Daniel Albarracín || Viento Sur
¿Cuál es el origen del endeudamiento y por qué ocupa una centralidad en la economía capitalista actual?
Tratando de proseguir su avance, el capitalismo contemporáneo ha sumado
nuevas contradicciones. Debido a una larga política de huida hacia
adelante como la que comportaron las medidas, en un primer lugar para
financiarizar la economía y, en un segundo, para socializar las deudas
privadas, acarreamos a nuestra espalda volúmenes insostenibles e
impagables de deuda. Principalmente privada, pero cada vez más pública.
A la crisis de sobreproducción de los años 1970 se le hizo frente con
políticas de austeridad con el objetivo de restablecer la tasa de
rentabilidad. Para evitar los efectos recesivos de esa estrategia, se
indujo a la economía a asimilar un anabolizante: el crédito a gran
escala. Y a partir de los años 1990 se emprendió, particularmente, una
política de desregulación financiera, de descontrol de las prácticas
bancarias, de titularización en los mercados financieros y de impulso de
políticas monetarias, que facilitaban liquidez y crédito. Un esquema
singular de políticas financieras y monetarias que ponían del lado del
acreedor condiciones contractuales que les garantizaba la recuperación
de lo prestado y réditos sumamente lucrativos. En Europa, aquel contexto
de financiarización, que se extendió a gran escala, tuvo su culminación
y forma específica en la consagración de la UE y el Sistema Euro.
Dicha política económica contribuyó a prolongar la última onda larga
de acumulación, esquivando el hundimiento esperable por la combinación
de la política de austeridad y la sobreproducción reinante. Desde
mediados de los años 1990, la sucesión de burbujas condujo a una enorme
inestabilidad como fruto de la hipertrofia financiera y un crecimiento
formidable de capital ficticio, que algún día estaban llamadas a
estallar. La aparente y transitoria desconexión de la apreciación de los
diferentes bonos y de la rentabilidad financiera con los
correspondientes “indicadores fundamentales” (rentabilidad operativa,
crecimiento, inversión, empleo, etc.) duró décadas, hasta que el año
2007 inauguró una etapa completamente nueva que rompe con aquella
anomalía. A partir de entonces, la crisis trajo consigo el agotamiento
de este modo de desarrollo excepcional. Junto a un nuevo descenso de la
tasa de beneficio, los costes financieros se elevaron hasta tal punto
que la tasa de ganancia efectiva se resintió, inaugurando una espiral de
recesión, estancamiento y deflación.
El proceso de desendeudamiento empresarial ha sido muy reducido,
mientras que la deuda pública se ha disparado, y los montantes globales
de la deuda no dejan de crecer en este periodo. Así, a un viejo problema
se le ha añadido otro nuevo: el de la formidable y voluminosa deuda
acumulada. En el Estado español, con una deuda global de entorno al 450%
del PIB y una deuda pública que rodea el 100%, el agujero negro
ocasionado succionará cualquier crecimiento eventual, excedente
empresarial o superávit público primario para devolver los compromisos
de la deuda, monopolizada principalmente por grandes acreedores
financieros, buena parte de ellos centroeuropeos.
Condiciones y límites de las políticas neoliberales y neokeynesianas.
Las políticas convencionales difícilmente superaran este lastre que nos
acompañará por décadas. Desde la lógica del sistema, son cuatro los
factores que determinan la política para hacer frente a la deuda:
a) Facilitar la rentabilidad capitalista –mediante reducciones
salariales o incrementos de la productividad laboral-, para recuperar la
inversión. Dado que la productividad tiene un recorrido de mejora
limitado en el contexto actual, las desinversiones selectivas, los
recortes en las condiciones laborales y los despidos proseguirían
deprimiendo el consumo, al mismo tiempo que los excedentes generados no
se reinvertirían, sino que se emplearían en devolver la deuda
empresarial o para cubrir los agujeros de insolvencia preexistentes.
b) Que el superávit público primario supere la cuantía de devolución
de la deuda pública anual y sus intereses. Esto exigiría superar el 3,8%
del PIB en este indicador, cuando en 2013 el déficit público primario
fue del -3,7%. Escoger esta vía supondría unos recortes del 7,5% del PIB
adicionales, si es que no viene acompañada de una reforma tributaria
que aumente la presión fiscal –algo no descartable, y que podría venir
vía impuestos indirectos-. Aunque no fuesen de esa dimensión, si se
continúa con los recortes públicos, la economía volvería a una nueva
recesión. En tal escenario, los superávit públicos primarios (cuando,
antes de pagar el servicio de la deuda, los ingresos fiscales superan
los gastos públicos) terminarían siendo, finalmente, una quimera. Sin
contar que, debido a la generosidad de los últimos gobiernos para
rescatar o subvencionar al capital en una gran operativa de conversión
de la deuda privada en pública, el monstruo es cada vez mayor.
c) Otra opción, dentro de una gestión capitalista ortodoxa, es que el
crecimiento de la economía se incremente a un ritmo superior al tipo de
interés real de la deuda. Actualmente la economía europea se encuentra
estancada y los tipos de interés no pueden bajar más, al estar en
mínimos históricos. La previsión es que, al no haberse restaurado
apreciablemente la tasa de rentabilidad efectiva –sólo lo ha hecho
mínimamente para las grandes empresas, las pequeñas siguen en niveles
negativos o ínfimos-, pronto se volverá a la recesión, preanunciada por
la deflación. La recesión puede volver a presentarse, una vez se agoten
las miniburbujas ocasionadas por las facilidades financieras creadas por
los grandes bancos centrales internacionales, que surten crédito a
fondos de inversión acaparadores o los efectos del fin de la crisis
industrial periódica –que permite a las empresas supervivientes tomar
los mercados abandonados por las quebradas-.
d) O que la base monetaria/PIB aumente, favoreciendo la inflación.
Pero en el contexto actual, deflacionario, la trampa de la liquidez
campa a sus anchas y las políticas monetarias expansivas (tipo
quantitative easing, que dirigen el crédito prácticamente al mercado
interbancario y de ahí se deriva muy poco al resto) han demostrado su
ineficacia en este contexto. La deflación aumentará, por otra parte, el
nivel de endeudamiento.
Pero otras medidas menos ortodoxas, en la esfera neokeynesiana –no
confundir con el paradigma postkeynesiano- también fracasarán, por ser
insuficientes en sí mismas. En esta línea se ha planteado el objetivo de
“hacer sostenible el pago de la deuda”, ya que algunos autores han
advertido de lo impagable de la misma. En efecto, 4,5 billones de euros
de deuda para la economía española resultan impagables. La diferencia de
esta aproximación es que las medidas que plantean pasan por una
iniciativa de renegociación que sitúa en el lado débil a los países
endeudados. Aun cuando planteasen un esquema tributario progresivo y
redistributivo, o una reestructuración que aliviaría plazos de pago,
intereses o incluso quitas, su alternativa persigue una fuerte –e
improbable- recuperación económica y una reindustrialización para tratar
de competir a nivel internacional, sin contemplar en ningún momento si
eso es compatible con los límites ecológicos del planeta. Ahora bien,
presumiblemente su estrategia pasaría por una reactivación económica, un
aumento de impuestos a las rentas altas, recobrar superávits primarios
suficientes para pagar los compromisos aliviados de la deuda pública, o
proseguir una política monetaria expansiva mejorando, esta vez, las
condiciones de acceso al crédito. Quizá también mancomunando a escala
europea la deuda y creando los eurobonos.
Aunque incluye medidas razonables, sin embargo, esta estrategia es
insuficiente, debido a que para algunos de los autores que la defienden,
no tocarían aspectos que podrían volver a crear el mismo problema. En
concreto, en el capitalismo global, la división internacional del
trabajo sin corrección y una especialización dependiente, suponen una
desigualdad estructural en los niveles de productividad que
reproducirían de nuevo las condiciones de desequilibrio exterior que
empujarían a un nuevo endeudamiento. Más aún en el marco del Sistema
Euro, que presiona a una devaluación fiscal y laboral y unos déficits
exteriores persistentes. Pero además, aparte de lo ilusorio de una
posible mancomunidad europea de las deudas, que no admitirían los
gobiernos y capitales centroeuropeos, esta solución apenas conseguiría
más que cambiar de lugar la deuda, del nivel estatal al supranacional,
quizás gestionándola de manera más aliviada pero sin resolver la
desigualdad estructural entre acreedores y endeudados ni la formidable
losa que implica.
Entonces, ¿qué alternativa para hacer frente al terremoto de la deuda?
La montaña de deuda es una de las expresiones –junto a las acciones,
títulos sobre bienes raíces, etc.- del volumen de capital ficticio
creado durante las últimas décadas. Se trata de los innumerables títulos
y bonos financieros que no van a contar con los retornos económicos que
sus tenedores esperaban en su día, porque las condiciones materiales
para su revalorización o rentabilidad se han venido abajo. Es decir,
gran parte de los bonos titularizados en los mercados financieros han
visto y seguirán viendo cómo su valor de desploma. La destrucción de
capital ficticio es inevitable, al igual que lo es el impacto que
causará el volumen de deudas existente.
Es como si hubiésemos detectado, como el geólogo que, poco a poco o
de manera intensa, más tarde o más temprano, se producirá un o varios
seísmos, hasta que la fuerza tectónica existente bajo nuestros pies se
libere. Pero este problema no es sólo económico, es principalmente
político. La diferencia estriba en que este impacto puede ser dirigido
políticamente. Se pueden poner medidas para dosificar su impacto
–mancomunar las deudas- y, sobre todo, se puede contribuir políticamente
a que el mismo se cargue sobre una parte de la sociedad o sobre otra.
Nosotros, claro está, nos esforzaremos para que sean las clases
privilegiadas quienes soporten la violencia económica de este golpe.
Para nosotros no se trata de hacer sostenible la deuda, sino de
conseguir que los recursos e instrumentos económicos de la sociedad
estén en manos de las clases populares, de conseguir una economía
democrática plenamente soberana al servicio de las necesidades sociales.
Así pues, no aspiramos a que la economía se adapte y funcione mejor en
un entorno capitalista, sino a establecer las bases para acabar con la
lógica socioeconómica y política capitalista, apoyando todas las medidas
que contribuyan al objetivo de una sociedad empoderada y libre del yugo
del privilegio de la minoría.
Cualquier estrategia que persiga este objetivo no lo tendrá fácil ni
estará libre de enemigos. Hay que ser conscientes del largo trecho que
habrá que recorrer para acercarnos al mismo. Para contar con una
brújula, con un esquema de criterios, recordamos la relevancia de los
siguientes:
· El capitalismo global, la dependencia financiera y energética de
países concretos como el Reino de España, apuntan a una debilidad del
Estado-Nación, insoslayable sin la construcción de marcos
supranacionales solidarios bajo el gobierno de las clases populares.
· No se trata de renegociar cooperativamente, la otra parte no lo
hará, sino de emplear la fuerza sociopolítica para conseguir una
posición decisiva en cualquier proceso de cuestionamiento de las deudas.
A este respecto, merece la pena invocar el volumen sistémico de la
deuda española (incluso lo es mayor el de la italiana), o la amenaza y
consecuencias de una salida del euro, de cara a un proceso de
reestructuración, haciendo que si la otra parte se sienta a la mesa lo
haga en el lado débil.
· No es suficiente apelar a una reestructuración, sino que es preciso
definir su carácter y disponer toda la voluntad política para
dirigirla. Se trata de plantear una reestructuración liderada por un
gobierno popular, que unilateralmente emplea su soberanía para definir
quitas selectivas de la deuda calificada de ilegítima –en función de la
naturaleza social del tenedor de la deuda-, repudios de la deuda odiosa,
encausamiento de los responsables políticos y beneficiarios, y
reducción de intereses o aplazamiento de la deuda restante.
· No se trata de decir que pagaremos lo que podamos, sino de afirmar
categóricamente que nuestra economía debe estar libre de ataduras que
vayan contra al interés particular, y que los recursos existentes deben
estar al servicio de los pueblos. Se trata de decretar que un porcentaje
de la deuda no se pagará por su condición odiosa o ilegítima.
· No sólo debemos proceder sobre las deudas públicas, sino de
emprender una política que defienda a la parte débil a la hora de
suscribir las deudas hipotecarias.
Para ello parece necesario identificar un conjunto de iniciativas
políticas que deriven en que la parte de las deudas ilegítimas y odiosas
recaigan entre los capitalistas, tales y como pueden ser, en la medida
que puedan formarse gobiernos populares:
Ø Decretar una moratoria de la deuda pública y emprender una
auditoría ciudadana –en la que participen miembros de organizaciones
sociales comprometidos con este fenómeno (como la PACD, el CADTM o el
OdG), y expertos elegidos democráticamente, y cuyos resultados estén
bajo control social, por un plazo de seis meses.
Ø Se trata de abrir un proceso de evaluación de las políticas
públicas para determinar qué porcentaje de la deuda es ilegítima, en
base a un vector: la conversión de las deudas privadas en públicas. Para
este cometido se estudiarán los efectos del modelo tributario y del
volumen de gasto público, para realizar una aproximación al crecimiento
de la deuda pública, que partió del 37% del PIB en 2007 hasta superar el
100% a finales de 2014.
Ø La aplicación selectiva de porcentajes de quita o de reducción de
tipos o alargamiento de plazos, dejando intactos los derechos sobre
pequeños ahorradores (menos del 1% del total de la deuda), fondos de
pensiones y fondo de reserva de la seguridad social.
Ø Se realizaría una auditoría de las diferentes partidas
presupuestarias, identificando los destinos del gasto. Las ayudas y
rescates al capital se convertirían en acciones de oro (en manos
públicas). Las partidas de gasto que sirvieron al interés o
enriquecimiento particular o constituyeron un gasto infructuoso serán
declaradas deudas odiosas y se exigirá su devolución, con el
consiguiente encausamiento penal de los políticos implicados y los
beneficiarios de estos proyectos.
Ø Se intentará, si es posible, la concertación de iniciativas
similares en otros países damnificados, de cara a fortalecer las medidas
unilaterales a adoptar o la fuerza negociadora, en la que se tendrá en
cuenta el reforzamiento de la cooperación económica entre los países
implicados como endeudados (en materia financiera, inversiones,
comercial, etc.) y el replanteamiento de las relaciones con la UE (desde
la revisión de políticas, tratados, instituciones o cualquier
iniciativa emancipadora que se contemple).
Ø Se realizarán las medidas complementarias que sean precisas:
simultanear el proceso de moratoria con un establecimiento transitorio
de control de movimiento de capitales para evitar fugas; nueva
regulación del sistema financiero privado para garantizar los depósitos y
la función social del crédito, y con una cláusula que indique que en
caso de incumplimiento supondrá el paso de su patrimonio a un nuevo polo
bancario público; una reforma fiscal progresiva que soporte el esfuerzo
fiscal principal en las grandes fortunas, rentas del capital y altas; o
una política de inversiones masiva para extender infraestructuras e
industrias basadas en energías renovables, para reducir la dependencia
energética y minorar la emisión de gases de efecto invernadero.
Ø Se emprenderá una política para atajar la deuda hipotecaria de los
hogares, estableciendo una quita de los montantes de la deuda de la
vivienda en la que se resida, equivalente a la caída en el valor de la
tasación del inmueble. Se eliminarán las cláusulas suelo. Se establecerá
la dación en pago para acabar con la deuda definiendo el derecho al
usufructo mediante conversión en alquiler social (un máximo del 30% de
los ingresos familiares), desarrollando medidas fiscales de alto
gravamen sobre las viviendas vacías o en desuso, y haciendo pasar a un
parque público de alquiler las viviendas del SAREB.
Ø Aunque es probable que el impago selectivo tenga consecuencias
transitorias negativas (cierre temporal a los mercados financieros,
posible expulsión del euro –si no se alcanza un acuerdo que redefina las
reglas europeas-, encarecimiento de las materias primas y energía si
hay que tomar una nueva moneda devaluada, etc.), se podrá contar con
resortes y recursos nuevos: la deuda aminorada puede liberar más de un
6% adicional del PIB para recursos públicos, la reforma fiscal para
alcanzar la media europea un 8% más, y la lucha contra el fraude
efectiva otro 8%, lo que sumando con la configuración de un polo público
bancario, puede afirmarse que podrá responderse a esta situación, mejor
aún si este camino se emprende en compañía de otros países solidarios.
Es preciso incluir en la agenda política una explicación pedagógica a la
población que ponga sobre la mesa el coste de la libertad, para que se
observe el horizonte y se convenza de que merece la pena. Sin el apoyo
popular difícilmente podrá llevarse adelante medidas de esta naturaleza.
17/12/2014
Comunicado de ANTARSYA
ante la 3ª votación para la elección presidencial 
