Declaración de Izquierda Anticapitalista
Hace pocas semanas se difundió que dos personas se habían quitado la vida el mismo día en que iban a ser desahuciadas y una tercera lo había intentado. Estos suicidios han llegado en un momento en que el movimiento social -encabezado por las PAH- ha logrado que los desahucios pasaran de ser tragedias privadas invisibles a un acontecimiento público que conmociona a la sociedad. En este ambiente, los suicidios han sido la mecha que ha hecho explotar el rechazo social a los desahucios. Ante esta presión social, el PP ha respondido creando expectativas que finalmente ha defraudado.
El drama de los desahucios y el de la exclusión por la deuda impagable tras la pérdida de la casa no son producto de una catástrofe natural; son el resultado de la gestión del capitalismo realizada en diferentes momentos por el PP y el PSOE. Estos gobiernos mantuvieron la Ley Hipotecaria de 1944, que blinda a los acreedores y desprotege a los deudores. Continuaron la política del franquismo de primar la propiedad sobre el alquiler y la intensificaron con leyes de alquiler anti-inquilinos y con políticas fiscales para favorecer la compra, dentro de un modelo de crecimiento basado en el ladrillo. Entre 2000 y 2007 permitieron que el crédito creciera de manera disparatada y se concentrara en el sector inmobiliario, produciendo una enorme burbuja. Después han gestionado la crisis con políticas destinadas a favorecer los intereses de la banca y los grandes inversores, que han llevado al paro a millones de personas sin apenas prestaciones sociales, con lo que no pueden, no ya pagar una hipoteca, sino incluso alimentarse -hasta el punto de que una iniciativa pensada para el Cuarto Mundo, los Bancos de Alimentos, llegue a ser una demanda social-. Mientras, los desahucios han constituido una expropiación gigantesca y un formidable negocio para la banca, que se ha hecho a precio de saldo con inmuebles a los que encontrará beneficios, directamente o vía el “banco malo”, además de las hipotecas cobradas, y las deudas imputadas a las víctimas de contratos/estafas.
El Gobierno aprobó el día 15 de noviembre un decreto que no sirve en absoluto para acabar con los desahucios. Por una parte, establece unos criterios de “vulnerabilidad” arbitrarios y excluyentes: ser familia monoparental con dos hijos, numerosa o con algún miembro con un 33% de discapacidad, que los titulares de la hipoteca se encuentran en paro sin prestación o que un miembro sea víctima de violencia de género. Pero no basta con cumplir uno de estos criterios, es necesario cumplir otros cuatro, de los cuáles tanto PP como PSOE han intentado que solo se conozca uno: los ingresos han de ser inferiores al triple del IPREM, 19.200 euros anuales. Pero hay más requisitos: la cuota hipotecaria debe suponer más de la mitad de los ingresos familares, el porcentaje de los ingresos que supondría la cuota hipotecaria debe haber aumentado un 50% en los cuatro años anteriores a la solicitud -cuando precisamente en 2008 la carga de la hipoteca era altísima debido a la subida del euribor- y, por último, que el préstamo haya sido contraído para adquirir la vivienda. Quienes pasen por todos estos filtros se encontrarán en noviembre de 2014 en la calle y con una deuda que mientras tanto ha ido creciendo debido a los intereses.
El decreto no ofrece nada a las personas afectadas por los cerca de 400.000 desahucios que se han producido hasta ahora. Tampoco incluye la dación en pago necesaria para que las personas afectadas salgan de las listas de morosos y puedan deshacerse de la cadena que las va tener atadas a los bancos de por vida. Dicen que habrá viviendas para alquiler social, pero no concreta.
En resumen, el decreto recoge fielmente lo que la Asociación Española de la Banca había anunciado tres días antes (la banca dicta, el gobierno legisla). Por su parte, el PSOE se esforzó en contentar a la banca a la vez que confundía a sus posibles votantes, haciendo grandes aspavientos sobre sus desacuerdos con el PP en detalles absolutamente nimios que no cuestionaban para nada el planteamiento del decreto. No se ha escuchado a las afectadas, ni se ha atendido a las propuestas de las PAH y otros organismos, plasmadas en una Iniciativa Legislativa Popular que más de 700.000 ciudadanas y ciudadanos con derecho a voto han apoyado hasta ahora y que en enero se presentará al Congreso.
Si el PP con el decreto buscaba un respiro en la presión social, no lo ha conseguido. No ha engañado a nadie. Todo lo contrario, el movimiento ha salido fortalecido y está más activo que nunca. El decreto no sirve en la práctica a las afectadas, pero ha supuesto un paso adelante para nuestro lado de la barricada y un paso atrás para el lado del 1%. Es una importante victoria ideológica: supone reconocer legitimidad a algunas de las tesis del movimiento: las necesidades sociales están por encima de la sacrosanta Ley Hipotecaria y del derecho de los bancos a disponer de su propiedad libremente, y se les puede imponer legalmente que se sometan a ellas (recordemos que en marzo se acabó imponiendo la voluntad de la banca de que el Código fuera voluntario, no obligatorio). Es también una prueba de que luchar sí sirve para algo, de que les podemos hacer retroceder. Una muestra de que por este camino ¡Sí se puede!
Izquierda Anticapitalista apoya y hace suyas las reivindicaciones de las Plataformas de Afectad@s por la Hipoteca: dación en pago reatroactiva y moratoria de desahucios inmediata para todas las personas afectadas. Las familias ya desahuciadas por la crisis han de disponer de alquileres sociales suficientes para cubrir las necesidades. Las personas que no puedan pagar el alquiler por no tener ingresos suficientes para ello deben poder permanecer en la vivienda hasta que se negocie un nuevo precio por razón de su falta de ingresos o se les realoje en un piso de protección pública. Ninguna persona puede ir a la calle sin ofrecerle una alternativa habitacional digna. Seguiremos apoyando la lucha ejemplar de las PAH por unos mínimos innegociables.
Al gobierno del PP lo único que le queda es la mentira -“hay en total entre 4.000 y 15.000 desahucios de primera vivienda”- y el disparate, que llega al ridículo de la venta del permiso de residencia junto a la vivienda. Así no pueden seguir gobernando ¡Dimisión del gobierno!
En los planes de la burguesía y de su gobierno, las casas no son para que viva la gente, son un medio para que los ricos se hagan más ricos. Las del banco malo están destinadas a que los inversores obtengan grandes beneficios. Las que tiene la gran banca a permanecer vacías hasta que se puedan rentabilizar. Y en el colmo del absurdo, es posible que haya demoliciones para que no baje el precio. No podemos dejar en manos de la banca privada el derecho a una vivienda. El lobby que nos trajo hasta aquí, el de banqueros, grandes constructores, rentistas y políticos corruptos no puede seguir ejerciendo el poder oligopólico sobre la vivienda que ya hemos visto a qué nos ha llevado. ¡Todas las viviendas de los bancos rescatados deben pasar inmediatamente a formar parte de un parque público de alquiler social!
La propuesta de una parte de la banca es profundizar la vía que nos ha llevado hasta aquí: construir más casas y dar más hipotecas. No podemos continuar con un modelo destructor de las vidas y del medio ambiente. ¡Nacionalización de la banca bajo control social que permita que los recursos se inviertan según criterios sociales y ecológicos y no según la lógica del máximo beneficio para los ricos!
La lógica del capitalismo está quedando clara: los beneficios valen más que las vidas. No hay más que escuchar a la AEB amenazar con cerrar el grifo del crédito si para paliar el drama se dictan medidas que reduzcan sus beneficios ¡Por un modelo de sociedad en que valgan más las vidas que los beneficios! ¡El capitalismo no sirve, tenemos que acabar con él!
Izquierda Anticapitalista
www.anticapitalistas.org
29-11-2012
Hace pocas semanas se difundió que dos personas se habían quitado la vida el mismo día en que iban a ser desahuciadas y una tercera lo había intentado. Estos suicidios han llegado en un momento en que el movimiento social -encabezado por las PAH- ha logrado que los desahucios pasaran de ser tragedias privadas invisibles a un acontecimiento público que conmociona a la sociedad. En este ambiente, los suicidios han sido la mecha que ha hecho explotar el rechazo social a los desahucios. Ante esta presión social, el PP ha respondido creando expectativas que finalmente ha defraudado.
El drama de los desahucios y el de la exclusión por la deuda impagable tras la pérdida de la casa no son producto de una catástrofe natural; son el resultado de la gestión del capitalismo realizada en diferentes momentos por el PP y el PSOE. Estos gobiernos mantuvieron la Ley Hipotecaria de 1944, que blinda a los acreedores y desprotege a los deudores. Continuaron la política del franquismo de primar la propiedad sobre el alquiler y la intensificaron con leyes de alquiler anti-inquilinos y con políticas fiscales para favorecer la compra, dentro de un modelo de crecimiento basado en el ladrillo. Entre 2000 y 2007 permitieron que el crédito creciera de manera disparatada y se concentrara en el sector inmobiliario, produciendo una enorme burbuja. Después han gestionado la crisis con políticas destinadas a favorecer los intereses de la banca y los grandes inversores, que han llevado al paro a millones de personas sin apenas prestaciones sociales, con lo que no pueden, no ya pagar una hipoteca, sino incluso alimentarse -hasta el punto de que una iniciativa pensada para el Cuarto Mundo, los Bancos de Alimentos, llegue a ser una demanda social-. Mientras, los desahucios han constituido una expropiación gigantesca y un formidable negocio para la banca, que se ha hecho a precio de saldo con inmuebles a los que encontrará beneficios, directamente o vía el “banco malo”, además de las hipotecas cobradas, y las deudas imputadas a las víctimas de contratos/estafas.
El Gobierno aprobó el día 15 de noviembre un decreto que no sirve en absoluto para acabar con los desahucios. Por una parte, establece unos criterios de “vulnerabilidad” arbitrarios y excluyentes: ser familia monoparental con dos hijos, numerosa o con algún miembro con un 33% de discapacidad, que los titulares de la hipoteca se encuentran en paro sin prestación o que un miembro sea víctima de violencia de género. Pero no basta con cumplir uno de estos criterios, es necesario cumplir otros cuatro, de los cuáles tanto PP como PSOE han intentado que solo se conozca uno: los ingresos han de ser inferiores al triple del IPREM, 19.200 euros anuales. Pero hay más requisitos: la cuota hipotecaria debe suponer más de la mitad de los ingresos familares, el porcentaje de los ingresos que supondría la cuota hipotecaria debe haber aumentado un 50% en los cuatro años anteriores a la solicitud -cuando precisamente en 2008 la carga de la hipoteca era altísima debido a la subida del euribor- y, por último, que el préstamo haya sido contraído para adquirir la vivienda. Quienes pasen por todos estos filtros se encontrarán en noviembre de 2014 en la calle y con una deuda que mientras tanto ha ido creciendo debido a los intereses.
El decreto no ofrece nada a las personas afectadas por los cerca de 400.000 desahucios que se han producido hasta ahora. Tampoco incluye la dación en pago necesaria para que las personas afectadas salgan de las listas de morosos y puedan deshacerse de la cadena que las va tener atadas a los bancos de por vida. Dicen que habrá viviendas para alquiler social, pero no concreta.
En resumen, el decreto recoge fielmente lo que la Asociación Española de la Banca había anunciado tres días antes (la banca dicta, el gobierno legisla). Por su parte, el PSOE se esforzó en contentar a la banca a la vez que confundía a sus posibles votantes, haciendo grandes aspavientos sobre sus desacuerdos con el PP en detalles absolutamente nimios que no cuestionaban para nada el planteamiento del decreto. No se ha escuchado a las afectadas, ni se ha atendido a las propuestas de las PAH y otros organismos, plasmadas en una Iniciativa Legislativa Popular que más de 700.000 ciudadanas y ciudadanos con derecho a voto han apoyado hasta ahora y que en enero se presentará al Congreso.
Si el PP con el decreto buscaba un respiro en la presión social, no lo ha conseguido. No ha engañado a nadie. Todo lo contrario, el movimiento ha salido fortalecido y está más activo que nunca. El decreto no sirve en la práctica a las afectadas, pero ha supuesto un paso adelante para nuestro lado de la barricada y un paso atrás para el lado del 1%. Es una importante victoria ideológica: supone reconocer legitimidad a algunas de las tesis del movimiento: las necesidades sociales están por encima de la sacrosanta Ley Hipotecaria y del derecho de los bancos a disponer de su propiedad libremente, y se les puede imponer legalmente que se sometan a ellas (recordemos que en marzo se acabó imponiendo la voluntad de la banca de que el Código fuera voluntario, no obligatorio). Es también una prueba de que luchar sí sirve para algo, de que les podemos hacer retroceder. Una muestra de que por este camino ¡Sí se puede!
Izquierda Anticapitalista apoya y hace suyas las reivindicaciones de las Plataformas de Afectad@s por la Hipoteca: dación en pago reatroactiva y moratoria de desahucios inmediata para todas las personas afectadas. Las familias ya desahuciadas por la crisis han de disponer de alquileres sociales suficientes para cubrir las necesidades. Las personas que no puedan pagar el alquiler por no tener ingresos suficientes para ello deben poder permanecer en la vivienda hasta que se negocie un nuevo precio por razón de su falta de ingresos o se les realoje en un piso de protección pública. Ninguna persona puede ir a la calle sin ofrecerle una alternativa habitacional digna. Seguiremos apoyando la lucha ejemplar de las PAH por unos mínimos innegociables.
Al gobierno del PP lo único que le queda es la mentira -“hay en total entre 4.000 y 15.000 desahucios de primera vivienda”- y el disparate, que llega al ridículo de la venta del permiso de residencia junto a la vivienda. Así no pueden seguir gobernando ¡Dimisión del gobierno!
En los planes de la burguesía y de su gobierno, las casas no son para que viva la gente, son un medio para que los ricos se hagan más ricos. Las del banco malo están destinadas a que los inversores obtengan grandes beneficios. Las que tiene la gran banca a permanecer vacías hasta que se puedan rentabilizar. Y en el colmo del absurdo, es posible que haya demoliciones para que no baje el precio. No podemos dejar en manos de la banca privada el derecho a una vivienda. El lobby que nos trajo hasta aquí, el de banqueros, grandes constructores, rentistas y políticos corruptos no puede seguir ejerciendo el poder oligopólico sobre la vivienda que ya hemos visto a qué nos ha llevado. ¡Todas las viviendas de los bancos rescatados deben pasar inmediatamente a formar parte de un parque público de alquiler social!
La propuesta de una parte de la banca es profundizar la vía que nos ha llevado hasta aquí: construir más casas y dar más hipotecas. No podemos continuar con un modelo destructor de las vidas y del medio ambiente. ¡Nacionalización de la banca bajo control social que permita que los recursos se inviertan según criterios sociales y ecológicos y no según la lógica del máximo beneficio para los ricos!
La lógica del capitalismo está quedando clara: los beneficios valen más que las vidas. No hay más que escuchar a la AEB amenazar con cerrar el grifo del crédito si para paliar el drama se dictan medidas que reduzcan sus beneficios ¡Por un modelo de sociedad en que valgan más las vidas que los beneficios! ¡El capitalismo no sirve, tenemos que acabar con él!
Izquierda Anticapitalista
www.anticapitalistas.org
29-11-2012
