Los líderes europeos ofrecen más ayuda a Túnez en medio de los esfuerzos por frenar la migración

 

Los líderes europeos que visitaron Túnez el domingo 11 de junio ofrecieron más de mil millones de euros en ayuda financiera para rescatar su tambaleante economía y fortalecer el control de sus fronteras, en un esfuerzo por restaurar la estabilidad en el país norteafricano y frenar la migración desde sus costas hacia Europa.

Un grupo de DDHH tunecino denunció la propuesta de la Unión Europea como "chantaje", argumentando que empeoraría los abusos contra l@s migrantes y tenía como objetivo cerrar las puertas de Europa a quienes tienen necesidades.

El cada vez más autocrático presidente de Túnez recibió a los líderes de Italia, los Países Bajos y la Comisión Europea para conversaciones destinadas a allanar el camino hacia un rescate financiero internacional para al país con sus problemas. En vísperas de las conversaciones, el presidente tunecino Kais Saied realizó una visita no anunciada a un campamento de migrantes en la ciudad costera de Sfax, un punto central de partida para las travesías en barco que cruzan el Mediterráneo hacia Italia.

Sus palabras afectuosas y las imágenes compasivas del presidente con bebés migrantes publicadas en su página de Facebook contrastaron bruscamente con la postura de Saied a principios de este año. Avivó los abusos racistas contra l@s migrantes african@s negr@s en Túnez con un discurso en el que denunciaba una supuesta conspiración para borrar la identidad árabe de su país.

El presidente y la primera ministra de Túnez, Najla Bouden, se reunieron el domingo con Giorgia Meloni, el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea. Tras las conversaciones, von der Leyen anunció un programa de 5 puntos para apoyar a Túnez, que incluye hasta 1’05 mil millones de euros (1,1 mil millones de dólares) en ayuda para el endeudado presupuesto de Túnez. El plan será discutido con los 27 países de la UE en su próxima cumbre a fines de junio.

Además, la UE discute inversiones en banda ancha de alta velocidad y otras infraestructuras digitales para Túnez, así como 300 millones de euros en proyectos de energía renovable, incluyendo hidrógeno. El plan también incluye 100 millones de euros para operaciones fronterizas en Túnez, que abarcan operaciones de búsqueda y rescate y lucha contra el contrabando. Ante las críticas de los grupos defensores de migrantes sobre las repatriaciones forzadas y los abusos contra los migrantes en Túnez, insistieron en que se respetarían los derechos humanos.

El Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES), que aboga por los derechos de l@s migrantes, expresó preocupación por la oferta de ayuda europea: "Europa no ha visto a Túnez como un país que necesita cooperación basada en una democracia genuina que garantice derechos y libertades, sino simplemente como un punto de avanzada en la frontera que requiere más equipos para contener la inmigración, con el objetivo de que nadie pueda llegar a Europa. Estas visitas ocultan chantaje y un intento de regateo: dinero y ayuda a cambio del papel de policía fronterizo".

Frenar la migración es especialmente importante para la líder de extrema derecha Meloni, quien realiza su segundo viaje en una semana a Túnez. Italia es el destino de la mayoría de los migrantes que se dirigen a Europa desde la nación del norte de África. Meloni dijo que esperaba que allanaran el camino para que Túnez reciba 1,9 mil millones de dólares en fondos ofrecidos por el FMI.

Saied se ha resistido a las condiciones para el dinero del FMI, que incluyen recortes en los subsidios a la harina y el combustible, recortes en el sector público y la privatización de empresas públicas deficitarias. Eso ha empujado a más y más tunecin@s a arriesgadas travesías en barco a través del Mediterráneo en busca de una vida mejor. Túnez también es un importante punto de tránsito migratorio para los africanos subsaharianos que se dirigen a Europa.

"Túnez es una prioridad, porque la desestabilización en Túnez tendría serias repercusiones en la estabilidad de todo el norte de África, y esas repercusiones llegan inevitablemente aquí", dijo Giorgia Meloni. Aunque se centra en los migrantes subsaharianos, Saied reconoció que l@s tunecin@s también buscan emigrar y se encuentran entre los miles que se ahogan en el Mediterráneo cada año. Culpó a las redes criminales, pero también a los problemas presupuestarios de su gobierno.

El déficit presupuestario de Túnez se agravó por la pandemia de covid y las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania. La ayuda del FMI se estancó debido a las tensiones políticas y la resistencia de Saied a las reformas requeridas, quien disolvió el parlamento e hizo reescribir la Constitución para otorgar más poder a la presidencia, y ha supervisado una represión contra figuras de la oposición y los medios de comunicación independientes.

Artículo traducido del inglés del medio digital AP

¿Es la nueva ley de vivienda una solución habitacional real?

La cuestión de la vivienda siempre ha sido un tema controvertido en el Estado Español. Es casi una costumbre que la inversión de toda una vida de una familia sea una vivienda, a la par que cada vez es menos accesible para la clase trabajadora pagar una hipoteca o un alquiler. Las estadísticas al respecto hablan por sí solas: 6 millones de jóvenes reconocen querer independizarse y no poder a causa de los costes de la vivienda y según Eurostat, el 85’7% de los jóvenes estarán en casa de sus padres hasta los 30. Cifras que se han acentuado muchísimo desde la crisis de 2008.

En este contexto, se aprueban dos medidas “estrella” por parte del gobierno PSOE-UP que, no exentas de debates internos, no parecen rascar más allá de la superficie del problema de la vivienda. La primera de ellas es la ley de vivienda, demorada en el tiempo con fines electoralistas y que ya cuenta con el rechazo por “insuficiente” por parte de sindicatos de inquilin@s. La segunda, el aval público vía ICO del 20% de la hipoteca de una vivienda para jóvenes con rentas menores a 37.000€; medida que cuenta con el apoyo (ya estaba en vigor) del PP, la patronal financiera y la crítica de UP. Pero, ¿en qué consisten realmente estas 2 medidas?

La ley de vivienda trae como medidas estrella la construcción y utilización (de la SAREB) de 30.000 viviendas para alquiler social los próximos 5 años, la revisión de como máximo el 3% para el alquiler en 2024 y en años posteriores indexada a un valor menor al IPC y la rebaja de la consideración de gran tenedor a 5 viviendas. A la par que insuficientes, dejan amplias brechas que los caseros aprovecharán y que en el corto plazo podrían tensionar más aún el mercado del alquiler. Por ejemplo, el hecho de regular sílo la subida de un precio base pero no el propio precio base es un gran incentivo para no renovar los contratos de alquiler y “rotar” a los inquilinos para aplicar la subida deseada por los propietarios de vivienda, lo cual puede provocar un aumento de los desahucios (que ni se prohiben ni se regulan) así como un aumento “preventivo” del precio.

Por otra parte, la financiación pública del 20% de una hipoteca para personas jóvenes también deja amplias grietas en su puesta en práctica. Este incentivo puede suponer un aumento de la demanda de vivienda con su correspondiente aumento de precio y un nicho de mercado nuevo para la banca con aval público, los jóvenes sin capacidad de ahorro pero con deseo de comprar viviendas.

Por eso es importante que no hagamos únicamente un análisis de las intenciones de las medidas del gobierno. Es evidente que limitar la subida de los alquileres o ayudar financieramente a los y las jóvenes son titulares llenos de buena intención. El problema, como venimos repitiendo, es quién tiene en última instancia el poder de decisión sobre bienes y servicios esenciales para una vida digna. Si los grandes tenedores de vivienda siguen teniendo la última palabra sobre a qué precio venden “sus viviendas” o de qué forma, a quien y a qué precio las alquilan no habrá una solución sostenida para la clase trabajadora y la juventud en el ámbito de la vivienda.

Es más que evidente que en una “competición” entre el derecho a una vivienda digna de las capas más humildes de la población y los grandes beneficios de los propietarios de vivienda, éstos segundos tendrán en su poder muchos más mecanismos para ganar dicha “competición” a pesar de la ley de vivienda, otras medidas y sus buenas intenciones.

Lo que ni el PSOE, ni UP, ni Sumar ni ningún gobierno estarían dispuestos a hacer para solucionar el problema de la vivienda es precisamente aquellas medidas que atacarían la raíz del problema: la rentabilidad que para las grandes fortunas y fondos de inversión tiene el mercado de la vivienda. De manera transitoria se debería intervenir el mercado de la vivienda para que la construcción, venta y financiación de la primera vivienda de cada familia trabajadora fuera pública, avanzando también en los alquileres públicos y en la capacidad de que no sea una minoría millonaria la que decida la ordenación y distribución urbanística de nuestras ciudades.

Los pisos turísticos, los alquileres abusivos y la precariedad laboral están ahogando a amplias capas de la clase trabajadora a la par que le hacen empatizar con los propietarios por la falsa ilusión de que si algún día posees una vivienda podrás entrar dentro de ese selecto club que especula y posee un “activo” que sube de valor año tras año en un porcentaje mucho mayor que el salario.

Desde la izquierda revolucionaria e independiente, debemos seguir insistiendo. No solo basta con “enfrentarse a la derecha” o posicionarse en contra de los “aspectos más lesivos” de este sistema. Hemos de luchar por ser la mayoría trabajadora quienes tengamos la capacidad de decidir los aspectos fundamentales de la economía. Mientras sean los capitalistas a través del mercado quienes tengan todas las palancas y mandos, dará igual si la política produce recortes, inflación, rescates o explotación… Las consecuencias siempre serán un descenso en el nivel de vida de la mayoría de la población para seguir sosteniendo una irracional acumulación de riqueza por parte de una minoría.

Todas estas reivindicaciones pueden parecer lejanas o difíciles, pero la realidad es que lo verdaderamente difícil es continuar con esta lógica política, económica y ecológica sumamente destructiva cuyo único fin es mantener los privilegios de una minoría a costa del sufrimiento de una mayoría que es, además, la que produce todas las riquezas.

Crónica de la comida solidaria con la huelga de la Panificadora Butrón

 

El pasado 27 de mayo se celebró en Málaga un acto en solidaridad con la lucha que están llevando a cabo l@s trabajador@s de la panificadora de Butrón de Chiclana.

El acto tenía la pretensión por un lado dar a conocer esta lucha ejemplar que están desarrollando est@s trabajador@s contra la represión y los incumplimientos del convenio, así como recaudar dinero para poder hacer una aportación a la caja de resistencia. Son ya más de 7 meses de huelga lo que implica un esfuerzo económico titánico, ya que detrás de es@s trabajador@s, hay familias que necesitan de esos sueldos para poder vivir dignamente, por eso es tan importante no solo el apoyo mediático y político, sino también una parte fundamental es el apoyo económico para poder resistir una lucha tan prolongada en el tiempo.

Al acto acudieron diferentes organizaciones políticas y sindicales de Málaga, así como los propios trabajador@s de Butrón y simpatizantes de las diferentes organizaciones: USTEA, CGT, CNT, Zambra, PCPA, COESPE… todos es@s compañer@s dieron un ejemplo de solidaridad dando difusión y apoyo al acto, así como haciendo diferentes aportaciones económicas a la caja de resistencia, logrando hacer un poco más fácil la lucha de la plantilla. Desde nuestra organización, así como de las diferentes organizaciones que acudieron al acto solidario, se mostró el apoyo a la lucha de Butrón, así como la voluntad y el compromiso de aportar capital humano a las acciones que pudieran plantearse en adelante, entendiendo que una victoria de Butrón, es una victoria de toda la clase trabajadora.

Desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR llevamos a cabo una política de solidaridad de clase no solo en lo teórico sino también en nuestra practica política y sindical diaria, pensamos que sin esa solidaridad es imposible construir una conciencia de clase que nos permita poner en jaque este sistema. Sabemos además que las victorias de los y las trabajadoras es un aliciente fundamental para otras luchas actuales o del futuro y de ahí la importancia de apoyar aquellas que ya se están desarrollando y buscar la coordinación y unidad de todas las organizaciones de la izquierda en el apoyo a estas peleas que nos permiten demostrar de manera clara y evidente el poder de solidaridad de clase y nuestra fuerza frente a los ataques de la patronal.

Comunicado de Antarsya. Pilos: otro crimen racista más de la Europa-fortaleza

 

L@s 79, hasta ahora, refugiad@s muert@s, mientras continúa la búsqueda de los cientos que iban a bordo del barco que se hundió frente a Pilos procedente de Libia, es otro asesinato racista en masa racista de la UE-fortaleza, un crimen continuo en el que Mitsotakis y Nueva Democracia van en la delantera, junto a Meloni, Orban y el resto de líderes de la Unión Europea.

¡Que no se hagan los inocentes! Que no digan que "ofrecieron una ayuda que los inmigrantes no querían". La cuestión es que estas personas se ven obligadas a ahogarse en las profundidades del Mediterráneo tratando de escapar del infierno de las guerras y de la indecible pobreza trasladándose en barcos pesqueros desde las costas de África hasta Europa.

¿Qué más pruebas se necesitan para saber quién es el autor moral del crimen, después del reciente acuerdo de la UE sobre inmigración? Un miserable acuerdo racista que contempla la detención en la frontera de l@s solicitantes de asilo que no tengan una "posibilidad seria" de obtenerlo (antes de las solicitudes), que envía a las cárceles incluso a l@s niñ@s pequeñ@s, que permite que el país de acogida devuelva a l@s refugiad@s, no al país de origen, sino esté donde esté, basta con que se pueda probar alguna "conexión", ¡y al final da derecho a quien no quiera inmigrantes a redimirlo con 20.000 euros por cabeza”!

Así valora la UE la vida de estas personas. Esta es su civilización europea.

¡Las vidas de l@s refugiad@s importan! Exigimos la apertura de fronteras, la libre circulación y el derribo de la valla en Evros. ¡Fin a las deportaciones y los asesinatos en masa! ¡Asilo y techo para l@s refugiad@s!

¡Abajo el acuerdo migratorio de la Unión Europea! Tod@s a las manifestaciones organizadas por las organizaciones y colectivos antirracistas.

¿Es España racista? Cánticos racistas en contra de Vinicius Jr

 

El final de la campaña electoral se ha visto sacudido por un acontecimiento imprevisto. No hablamos aquí de la compra del voto por correo, al parecer mucho más habitual de lo que cabría esperar y ya denunciado, por cierto, en 2021 por el Tribunal Supremo, sino de los cánticos racistas pronunciados en contra de Vinicus Jr, jugador brasileño del Real Madrid, en el campo de fútbol del Valencia.

La reacción del jugador al señalar de inmediato a los aficionados que le insultaban en la grada, pero sobre todo la posterior denuncia pública realizada en sus redes sociales hablando de España como de: “una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista” han encendido todas las alarmas. Un jugador de élite y con transcendencia internacional acababa de dejar caer que España era un país racista.

Todo esto desencadenó una reacción internacional, sin precedente en el fútbol, convirtiéndose en una cuestión de Estado para Brasil al declarar el presidente Lula, en plena cumbre del G7 en Japón, que: “es importante que la FIFA, la liga española y las ligas de otros países tomen medidas serias, porque no podemos permitir que el fascismo y el racismo dominen dentro de los estadios de fútbol”. En cuanto al ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, éste fue incluso más allá afirmando que: “la postura de las autoridades españolas y de las entidades que gestionan el fútbol es criminal. Revela una innegable connivencia con el racismo”. 

 En lo que llevamos de temporada, son ya 7 las denuncias, derivadas de insultos racistas al jugador brasileño, remitidas por la Liga. Todas fueron archivadas por la Fiscalía por considerar que los insultos racistas proferidos “no revestían la dimensión penal que se postula” o por “no integrar un delito contra la dignidad de la persona” al haber durado poco segundos. En la historia del fútbol español, nunca se ha suspendido un partido por cánticos racistas y tampoco hay nadie, hasta ahora, condenado por ello. 

Curiosamente, el único partido que se ha suspendido por causa de insultos de una afición hacia un jugador, fue el del Rayo Vallecano – Albacete (2019) en el que los Bukaneros (seguidores antifascistas del Rayo) llamaron al jugador Román Zozulya: “puto nazi” al difundirse meses antes - y cuando este mismo jugador iba a ser cedido al equipo de Vallecas - unas imágenes de éste exhibiendo símbolos nazis y comparándose con Stepan Bandera, líder nacionalista ucraniano durante la segunda guerra mundial y colaborador de los nazis.

El fútbol como reflejo de la sociedad

Es bueno que estos insultos racistas hayan sido repudiados a nivel internacional y a nivel estatal. Cualquier tipo de ataque racista, homófobo o sexista no debería tener cabida en un campo de fútbol ni en ningún otro lugar. Sin embargo, y aunque no guste reconocerlo, lo que está ocurriendo en los estadios no deja de ser el fiel reflejo de lo que sucede también en el conjunto de la sociedad. 

La banalización de la extrema derecha y de las ideas que ésta defiende está favoreciendo la normalización de este tipo de conductas. No es casualidad que los grupos de aficionados que insultan en los estadios sean colectivos de ultras claramente vinculados a grupos neonazis. Así pues, las denuncias por cánticos racistas, xenófobos o incitadores a la violencia en el fútbol español se han multiplicado en los dos últimos años. Al término de la temporada 2021/2022, la Liga denunció ante la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte 114 casos.

Y lo que ocurre en los campos, ocurre también en nuestros barrios. Según el Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2021 elaborado por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, éstos han aumentado en 5,63% respecto a 2019 y confirman una tendencia alcista que se inició en 2014. Teniendo en cuenta que alrededor de un 80% de estos delitos nunca son denunciados por las víctimas, los datos reales deben ser aún más alarmantes. Entre las motivaciones de dichos delitos, el racismo y la xenofobia son ya los más frecuentes. Representan el 37% del total, con 639 casos, lo que significa que los delitos racistas han aumentado un 24% respecto a 2019.

Es más, según una investigación realizada por los periodistas David Bou y Miquel Ramos, son ya hasta 103 las víctimas de asesinatos y homicidios motivados por el odio (aparofobia, racismo o LGTBIfobia) y cuyos autores estaban vinculados a grupos o ideologías de extrema derecha, cometido en el Estado Español entre 1990 y 2020.

¡Claro que nuestro Estado es racista!

El racismo no sólo tiene que ver con la extrema derecha. El Estado también es racista y - como máximo valedor de los intereses de los más ricos- tiene como objetivo dividir y enfrentar a los y las trabajadoras nativos y extranjeros entre sí con el fin de generar una guerra entre pobres que desvíe la atención de los verdaderos responsables de la destrucción de nuestros servicios públicos, de la subida de los precios, del aumento de los desahucios, de los contratos precarios o del paro.

Los insultos a Vinicius Jr han provocado un gran rechazo y han sido tratados en todos los medios de comunicación y tertulias habidas y por haber. Sin embargo, no ocurre lo mismo con un racismo estructural e institucional que permite que desde hace 30 años hayan muerto cerca de 7000 personas en el Estrecho o que mira voluntariamente hacia otro lado dejando a miles de trabajador@s migrantes trabajando en condiciones infrahumanas en el campo andaluz.

Tal y como alertaba el relator Especial de la ONU, Philip Alston, en su informe de 2020 las condiciones de los y las trabajadoras migrantes del campo en Huelva “viven en asentamientos que rivalizan con las peores condiciones que he visto en cualquier otro sitio del mundo. Están a kilómetros de distancia de las tomas de agua, viven sin electricidad ni sanitarios adecuados. Muchos llevan ahí años, pero no pueden permitirse pagar un alquiler y sostienen que, aunque tuviesen los recursos, nadie les aceptaría como inquilinos” para acabar describiendo esos asentamientos chabolistas como “lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país”.

Y por si todo eso fuese poco, “los insultos, las violaciones y los abusos sexuales son la realidad cotidiana para miles de mujeres migrantes que trabajan en los campos de tomates y fresas de España” tal y como relató la revista alemana Correctiv en uno de sus reportajes en 2018. Desde entonces son muchas las mujeres migrantes que han padecido agresiones sexuales en sus puestos de trabajo desde Huelva a Murcia pasando por Almería denunciando que “si no se acostaban con él, no trabajaban”.

Pero esas agresiones no sólo ocurren para poder trabajar. Según un estudio del Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC) con la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) afirma que 1 de cada 10 mujeres migrantes que llegan a España de forma irregular dice haber sufrido alguna agresión sexual durante la ruta y más de la mitad denuncian que los perpetradores fueron la policía y las fuerzas de seguridad tanto en Marruecos como en España.

Para todos los que han debatido estas semanas sobre si España es o no racista, hablar de Vinicus Jr está bien, pero hablar de las condiciones de vida, de las agresiones sexuales y de las muertes de miles de trabajadores/as migrantes es aún mejor. ¿Para cuándo en “prime time”?

¿Qué está pasando en el Parque de las Ciencias de Granada?

 

En el pasado año 2020, a raíz de un decreto andaluz, la consejería de Hacienda andaluza se convertía en la interventora de todos los consorcios como el del Parque de las Ciencias o el Palacio de Congresos, así como antes había sucedido con el cambio de gestión de Sierra Nevada con la empresa Cetursa. Ya en ese momento, organizaciones políticas y la ciudadanía advirtieron de todas las problemáticas que se derivarían de esta cesión, como, por ejemplo, la toma de decisiones rápidas o la dirección de gestión y funcionamiento del parque con la sabiduría que te da el conocerlo desde dentro. 

Sorpresa ninguna cuando en marzo de este mismo año, a causa de un supuesto error, son despedidos 15 trabajador@s de la empresa Gestión de Fauna SL ocupada del servicio de aves rapaces, mariposario y acuario. Dicha empresa finalizó su contrato el 10 de marzo (lo que produjo el despido de l@s trabajador@s subcontratad@s) y, ahora, se le impide formar parte del concurso que le permitía estar en el concurso.  Esto es debido a un “error” por parte de la directiva del centro, que, acogiéndose a un despiste, se le olvidó el plazo para enviar los pliegos a la Junta de Andalucía. 

¿Qué supone esta equivocación? Desde el 10 de marzo hay 15 trabajador@s despedid@s, en una situación de precariedad puesto que no saben qué pasará con sus trabajos ni con su antigüedad (much@s llevan más de una década trabajando en el parte), por no hablar de las condiciones en las que se encuentran los animales de los que se ocupaban est@s emplead@s puesto que se ha pasado de 244 horas de servicio semanales a 19, lo que se traduce en 2 horas diarias para las aves y algo menos, tres veces por semana, para el resto de animales.

Los y las trabajadoras exigen que se les asegure que sea la empresa que se ocupe de nuevo del ámbito de las aves rapaces, mariposario y acuarios, sus contratos sean blindados y así no pierdan su antigüedad. Además, esta situación no puede perdurar en el tiempo ya que la situación de los animales es crítica. 

Por ahora, las únicas declaraciones con respecto a los despidos de estos trabajadores han sido lavándose las manos. Como siempre, los mismos que privatizan servicios son los que responsabilizan a las empresas (en este caso Gestión Fauna SL) de los despidos, pasándose así la pelota los unos a los otros mientras 15 familias se encuentran desamparados. El conjunto de la clase trabajadora granadina, organizaciones sindicales, políticas o barriales debemos estar unidos para apoyar esta lucha.

La batalla del uso del agua como bien de mercado en la explotación de Doñana

 

"El capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y el ser humano." Karl Marx.

El pasado abril la aprobación por el presidente andaluz Juanma Moreno, con el apoyo de Vox, de la tramitación por vía de urgencia de la ampliación de la superficie agrícola regable en Doñana, congelada ante las elecciones municipales y autonómicas del 28M, supuso una noticia de verdadero escándalo en el plano político y ecológico. Esto permitiría la recalificación de terrenos y que el expolio de las aguas de los acuíferos para la agricultura fuera legal en medio de la peor sequía en décadas y con el 45% del territorio rural del E. Español en riesgo de aridez

La denuncia, desde Ecologistas en acción hasta todo el arco de la izquierda, ha puesto el foco en el crecimiento descontrolado de la agricultura intensiva en los últimos años y, sobre todo, las más de 3.000 hectáreas de cultivos ilegales y los más de 2.000 pozos ilegales que llevan al acuífero a una situación crítica. Si no se actúa ya, llevan años señalando reputadas voces científicas, el agotamiento del acuífero podría ser irreversible.

La situación de Doñana es un buen exponente de lo que el capitalismo llama modernización y progreso: un proceso acelerado de explotación de territorios y trabajador@s para extraer beneficios. Aquí se encuentra el llamado Acuífero 27, que para su gestión y control se ha dividido en 5 masas de agua subterráneas, de las que 3 se encuentran en un estado terminal. El parque nacional es una zona de sacrificio: se reseca y se exporta en forma de fresas, mientras las jornaleras denuncian, a su vez, sus inaceptables condiciones laborales y la forma salvaje en la que se esquilma el territorio.

Numerosas asociaciones ecologistas y organismos internacionales como la Unesco dieron ya hace 10 años la voz de alarma y la UE abrió un procedimiento de infracción contra el Estado y la Junta de Andalucía, gobernada entonces por PSOE-IU. En diciembre de 2014 se aprobó un Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío que trataba de ordenar la expansión de cultivos que, además de haberse extendido por Doñana, ocupaba ilegalmente terreno forestal. Fue ineficaz para revertir una insostenible ocupación del territorio que ya venía de años.

Incluso así puso en pie de guerra a los regantes ilegales, cuyo lobby interpuso más de 150 recursos pidiendo derechos de agua. En los tribunales, los regantes ilegales nunca obtuvieron una sentencia favorable, de modo que redoblaron la ofensiva y presionaron al gobierno de Susana Diaz para que se cambiase la ley, a lo que accedió y se dieron os primeros pasos. La proposición presentada por el PP en el parlamento andaluz responde a la oportunidad de arañar miles de votos de los “ocupantes agrarios”, por lo que lo prometió en 2018.

En este conflicto se evidencia que el capitalismo y la dependencia natural de la acumulación a toda costa han llevado a una crisis ecológica global de la que Doñana es el síntoma. La degradación del medio ambiente es una consecuencia directa de la lógica capitalista. El capitalismo no puede abordarla, pues las empresas capitalistas buscan ser rentables a toda costa, lo que significa extraer recursos naturales a una velocidad y cantidad insostenibles, sin tener en cuenta las consecuencias ecológicas y sociales. Todo por una ordenación económica de todos los recursos dirigida a producir ganancias.

El último humedal que sobrevivía a la tremenda sequía de Doñana desapareció en septiembre de 2022: ya no hay agua dulce natural pues se ha secado la laguna de Santa Olalla, la más grande de las permanentes, que colma la sed de miles de aves migratorias y mamíferos, y esto significa que el resto de humedales también están secos. Que los 109 campos de golf de Andalucía consuman el agua equivalente a más de un millón de personas en plena sequía no es un dato irrelevante. Como señalan Ecologistas en Acción, Juanma Moreno está mandando el mensaje de que el agua es sólo un bien productivo, de mercado, y hay que determinar qué queremos hacer con el agua. Esa es la batalla, inserta dentro de los conflictos por el agua que no han hecho más que empezar en todo el mundo.

Revista IZAR nº111, junio 2023

 

Ya puedes descargar la revista de IZAR nº111 de junio de 2023 pinchando aquí

SUMARIO:

Editorial: Por una candidatura unitaria anticapitalista, revolucionaria y soberanista para el próximo 23 de julio

Estado Español: Elecciones municipales y autonómicas del 28M, un primer balance

Estado Español: La batalla del uso del agua como bien de mercado en la explotación de Doñana

Estado Español: ¿Es la nueva ley de vivienda una solución habitacional real?

Estado Español: ¿Es España racista?

Dossier: ¿Qué hay detrás del nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva?

Lucha de clases: Huelga de autobuses en Barcelona: un nuevo ejemplo de la gestión del reformismo

Lucha de clases: Crónica de la comida solidaria con la huelga de los y las trabajadoras de Butrón

Internacional: "Ni somos, ni fuimos, ni seremos marroquíes." El movimiento saharaui protesta en varios mítines de Pedro Sánchez

Internacional: Hungría, frente al ataque frontal del gobierno Orbán: el profesorado no cede

Internacional: Comunicado de OKDE-Spartakos. Apoyamos y votamos a Antarsya

Unificar la lucha por la sanidad en el Estado Español: reforzar las huelgas y movilizaciones para defender los servicios públicos y las condiciones laborales de l@s trabajador@s

 

Son muchas las comunidades autónomas que se están sumando a la lucha por la sanidad pública. Las huelgas del personal médico en Madrid han servido de ejemplo para el resto de territorios, que han ido desarrollando movilizaciones en mayor o menor extensión y logrando mejoras que, aunque insuficientes, son buenos ejemplos de cómo seguir recuperando derechos y conquistando nuevos: la huelga y la movilización sostenida de la clase trabajadora.

En Madrid, tras casi 4 meses de huelga y movilizaciones, la huelga fue desconvocada el 16 de marzo al alcanzarse un acuerdo de mínimos entre los sindicatos convocantes (Amyts y SATSE) y el gobierno de Ayuso. Aunque totalmente insuficientes, se lograban algunas de las reivindicaciones de l@s trabajador@s del sistema público sanitario madrileño: el establecimiento de un límite de pacientes por médico (30 para médicos de familia y 20 para pediatras), la recuperación de los incentivos para el turno de tarde (complemento de 500€ mensuales), un incremento de salario de 450€ mensuales en sustitución de otro complemento que perdieron…

Sin embargo, estos acuerdos aún no han sido firmados. El 24 de abril, el Comité de Huelga de Atención Primaria denunció en un comunicado público que se hubieran celebrado ya 5 consejos de gobierno y ninguno hubiera aprobado las medidas pactadas; instan a que se aprueben en el siguiente o amenazan con volver a la huelga. A estas movilizaciones se suman las del colectivo de médicos de hospitales, con varias jornadas de huelga convocadas para recuperar las 35h semanales que Rajoy incrementó a 37,5. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo aseguró que el gobierno regional no tiene ningún proyecto sobre la mesa para reducir la jornada, debido a "un coste muy alto"; l@s sanitari@s seguirán en lucha.

Algo similar ha sucedido en Navarra. La huelga de 17 días obligó a la firma de un preacuerdo que limitaba la agenda a 32 pacientes al día e incrementaba el salario con 400 euros mensuales. Los profesionales siguen en lucha por la aprobación y el cumplimiento efectivo de dicho pacto.

En Baleares y Cantabria, los acuerdos fueron alcanzados antes, a finales del año pasado. En Aragón la huelga convocada para el 31 de marzo fue desconvocada tras un acuerdo de 16 puntos firmado por el Servicio Aragonés de Salud y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, que establece una jornada anual de un máximo de 2.304 horas por profesional, el retorno progresivo a las 35 horas, el pago del tercer nivel de la carrera profesional y ratifica la posibilidad de apertura de los centros de salud de las ciudades hasta las 20:00h. Algo parecido sucedió en Asturias, la huelga fue desconvocada tras un pacto que incluye fundamentalmente mejoras retributivas; en Extremadura, donde se logró limitar a 36 pacientes la agenda diaria; y en Catalunya, con la implementación de un paquete de medidas urgentes.

En Andalucía, las movilizaciones comenzaron en enero. 2 días antes de la huelga convocada para el 27, la Junta de Andalucía se comprometía a limitar a 35 los pacientes diarios de l@s médic@s de familia y a 25 los de pediatría, así como a pagar incentivos salariales para atender las citas pendientes por las tardes. Sin embargo, las medidas no se están aplicando, lo que, sumado al paquete de medidas destinadas a inyectar fondos públicos a la sanidad privada aprobado por la Junta, ha llevado a los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, SMA y SATSE a convocar huelga todos los miércoles de abril y mayo. Sin embargo, el seguimiento está siendo reducido. Es necesario reforzar la huelga y la solidaridad del resto de sectores para evitar el gran ataque que el gobierno de Moreno Bonilla está perpetrando contra la sanidad pública.

En Galicia, tras 9 días de paro, el texto consensuado por la Xunta y 5 de los sindicatos convocantes (CIG, CCOO, CSIF, SATSE y UGT) recoge subidas salariales y complementos para la realización de guardias, entre otras cuestiones, pero es totalmente insuficiente. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) no ha firmado el acuerdo asegurando que “no representa ni siquiera de forma parcial las demandas del colectivo”; piden la “cobertura de todas las plazas vacantes” y un mínimo de 15 minutos por paciente, entre otras medidas; cuestiones que no se resuelven con subidas salariales.

En la Comunidad Valenciana, donde el personal sanitario también se ha movilizado, la CESM convocó huelga para el 8 de mayo, en contra del texto firmado por CCOO, UGT, CSIF, SATSE e Intersindical, por considerarlo “papel mojado”. En el País Vasco, tras las manifestaciones multitudinarias de los últimos meses en defensa de la sanidad pública, l@s sanitari@s se sumaron a la huelga los días 18 y 19 de mayo.

Es evidente que la lucha por la sanidad pública está logrando, en mayor o menor grado, mejoras en las condiciones laborales de l@s trabajador@s y en la prestación del servicio a l@s usuari@s. No son ni de lejos suficientes pero sí muestran que, mediante la movilización y la huelga, como mínimo lo que se puede es ganar poco, pero ganar. Para que los acuerdos alcanzados no se queden en papel mojado y para que se puedan imponer mejoras a los mismos en el corto y medio plazo, es necesario trabajar desde ya en unificar las luchas de los distintos territorios y en exigir a nivel estatal un incremento significativo del presupuesto para sanidad y el resto de servicios públicos, prohibiendo toda financiación de empresas privadas con fondos públicos, dejando de pagar la deuda y de financiar la guerra para garantizar unos servicios públicos de calidad, con condiciones laborales dignas.

Las organizaciones sindicales deberían tener esta tarea como central, en lugar de dedicarse a firmar pactos insuficientes para apaciguar a la clase trabajadora. Ya que las direcciones burocráticas tratan de paralizar los procesos, es necesaria la autoorganización de la clase trabajadora en sus centros de trabajo, uniéndose independientemente del sindicato al que esté afiliada. Es necesario construir un movimiento que supere a las direcciones sindicales burocráticas y la desmovilización de las fuerzas del gobierno de coalición. Basta de degradar los servicios públicos y las condiciones laborales: reforcemos las huelgas y movilizaciones, traigamos aquí las luchas de l@s trabajador@s frances@s.

Sumar y Podemos: una división artificial

  

Cuando en la presentación de Sumar el pasado 2 de abril, Yolanda Díaz lanzaba algún dardo contra la tutela de Pablo Iglesias y éste respondía que "Podemos se siente víctima de una campaña de desprecios, insultos y ninguneos", quedó claro que asistimos a una confrontación entre ambas organizaciones pero, ¿es un debate en base a orientaciones políticas distintas o, por el contrario, es una disputa por liederar la "alternativa" electoral al PSOE?

Sumar y Podemos, la misma política con distintas siglas

En octubre de 2018, Pablo Iglesias escribía en Twitter: "La condición para llegar a acuerdos sobre la política social, sobre política económica y sobre derechos civiles es dialogar, dialogar y dialogar". En el acto en el Polideportivo Magariños de Madrid, Yolanda Díaz planteó que: "la política con mayúsculas es dialogar con el que no piensa como nosotras para llegar a acuerdos, acordar, unir voluntades, esperanzas y sueños". Un refrito de lo que ya proclamaba el pasado julio: "La política es escuchar, esuchar y escuchar con mucha calma. La política es dialogar, dialogar y dialogar. La política es tender la mano y después de escuchar y de dialogar, sí ser capaces de llegar a acuerdos, y ¿para qué? para cambiar la vida de la gente."

 

El 17 de enero de 2014, al salir del teatro del Barrio, Iglesias afirmaba que una minoría de privilegiados había secuestrado la democracia, Díaz también se hacía eco hace unas semanas al plantear que “uno de los grandes retos de Sumar es ensanchar la democracia”. Los paralelismos entre ambos discursos son más que evidentes, como lo son la práctica que han llevado a cabo. 

 

- Con Pablo Iglesias como vicepresidente las empresas del IBEX 35 obtuvieron 57.797, un 83,5% más que en 2019. El sector de la construcción, la banca y el sector energético duplicaron, triplicaron y hasta cuadriplicaron sus ganancias durante la crisis sanitaria. Los dueños de las 100 mayores fortunas del Estado Español son 5.375 millones más ricos hoy que antes del Covid. Mientras tanto, el artículo 135 de la Constitución sigue asfixiando nuestros servicios públicos; que los desahucios se dispararon en 2021 un 57%, siendo la cifra más alta en 5 años y que los intereses de los tenedores de la deuda y de los bancos siguen estando claramente por encima de los intereses de las familias. 

 

- Con Yolanda Díaz es más de lo mismo: basta solo con observar cómo aumentan los precios y los alquileres muy por encima de los salarios, sumados a una luz y gas cada día más caros y cómo la sanidad y la educación privada siguen mermando a nuestros servicios públicos. Mientras nuestra juventud vive asolada por un paro crónico y se elabora una reforma que rebaja la cuantía de las pensiones a nuestros mayores. Y por si todo eso fuese poco, cuando l@s trabajador@s deciden movilizarse por la subida de sus salarios, la respuesta es la represión al son de las tanquetas y de una ley mordaza que no se ha derogado. 

 

Sumar, Podemos y el proyecto reformista 

 

La aparición de Sumar no responde a ningún cambio de orientación política con respecto a Podemos. Sigue siendo en esencia el mismo proyecto político, que entienden Díaz y compañía que les permitirá afrontar mejor el nuevo periodo electoral.  Porque Sumar, al igual que Podemos, defiende una orientación política centrada en los procesos electorales y en tratar de alcanzar las instituciones para acabar aplicando políticas contrarias a las que defendían en sus orígenes. 

 

El problema al que se enfrentan tanto unos como otros es el mismo. Ni han estado ni están dispuestos a enfrentarse a los intereses de los más ricos. Algunas medidas han supuesto un ligero alivio temporal para l@s que acaben beneficiándose de dicha medida, pero no cambiará en ningún caso el problema de fondo. Ese es el problema central de este gobierno y de quienes lo componen se llamen Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Irene Montero o Yolanda Díaz. Y como no están dispuestos a realizar ese enfrentamiento, construyen herramientas políticas que no buscan agudizar la movilización y la conflictividad social en la calle, en los centros de trabajo y de estudio, sino marcos para alcanzar puestos institucionales para gestionar el sistema capitalista como simple muleta del PSOE en un cogobierno. 

 

Podemos-Sumar, pero no cambiarán nuestras vidas 

 

Los llamados a la unidad electoral de unos y otros, independientemente de si se da o no, ni sirve ni va a servir para responder a las consecuencias de esta crisis perpetua que ve como se disparan los precios sin que aumenten los salarios mientras se recrudecen las guerras inter-imperialistas y se hace cada día más palpable los efectos desastrosos del cambio climático. Para cambiar este escenario hace falta algo más que una u otra propuesta de gestión “progresista” del sistema capitalista. 

 

Las organizaciones políticas, los y las sindicalistas, los y las activistas que hacemos este mismo diagnóstico tenemos una responsabilidad para converger y para proponer otra hoja de ruta. Los estallidos sociales en países como Francia o Grecia se suma al aumento de las huelgas en el Estado Español y a la masificación de la lucha por la sanidad demuestran que dicha alternativa es posible. 

 

Para ello, los y las que tenemos como brújula la imposición de un programa de urgencia social mediante la movilización y las huelgas, con total independencia de quienes gobiernen, debemos tomar la responsabilidad de converger y de hacer converger a todos los y las que salen a la calle por los servicios públicos, las pensiones, el derecho a la vivienda, la subida de los salarios o los derechos democráticos, asumiendo que defender esas cuestiones significa en la práctica enfrentarse a los intereses de los que más tienen. 

 

Desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR hemos lanzado varias propuestas al conjunto de la izquierda combativa y aunque la inmensa mayoría ha preferido obviarlas, no nos resignamos y seguiremos llevando a cabo esa política de aportar respuestas unitarias con aquellas organizaciones que nos han contestado.