Granada hoy.
Los afectados se reunirán esta semana para convocar una asamblea en la que se fijará el nuevo calendario de protestas.
Los trabajadores de la planta granadina de Dhul prejubilados en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado hace ocho años retomarán las acciones de protesta durante este mes de septiembre para reclamar a la Junta que les abone sus prejubilaciones, tal y como se "acordó" a raíz de que una de las empresas con la que se habían concertado los seguros, la belga APRA, entrara en quiebra.
Los afectados tienen previsto reunirse esta semana para convocar una asamblea en la que se fijará el nuevo calendario de protesta, dado que aún se les adeudan más de 32 millones de euros.
Según ha informado uno de estos prejubilados, Rafael Carmona, la situación apenas ha cambiado durante los meses de verano, tiempo en el que algo más de una decena de afectados han recibido una ayuda excepcional. Sin embargo, la mayoría de ellos ya llevan más de ocho meses sin recibir ningún ingreso por parte del Gobierno andaluz, por lo que no pueden hacer frente a sus gastos.
"No queremos ninguna limosna porque no la necesitamos. Algunos llevamos cotizando 25 años y sólo pedimos lo que nos corresponde", añade Carmona.
UGT mantiene que la Junta de Andalucía acordó en su día con el sindicato el desbloqueo de los impagos por las prejubilaciones de los ERE, aunque este compromiso se ha cumplido "sólo en el caso de las empresas que habían concertado los seguros correspondientes con Generallis. Sin embargo, en las empresas cuyo seguro se cerró con APRA, coinciden dos incumplimientos manifiestos de la Administración andaluza, que son los que están bloqueando los cobros a estos prejubilados".
Según ha precisado el sindicato, se trata por una parte de "la deuda que la Consejería de Empleo tiene con APRA" y por otro el compromiso adquirido del Gobierno andaluz con los representantes sindicales de que iba a situarse en la posición de acreedora con APRA, y adelantar los pagos a los afectados, "pagos que no se están abonando", indicó el pasado junio el secretario general de la Federación de Industria y Agroalimentaria (Fitag) de UGT-A, Pedro Marcos Parra.
Los afectados se reunirán esta semana para convocar una asamblea en la que se fijará el nuevo calendario de protestas.
Los trabajadores de la planta granadina de Dhul prejubilados en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado hace ocho años retomarán las acciones de protesta durante este mes de septiembre para reclamar a la Junta que les abone sus prejubilaciones, tal y como se "acordó" a raíz de que una de las empresas con la que se habían concertado los seguros, la belga APRA, entrara en quiebra.
Los afectados tienen previsto reunirse esta semana para convocar una asamblea en la que se fijará el nuevo calendario de protesta, dado que aún se les adeudan más de 32 millones de euros.
Según ha informado uno de estos prejubilados, Rafael Carmona, la situación apenas ha cambiado durante los meses de verano, tiempo en el que algo más de una decena de afectados han recibido una ayuda excepcional. Sin embargo, la mayoría de ellos ya llevan más de ocho meses sin recibir ningún ingreso por parte del Gobierno andaluz, por lo que no pueden hacer frente a sus gastos.
"No queremos ninguna limosna porque no la necesitamos. Algunos llevamos cotizando 25 años y sólo pedimos lo que nos corresponde", añade Carmona.
UGT mantiene que la Junta de Andalucía acordó en su día con el sindicato el desbloqueo de los impagos por las prejubilaciones de los ERE, aunque este compromiso se ha cumplido "sólo en el caso de las empresas que habían concertado los seguros correspondientes con Generallis. Sin embargo, en las empresas cuyo seguro se cerró con APRA, coinciden dos incumplimientos manifiestos de la Administración andaluza, que son los que están bloqueando los cobros a estos prejubilados".
Según ha precisado el sindicato, se trata por una parte de "la deuda que la Consejería de Empleo tiene con APRA" y por otro el compromiso adquirido del Gobierno andaluz con los representantes sindicales de que iba a situarse en la posición de acreedora con APRA, y adelantar los pagos a los afectados, "pagos que no se están abonando", indicó el pasado junio el secretario general de la Federación de Industria y Agroalimentaria (Fitag) de UGT-A, Pedro Marcos Parra.
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