Desde Izquierda Anticapitalista Granada queremos manifestar nuestro más sincero rechazo a la “Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Granada”, que entró en vigor el pasado 11 de noviembre y que fue aprobada con los votos de PP y PSOE, uniendo así nuestra voz a la de las demás asociaciones, organizaciones y colectivos de la ciudad que han mostrado ya su repulsa.
La norma, que contempla medidas sancionadoras y otorga a la Policía Local competencias que no le son propias, pretende ‘preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo’ mediante una lista de prohibiciones que incluye la criminalización de determinadas conductas, como son la mendicidad, el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales, el consumo de bebidas y alimentos, las actuaciones en la calle sin autorización,…
La ordenanza, más restrictiva que la existente en Barcelona, es un arma política tan ambigua que permite que la capacidad sancionadora y las denuncias se hagan en función de la interpretación de las actuaciones por parte de la Policía Local, por lo que se puede llegar a situaciones tan absurdas como que te multen por ir en bici, formes parte de un grupo de gente que habla en la calle, cuelgues ropa en el balcón… Este control político se extiende a los movimientos sociales y a las organizaciones que tienen su principal intervención en la calle, puesto que permite actuar sin impunidad a los cuerpos de seguridad ante un reparto de panfletos en una concentración, el uso de megáfono y canto de consignas en una manifestación…Un ejemplo claro de que la ordenanza es en si misma un recorte de libertades ciudadanas en cuanto al uso de espacio público disfrazada de código de conducta, es en lo referente a la publicidad y cartelería: ‘únicamente se autorizará el pegado de carteles en las carteleras municipales’, carteleras municipales que brillan por su ausencia en Granada.
Aunque la peor parte sin duda se la llevan los colectivos más vulnerables como son l@s inmigrantes que viven de la venta ambulante, sin techo y trabajadoras del sexo. Pensamos que la ordenanza es una herramienta selectiva en su aplicación y que el conjunto de medidas presentadas por el ayuntamiento son insuficientes e inefectivas si se trata de acabar con la marginación, la miseria y la pobreza de las personas más desfavorecidas. Es por ello por lo que sospechamos que no es ese su objetivo, sino más bien “limpiar la ciudad” de todo aquello que resulta indeseable para sus gentes bienpensantes, que viene siendo práctica habitual de este gobierno local. La criminalización de la pobreza y el ataque a estos colectivos, como las mujeres inmigrantes y las prostitutas, que se desprende de esta ordenanza es más que evidente, así como la arbitrariedad de la administración local para dictaminar que es sancionable y penalizable.
No por invisibilizar aún más a las personas que sufren de la pobreza y la exclusión social acabamos con ella, es por ello, que lamentamos la falta de interés y propósito de las administraciones en proporcionar unas medidas sociales reales para solucionar y dotar de condiciones de vida dignas a estos colectivos. La solución no es la adopción de medidas policiales represivas de acoso y derribo a la usanza de la tan conocida ley de vagos y maleantes de la sombría dictadura del franquismo.
Esta ordenanza pone de manifiesto la mirada parcial del gobierno local de una realidad que es muy compleja, como es la de la prostitución y la inmigración: sabe bien a quién tocar y a quién no, ya que está focalizada a colectivos con poca capacidad de movilización, organización y reacción.
Hay que fomentar la inclusión en la sociedad de las personas y colectivos que se hallan en la marginalidad. Fomentando la solidaridad y la ayuda hacia ellos con políticas y dotaciones prespuestarias reales por parte de la administración local. Es necesaria y urgente una mayor protección social, una educación en la convivencia, en los valores sociales más democráticos en oposición a las multas, los hostigamientos, las persecuciones y represiones policiales que es lo que por parte del ayuntamiento de Granada con la ordenanza ya aprobada y en vigor se pretende.
Tememos así mismo que este conjunto de medidas represivas y criminalizadoras tomadas por el ayuntamiento sean copiadas y llevadas a cabo por otros municipios de la comunidad haciendo generalizada los posicionamientos fascistas de busca y captura hacia los grupos más vulnerables y los más desfavorecidos.
La solidaridad, el respeto y el reparto igualitario de derechos debe estar garantizado para todos y todas, porque sólo hay algo peor que la marginación y la estigmatización con derechos, y es la marginación y la estigmatización sin ellos.
Es por todo esto por lo que creemos que es necesaria una respuesta unitaria en la calle, tanto de asociaciones, colectivos, organizaciones políticas, sindicatos e individuales de todos los sectores que haga frente a estas políticas represivas, por tanto nos sumamos a todas las iniciativas que están surgiendo, ¡porque la calle es para quién la pisa!
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