Domingo 22 de abril de 2012,
Declaración del Área de Estudiantes de IA ante los recortes en universidad
A pesar del perfil neoconservador y antisocial que el gobierno del Partido Popular mantiene, los anuncios de nuevos recortes y contrarreformas a nuestro sistema público de educación no dejan de conmocionar a buena parte de la sociedad civil. Primero fue el recorte de 3.000 millones de euros -un 27% del total- de la financiación pública dedicada a educación, aparecida en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado. Ahora el Consejo General de Política Universitaria anuncia una subida de las tasas universitarias superior al 50% sobre la base actual, que supone un incremento en el precio de las matriculas de 540 euros, y la inminente supresión de las titulaciones que no tengan 50 matriculados en primer curso, entre otras medidas. El mismo gobierno que hace tres meses aprobaba -con apoyo del PSOE- entregar a la banca más de 25.000 millones de euros de las arcas públicas, nos dice ahora que no hay dinero para mantener la sanidad y la educación públicas. Se hace cada vez más evidente que las alternativas neoliberales solo benefician al 1% de la población que controla los medios de producción, de comunicación y las instituciones políticas.
Estas medidas, lejos de representar una salida a la crisis, producen un incremento de las diferencias sociales y una sociedad con pocos ricos muy ricos, y muchos pobres más pobres todavía. La reducción del la financiación pública a las universidades supone la mercantilización y la progresiva privatización de los servicios que estas ofrecen. La búsqueda de fuentes privadas de ingresos a la que se ven obligadas las universidades se traduce en el sometimiento de sus actividades docentes e investigadoras a la voluntad de las empresas que invierten en la universidad, y que ya hacen valer sus intereses, privados, a través de los Consejos Sociales universitarios.
En la actual situación social, con un paro juvenil superior al 50% y las perspectivas de futuro de varias generaciones cercenadas por las políticas neoliberales de dictadura de los mercados, el incremento del precio de la matricula universitaria sólo favorece la elitización de la universidad y la división social, entre aquellas personas que pueden pagarse los estudios superiores y las que no, aumentando a su vez la precarización de amplias capas de la sociedad y reduciendo todavía más sus posibilidades laborales y espectativas vitales.
Nosotros, el 99%, las y los que estamos sufriendo la crisis y pagando las consecuencias, tenemos que plantear alternativas políticas. Defender una educación orientada a construir un nuevo modelo social y económico, que priorice las necesidades de las personas y no de los mercados. En el que la que la investigación no esté condicionada por los intereses de las empresas privadas, sino por las necesidades comunes de la sociedad. En el que el acceso a la educación esté garantizado para el conjunto de la población, como condición necesaria para construir una sociedad democrática y participativa.
Sabemos que este cambio de modelo solo puede llevarse a cabo con la movilización colectiva y la lucha en la calle. Las instituciones políticas, desde el gobierno central hasta los rectorados de las universidades, que en casos como el catalán llevan tiempo aplicando los recortes del gobierno de la Generalitat, son cómplices en la aplicación del proyecto impulsado por la troika, y sólo la ruptura con el actual sistema nos permitirá construir uno nuevo, alejado de los presupuestos de mercantilización de la vida a los que nos encontramos sometidos.
Para conseguir esto, el movimiento estudiantil debe seguir adelante en este ciclo de movilización contra los recortes. En la batalla contra el modelo de universidad que se intenta implantar a través del Plan Bolonia o la Estrategia Universidad 2015, es fundamental construir lazos de solidaridad con el resto de la comunidad universitaria, cuyos derechos también se encuentran en peligro, y con los movimientos sociales que se enfrentan a la privatización de la sanidad, a los despidos, a los desalojos o a los ataques contra los derechos de las mujeres y las minorías sexuales. Las medidas antisociales y la represión con la que el gobierno del PP está implantando su programa de recortes no nos detendrán en la defensa de los derechos ganados por años de esfuerzo.
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