COMUNICADO DE APOYO DE IZQUIERDA ANTICAPITALISTA GRANADA A LAS FAMILIAS ACAMPADAS EN LA ZUBIA (STOP DESAHUCIOS)

Desde Izquierda Anticapitalista queremos expresar nuestra solidaridad a las familias que desde hace más de una semana llevan acampadas en las puertas de Caja Granada, perteneciente a BMN (Banco Mare Nostrum), en La Zubia. Seis familias piden una revisión de sus acuerdos (un caso de estos piden la dación en pago) por no poder hacer frente a los pagos de la hipoteca. 

 

Se trata de personas en riesgo de exclusión social que piden una solución a su problemática (desempleados con hijos a su cargo que no disponen de ingresos). Estas no se moverán de la acampada hasta que el banco no firme una solución a la situación de desesperación de estas familias. 

 

Mostramos nuestra repulsa hacia las acciones de un banco, que además ha recibido ayudas públicas, que únicamente pretende este enriquecerse a costa del sufrimiento de unos ciudadanos que quieren seguir disponiendo de sus viviendas. Además, estas familias y sus peticiones cumplen con el Real Decreto 1/2013, pero este banco no quiere aplicarlo.

 

La vía del diálogo está cortada, sin embargo, la acampada sigue en pie así como concentraciones diarias y muestras de apoyo de los vecinos y de numerosos colectivos hasta el banco ceda a las reivindicaciones básicas de unas familias que están sufriendo las consecuencias de una crisis capitalista de la que no son culpables.

 

Viernes 28F a las 11h Manifestacion Triunfo-Pl Humilladero continua la Campaña por los Suministros Básicos

El próximo viernes 28 de febrero, a las 11h, en los jardines del triunfo, en Granada, continua la Campaña por los Suministros Básicos promovida por la Stop Desahucios Granada 15 y M.A.D.V , os invita a mostrar el apoyo y participar en la manifestación que tendrá lugar el día de Andalucía en todas las capitales de provincias andaluzas exigiendo a la Junta de Andalucía que decrete con carazter de urgencia el corte o denegación de los suministros basicos agua , luz y gas para las familias que victimas de esta crisis-estafa  no pueden hacer frente a los pagos de dichos recibos , La manifestación saldra del triunfo y termina en la pl del humilladero. Al finalizar la manifestación tendra lugar la salida de la marcha por la dignidad del 22M  que salen desde Granada.

Existe un evento público en la red social Facebook desde donde puede hacerse efectiva la adhesión, participación y difusión de esta campaña.

https://www.facebook.com/events/232597390260749/?context=create&ref_dashboard_filter=upcoming

El pasado 1 de agosto Stop Desahucios Granada 15M y hace ya casi dos meses el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda, solicitábamos que la Junta de Andalucía prohibiera a “todas las empresas, públicas o privadas suministradoras, el corte y la denegación de servicios básicos como el agua, la electricidad y el gas, por ningún motivo en aquellos inmuebles que constituyan la residencia habitual de una persona o núcleo familiar”.

Para ello le demandaba que estableciera “mecanismos que posibiliten el acceso y conservación de dichos servicios, bien garantizando la Junta de Andalucía el pago de tales servicios a dichas empresas, bien expropiando el uso parcial de la red de abastecimiento que resulte necesario para su prestación” o adoptando cualquier otra medida legislativa para la consecución de tal objetivo.

En agosto el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, anunció medidas para garantizar los suministros y a mediados de noviembre manifestó que se “está trabajando en un decreto-ley para garantizar los suministros vitales de agua y energía eléctrica, lo que convertirá a la comunidad autónoma en libre de desahucios energéticos”. Entiende que así se conseguiría que “todos los andaluces con ingresos por debajo del Ingreso Mínimo de Solidaridad” (397 € mensuales) dispongan gratis de al menos 3.000 litros de agua potable al mes y 1.400 kilowatios de electricidad al año”.

Al igual que ha ocurrido con el Decreto sobre la Función Social de la Vivienda, la Junta de Andalucía vuelve a reaccionar tarde y de forma insuficiente.

Las medidas anunciadas por la Junta no alcanzan las necesidades mínimas de supervivencia y mantienen como intocables los privilegios de las empresas suministradoras, pese a que Endesa e Iberdrola son dos de las tres eléctricas con mayores beneficios de toda Europa. Y además, la Junta de Andalucía lleva más de tres meses preparando unas medidas que deberían ser obvias, y plantea que el proceso durará cuatro meses más! No tardan tanto en recortar derechos y servicios de otras partidas públicas. ¿Espera acaso la Junta que en marzo de 2014 se podrá ahorrar unos cuantos euros, si miles de andaluces y andaluzas ya nos hemos muerto de frío en invierno?

Desde el Movimiento Andaluz por la Vivienda tenemos claro que las leyes sólo avanzan si el pueblo lucha por ello. Así pues, seguiremos en la calle exigiendo el cumplimiento íntegro de nuestras reivindicaciones hasta que éstas sean una realidad.

¡Luz, agua y gas, derecho universal!
¡¡¡Ni cortes de Suministros básicos, ni recortes de
Servicios ni Derechos!!!

Los verificadores consuman el esperpento español y declaran en la Audiencia Nacional

kaosenlared.net

 

El juez de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno ha citado mañana a declarar a los miembros de la Comisión Internacional de Verificación para interrogarles sobre sus contactos con ETA. Las FSE ya han entregado las notificaciones al menos a tres de los verificadores, según Efe y Europa Press. 

 

Los verificadores resaltan en la AN que hay «una auténtica oportunidad para la paz»

 

Los miembros de la Comisión Internacional de Verificación Ram Manikkalingam, Ronnie Kasrils y Chris Maccabe han testificado durante más de dos horas en la Audiencia Nacional.

El portavoz de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), Ram Manikkalingam, ha asegurado tras la declaración de tres de sus miembros ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que quieren ser «transparentes» y «colaborar con la Justicia». «Creemos que existe una auténtica oportunidad para la paz», ha afirmado.

«Estamos aquí hoy porque queremos ser transparentes y hemos colaborado con el juez Ismael Moreno. Estamos trabajando para la consolidación de la paz y la coexistencia en el País Vasco. Desde que se declaró de forma unilateral el alto el fuego permanente y verificable, ETA ha mantenido el cese de la actividad armada y cumplido con sus compromisos. Ahora es tiempo de sellar las armas y ponerlas fuera de uso», ha indicado.

«ETA ha expresado su compromiso unilateral, estamos aquí para ayudar a que esto se lleve a cabo en interés, no solo de todas las personas que viven en el País Vasco, sino también del resto de España», ha agregado en una breve declaración en inglés leída a su salida de las dependencias judiciales.

«Somos profesionales con experiencia y creemos que tenemos una auténtica oportunidad para la paz. Siempre hemos trabajado con el respaldo de una mayoría», ha señalado.

 

Manikkalingam termina su declaración en la AN

El portavoz de la Comisión Internacional de Verificación, Ram Manikkalingam, asistido de un intérprete de inglés, ha sido el primero en comparecer ante el juez y la fiscal Carmen Monfort y en estos momentos lo está haciendo Ronnie Kasrils.

 

Urkullu se reúne en Madrid con los verificadores para mostrarles su apoyo antes de declarar

El lehendakari Iñigo Urkullu se ha reunido en Madrid con miembros de la Comisión de Verificación Internacional (CIV) para mostrarles su apoyo antes de su declaración en la Audiencia Nacional, según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico.

 

La reunión de Iñigo Urkullu con los verificadores ha comenzado a las 8.00 horas de la mañana. De esta manera, el lehendakari respalda al CIV tras ser citados varios de sus miembros para que identifiquen a los miembros de ETA con los que se han reunido en los últimos meses.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado para hoy a las 10.00 horas a los seis miembros de la Comisión de Verificación Internacional (CIV).

Ram Manikkalingam, Ronnie Kasrils y Chris Maccabe han llegado en taxi a la sede de la Audiencia Nacional en medio de una gran expectación mediática, aunque no han querido hacer declaraciones a los periodistas.

Previamente, los tres verificadores se han reunido esta mañana durante una hora y media en un hotel de Madrid con el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno de Gasteiz, Jonan Fernández, que les han expresado su apoyo.

Urkullu les han despedido a las puertas de hotel, donde volverá a reunirse con los verificadores tras su declaración judicial, según han informado fuentes del Gobierno de Lakua.
 

Asimismo, el partido del lehendakari, el PNV, también ha querido expresar su solidaridad y cercanía con los citados en la Audiencia Nacional, así como con el resto de integrantes de la CIV. El PNV  desea «renovar públicamente su apoyo, su respaldo y su agradecimiento a la CIV y a las personas que la integran por el trabajo que están desempeñando en los últimos meses».

 

González Pons dice que los verificadores «trabajan para ETA, no para España»

«Han venido a mentirnos y a contarnos una historia que no es la de la derrota de los terroristas sino la de un pacto que resulta imposible», ha afirmado González Pons en Castellón.

El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban Gónzalez Ponz, ha asegurado que los verificadores que han anunciado el sellado e inventario de armas parcial de la organización vasca «trabajan para ETA y no para España».

El dirigente del PP ha calificado la visita de los verificadores internacionales como «un espectáculo que nos ha llamado poderosamente la atención».

Éstos, ha asegurado, «deberían haber ido en primer lugar a la Audiencia Nacional» porque «lo único que cabe es que verifiquen ante los jueces quién les paga los viajes, con quién se han reunido y dónde guardan las pistolas».

El vicesecretario de Estudios y Programas del PP ha asegurado que ETA debe «disolverse, entregar todas las armas a la Policía y la Guardia Civil y tiene que pedir perdón por todos sus delitos, tiene que ayudar a resolver los más de 300 crímenes pendientes y deben cumplir las penas que les impongan los jueces».

Con ETA, ha agregado, «no hay nada más que hablar, ni con ellos ni con los verificadores que vienen de recaderos», y en, este sentido, ha aseverado que «no hay ni habrá negociación con ellos».

 

Amaiur y EH Bildu creen que Madrid hace el ridículo

EH Bildu ha considerado que el Gobierno de Mariano Rajoy está haciendo «el mayor de los ridículos» con la citación en la Audiencia Nacional de los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), usando «todo el armamento judicial» porque «no quiere la paz».

En una rueda de prensa en Bilbo, los portavoces de la coalición soberanista Maribi Ugarteburu, Pello Urizar, Asun Fernández de Garayalde y Oskar Matute han asegurado que «no tiene sentido» que el Ejecutivo español se reuniera con ETA cuando «actuaba» y, sin embargo, ahora esté «obstaculizando el proceso».

Tras realizar un llamamiento a la sociedad vasca para tomar «protagonismo», han lamentado que el Gobierno «no quiere la paz» y han afirmado que, «cuando pensábamos que España no podía caer más bajo ante la comunidad internacional», el Ejecutivo ha hecho «el mayor de los ridículos posibles ante Europa y el mundo».

Por su parte, el diputado de Amaiur en el Congreso Jon Iñarritu ha asegurado que la citación como testigos de los miembros de la Comisión Internacional de Verificación supone «un ridículo y un sinsentido». «Va en contra del sentido común y de lo que opina la sociedad vasca y la comunidad internacional», ha asegurado.
«
Vemos como el Gobierno español no quiere dar pasos en la resolución del conflicto y como además boicotea la labor de una comisión internacional, un sinsentido que no se ha visto en ningún lugar», ha indicado en declaraciones a los medios en las puertas de la Audiencia Nacional.

 

Lokarri califica de «despropósito» que la AN cite a los verificadores

El coordinador de Lokarri, Paul Ríos, considera «un despropósito» que la Audiencia Nacional cite a declarar a los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), algo que a su juicio obedece a las «ganas de enredar y obstaculizar» por parte del Gobierno español

El coordinador de Lokarri, Paul Ríos, en declaraciones a Europa Press, ha calificado de «despropósito» que la Audiencia Nacional cite a declarar a los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV).

Ha cuestionado que se les cite «con un plazo tan corto de tiempo» y ha planteado que, si la Audiencia Nacional cree que «hay algo y que estas personas puedan colaborar, lo podía hacer con un plazo de tiempo más largo».

En cualquier caso, ha insistido en que «no tiene ningún tipo de sentido» que se llame a declarar a unas personas que «están haciendo una labor» para «quitar las armas de en medio y colaborar en el desarme porque el Gobierno no quiere. Ganas de enredar y obstaculizar», ha criticado.

Con información de: http://www.naiz.info/

Noticia original:

La Audiencia Nacional española ha citado a declarar mañana en calidad de testigos a los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) para interrogarles sobre los contactos que han mantenido con ETA para certificar la puesta fuera de uso de su arsenal operativo, una iniciativa de la que informaron ayer en una comparecencia en Bilbo.

Según informan Efe y Europa Press, la citación ha sido fijada para mañana a las 10.00 y parte del titular del Juzgado de Instrucción número 2, Ismael Moreno. La orden afecta a los seis integrantes de la CIV: Ram Malikkaningam, Ronnie Kasrils, Chris Maccabe, Satish Nambiar, Fleur Ravensbergen y Aracelly Santana.

El magistrado, que se encuentra de guardia esta semana, ha ordenado a la Policía, la Ertzaintza y la Guardia Civil que localicen a los expertos internacionales para comunicarles que serán interrogados en el tribunal especial. Moreno pretende que estos identifiquen a los miembros de ETA con los que se reunieron e informen de su paradero, según las agencias españolas.

Tres notificaciones ya entregadas

Efe precisa que la Policía ha entregado la citación hacia las 14.00 a Ram Manikkalingam en el aeropuerto de Loiu, cuando estaba a punto de tomar un vuelo. Ronnie Kasrils y Chris Maccabe también han recibido la notificación, en este caso en el hotel Dómine de Bilbo, de acuerdo con la citada fuente.

La citación llega tras la petición realizada ayer por Covite, que fue apoyada por la Fiscalía del tribunal especial.

http://www.naiz.info/actualidad/noticia/20140222/la-audiencia-nacional-cita-a-manana-declarar-a-los-verificadores-internacionales

La (i)lógica infernal de la “preferencia nacional” en tiempos de crisis

Jaime Pastor | Viento Sur

El alarmismo social que se está fomentando desde los medios de (des)información en torno al “potencial desestabilizador” de los intentos por parte de personas (¡no olvidemos que lo son!) subsaharianas de traspasar la frontera del Estrecho nos recuerda el guión de una película que ya hemos visto muchas veces en el pasado. Se produce además justamente después de las muertes de 15 inmigrantes en esa misma zona y de haber comprobado las mentiras y las contradicciones entre los representantes del gobierno español a la hora de justificar el uso de pelotas de goma contra ellos, aun a sabiendas de que ponían en riesgo su vida: “nos disparaban como a pollos”, relata un testigo saharaui superviviente. Eso sí, no falta luego el consabido discurso de denuncia oficial y mediática a unas mafias que se benefician precisamente del blindaje de fronteras que practica la UE en el Sur con la ayuda de regímenes tan represores como el marroquí.

Se trata de un guión ya conocido porque, efectivamente, ha sucedido en demasiadas ocasiones en esa frontera pero también en otras como la de la isla italiana de Lampedusa, en este caso con personas refugiadas procedentes de países como Libia o Siria. La “Europa fortaleza” muestra así su cara más insolidaria y egoísta al convertir el Mediterráneo en un cementerio que no hace más que acumular cadáveres de personas que, como recordaba Miguel Romero a propósito de sucesos semejantes en 2005 (por cierto, cuando gobernaba Rodríguez Zapatero), saben ya que “si llegan no encontrarán ningún paraíso, que les instalarán en el peldaño más bajo de la escala social, que sólo tendrán acceso a empleos y viviendas ínfimas, que no tendrán ni siquiera la débil esperanza de mejora de los inmigrantes que llegaron a Europa en los años 60. A pesar de todo, el intento de emigrar es un proyecto de supervivencia lúcido en los países subsaharianos. Más lúcido que esperar cualquier mejora de su situación en el marco del neoliberalismo. Más lúcido que creerse las promesas de cooperación del G8, de la Unión Europea o del gobierno español”/1.

Pero ni siquiera para formar parte de ese “peldaño más bajo de la escala social” el Estado español y la UE les dejan entrar. Lo peor es que esa política es el resultado de la permanente obsesión por situar la “inmigración” como una amenaza más junto al “terrorismo” y al narcotráfico por parte de las elites europeas, buscando así que las poblaciones autóctonas la conviertan en chivo expiatorio de sus problemas considerando que forman parte del “crimen organizado”. Una política que, desgraciadamente, está contando con el consenso o el silencio cómplice de amplios sectores populares en nuestros países, temerosos de que su “bienestar” menguante lo sea más todavía con la presencia de esa nueva inmigración…pobre. Es lo que en los años 90 Jürgen Habermas definió como “chovinismo del bienestar” y que hoy, bajo el efecto de la “doctrina del shock” basada en los recortes sociales y las privatizaciones, está conduciendo no sólo al cierre de fronteras frente a quienes vienen del África subsahariana o de países en guerra sino también a un repliegue de cada uno de los Estados europeos en torno a la “preferencia nacional”; con la excepción, eso sí, del trato especial para los “extranjeros”, ya sean árabes o rusos, que sean ricos y puedan ayudar, como en el caso español, a que las secuelas de la “burbuja inmobiliaria” se vayan borrando comprando viviendas con dinero sucio y, de paso, tener como premio la nacionalidad del país de acogida.

El triunfo en el referéndum celebrado en Suiza de los partidarios de impedir el paso incluso a inmigrantes procedentes de la UE es una muestra clara de la dinámica infernal a la que está llevando esa interiorización entre capas populares de un discurso que, mientras se esfuerza en ocultar que los ricos están saliendo de la crisis más ricos que antes y los pobres más pobres que antes, pretende convencer a éstos últimos de que sus enemigos son todavía los más pobres, ya sean subsaharianos o simplemente quienes proceden de los países vecinos europeos para ir a trabajar a otro que, en este caso y paradójicamente, es “paraíso fiscal” de esa cleptocracia global de la que forman parte los Bárcenas y Urdangarín. Desvían así la atención de quiénes son los verdaderos responsables de los ataques a sus derechos sociales y entran en una espiral que no sólo está favoreciendo el ascenso de las fuerzas de extrema derecha sino también la deriva “securitaria” de los principales partidos sistémicos, como hemos podido ver también en Francia con el retorno al primer plano del viejo racismo anti-gitano en boca del ministro “socialista” de Interior.

A todo esto hay que sumar ahora la información de que el año pasado el Estado belga expulsó a 323 españoles, siendo el tercer grupo en la lista detrás de búlgaros y rumanos, con la excusa de que se habían convertido en “una carga para el sistema”. Se trata de una preocupante noticia que debería ser una llamada de alerta para una sociedad como la española que, de nuevo, vuelve a ser testigo de la emigración de muchos y muchas jóvenes a otros países.

Se confirma así la tendencia que ya se daba en el marco de la globalización neoliberal pero que ahora, bajo los efectos del cambio de ciclo económico, se ve reforzada: por un lado, continúa en ascenso una “dictadura de los mercados”/2 que, salvo en algunos países, no conoce barrera alguna para moverse libremente; por otro, se reterritorializa cada vez más la soberanía estatal para practicar una política cada vez más racista y clasista de control sobre el libre movimiento de las personas, incluso dentro de una UE sometida cada vez más a una jerarquización interna en función de su lugar geoeconómico e independientemente de cuáles sean las fuerzas gobernantes en cada uno de los Estados.

¿Existen alternativas frente a este camino hacia unos nacionalismos de Estado xenófobos? Sí las hay, por supuesto, pero ello implicaría proceder a la reconstrucción de la solidaridad entre los pueblos del Norte y el Sur de Europa y de las dos orillas del Mediterráneo para buscar formas de cooperación –y no de competencia- entre todos ellos, capaces de hacer frente a la “lex mercatoria supraestatal”, a esta Europa del capital y a los regímenes despóticos del Sur. A todos ellos habría que oponerles un régimen transnacional de respeto a los derechos humanos fundamentales: en primer lugar, el de tener una vida digna en cualquier lugar del planeta y, por tanto, también el de la libre circulación de las personas en su lucha por ese derecho. En resumen, reconstruir un nuevo internacionalismo, disociar la nacionalidad de la ciudadanía, respetar el principio de que “ningún ser humano es ilegal” y cuestionar abiertamente un sistema que cada día está relegando a miles de millones de personas a la categoría de “personas residuales”, “desechables” e incluso “no personas”. Mientras ese cambio de rumbo no se produzca, no habrá muros ni vallas ni ejércitos que impidan una inmigración cada vez más multidireccional.

Jaime Pastor forma parte del Secretariado de la Redacción de VIENTO SUR
Notas
1/ “Panfleto contra la vida”, VIENTO SUR, 83, noviembre 2005, pág. 117.
2/ En el suplemento Negocios de El País de este 16 de febrero se puede consultar un artículo de David Fernández, titulado “Quién maneja el mercado”, que actualiza información sobre el libre movimiento de capitales por todo el mundo y en qué manos estamos cuando se recuerda que “la intermediación en Bolsa es cada vez menos humana”.

Burgos: crónica de la charla en defensa de la Sanidad Pública

El pasado 21 de febrero, Izquierda Anticapitalista organizó un acto que reunió alrededor de 40 personas, que debatieron sobre la lucha de la sanidad pública, cuya situación oculta interesadamente la prensa local, contando tanto con las intervenciones de trabajador@s y usuari@s, como con la experiencia de Javier Cordón, activista de la marea blanca de Madrid.

Desde IA vimos la importancia de realizar éste acto en el momento actual, con las recientes victorias de lxs Barrenderxs de Madrid, la Marea Blanca o el barrio de Gamonal (una oportunidad abierta por varias y consecutivas victorias de la clase obrera y los sectores populares) para volver a poner sobre la mesa la importancia de seguir reivindicando tanto una sanidad 100% pública como el Rescate del Hospital Universitario, esto es; una gestión de todxs y para todxs.

El camino para privatizar la sanidad madrileña, cuyas sendas había marcado el PSOE, y continuado los gobiernos del PP, terminaba en que, la atención sanitaria de dos millones de personas, fuera transferida al sector privado. Javier Cordón rememoraba la victoria frente a estos plantes, remontándose a los orígenes; la movilización previa había sentado las bases.

La génesis de la marea blanca se encuentra en la auto-organización de los trabajador@s, un proceso horizontal y asambleario fundamentado en la coordinación entre los centros de trabajo, donde las huelgas indefinidas y los encierros, las marchas y manifestaciones, implicaron el surgimiento de un poderoso movimiento social de los trabajador@s, pero también de los usuari@s.

El punto fundamental fue cuando la auto-organización de l@s trabajador@s desbordó a las burocracias sindicales, que habían torpedeado el proceso. La victoria de la marea blanca supuso la defensa de 5.300 puestos de trabajo, que se habrían perdido.

Piedad Manjón, trabajadora sanitaria y afiliada de la CGT, que ha desarrollado una destacada labor como sindicalista, esbozó cómo se ha extendido el expolio y el pirateo de la sanidad, que se remonta a los años 80 y 90, cuando la ofensiva del capital impuso las nuevas formas de gestión; diferentes modalidades para privarnos a tod@s de algo, la sanidad, que antes era nuestr@.

Ante la insoportable situación del antiguo hospital de Yagüe, las movilizaciones que habían exigido un hospital público para Burgos, nuevo y de mayor capacidad, se toparon con la Junta de Castilla y León, que firmó un contrato de concesión de obra pública (Ley 13/2003) con la UTE, en el que figura una cláusula que asegura una rentabilidad del 7% para dichas empresas, entre las que figuran bancos y constructoras como Arranz Acinas, Río Vena, Caja de Burgos o Banco Santander, entre otras.

El coste/cama del Hospital de Burgos es de 2.700€, una cifra muy superior a la de hospitales construidos durante la misma época; los casos de Río Hortega en Valladolid (580€), o Asturias (504€). La estrategia se fundamenta en descapitalizar la sanidad pública mediante el trasvase opaco hacia el sector privado y los recortes, así como terminar con las largas estancias, eliminando plazas en el medio rural y habiendo cerrado, además, el resto de hospitales de la ciudad.

El desorbitado sobrecoste y los problemas de gestión, así como el empeoramiento de las condiciones laborales de los 300 trabajador@s que fueron despedid@s y recontratad@s con peores condiciones y menos garantías, el cierre de plantas y la derivación de pacientes a un sector privado que, en el HUBU, gestiona una quincena de servicios.

Piedad Manjón destacó que, la privatización de servicios como la limpieza, se relaciona directamente con las infecciones hospitalarias, una de las principales causas de muertes entre l@s pacientes operados. Por tanto, existe una correlación entre recortes en sanidad y aumento de la morbilidad hospitalaria.

Marti López, trabajador del HUBU y militante de Izquierda Anticapitalista, desgranó los problemas detectados desde la puesta en marcha del HUBU, pese al ocultismo de las instituciones y las entidades gestoras, algunos problemas saltan a la vista. La arquitectura del centro, agrietada y cada vez en peores condiciones, al hallarse cimentada sobre terreno arcilloso, y las consiguientes inundaciones y goteras. Los problemas con la comida, utilizada, como todo en el Hospital de Burgos, para el negocio contante y sonante. Entre las condiciones de EFICANZA – la UTE- se encontraban el negocio del aparcamiento y de las máquinas expendedoras, así como la zona comercial de 4.000 m2 impulsada por el Banco Santander, que tiene una sucursal en el complejo.

Durante el debate se trató el nuevo campo de batalla, que se traslada a la atención primaria. La situación en la provincia comprende el recorte en urgencias, ambulancias y consultorios. Hablamos de poblaciones que, de facto, pierden la asistencia sanitaria. El ERE a la atención primaria supone la eliminación de plazas médicas y de enfermería. Así mismo, l@s usuari@s se interesaron por las unidades de gestión clínica, un mecanismo para dividir los centros públicos en toda una red de microempresas y fundaciones.

Nos están robando la sanidad. La experiencia de la marea blanca, fundamentada en la movilización y la auto-organización de l@s trabajador@s y usuari@s, nos recuerda una valiosa lección; las luchas de hoy, son los derechos del mañana.

La Ley de Extranjería mata

Comunicado de Izquierda Anticapitalista

¿Exageramos? La tragedia de Ceuta, con al menos 15 muertos, era una tragedia anunciada. Por más que la Unión Europea, el PSOE o El País digan que quieren evitar tragedias como esta, con las leyes y las políticas actuales, aun retocadas, son inevitables. Habrá más. A menor escala, las hay todos los días. La exclusión por la fuerza no admite una aplicación humanitaria.

Se critica –y con razón- la actuación de la Guardia Civil. Aunque no hayan disparado a dar a nadie en el agua (algo que está todavía por ver), cualquier acción cuyo objetivo es “disuadir” a personas que se están ahogando de llegar a tierra, sin hablar de la inhibición de prestarles ayuda, tiene consecuencias perfectamente previsibles. Hay muchas maneras de matar.

En este sentido, la exigencia de una investigación rigurosa e independiente con la depuración de las responsabilidades correspondientes está plenamente justificada. Y no hace falta esperar para pedir la dimisión de un ministro que miente con descaro para tapar, cuando no defender, lo indefendible.

No obstante, conviene ir más allá de los detalles de esta tragedia-matanza, de los muros, de las cuchillas, des los espolones,de los “desmanes” de las fuerzas de seguridad marroquíes o incluso de la existencia de enclaves de soberanía española dentro de Marruecos.

Si bien es cierto que la inmigración a Europa, y al Estado español en concreto, ha disminuido en los últimos años a raíz de la crisis económica y la falta de trabajo, nunca ha cesado del todo, porque no han cesado los motivos –desde económicos a políticos.

Al mismo tiempo, los dispositivos desplegados para blindar la Europa Fortaleza, incluyendo la “externalización” de sus fronteras, han desviado ciertas tentativas de entrada, sobre todo desde África, hacia rutas cada vez más difíciles y peligrosas.

Hay que admirar la determinación, el tesón y el coraje de las personas que durante meses o años atraviesan países y desiertos para llegar a Europa y no se arredran ante las amenazas a su integridad física, aunque a veces los medios de comunicación apoyen las versiones oficiales interpretando su arrojo como “violencia”, “asalto”, “invasión”, es decir, motivo de miedo. Como internacionalistas, nos solidarizamos con ellas, lo que requiere, entre otras cosas, luchar por la derogación de la Ley de Extranjería, junto con las directivas europeas correspondientes, que son el fundamento jurídico –y también fuente de legitimación- de la barbarie.

Desde una perspectiva internacionalista, la primera obligación es defender a las personas migrantes del racismo institucional, sin por ello dejar de trabajar para que nadie tenga que abandonar su tierra si no quiere. Ante el capitalismo globalizado, el repliegue nacional, la preferencia nacional, es contraproducente, ya que divide y debilita a los sectores que necesitan unirse, dentro y a través de las fronteras, para enfrentarse a ella.

Derogación de la Ley de Extranjería
Derecho a emigrar, derecho a inmigrar
Plenos derechos para las personas inmigradas
Izquierda Anticapitalista
18 de febrero de 2014
www.anticapitalistas.org

Con el cuerpo de las mujeres no se negocia. Nosotras decidimos

Justa Montero | Viento Sur

No hay nada más personal ni más político para las mujeres que nuestro cuerpo. No en vano forma parte del reducto más íntimo de la subjetividad, de las vivencias de la sexualidad y de la formación de las identidades personales, al tiempo que es un ámbito de actuación pública donde las instituciones (médicas, religiosas, y políticas) han actuado y actúan definiéndolo como lugar de interpretaciones culturales y sociales. Por eso desde el feminismo se sigue afirmando lo que a estas alturas debería ser una obviedad: “mi cuerpo es mío”, una reivindicación que recoge la exigencia de libertad y autonomía individual y también de justicia social puesto que el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos requiere que existan unas condiciones sociales, políticas y económicas que lo hagan posible para todas las mujeres.

Esta consideración del cuerpo de las mujeres explica que las políticas neoliberales y el fundamentalismo católico hayan establecido una mortífera alianza patriarcal para negar e intentar cercenar el derecho de las mujeres a decidir. En el contexto de la actual crisis sistémica, el intento de controlar la sexualidad y la reproducción se convierte en uno de los instrumentos más importantes en la brutal ofensiva e involución que a todos los niveles tratan de imponer. No es ni mucho menos la primera vez que sucede (ahí está para recordarlo el estudio de Silvia Federicci sobre el significado de la caza de brujas), ni tan siquiera en nuestra historia reciente, pero parece claro que en momentos de crisis, el control de la reproducción y la sexualidad de las mujeres, y por tanto de sus cuerpos, se convierte en un elemento fundamental para reprivatizar la reproducción social. Los discursos que explícita o implícitamente cuestionan los derechos conseguidos, y las políticas que los limitan como son el anteproyecto de ley sobre el aborto, la eliminación de los ya limitados servicios de atención a la dependencia, la reducción de las escuelas infantiles, los efectos de las sucesivas reformas laborales, los recortes a recursos y servicios sociales, y un largo etcétera, son un reflejo de ello.

El aborto como moneda de cambio
El título del anteproyecto presentado por el gobierno tiene una carga ideológica que no permite duda alguna: “ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”. Se considera a las mujeres como incubadoras, portadoras del feto, con derechos derivados de su condición de embarazadas, puesto que, en palabras del Ministro de Justicia “el derecho por excelencia de las mujeres es el de ser madres”. La maternidad, a la que el feminismo había dado una resignificación, considerada como una opción en el proyecto de vida de las mujeres, reaparece con fuerza en el discurso oficial como una imposición y un imperativo divino que marca la naturaleza de la condición femenina y por tanto la posición de todas las mujeres en la sociedad. Desde el gobierno se recupera así el discurso franquista de negación de las mujeres como seres sexuales y la maternidad como su destino natural.

En el anteproyecto las mujeres desaparecemos como sujetos de derechos, para pasar a ser algo instrumental a los derechos “del concebido”, al que además se atribuye personalidad jurídica, en una de las manifestaciones más misóginas de desprecio absoluto a la vida de las mujeres.

Pero además el momento elegido para presentar el anteproyecto de reforma de la ley del aborto y su propio contenido, son un ejemplo de cómo se utiliza nuestro cuerpo como moneda de cambio. En este caso es el gobierno quien lo hace para fidelizar el voto de los sectores más montaraces del PP. Y para ello se recurre, de forma reiterada, a la constitucionalidad de la propuesta, encontrando en la “Constitución española” un inestimable apoyo a las propuestas más reaccionarias. Ahora que se está revisando críticamente la llamada Transición Política, conviene no olvidar que la Transición también está en deuda con las mujeres. Los pactos que se suscribieron los partidos con presencia parlamentaria y que acabaron dando forma a “La Carta Magna”, también utilizaron el cuerpo de las mujeres como moneda de cambio en las negociaciones. El texto aprobado fue un regalo para los anti-elección (entonces con ropajes y siglas distintos a los de ahora, pero con el mismo ideario), que consiguieron imponer que “todos tienen derecho a la vida” frente a la propuesta inicial en la que figuraba “todas las personas tienen derecho a la vida”. Un pequeño matiz con una enorme significación y trascendencia que provocó la crítica y rechazo de todo el movimiento feminista y que, en la actualidad sirve al gobierno, con Gallardón a la cabeza, para incluir en ese “todos” al “nasciturus” y despojar del derecho a decidir a las mujeres.

Un anteproyecto cruel
Este perverso anteproyecto plantea multitud de problemas concretos para las mujeres. Si saliera adelante la propuesta del gobierno, el 94% de las mujeres que abortan se convertirían en “delincuentes”, fueran o no a la cárcel, porque una de las funciones de esa propuesta es criminalizar y estigmatizar el aborto, culpabilizar a las mujeres que abortan y a su entorno. Supondría en la práctica la prohibición del aborto salvo para algo más del 5% de las mujeres que interrumpen voluntariamente el embarazo. Es decir para el 0,02% (datos de 2009), que son quienes abortaron por haber sido violadas, y el 5,67% (datos de 2011) que corresponde a las que lo hicieron acogiéndose al supuesto de riesgo grave para su salud y su vida. Quizás, si se confirma la táctica que utiliza el PP que ya ha experimentado con otros temas, por la que, tras propuestas extremas que generan un rechazo generalizado incluye alguna variación haciendo aparecer el resultado como una mejora, puede que en su propuesta final incorpore la despenalización del supuesto de “riesgo de malformación grave del feto”. En ese caso el porcentaje de mujeres que podrían interrumpir voluntariamente su embarazo en las crueles, inhumanas y degradantes condiciones que prevé el anteproyecto llegaría a un exiguo 8%.

Esto es una parte del problema, la otra es la situación en la que quedarán el resto de mujeres, ni más ni menos que el 94% o 92% de las que interrumpen voluntariamente un embarazo y a las que el gobierno situaría fuera de la ley. ¿90.000 mujeres van a tener que salir a otros países a abortar? Semejante escándalo social hace pensar en la imposibilidad de que lleguen a aplicar la ley, y también en las muy diversas formas de desobediencia civil que, en caso de que se aprobara el anteproyecto, habrá que poner en marcha. No nos coge de nuevas, y como dice la canción: “cuidado, cuidado, os avisamos, somos muchas más que cuando empezamos”.

Se puede afirmar por tanto que el anteproyecto que plantea el gobierno supone no solo un reforzamiento de la consideración penal del aborto en la medida en que serán muy pocas las mujeres que podrán abortar en los supuestos despenalizados, menos que quienes podían hacerlo con la ley del 85 y con la del 2010 (todavía vigente). En todos estos casos persiste un problema: que el aborto se considere un delito, y si realmente se quieren resolver los problemas con los que se encuentran las mujeres que deciden abortar, la experiencia colectiva de 35 años de movilización por el derecho al aborto reafirma la salida que se plantea desde las organizaciones feministas: el aborto se debe regular como derecho y tiene que salir del Código Penal.

La negación del derecho al aborto está en la base de la involución democrática a la que estamos asistiendo por la que tratan de imponer su salida a la crisis. Las libertades, la ciudadanía inclusiva y la democracia como aspiración que compartimos muchas gentes son incompatibles con negar la posibilidad de decidir sobre su vida a las mujeres.

La defensa del derecho al aborto nos compete a todas y todos.

Justa Montero forma parte de la Asamblea Feminista de Madrid
Una versión reducida de este artículo ha sido publicada en Diagonal el 8/2/2014

Interior admite que disparó pelotas de goma a los inmigrantes que iban a nado

Público.es

 

El ministro del Interior, Jorge Ferández Díaz, ha reconocido que los agentes de la Guardia Civil dispararon pelotas de goma a las aguas por donde se aproximaban las personas que traban de llegar a la línea fronteriza de Ceuta para alcanzar suelo español, pese a que el Gobierno lo había negado hasta hoy mismo. De esta manera, ha insistido en que los impactos de los proyectiles se produjeron "lejos de donde estaban los inmigrantes", una versión diferente a la que dieron varios testigos, pertencientes al grupo que intentó llegar a tierra firme, que han asegurado que las pelotas sí impactaron contra varios de ellos.  

Ha asegurado el único objetivo de estos disparos era "fijar la traza fronteriza en el mar" y, ha destacado, "fue efectivo". De esta forma, el ministro ha justificado la acción asegurando que los agentes "utilizaron la fuerza indispensable" para "delimitar una barrera disuasoria".  

Fernández Díaz, que comparece a petición propia y a instancia de diversos grupos parlamentarios para dar cuenta de los hechos en los que murieron al menos 11 personas, una cifra que algunos organismos elevan hasta 15, ha leído el resultado del "informe exahustivo" que le ha hecho llegar la Guardia Civil. Un relato según el cual, se disparó material antidisturbios sobre aguas españolas cuando los inmigrantes aún estaban en el lado marroquí a fin de marcar el perímetro fronterizo en el mar. 

Para no hacerse responsable de las muertes, ha dicho que las autopsias han demostrado que los inmigrantes fallecieron por ahogamiento y no como consecuencia del uso de ese material antidisturbios. Y también ha negado que se produjeran "devoluciones en caliente" a Marruecos, puesto que ninguno de los inmigrantes logró entrar en suelo español y, por tanto, no hubo deportació alguna. 

Pese a afirmar que no se produjeron estas "devoluciones en caliente", ha narrado cómo un grupo 23 subsaharianos burlaron a los agentes marroquíes y consiguió acercarse a menos de 25 metros de la barrera, por lo que la Guardia Civil ordenó que cesaron el lanzamiento de los medios antidisturbios para no poner en peligro sus vidas. Algunos lograron llegar a la parte española de la playa, ayudados incluso por la Guardia Civil, que los rechazó después y los puso en manos de los agentes marroquíes.

En su comparecencia, Fernández Díaz ha insistido en repetidas ocasiones en la "actitud beligerante" de las personas que trataban de entrar en Ceuta, afirmando que iban armados con piedras y palos y que atacaron tanto a los efectivos del Ejército marroquí como a los agentes de las fuerzas de seguridad españolas, "que tuvieron que repeler los ataques con material antidisturbios." 

"En ningún momento le objetivo del uso de los medios en el mar fue alcanzar a ninguno de los inmigrantes, sino hacer visible una barrera disuasoria, y para ello se dieron oportunas directrices sobre el uso de ese material", ha resaltado. Cuando los inmigrantes se lanzaron al agua, los agentes fueron testigos de cómo los chalecos y flotadores que se habían fabricado se desprendían de sus cuerpos y los inmigrantes, dado su pánico al agua, intentaban aferrarse a ellos, pero tuvieron que regresar a la orilla.

"Las acciones de contención y rechazo llevadas a cabo por la Guardia Civil lo fueron por el empleo racional de medios antidisturbios reglamentarios, siempre en aguas nacionales, por personal instruido y siguiendo los criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad, por lo que quedan enmarcados en el uso legítimo de la fuerza", ha señalado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 07.00 de la mañana del pasado jueves 6 de febrero, cuando un grupo de unas 400 personas de origen subsahariano avanzaron hacia la frontera de Ceuta desde los montes de Marruecos próximos a la aduana fronteriza sobre el tramo del litoral anexo. La Gendarmería no dudó en intervenir al instante, lo que provocó que el grupo se dividiera. 

La mitad intentó franquear el espigón fronterizo situado ya en territorio español, que con la marea baja se puede cruzar a la carrera, y fueron repelidos por los agentes marroquíes. Los otros 200 se echaron al agua para huir de las fuerzas de seguridad y tratar de alcanzar la costa ceutí. De ellos, 150 fueron detenidos y el resto, sin contar los fallecidos, "se replegaron", según las autoridades del país alauí. Ninguno consiguió entrar en Ceuta. 

Aumentan a dieciséis las personas muertas en Ceuta tras ser atacadas por la Guardia Civil

Recuperado un nuevo cadáver en la playa del Tarajal, la más cercana a la frontera del mismo nombre,donde la semana pasada la actuación inhumana de la Guardia Civil provocó la muerte de, al menos, 16 personas. Es el segundo cuerpo encontrado en territorio español.

Agencias

Efectivos de la Guardia Civil de Ceuta recuperaron pasadas las 13.00 horas de ayer miércoles el cadáver de una persona en la playa del Tarajal, la más cercana a la frontera del mismo nombre y al espigón fronterizo que marca el límite entre el territorio español y marroquí en la bahía sur de la ciudad autónoma. Esta es la zona donde el pasado jueves al menos 15 personas perdieron la vida tras el intento de entrada en grupo en la ciudad autónoma de varios cientos de migrantes. Con este nuevo descubrimiento, el número de personas muertas a consecuencia de lo sucedido se eleva a un mínimo de 16.

Se trata del segundo cadáver recuperado en aguas españolas, después de que el pasado sábado apareciese en el mismo arenal fronterizo el cuerpo de un inmigrante procedente de un país subsahariano sin determinar, que según el informe forense, tenía entre 20 y 30 años de edad.

La autopsia confirmó el domingo que su muerte se debió a una asfixia por inmersión y que no presentaba signos de violencia, según la información difundida por la Delegación del Gobierno. El muerto recibió sepultura un día después en el cementerio de Santa Catalina sin que pudiese haber sido identificado.

La plantilla de Barcelona se querella con Panrico por insinuar que envenenan los productos

Los trabajadores de la planta de Santa Perpètua, en huelga indefinida, presentarán una demanda criminal por injurias a raíz de declaraciones de la empresa publicadas en los medios y que "no ampara la libertad de expresión". 

 

La plantilla de Panrico en la fábrica de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) tiene previsto presentar la semana que viene una querella criminal contra la empresa por un presunto delito de injurias con un agravante de publicidad por unas declaraciones publicadas por algunos medios en que fuentes de la compañía aseguraban no poder confiar en que los trabajadores no envenenasen los donuts que producían.

Así lo ha dicho este miércoles en rueda de prensa el abogado penalista Jaume Asens, que es el representante legal de los trabajadores en esta cuestión, y ha añadido que las declaraciones tienen "un plus de gravedad" al haber sido publicadas por los medios de comunicación.

"Las declaraciones proyectan una imagen de los trabajadores totalmente descalificadora y no están amparadas por la libertad de expresión porque tienen un contenido claramente injurioso que roza la calumnia", ha aseverado Asens, acompañado por algunos de los empleados de la planta de Santa Perpètua y del diputado de la CUP David Fernàndez.

Cinco Días recogió, en fuentes de la dirección, declaraciones que exponían: "Es difícil hacer planes de futuro para la planta y no caer en la cuenta de que con una plantilla tan salvajemente ideologizada, tan violenta, tan descerebrada, nadie nos va a garantizar que a alguno se le ocurra sabotear la producción y envenenar algunos de nuestros productos".

Asens ha afirmado que con estas declaraciones la empresa sostiene que los trabajadores serían capaces de envenenar productos y lanza "un mensaje de sospecha sobre la ética y la honorabilidad de los trabajadores", y por este motivo reclamarán daños y perjuicios en la querella criminal que se interpondrá la semana que viene y que estará firmada por un centenar de trabajadores.

Los empleados de la planta catalana llevan 122 días de huelga indefinida en señal de protesta por el plan de viabilidad presentado por la empresa y que en el caso de Santa Perpètua supone el despido de 215 empleados de una plantilla total de 345 y un recorte del 18%: "No estamos dispuestos a un nuevo recorte porque ya nos recortaron el sueldo un 25% en 2013", afirma el trabajador Antonio García.

García ha sostenido que la empresa se está enseñando con esta fábrica, la única que ha realizado la huelga indefinida, por el número de despidos que quiere ejecutar, y ha indicado que ya han sido despedidos 40 trabajadores, a los que se sumarán otros 150 antes de verano.

Guerra de demandas

Este jueves se celebrará en los juzgados de Sabadell un juicio contra diez miembros del comité de huelga en el que la empresa solicita que la protesta se declare ilegal, y les reclama cinco millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, aunque García se ha mostrado confiado en que la justicia les dará la razón: "La huelga es legal de todas".

La Inspección de Trabajo abrió en enero un expediente sancionador contra Panrico por considerar que había vulnerado el derecho de huelga de los trabajadores de Santa Perpètua después de que el comité reclamara su intervención por la llegada de camiones externos que traían productos de la marca Panrico pese a que la fábrica catalana, donde se producían estos artículos, ya estaba en huelga indefinida desde el 13 de octubre de 2013.

Fernàndez (CUP) ha criticado que el Govern "mira a otro lado y utiliza la dilación como estrategia", ya que, según ha dicho, se escuda en que Panrico todavía no ha sido sancionada porque la empresa ha presentado alegaciones que Inspección debe resolver todavía.

Asimismo, el 20 de marzo se celebrará otro juicio en la Audiencia Nacional en el que los trabajadores de Santa Perpètua impugnarán el acuerdo que Panrico alcanzó en noviembre en Madrid a nivel nacional sobre el plan de ajuste, que incluía el despido de hasta 745 personas de una plantilla de más de 2.000 y rebajas salariales del 18%, unas medidas con las que la compañía aparcó el concurso de acreedores.

García ha sostenido que este acuerdo "puede quedar tumbado" debido a que no respeta el convenio que estaba vigente, cree excesivos los despidos en Santa Perpètua y ha defendido que un acuerdo nacional debe responder a los intereses de todas las fábricas, y no sólo a los de algunas de ellas.

Carta al conseller de Interior

Los trabajadores de Panrico se han reunido con diversos grupos parlamentarios y han obtenido el apoyo de los tres diputados de la CUP y de 13 de ICV-EUiA, que han firmado una carta dirigida al conseller de Interior, Ramon Espadaler, en la que le piden que impida la distribución de productos de esta marca en Catalunya para que se respete el derecho a huelga.

La plantilla también ha enviado una carta al consejero delegado de Panrico, Carlos Gila, firmada por Carles Pellicer (CiU), Oriol Amorós (ERC), Alícia Romero (PSC), José Antonio Coto (PP), Marc Vidal (ICV-EUiA), Inés Arrimadas (C's) e Isabel Vallet (grupo mixto), en la que le piden una reunión ante la preocupación transmitida por los trabajadores.

El Gobierno griego desmonta la sanidad primaria pública

kaosenlared.net

 

A petición de la troika, el Ejecutivo heleno crea una ley que cierra centros de salud y despide a sanitarios y facultativos. Más de tres millones de griegos no tienen derecho a asistencia sanitaria. 

 

Desde hace más de dos meses, los hospitales de Grecia funcionan a medio gas debido a las constantes protestas del personal sanitario. El pasado 6 de febrero, el sector en bloque fue a la huelga contra el proyecto de ley para la reforma de la atención primaria, que se votaba ese día en el Parlamento. La nueva ley fue aprobada con sólo 153 votos a favor y supondrá el despido de cientos de trabajadores y el cierre de centros de atención primaria.

Sindicatos y colegios profesionales se manifestaron ese día en el centro de Atenas contra la fusión de los diversos entes que integran el sistema nacional de salud y contra el nuevo proyecto de ley, al considerar que éste abre la puerta al cierre de centros sanitarios y a nuevos despidos y privatizaciones, ocasionando “un enorme sufrimiento a los pacientes”. La Federación Panhelénica de Tra­bajadores de Hospitales Públicos señalaba que hasta 8.500 trabajadores sanitarios están en riesgo de ser incluidos en el esquema de movilidad que permite el despido de funcionarios al cabo de ocho meses. Estas medidas son las exigidas por la troika al Gobierno heleno. Por ello, las diversas organizaciones de sanitarios exigen al Gobierno que se siente a negociar la reforma, encaminándola hacia un sistema de salud gratuito que cubra a todos los ciudadanos, independientemente de su situación laboral o procedencia.

Sin derecho a sanidad

En efecto, por lo menos tres millones de griegos han perdido el seguro médico, según anunció en otoño el presidente del sistema nacional de salud, Dimitris Kondós. La cifra, señaló, podría ser aún mayor, ya que muchos trabajadores por cuenta propia en activo no son capaces de hacer frente a las cuotas de la seguridad social y están sin cobertura. En la actualidad, una persona que se queda en paro tiene acceso a la sanidad pública durante un año. Des­pués, tendrá que pagar el coste de cualquier tratamiento o intervención, al igual que el de los familiares a su cargo, aunque estos sean menores de edad. El programa gubernamental para garantizar la salud de los más desfavorecidos, el llamado Healthvoucher, está previsto para cubrir a un máximo de unas 200.000 personas, por lo que la necesidad ha empujado en los últimos tiempos a la proliferación de clínicas y farmacias sociales.

Según explica el ginecólogo Cos­tas Papadópulos, es la prevención la que ha sufrido los mayores recortes: “Esto se hace patente sobre todo en el caso de las embarazadas, ya que la mayoría de los exámenes prenatales han dejado de ser gratuitos, en el marco de la crisis”, lamenta. “Los riesgos para el embrión y para la madre aumentan así considerablemente, y se ha producido un incremento significativo de la mortalidad infantil en el momento del parto o de complicaciones posteriores para el bebé”. Las mujeres migrantes son las principales afectadas por estas medidas. Mientras que una griega sin cobertura sanitaria debe abonar 600 euros por un parto, en el caso de una mujer extranjera el monto asciende a 1.200 euros.

“Parte esencial del Estado”

Por otro lado, desde finales de enero, la Corte del Aerópago, el Tri­bunal Supremo griego, sentenció que el recorte del 10% que han sufrido los salarios de las fuerzas de seguridad, en 2012, es inconstitucional. Varias organizaciones de funcionarios habían apelado en 2013 contra el tijeretazo impuesto por la troika; sin embargo sus reivindicaciones fueron desestimadas.

La decisión provisional del Tri­bunal señala, sin embargo, que en el caso de la Policía y el Ejército, el citado recorte violaba la Carta Europea de Derechos Humanos, ya que se trataría de colectivos especialmente necesitados de protección por ser “una parte esencial del Estado”, según indicaron extraoficialmente algunas fuentes. Una vez que la sentencia sea definitiva, el Estado se verá obligado a desembolsar entre 100 y 500 millones de euros.

Entre tanto, el Ministerio de Refor­ma Administrativa se encuentra preparando un paquete de medidas para “suavizar la transición al mercado laboral” de los funcionarios que a finales de marzo serán despedidos al cumplir ocho meses en el esquema de movilidad. Guardas escolares y policías municipales, que irán en la primera tanda, se verán así beneficiados por los programas de asesoramiento y apoyo impartidos por la empresa que resulte ganadora de un concurso público de proyectos piloto. Entre las recomendaciones del Ministerio a los despedidos se cuenta la de fundar cooperativas sociales para recibir adjudicaciones de servicios municipales.

De los 2.000 despidos previstos para finales de marzo, unos 400 estaban pendientes desde la primera ronda de otros 4.000 despidos ya anunciados; mientras que el resto se contabilizarán con los 11.000 pactados con la troika para 2014. Por ello, el pasado 7 febrero, los profesores y los empleados municipales fueron a la huelga una vez más en apoyo de sus compañeros afectados por la movilidad, anunciando nuevas movilizaciones y paros para las semanas siguientes.

Alemania ofrece trabajo a los médicos griegos

Los médicos y el personal sanitario griego están emigrando de forma masiva al extranjero, y el principal destino es Alemania. Paradójicamente, es un equipo de técnicos alemanes el que está asesorando al Gobierno heleno en la elaboración de la reforma sanitaria que deja a los facultativos en la calle. Otros países, como es el caso de Turquía, han hecho un llamamiento a los médicos griegos para que se instalen en su territorio. Según medios de comunicación turcos, el ministro de Sanidad ha señalado que ”cerca de 7.000 médicos de Grecia buscan trabajo en el extranjero” y “las puertas de Turquía están abiertas”, señaló.

COMUNICADO DE IZQUIERDA ANTICAPITALISTA GRANADA

¡¡LIBERTAD SIN CARGOS PARA JUANMI!!

BASTA YA DE REPRESIÓN CONTRA L@S QUE LUCHAN

Desde Izquierda Anticapitalista Granada condenamos enérgicamente la detención del compañero Juanmi que tuvo lugar ayer por la noche mientras regresaba a su casa acompañado de un amigo después de una concentración cuyo propósito era denunciar las asesinatos de inmigrantes en Ceuta.

Condenamos esta nueva detención en plena calle que sólo pretende, por parte de la subdelegación de gobierno, intimidar y amedrentar a los que resisten a diario contra las políticas antisociales. Esta nueva detención no es casual. Juanmi, al igual que otros compañeros antes que él, ha sido detenido por participar activamente en movimientos sociales como puede ser por ejemplo Stop Desahucios.

Se le acusa de desórdenes públicos y de atentado contra la autoridad en una manifestación de apoyo a la lucha de Gamonal llevada a cabo. Pero no nos engañan ya. Sabemos que esas acusaciones son falsas y que detrás de éstas sólo hay un objetivo: acallar a l@s que se movilizan. Por ello hacen y aprueban leyes como la ley mordaza.

Desde IA-Granada, exigimos la puesta en libertad sin cargos de Juanmi que a esta hora sigue en dependencias policiales. Exigimos la dimisión del Subdelegado de Gobierno de Granada cuya política se centra en reprimir al conjunto de l@s que luchan contra las consecuencias directas de la crisis capitalista mediante detenciones arbitrarias, controles, vejaciones o multas. Exigimos que se investigue a los cuerpos policiales que se extralimitan a menudo en sus funciones sin que eso les suponga ningún coste.

COMUNICADO DE IZQUIERDA ANTICAPITALISTA GRANADA SOBRE LA MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE INFOCA.

1ª victoria de l@s trabajdores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua.

L@s trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua consiguieron el pasado día un compromiso de la Junta de Andalucía de abrir un periodo de negociación después de algo más de dos días de encierro en la Catedral de Sevilla. El co-gobierno de la Junta de Andalucía da, al parecer, marcha atrás al plan de ajuste que tenía previsto. Desde el pasado lunes 3 de febrero h

a empezado un marco negociador, sin plazos, en el cual se pretende llegar a un acuerdo.

La rápida movilización de estos trabajadores muestra el camino a seguir para defender nuestros intereses. La Junta pretendía modificar las condiciones de trabajo de más de 5000 empleados y empleadas debido al recorte presupuestario de 18 millones. En concreto, la empresa planteó una reducción de una cuarta parte de la jornada laboral y el sueldo a los 3 000 trabajadores y trabajadoras del plan de lucha contra incendios forestales (Infoca), y para el resto de empleados y empleadas un recorte salarial medio del 5%. 

Desde Izquierda Anticapitalista Granada insistimos en que la movilización del conjunto de l@s trabajadores es el único camino frente a los recortes vengan del gobierno central (PP) o disfrazados de “izquierdas” desde el co-gobierno de la Junta de Andalucía (PSOE-IU). La determinación de es@s trabajadores que no dudaron en encerrarse desde el primer momento en la sede del PSOE en Granada y que tampoco descartaban hacerlo en la de IU ha supuesto que la Junta de un paso atrás. Habrá que seguir atent@s ya que está más que claro que este gobierno andaluz no duda en cuanto puede en recortar ellos también.

PRESUPUESTOS EN SANIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Los presupuestos en sanidad de la Junta de Andalucía para el 2014 cae un 2.1%, estos recortes acentúan aún más la destrucción de empleo, el aumentos de listas de espera, el copago farmacéutico y una asistencia cada vez más precaria, a pesar de las consecuencias catastróficas que tuvieron los presupuestos anteriores con una destrucción de más de 7000 puestos de trabajo en sanidad, recortes y más recortes en nóminas y supresión de pagas extras, un aumento de la jornada laboral, y los contratos basura de 75%. La Junta explica que estos presupuestos son buenos para la comunidad y su reactivación económica y además tenemos la suerte de ser felicitados por nuestra consejera de Hacienda y Administración Pública, consejera de sanidad hasta hace muy poco, porque hemos sido responsables en los años pasados y eso nos permite que este año el descenso en los presupuestos sea solo de un 2.1%.

Un año más al personal sanitario y resto de funcionarios se les deja sin paga extra de diciembre, sin ayudas de acción social, con reducción en las nóminas, siendo escandaloso el tijeretazo que se ha sufr

Andalucía es una de las pocas comunidades que han reducido sus presupuestos para el 2014 y suprimido las pagas extraordinarias, y la Junta lo justifica diciendo que la supresión de la paga extra ha permitido la preservación del empleo público, y por eso, este año el recorte permanecerá para evitar despidos.

El Gobierno de izquierdas que tenemos en Andalucía nada tiene que envidiarle al Gobierno central que roba, recorta, engaña, y desahucia sin el más mínimo esfuerzo.

Andalucía es la comunidad que más recorta en Sanidad y Educación, al 2.1 % de este año respecto al anterior, hay que sumarle el 10,8 % recortado en 2013 respecto al 2012 y así sucesivamente desde 2009 cuando la sanidad andaluza empezó a sufrir recortes sistemáticos, sin embargo la coalición IU-PSOE sigue defendiendo sus presupuestos en sanidad y educación, así como en servicios sociales en sus discursos políticos.

La progresiva reducción del gasto sanitario es un paso más hacia el desmantelamiento de la sanidad pública, pero no se lo vamos a poner fácil, la lucha tiene su fruto y el ejemplo son los compañeros de Madrid que tras un año y medio de movilizaciones han conseguido parar la privatización sanitaria.

ido en conceptos variables, como es trabajar noches, festivos, jornada complementaria, que cada día se hace más duro por lo poco renumeradas que están estas horas nocturnas y festivas y la carga laboral a la que se ve sometido el personal en estos turno por reducción de plantilla.

¿Qué pasa con la planta de Trauma en Baza?

Es curioso como canciones de toda la vida, permanecen en nuestra memoria; y como el sentido que evocaban entonces, cambiando ligeramente el matiz, es perfectamente aplicable a nuestros dias. En este caso me refiero a "Julito Iglesias" y su "la vida sigue igual".
Esta canción se nos viene a la cabeza en el caso concreto que nos ocupa: Los recortes en la sanidad pública en general, y en los de la sanidad pública andaluza en particular. Que al igual que las meigas, "haberlos hailos". Pero a diferencia de las meigas, los recortes si se ven, si se sienten. El Comité de Usuarios en Defensa del Hospital Comarcal de Baza ya los estuvo denunciando durante la campaña de recogida de firmas contra los recortes en el hospital comarcal de Baza. En las reuniones con el alcalde de Baza, con el director-gerente del hospital y con el delegado de salud de la Junta de Andalucia. La apertura de la planta de traumatologia fue el caballo de batalla, junto con la no eliminación de camas, la no externalización de servicios y la defensa de la plantilla de trabajadores. Contribuimos con nuestra lucha a la promesa de que la planta de traumatologia estaria operativa, con sus obras terminadas, para Diciembre del pasado 2013. Pero todo sigue igual, como dice la canción. Y sigue igual, e incluso peor, porque nos mienten.

A dia de hoy, Febrero de 2014, aun no tienen fecha de finalización las dichosas obras, aumentan los minijobs y los contratos basura en nuestro hospital. Los "nuevos servicios" que con tanta pompa inauguraban, para demostrar "la buena salud y la apuesta por el hospital comarcal de Baza" ni siquiera funcionan a medio gas...

La situación es tan sangrante e innegable que hasta los que decian que todo eran invenciones de "desarapados, alborotadores y alarmistas", ahora muestran sin ningun tipo de complejo su "preocupación por el estado de las cosas"....No hay duda de que todos y todas los que defendemos la sanidad pública, gratuita y de calidad y luchamos contra los recortes vengan de donde vengan, saludamos con alegria esta preocupación, manifestada en periódicos y redes sociales, sobre el estado del hospital comarcal de Baza. Y los animamos a luchar contra esas políticas de recortes en la calle, con el
comité de usuarios, con la marea blanca y tambien desde los despachos que ocupan en el palacio de San Telmo, donde gobiernan en coalición la Junta de Andalucia. Pero nos tememos que estos cambios de orientación son sólo brindis al sol. No somos ingenuos, y olemos ese tufillo de precampaña electoral europea.

La marea blanca madrileña nos ha dado  una gran lección de como se lucha contra los recortes y las privatizaciones. Hagamos lo mismo en la sanidad andaluza. En Madrid o en Sevilla, distintos perros, mismo collar. El cinismo está llegando a cotas inauditas, como nos demuestra el caso de un representante del PP de Motril, criticando los recortes en sanidad de la Junta de Andalucia en el Hospital motrileño. Lo recortes que unos hacen en Madrid son criticados por los que los llevan a cabo en Andalucia, y viceversa (!!!).

¡¡¡Basta ya de mentiras!!!, ¡¡¡basta de trapos calientes y de  silencios complices de algunos!!!. Denunciemos los recortes, denunciemos a los que recortan. Para que todo no siga igual. En Madrid o en Sevilla, los recortes y los que recortan defienden el mismo sitema. ¡¡¡Menos preocupación y más acción!!!. La puerta de los que luchan contra los recortes, contra las privatizaciones, contra la troika, contra las políticas noeliberales, siempre ha estado abierta. Atraviesala para entrar o para salir. Pero, "gentes preocupadas", no os quedeis en medio. Porque estorbais.

Lucha de las trabajadoras de ayuda a domicilio en Baza: Ineprodes, ¿ahora qué?

Luchar sirve...
La lucha de las trabajadoras de ayuda a domicilio de Baza está dando sus frutos. La empresa que gestiona el servicio no ha tenido más remedio que ir pagando los retrasos a sus trabajadoras. La presión ejercida por el conjunto de las trabajadoras y por el comité a Ineprdes y al ayuntamiento de Baza ha sido determinante. Los pagos demuestran que hay dinero pero que sólo lo “sueltan” cuando en frente se topan con unas trabajadoras determinadas y dispuestas a pelear por lo que es suyo.

Pero esta lucha no solamente se basa en la cuestión de los impagos sino también en el respeto a sus condiciones de trabajo tal y como viene reflejedo en su convenio. Lo cual está lejos de ser llevado a cabo por la empresa, mientras el ayuntamiento del PSOE mira para otro lado.

¿Ahora qué?
El pasado 25 de enero, el comité de empresa convocó una asamblea de trabajadoras para informar de los nuevos movimientos de la empresa. Explicó que en enero finalizó un decreto de la Junta por el cual se ampliaba el acceso a la dependencia a más usuarios. Esto último ha conllevado una pérdida de horas que afecta tanto a trabajadores como a usuarios. La empresa pretende aprovechar esa situación para modificar los contratos del conjunto de las trabajadoras. Sin embargo éstas no están dispuestas a aceptarlo y ya se están organizando para que la empresa respete los contratos tal y como estaban en el momento de la última subrrogación y que no haya ningún contrato pasado de horas para que no se despida a ninguna compañera. Continuará... 

Serbia: La emergencia de una "nueva izquierda" radical

Jovana Papovic |Viento Sur
Algo pasa en Serbia. Los sindicatos han obligado al gobierno a retirar su proyecto de reforma laboral, y una "nueva izquierda" está renaciendo de las cenizas de la “transición”. Marxistas, anarquistas, sindicalistas, están convencidos de que los discursos que durante años manejó la "Serbia ciudadana" - democracia, rechazo del nacionalismo - se han quedado obsoletos y que el futuro está en la lucha de clases. Se trata pues de descifrar este nuevo planeta radical.

Manifestación en Belgrado contra la nueva ley laboral
La elección de Tomislav Nicolić y la llegada al poder en 2012 de una coalición dominada por el Partido Progresista Serbio (SNS) y el Partido Socialista de Serbia (SPS), había producido un debilitamiento de la oposición socialdemócrata, dibujando un espectro político desequilibrado, donde las voces de una izquierda desunida parecían marginadas.

Sin embargo, estas últimas semanas, mientras que el país se encuentra todavía bloqueado a la periferia europea, abrumado por las privatizaciones, el rechazo a la proposición de reforma laboral ha puesto en primer plano a la izquierda radical, marginada durante mucho tiempo. Los anarcosindicalistas de la ASI /1, los redactores de la revista Crvena Kritika /2 y la asociación Ravnopravsnost (Igualdad) /3, se han unido a los sindicatos para manifestarse contra las medidas propuestas por el Ministro de Economía, Saša Radulović.
Reafirmar una herencia 

¿Qué puede querer decir en Serbia ser de izquierdas? ¿Ser "titista? ¿Pro-Yugoslavia? ¿Pro-Milošević? ¿Anarquista? ¿Las asociaciones instantáneas que el término evoca hacen a menudo alusión a una "confianza traicionada" de un pasado próximo. La ambivalencia de la política del SPS en los años 1990 ha dejado fuertes huellas en la memoria de la población. Especialmente los gobiernos demócratas, en el poder desde el cinco de octubre, que no han dudado en utilizar esta confusión para desacreditar las ideas de la izquierda social.

Según Goran Musić, doctorando en economía, militante de Crvena Kritika y especialista en sindicalismo, el restablecimiento de la confianza de los ciudadanos y el combate contra un escepticismo profundamente arraigado es uno de los primeros retos de la izquierda en Serbia. Éste sostiene que "la izquierda no tiene nada que ocultar, que no tiene motivos para avergonzarse de su historia". Según él, Milošević era la personificación de una minoría privilegiada en el seno del aparato del Estado. Una minoría que se esforzaba en copiar el estilo de vida y las aspiraciones de la burguesía antes de la guerra y que poco a poco dejó caer el proyecto de construcción modernista socialista, para volcarse en la construcción del Estado-nación capitalista. "Estas personas y estas tendencias históricas no tienen nada que ver con la izquierda y el movimiento obrero, al contrario, ellos son parte necesaria de la presión del imperialismo y de las clases privilegiadas. La tarea de la izquierda en Serbia es explicar todo esto a la gente".

El colectivo de estudiantes de filosofía Gerusjia /4, también organiza una serie de encuentros que tendrán lugar a lo largo de 2014 con el tema "La izquierda en Serbia: construcción de una posición política".

Desmarcarse de la "Serbia ciudadana"
Mientras que esto que llamamos "la nueva izquierda" está histórciamente asociaciado a los movimientos altermundialistas, antiguerra, ecologistas o al combate por los derechos de las minorías, la nueva izquierda serbia hace referencia a una definición más amplia, una izquierda que une todas las fuerzas sociales que tienden a la colectivización de los recursos.

Según Tadej Kurepa, militante anarcosindicalista, esta nueva izquierda se caracteriza ante todo por un desapego de la acción política "ciudadana": "hoy, la nueva izquierda polemiza con la acción política, a la que califica de burguesa y de la que busca desmarcarse". Los militantes buscan desmarcarse de un sector no gubernamental: "en los años 1990 y 2000, la izquierda ciudadana no tenía posibilidades de entrar en la lucha parlamentaria y esta es la razón por que ésta aceptó un compromiso: dejar de lado las cuestiones sociales y económicas, renunciar a su orientación política original e integrarse en el sector no gubernamental. De este modo, es el sector civil el que está en el centro de sus preocupaciones", explica Tadej Kurepa.

La "Serbia ciudadana" impuso el combate contra el nacionalismo como cuestión principal, que canalizara todos los problemas sociales a los que el país debía plantar cara. Aleksandar Stojanović, del colectivo Gerusija, explica que contrariamente a estos últimos años, el campo de acción de la nueva izquierda no debe focalizarse en el nacionalismo, ni tener la misma relación con la cuestión de la izquierda ciudadana."En el desarrollo de un sesgo con respecto a la cuestión del nacionalismo, la izquierda toma parte en el consenso neoliberal y acepta los límites impuestos por la política ciudadana. La izquierda debe desmarcarse de los discursos que pretenden que vivamos en una sociedad guiada por ’valores cuestionables’, una sociedad que no es la sociedad de la tolerancia y que por tanto debemos cambiar este sistema de valores. La izquierda debe decir hoy: debemos plantar cara al capitalismo, no debemos concentrarnos en la cuestión de los valores, debemos centrarnos en las cuestiones económicas". El militante anarcosindicalista Kale añade a la cuestión del nacionalismo que "la cuestión económica debe ser el punto central del combate de la izquierda. El nacionalismo es un problema que legitima a este sistema, nosotros debemos por tanto combatir el nacionalismo en tanto que instrumento del capitalismo en lugar de darle prioridad".

Antifascismo y lucha de clases
Esta nueva izquierda quiere también cuestionar los discursos a los que es normalmente asimilada, por ejemplo el antifascismo. Cuando se le preguntó a Tadej Kurepa sobre el antifascismo éste respondió: "porque es anticapitalista y organiza la lucha directa por la mejora de las condiciones de vida y del trabajo, la izquierda es necesariamente igualitaria, antiautoritaria, antifascista y antinacionalista. No hay necesidad de insistir en el antifascismo. Es el discurso neoliberal el que pretende que el discurso ’popular’ sea de derechas". La nueva izquierda rescata el recuerdo de las huelgas masivas de trabajadores contra el nacionalismo en la Yugoslavia de 1988. Ésta tienda a apoyarse en esta tradición y combatir el nacionalismo y el fascismo mediante la lucha de clases.

Tadej Kurepa evoca su colaboración con otros militantes de la región, contando una anécdota que ilustra bien esto. "Recientemente participé en un debate al que también fueron invitados ponenetes de Zadar. Estos artistas me preguntaron si cuando visité a mis amigos anarcosindicalistas de Zadar, les pedí disculpas por el bombardeo de Zadar por las fuerzas del Ejército Popular Yugoslavo y las fuerzas serbias. No tengo ninguna razón para pedir disculpas, no tengo nada que ver con eso. Estos son mis amigos, y cuando yo los visito, nosotros hablamos de nuestras actividades, de nuestras organizaciones, de nuestra lucha común. Esta idea según la cual yo debería tener vergüenza porque alguien de la misma etnia que yo haya cometido crímenes es del todo nacionalista. Debido a esta vergüenza deviene el sentimiento nacional, toda esta escenificación anti-antinacionalista es de hecho nacionalista por excelencia". Según él, el sentimiento nacional, que es consecuencia de la ideología liberal o de ideologías conservadoras, es ajeno a la izquierda.

Devolver la palabra a la clase trabajadora
La nueva izquierda serbia inscribe por tanto su acción en la cuestión económica, entendida como un catalizador de todos los problemas sociales. Contrariamente a los discursos de los años 1990 que venían a dividir la sociedad entre aquellos que querían una democracia y aquellos otros que la rechazaban, entre demócratas y nacionalistas, la nueva izquierda recupera el concepto de la lucha de clases. Según Tadej Kurepa: "nosotros pensamos que la sociedad está dividida en dos clases: la clase obrera y la burguesía. La clase burguesa es aquella que se apropia de la plusvalía. La izquierda es esencialmente un movimiento de trabajadores que pretende cambiar el orden político-económico establecido e imponer una nueva sociedad sin clases y sin Estado".

Esta claro que esta tarea no es nada fácil. Como señala Andrea Jovanović del colectivo Gerusija, un gran numero de los aquellos que pertenecen a la clase trabajadora se han dejado "pacificar". En los procesos de privatización de las empresas públicas, "muchos trabajadores se han convertido en dependientes de los sistemas de protección social".

Por tanto, para los militantes, el primer combate de la izquierda está en demostrar que de hecho vivimos en una sociedad jerárquica, una sociedad sin conciencia de clase, en un sistema donde reina una división objetiva basada en una lucha muy antigua. Serbia conoce ahora la dictadura absoluta del capital, la transición hace tiempo que finalizó. Los militantes están convencidos: un verdadero camino se abre ahora por la izquierda, ya que no hay nadie más capaz de explicar la crisis y la falta de paz social.
Esta nueva izquierda tiene mucho que decir, entre la reafirmación de su herencia y la sensibilización entorno a la cuestión de clases,
28/01/2014
http://balkans.courriers.info/artic...
Traducción: VIENTO SUR
Notas
1/ ASI se define como una organización sindical, revolucionaria y anarquista, que busca la liberación total de la clase obrera y de los individuos que la componen mediante la supresión del Estado y la destrucción del sistema capitalista. inicijativa.org.
2/ Crvena Krtika es la revista online de los jóvenes marxistas "Rojos", estudiantes y jóvenes trabajadores reunidos entorno a las ideas marxistas y que tienen como objetivo la creación de un partido de lucha para la clase obrera, clase que, según ellos, constituye la gran mayoría de la población de los países industrializados. crvenakritika.org.
3/ Movimiento independiente que agrupa a los trabajadores de las fábricas Jugoremedije, BEK, Sinvoz, Proleter, de las refinerías de azúcar y de Sloga-Mider de Zrenjanin, es decir, víctimas de las empresas privatizadas. ravnopravnost.org.
4/ Gerusija es una organización estudiantil que plantea prácticas teóricas radicales. Publican la revista trimestral Stvar. gerusija.com.