos banqueros sigan ganando dinero a costa de la pobreza extrema de la gente. Usted, Sr. Rajoy, ha declarado la guerra al pueblo y ha sacado a su ejército de antidisturbios para reprimirnos. Sepa usted que ni eso le servirá. Nadie puede detener al pueblo cuando se pone en marcha por una causa justa.

En Andalucía, por primera vez el régimen clientelar del PSOE, construido durante décadas, comparte gobierno con Izquierda Unida, lo que ha podido generar ilusiones de cambio en amplios sectores sociales. A las ocho meses de gobierno varios hechos demuestran el camino errático que lleva este gobierno pretendidamente de izquierdas.

El pasado 15 de mayo el Gobierno andaluz aprobó un recorte presupuestario de 2.500 millones de €, cumpliendo así con las imposiciones de los mercados financieros y sus vasallos de Bruselas y de Madrid. El monto principal de ese recorte cae sobre las espaldas de los empleados y empleadas públicos a los que se les rebaja el sueldo, se les aumenta la jornada laboral y se les erosiona sus condiciones de trabajo.

Son particularmente graves estos recortes puesto que se producen con la presencia de consejeros de IU en el Gobierno de la Junta de Andalucía. En toda sociedad de clases, los gobiernos toman decisiones que favorecen o perjudican a diferentes segmentos sociales. Y estos recortes, sin ningún género de dudas, son de la misma índole que los efectuados por Rodríguez Zapatero cuando aplicó el programa neoliberal de la UE o las recetas ultraliberales que Rajoy y sus ministros derechistas están ejecutando cada viernes.

Y no sólo son de la misma índole sino que se han justificado de la misma forma que lo hicieron Zapatero antes y Rajoy ahora: “No nos gustan, son injustos, pero necesarios”. ¿Necesarios para quién? Para los mercados y banqueros, pero nunca para la mayoría social que en Andalucía dijo basta a los recortes del PP. Esto ha significado el despido de 4.500 docentes interinos y se calcula sobre 3.000 en sanidad por la vía de la no renovación de eventuales.

Pero en vez de corregir esta línea de recortes que justifican con el sanbenito del “imperativo legal”, se profundiza con la aprobación de unos presupuestos donde se vuelve a producir recortes. Los presupuestos presentados para el 2013 en la Junta, están confeccionados siguiendo las mismas tesis de cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria impuestos por Madrid y suponen un retroceso incluso respecto a los últimos aprobados por el PSOE en solitario. El presupuesto tiene una disminución de un 4’1% respecto al anterior (de 32.020 millones de euros pasa 30.706). Este recorte ha ido a las partidas sociales. Se disminuye 1.000 millones de euros en sanidad (10’6% de recorte); 600 millones de euros en educación (8’6% de recorte); 360 millones de euros en empleo (30’3% de recorte); el Plan de Drogodependencia cae en un 20’2%; la Atención a la infancia un 15’8%; el bienestar social (familias, mayores, discapacidad…) un 33’6%; la coordinación de las políticas migratorias, un 54`1% y la protección de la violencia de género, nada menos que un 54`4%, de 8’6 millones de euros a 3`9, etc., etc.

Son unos presupuestos de recortes que nada aliviarán la especial situación de crisis que sufre el pueblo trabajador andaluz con una tasa de desempleo cercana al 36%, más de diez puntos por encima de la media española. En Andalucía, más de tres millones de personas están en riesgo de pobreza y exclusión social, cerca del 40% de la población andaluza, 15 puntos por encima de la media española. 65.000 accidentes laborales sólo en 2012, de los cuales, 870 graves y 77 mortales. Familias trabajadoras que han perdido a un ser querido pero nadie se acuerda de ellas, ni medios, ni reyes, ni gobiernos, ni por supuesto la justicia que nunca busca culpables en la mayoría de los casos.

Vivimos momentos de enorme dureza para la humanidad en su conjunto y en especial para nuestro pueblo, Andalucía.

Este 28 de febrero debemos ser muchos los andaluces y andaluzas que salgamos a la calle a decir basta ya; basta de recortes, vengan de donde de vengan; basta de corrupción; basta de sumisión a los mercados; basta de represión; basta de engaños... Andalucía debe levantarse, con firmeza y audacia, para ganar su futuro.

Como la historia ha demostrado cuando un pueblo se levanta con decisión no hay gobierno que pueda pararle. Y cuando los gobiernos no escuchan la voz de su pueblo, cuando sólo tienen miradas y atenciones para los ricos, cuando incumplen reiteradamente sus promesas... han perdido su legitimidad. Contra el mal gobierno, es justo rebelarse. ¡Vamos a tomar la calle!

Por eso desde la pluralidad de colectivos que conformamos este bloque crítico de acción llamamos a los trabajadores y trabajadoras, a los autónomos, a las PYME’s, a la economía social, al 99% de la sociedad que estamos siendo atacados por los recortes y afectados por la crisis. Nos dirigimos a la inmensa mayoría de la sociedad para que desde la más firme unidad luchemos juntos contra este estado de cosas.
Y para ello hemos levantado una plataforma de lucha que recoge nuestras alternativas:

1. NO AL PAGO DE LA DEUDA ILEGÍTIMA. No al pago de la deuda privada.
Ni un euro más para rescatar a la banca y al sector financiero. Recuperación de los fondos públicos donados a los bancos. Investigación imparcial e independiente de los hechos que han provocado estos agujeros negros en las entidades financieras. Procesamiento de los gestores responsables y del organismo supervisor. Renegociación de los créditos. Revocación de la reforma constitucional que, en nombre de la estabilidad presupuestaria, establece como prioridad absoluta del presupuesto el pago de la deuda. Mantenimiento de los empleos en el sector. No a los rescates bancarios. No al memorándum de condiciones de la UE.

2. EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. NO A LOS RECORTES, vengan de donde vengan. Ni recortes ni privatización, mantenimiento, ampliación y mejora de los servicios públicos.
Acceso universal y gratuito a los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, justicia,…) de todas las personas, con o sin papeles. Ampliación de las plantillas en Sanidad, Educación, Ciencia y Servicios Sociales hasta cubrir las necesidades reales, garantizando que no se produzca ninguna clase de discriminación. Puesta en marcha de un plan en el sector público en los ámbitos social y productivo, con el objetivo de crear puestos de trabajo estables y de calidad. Retirada de todos los conciertos con empresas privadas en todos los servicios públicos en cualquier nivel de la Administración. Por la defensa de una educación pública, gratuita, científica, democrática y laica.

3. POR EL PLENO EMPLEO DIGNO. REPARTO DEL TRABAJO SIN REDUCCIÓN DE SALARIO. Trabajar menos para trabajar todxs.
Plan público de creación de empleo dirigido especialmente a paradxs de larga duración, juventud y mujer. Prohibición de los despidos y los ERE’s. Prohibición de las ETT’s y de la subcontratación. Aumento del SMI a 1.000 € e implantación del salario máximo que no podrá exceder de cuatro veces el mínimo. Adelanto de la edad de jubilación a 60 años con contrato obligatorio de relevo. Reducción de la semana laboral a 35 h. sin reducción salarial. Derogación de las reformas laborales antisociales implantadas por los gobiernos de Zapatero y Rajoy. Recuperación y aumento del poder adquisitivo de los salarios. Fin de la precariedad laboral.

4. POR UNA ECONOMIA DE ROSTRO HUMANO. POR LA BANCA PÚBLICA. Si gobiernan los mercados no hay democracia.
Creación de una Banca Pública andaluza, ética, democrática, que permita el acceso de personas y familias a los recursos económicos y que oriente la inversión al interés general. Devolución de Cajasol y Cajasur. Nacionalización de los bancos, cajas de ahorros y sectores estratégicos bajo control democrático del pueblo. Autogestión de empresas recuperadas al capital. Reforma agraria que expropie los latifundios, fomente el cooperativismo, la agroecología y la soberanía alimentaria.

5. POR UNA REFORMA FISCAL PROGRESIVA. El problema no son los gastos, sino los ingresos. Que pague más quién más tiene.
Un sistema fiscal justo, progresivo y solidario basado en el reparto de la riqueza y el trabajo. Control y represión de la evasión de capitales y del fraude fiscal, supresión de los paraísos financieros y de las SICAV. Fuerte aumento de la presión fiscal a las grandes fortunas.

6. EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE. Sólo tenemos un planeta.
Apuesta por las energías renovables y cambio del modelo energético. Rehabilitación energética de edificios públicos y privados. Regulación del balance neto y del autoconsumo fotovoltaico. No a la fractura hidráulica. Prohibición de la prospección de hidrocarburos en nuestras costas. Prohibición de los transgénicos. Mecanismos públicos que garanticen que el desarrollo productivo tenga lugar en condiciones de salubridad, equilibrio, seguridad y respeto del medio ambiente (ley de costas, cañadas reales, acuíferos, polución industrial..). Denuncia y persecución de los numerosos delitos ecológicos que se están dando en la actualidad, endureciendo las sanciones y exigiendo el cumplimiento de las mismas. Defensa y fomento de los huertos urbanos. Prohibición de instalar ninguna planta nuclear ni almacenes de residuos nucleares. Cláusula social y medio ambiental en la compra y contratación pública. Fomento del consumo responsable, justo y ético. Medidas encaminadas a ajustar nuestra huella ecológica: favorecer el consumo de cercanía, penalizando, incluyendo en el precio de los productos la huella de carbono (transporte). Fomento de la red de transporte público por ferrocarril, incentivando su uso a un precio social. Transformación de nuestras ciudades y pueblos hacia la movilidad sostenible: peatonalización, transportes públicos y carriles bici.

7. POR EL DERECHO A LA VIVIENDA. La vivienda es un derecho universal, no una mercancía.
Declaración del estado de emergencia habitacional en Andalucía. Suspensión y moratoria para todo tipo de desahucios de viviendas habituales. Parque público de vivienda en alquiler para cualquiera que lo necesite. Puesta en uso de las viviendas vacías: ni gente sin casa ni casas sin gente; despenalización de la ocupación de viviendas sin uso. Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Derecho a la dación en pago de su vivienda saldando plenamente su deuda. Plan de rehabilitación de viviendas. Cese de los cortes de agua y luz domésticos y restablecimiento inmediato de estos suministros a quienes se lo hayan cortado. Erradicación del chabolismo y la infravivienda.

8. POR LOS DERECHOS SOCIALES. Primero las personas.
Derogación de la reforma del sistema de pensiones del 2011, pactado entre el PSOE, CCOO, UGT y las patronales, así como detención de los planes del gobierno del PP, al convocar la comisión del Pacto de Toledo, para reducirlas más y retrasar más la edad de jubilación. Derecho a la pensión máxima con 30 años trabajados. Por una renta básica social suficiente para poder vivir con dignidad. Eliminación del requisito de las peonadas para tener derecho al subsidio y renta agraria. Seguro de desempleo indefinido para todas las personas desempleadas que carezcan de ingresos propios. Cierre de los CiE’s. Regularización de las personas inmigrantes que viven en el territorio español. Derecho a la Ciudadanía Universal. Aumento de la financiación pública de la ciencia, contra la precariedad y por una carrera profesional digna y estable, democracia interna y gestión transparente de los recursos científicos, por una ciencia crítica, no ajena a las necesidades e inquietudes sociales.

9. POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES. Sin mujeres no hay revolución.
Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre y gratuita. Acceso a los métodos anticonceptivos y a la educación afectiva sexual. Contra el sistema patriarcal. Colocar en el centro del sistema social los cuidados. Conciliación de la vida familiar y laboral. Igualdad en el ámbito laboral entre hombres y mujeres. Exigimos reconocer, valorar y repartir equitativamente todos los trabajos. Erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. Reconocimiento como empleo del trabajo desarrollado, mayoritariamente por las mujeres, dentro del núcleo familiar y del hogar y como consecuencia que se aplique los derechos correspondientes a las prestaciones sociales y laborales generadas por el mismo. Exigimos que el estado asuma los costes de los Cuidados. Establecimiento de mecanismos institucionales que garanticen el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar y cuidadoras.

10. EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA. Si hay democracia no gobiernan los mercados.
Ninguna reforma constitucional sin referéndum popular. Reforma de la ley electoral. Derecho de autodeterminación de los pueblos. Abolición de la monarquía. Alto a la corrupción. Investigación independiente y a fondo de todos los escándalos de corrupción (Gurtel, ERE’s, Barcenas, etc). Eliminación de todas la prebendas y privilegios de los políticos y gobernantes (funcionarios, inclusión en el régimen general de pensiones y de SS, varios sueldos por cargos públicos….). Despenalización de la ocupación ligada a causas de necesidad social. No a la criminalización de la protesta y la resistencia social. Fin de la represión contra jóvenes, sindicalistas o manifestantes. Basta de montajes, multas y juicios contra quienes sólo defienden sus derechos. Eliminación del régimen FIES y del aislamiento penitenciario. No a la llamada "Ley de Seguridad Ciudadana", a la videovigilancia y a toda la legislación represiva. Derogación de una "Ley de Partidos" incompatible con cualquier democracia. Disolución de la Audiencia Nacional. Depuración de responsabilidades de todos los implicados en casos de represión o tortura. Libertad para todos los presos por razones políticas y amplio indulto para los presos por razones sociales. Separación real entre Iglesia y Estado. Disolución de las unidades especiales antidisturbios.

11. POR LA PAZ Y EL ANTIMILITARISMO. Por una Andalucía de Paz, sin bases ni escudo antimisiles.
Desmantelamiento de las bases de Rota, Morón y Gibraltar. Salida de la OTAN. Drástica reducción del gasto militar. Disolución de la Legión y de la Guardia Civil. Alto a las intervenciones millitares. No al escudo antimisiles. Desnuclearización del Estrecho de Gibraltar. Fuera ejércitos del sistema educativo andaluz. Reconversión civil de las fábricas de armas en Andalucía. Fuera instalaciones militares de los núcleos urbanos. Programas de cooperación internacional, con criterios de solidaridad social, especialmente con el Norte de África. Desmilitarización del territorio andaluz (Legión en Ronda y Almería, INTA en Huelva, maniobras navales, etc.). Reconversión, sin costes, de instalaciones militares a usos civiles. Control público de las emisiones que propagan, inducen o justifican la violencia en sus distintas formas (hacia la mujer, hacia otros países, hacia otras culturas, etc).

[Siguen insultando a nuestra inteligencia] Rajoy hace pública sus declaraciones de renta

¿Desde cuando las declaraciones de renta demuestran la honestidad de un defraudador? Una vez más, nos toman por verdaderos idiotas, incautos a quienes engañar con ensalmos tramposos... 

 

Mariano Rajoy no realizó ningún pago a la Seguridad Social entre los años 2008 y 2011, según se desprende de las declaraciones de renta que hizo ayer públicas en la web oficial de Moncloa. En esos años, los ingresos percibidos por el hoy presidente del Gobierno tanto de su partido como del Congreso de los Diputados ascendieron a  931.279 euros.

De acuerdo a los documentos fiscales presentados, Rajoy sí realizó pagos a la Seguridad Social entre 2003 y 2007, por importes anuales que en ningún caso superaron los 1.400 euros, y ha vuelto a hacerlo ya como presidente del Gobierno. En este pasado ejercicio, Rajoy ha cotizado en cuotas por derechos pasivos –la correspondiente a los funcionarios- un total de 1.403,48 euros.

En conjunto, en el período comprendido entre el 2003 y el 2011, el presidente ha tenido unos retribuciones totales de 1.907.000 euros y su contribución a las arcas de la Seguridad Social ha ascendido a sólo 6.121,28 euros, es decir el 0,32% del total.

Expertos fiscales consultados por este diario no acertaron a explicar la desaparición de los pagos a la Seguridad Social de las declaraciones de la renta de los ejercicios antes citados, al considerar que la relación de Rajoy con su partido a efectos de sus retribuciones debe ser forzosamente laboral y no procedente de un contrato de arrendamiento de servicios, lo que tampoco le evitaría, por cierto, del pago de cuotas. Este diario intentó recabar ayer sin éxito la versión de algún portavoz de Moncloa.

No hay norma que le exima

Rajoy fue elegido presidente del PP en 2008 pero no hay ninguna norma que exima del pago de la Seguridad Social al líder de la oposición. Ni siquiera explicaría la ausencia de estas contribuciones el hecho de que el artículo 9 del Reglamento del Congreso de los Diputados establezca que “correrá a cargo del Presupuesto del Congreso el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social y a las Mutualidades de aquellos Diputados que, como consecuencia de su dedicación parlamentaria, dejen de prestar el servicio que motivaba su afiliación o pertenencia a aquéllas”.  Y ello porque Rajoy prestaba en 2007 los mismos servicios que en 2008.

A partir de 2007 y hasta 2011 las declaraciones por IRPF del presidente del Gobierno consignan contribuciones empresariales a planes de pensiones que totalizan 24.596 euros.

Ante el asesinato del líder del Frente Popular, Chukri Belaid

Comunicado de Izquierda Anticapitalista

El miércoles 6 de febrero, cuando salía de su casa, Chukri Belaid, uno de los líderes de la coalición de partidos de la izquierda tunecina Jabha Chaabya (Frente Popular) y secretario general de la agrupación de izquierda Partido de los Patriotas Demócratas Unificados (PPDU), era alcanzado por varios impactos de bala que poco después le hacían perder la vida en un céntrico hospital de la capital de Túnez. Belaid había denunciado, días antes, a las milicias del partido del gobierno Al Nahda (las llamadas “Ligas para la protección de la revolución”) por estar detrás de diversas agresiones contra las concentraciones organizadas por los partidos de la oposición. En la misma víspera de su asesinato, el martes día 5 de febrero, denunciaba en un plató de televisión la estrategia metódica de explosión de violencia en cada crisis dentro del movimiento de Al Nahda. Belaid fue, además, muy activo durante las manifestaciones y huelgas de la ciudad de Silana, en el norte tunecino, violentamente reprimidas por el ejército y la policía el pasado mes de noviembre. Desde Izquierda Anticapitalista lamentamos la muerte de un luchador por la libertad y la dignidad del pueblo tunecino y condenamos sin paliativos a los organizadores y actores de esta actuación criminal contra un representante del pueblo de Túnez.

Es incuestionable que estamos ante el primer asesinato político que se produce en Túnez durante el proceso de transición y la condena por parte de Al Nahda de “este crimen atroz perpetrado contra la seguridad y la estabilidad del país” –según ha afirmado el partido del gobierno en comunicado oficial- no puede hacernos olvidar su responsabilidad política y moral por omisión o indiferencia. Los ejecutores y ordenantes de este vil asesinato deben ser inmediatamente detenidos y llevados ante un tribunal, garantizando a la familia de la víctima y al pueblo tunecino que no quedarán impunes los que tratan de impedir -quienesquiera que sean- el triunfo de la revolución democrática.

Queremos por ello unirnos solidariamente al dolor de la familia de Chukri Belaid, del Frente Popular y del pueblo tunecino, sumarnos desde el Estado español a la jornada de duelo y protesta del día 8 de febrero y apoyar a la coalición de la izquierda tunecina en su lucha -que era la de Chukri Belaid- por una verdadera democracia que una en su programa las libertades políticas, la justicia social y el internacionalismo antiimperialista.

Izquierda Anticapitalista
Miércoles 7 de febrero de 2013

Los trabajadores votan en asamblea seguir con la huelga de basura en Sevilla

Los trabajadores del servicio de recogida de basura de Sevilla han votado en asamblea seguir adelante con la huelga que mantienen desde hace diez días y rechazar el recorte salarial del 3,6 % propuesto por la dirección de la empresa.

Los miembros del comité de empresa, que han estado negociando en las últimas horas con el ayuntamiento y la dirección de Lipasam, se han desplazado hasta las instalaciones de la entidad para informar de las últimas propuestas debatidas, que han sido recibidas por los trabajadores con gritos de "huelga, huelga" y "fuera, fuera".

El portavoz del comité de empresa de Lipasam, Antonio Bazo, fue el encargado de informar a los trabajadores, que le interrumpieron con frecuencia, de la propuesta de la empresa consistente en una rebaja salarial del 3,6 % frente al 5 % inicial, lo que ha levantado un fuerte rechazo entre los trabajadores.

Lipasam también ha planteado un preacuerdo previo de convenio colectivo con una subida salarial para el año 2014 del 0,75 % y para el 2015 del IPC, aunque esto está condicionado a que el Gobierno central no imponga por ley la congelación salarial a los funcionarios y empleados públicos.

La empresa ha aceptado la reivindicación sindical de mantener la jornada laboral en 37,5 horas semanales a razón de siete horas y media al día, y ha renunciado a su pretensión inicial de que hicieran siete horas y acumular la media hora restante para trabajar en días festivos.

Igualmente, Lipasam les ha planteado la regularización de la bolsa de empleo a través de un proceso selectivo garantizando a las personas que ya están dentro de esa bolsa.

En declaraciones a los periodistas tras la asamblea, Bazo ha afirmado que el comité de huelga trasladó a la empresa que los trabajadores no iban a aceptar un recorte salarial del 3,6 % y, de hecho, así lo han decidido en asamblea.

Este es el "punto de enconamiento" de la negociación, según Bazo, quien ha señalado que el comité ha presentado alternativas para reducir los gastos de personal, pero la empresa ha aceptado muy pocas.
El ahorro por los días de huelga en salarios para Lipasam ronda el millón de euros, según el portavoz del comité, quien ha confiado en que continúen las negociaciones para buscar una salida al conflicto laboral.

También están a la espera de una reunión esta tarde para negociar la aplicación de los servicios mínimos tras elevar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del 30 al 50 % los mínimos en la recogida viaria de la basura.

Los representantes del comité de huelga tienen previsto informar al vicepresidente de la corporación de empresas municipales, Jesús Maza, del resultado de la asamblea, en la que los trabajadores han pedido a gritos la dimisión del gerente de Lipasam, Francisco José Juan.

La Comunidad Educativa de las Cuencas Mineras inicia una marcha contra los recortes en Educación

La Comunidad Educativa de las Cuencas Mineras, que ya protagonizaron protestas el miércoles 30 contra los recortes que plantea la Administración Educativa para la plantilla de profesorado para el curso 2012/2013, han emitido un comunicado donde siguen protestando por los recortes en Educación... 

 

... y anuncian que hoy, miércoles 6 de febrero, padres, madres y escolares protagonizarán una marcha desde cada uno de los municipios afectados con destino a la sede de la Comarca Cuencas Mineras en Utrillas para “protestar por los planes de la Consejería de Educación de reducir en 11 el número de profesores y cerrar siete aulas”.

La marcha, que partirá sobre las 15.00 horas desde el entorno de la rotonda donde se unen la N-211 y la carretera que enlaza Zaragoza con Teruel (A-222), y transcurrirá por la denominada “Vía Verde” (antigua vía del tren que comunicaba Utrillas con Zaragoza) está convocada por las asociaciones de madres y padres de alumnos de la zona. Al final se leerá un manifiesto en contra de los recortes.

Teruel es el territorio aragonés “que sale más perjudicado”, señaló el pasado lunes María Pilar Alcalá, presidenta del AMPA de Montalbán. “En julio ya se llevó a cabo una reducción de profesores y aulas y ahora nos tememos que lleguen nuevos recortes”, manifestó. “Es como si los poderes públicos quisieran que todos nos fuéramos a vivir a Zaragoza para cerrar las zonas rurales”, lamentó José María Merino, presidente de la comarca de Cuencas Mineras. “Entre el cierre de la central térmica de Escucha, la suspensión de las ayudas al carbón y la reducción de los servicios de Educación, no hacemos más que retroceder”, subrayó.

Desde Marea Verde Aragón “brindamos todo nuestro apoyo y ánimo en su lucha, a la vez que aprovechamos para criticar la actitud hipócrita y cínica del PAR. El partido que gobierna junto al PP en el Gobierno de Aragón, y por tanto cómplice y responsable de los recortes en la Educación Pública (especialmente en la escuela rural), ha osado a criticar estos recortes  de las Cuencas Mineras en su propia página web”.

“¿Nos toman por estúpidos? Si consideran injustos estos recortes, es tan fácil como pedir a su propio partido que no los hagan. ¿O es qué tienen miedo de que su reguero de votos desaparezca por sus actos y acuerdos de gobierno, especialmente por el daño a las escuelas rurales? Nadie olvida que el PP no tiene mayoría absoluta, y que todos los recortes en la Educación Pública vienen propiciados gracias al  apoyo del PAR, ya sea con su voto o por sus abstenciones, por lo tanto, son igual de culpables. Por mucho que quieran disimular mediante comunicado o peloteo a la actitud de Asociaciones de padres y alumnos y demás” afirman.

Por último denuncian que “el colmo de los despropósitos” es que el Ayuntamiento de Teruel gobernado por el PP “rechaza los recortes de profesorado. ¿Acaso también temen un coste electoral, y por eso apoyan estas mociones para echar luego el muerto al gobierno? Por muchas palabras de apoyos, mociones, escritos, etc. el gobierno PP-PAR es responsable y culpable de esta situación, la cual podrían cambiar fácilmente si realmente quisieran”