El próximo 28 de mayo tendrán lugar las elecciones municipales en el conjunto del Estado y las autonómicas en algunos territorios como Madrid, Pais Valenciá o Navarra. Estas elecciones serán, sin duda, un anticipo de lo que pueda ocurrir en las próximas generales previstas para finales de año. En ese sentido, todas las previsiones hablan de un aumento del PP y de Vox, aunque no está claro aún que puedan alcanzar una mayoría absoluta que les permita acabar gobernando. La irrupción de SUMAR, que no se presenta en la contienda electoral del 28 de mayo, pretende reagrupar a la izquierda institucional a la izquierda del PSOE con un discurso que asume sin complejo alguno su papel de muleta del PSOE de Sánchez para acabar reeditando un gobierno de “izquierdas” en minoría.
¿Qué balance para esos gobiernos de “izquierdas” municipalistas y central?
La creación de Podemos en 2014 trajo consigo, en las municipales de 2015, la irrupción en numerosos ayuntamientos de los mal llamados “gobiernos del cambio”. 4 años después, ciudades como Zaragoza o Madrid, que habían sido gobernadas por Zaragoza en Común y por Ahora Madrid respectivamente, pasaron a ser gobernadas por el PP de Azcón y Almeida. Las políticas llevadas a cabo por esas confluencias vinculadas a Podemos no se enfrentaron a los intereses financieros y empresariales que realmente mandan en esas ciudades. Los cambios en nuestras vidas no llegaron y la desilusión creció en gran parte de sus votantes, que veían cómo estos gobiernos no respondían a los problemas del empleo, de los salarios o de la vivienda negándose, incluso, a recuperar la gestión pública de los servicios que habían sido en el pasado privatizados.
El caso de Madrid, con Manuela Carmena a la cabeza, fue muy paradigmático ya que, lejos de aportar soluciones a los problemas cotidianos en materia de vivienda o de empleo, acabó siendo recordada por la alcaldesa de la mayor operación de especulación urbanística realizada en la ciudad bajo el nombre de “Operación Chamartín” y por la del pago íntegro de una deuda municipal que, al llegar al consistorio, consideraba ilegítima en un 80% y cuya responsabilidad, afirmaba, recaía en las empresas privadas.
En cuanto a las ciudades en las que los ayuntamientos del “cambio” revalidaron gobierno, el balance de sus políticas no es mucho más halagüeño. En el caso de Ada Colau, su condición previa de fundadora de la PAH de Barcelona no ha conllevado ningún cambio tangible en la cuestión de la vivienda. 8 años después de su llegada a la alcaldía, el precio de los alquileres se ha disparado (con un incremento de hasta un 50% desde 2015) mientras los desahucios siguen siendo una cruel realidad. En cuanto a las externalizaciones, ningún cambio reseñable. Ni siquiera sirvió de apoyo a luchas de trabajadores/as tan emblemáticas como las de Movistar y TMB en las que, al contrario, se atrevió incluso a deslegitimar sus huelgas haciendo público sus salarios. En cuanto al “anticapitalista” Kichi, es imposible hacer balance de sus 8 años al frente del ayuntamiento de Cádiz sin recordar su apoyo incondicional al contrato de Navantia con Arabia Saudí para construir fragatas de guerra para matar a Yemenis, su concesión de la medalla de oro de la ciudad a la Virgen del Rosario, su equidistancia ante la represión / aplicación del 155 en Cataluña y la declaración unilateral de independencia, su compadreo con Felipe VI al recibirlo con bombos y platillos hace unos meses en el IX Congreso de la Lengua Española o las recientes externalizaciones de los cursos municipales. Todo eso envuelto en unos datos económicos que siguen siendo escalofriantes con un 25% de paro, tres lanzamientos diarios (segunda provincia de Andalucía en valor absoluto con más desahucios) y con más de la mitad de los gaditanos y gaditanas que trabajan con una remuneración por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.
En lo que se refiere al gobierno central “más progresista de la historia”, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el grueso de las políticas antisociales instauradas por los gobiernos anteriores (ZP y Rajoy) se mantienen hoy en vigor con una reforma laboral no derogada, una ley mordaza intacta, una edad de jubilación mantenida a los 67 años o una ley 15/97 que permite la privatización de la sanidad pública...
A todo esto hay que sumarle las condiciones actuales de vida de los y las trabajadoras y de la juventud que no sólo no mejoran sino que, además, empeoran en términos de poder adquisitivo. “Cada vez cuesta más vivir…aunque no para todos” tal y como dice nuestra campaña. Efectivamente, mientras la pobreza sigue creciendo (la población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó en un 27,8% en 2021), los beneficios empresariales no cesan de aumentar alcanzando unas cifras récord en 2022 con 52 000 millones de euros para la empresas del IBEX 35 en 1 año.
Aunque los ataques a este gobierno por parte de la derecha y de la extrema derecha puedan hacer pensar otra cosa, éste ha regalado miles de millones de euros en ayudas públicas a las empresas mientras nos dedicaba unas limosnas (Ingreso Mínimo Vital) a los y las trabajadoras. Unas limosnas que, además, tardan mucho o directamente no llegan alcanzando sólo al 12% de la población bajo el umbral de la pobreza.
Sin embargo, tal y como hemos visto anteriormente hay dinero. Las ayudas públicas ingentes recibidas por las empresas o los macro beneficios realizados por los Amancio Ortega y demás Botines muestran que el problema no es el dinero sino quién lo tiene y para que se destina. Así pues, convertirse en el gobierno que más dinero público destina al gasto militar duplicando la partida de educación y superando la de sanidad no deja de ser una elección política que sirve unos intereses concretos que nada tienen que ver con la mayoría de la sociedad: en este caso el de la guerra y el del imperialismo europeo y estadounidense materializado en la OTAN. No es de extrañar entonces que Biden reciba a Sánchez en la Casa Blanca con la alfombra roja y que éste se lo devuelva con un aumento de la presencia yanqui en Rota pasando de 4 a 6 destructores y acordando con EEUU que éste pueda expulsar al Estado Español a los y las trabajadoras migrantes latinas en función de las necesidades de la patronal española. Un pasito más, por parte del gobierno PSOE-UP, en la asimilación a las políticas de derechas en lo que se refiere a materia migratoria de las que conviene no olvidar la matanza de la valla de Melilla, en las que murieron 23 personas, así como el despliegue del ejército en Ceuta, hace ahora dos años.
Las derechas esperan al acecho viendo como este gobierno aplica parte de sus políticas
En esta situación, las derechas no dejan de frotarse las manos. Todos los sondeos auguran un incremento del PP y de Vox. Sin embargo que nadie se llame a engaño. Si esas fuerzas políticas acaban ganando las elecciones y gobernando juntas no será responsabilidad de aquellos/as que nos hemos seguido movilizando en contra de las políticas antisociales de este gobierno o de los que hemos denunciado a aquellas organizaciones que han decidido frenar la movilización para, supuestamente, no hacerle el juego a las derechas. En efecto, si las derechas acaban gobernando será en gran medida responsabilidad de las políticas antisociales llevadas a cabo por los gobiernos que supuestamente iban a cambiar nuestras vidas y que se habrán quedado en generar frustración y desilusión en miles de trabajadores/as y de jóvenes. Sin excluir la responsabilidad de la izquierda revolucionaria que habrá sido incapaz durante todo este periodo de ofrecer una alternativa creíble a la izquierda del Gobierno central. Pero eso lo trataremos más adelante.
Subidas salariales que se quedan por debajo del IPC y en simples recomendaciones, reformas de las pensiones que sólo van en el sentido de rebajarlas para favorecer la contratación de planes privados, leyes de la vivienda que no ponen límite a los precios y no impiden los desahucios o unos servicios públicos cada vez más golpeados en beneficio de la privada son medidas que fortalecen a las derechas a la vez que demuestran que el gobierno de Sánchez-Díaz no está dispuesto a enfrentarse a los intereses de los que más tienen.
Esto no significa en absoluto que consideremos que un gobierno PSOE-UP sea igual que uno compuesto por PP y Vox. Por supuesto que no. Sin embargo, sí afirmamos que el primero se atiene siempre a una misma línea roja que coincide en la práctica con la política del segundo: la de no legislar nunca en contra de los intereses de la patronal y de los intereses del IBEX 35. Esa similitud es la que, una y otra vez, acaba reforzando a las derechas a la par que amplía la desilusión de la base electoral de la izquierda institucional.
Aquí se suma además el papel de los partidos institucionales a la izquierda del PSOE (ya sea a nivel estatal, Unidas Podemos o a nivel territorial, ERC o Bildu) que a pesar de sus diferencias optan todas por apuntalar al PSOE y sus políticas y/o por gobernar conjuntamente cuando sea necesario. Más de diez años después, esas fuerzas han contribuido, definitivamente, a blanquear las políticas del PSOE dejando definitivamente en el olvido una de las consignas más correadas del 15M: “PSOE, PP la misma mierda es”.
En cuanto a las organizaciones sindicales mayoritarias, su papel ha sido, durante toda esta legislatura, la de desmovilizar y eso que no han faltado razones para la movilización. Sin embargo, tanto las direcciones de CCOO como la de UGT han preferido limitarse a conflictos sectoriales evitando movilizaciones estatales que pudieran reagrupar al conjunto de los sectores y que permitieran señalar al gobierno Sánchez-Díaz. Y cuando alguno de éstos se les ha escapado de las manos pudiendo convertirse en una lucha ejemplarizante, tal y como ocurrió con la huelga del metal en Cádiz el curso pasado, éstas han hecho todo lo posible para desactivarlos.
Ahora esa misma izquierda institucional trata de volver a generar nuevas expectativas de “cambio” de la mano de Yolanda Díaz y de su proyecto SUMAR para acabar haciendo lo mismo. Ya lo alertábamos en un artículo publicado en nuestra revista de septiembre de 2022 nº102: “Sumar, ¿para acabar restando?” analizando el acto de presentación de dicho proyecto (http://izar-revolucion.org/sumar-para-acabar-restando/). 8 meses después, lo que decíamos entonces se confirma con creces. Yolanda Díaz asume plenamente la gobernanza con el PSOE a la vez que es capaz de afirmar sin sonrojarse, en vísperas del primero de mayo pasado, que “los derechos en democracia sólo se consiguen con escucha, diálogo y esfuerzo”. Toda una declaración de principios que nada tiene que ver con la forma en la que nuestra clase ha conseguido derechos a lo largo de nuestra historia.
Hay que ofrecer una alternativa a esa izquierda institucional que gestiona la miseria
La izquierda consecuente está siendo incapaz de ofrecer una alternativa a esa izquierda institucional que acaba gestionando la miseria de la mano del PSOE. Esa izquierda consecuente existe, con realidades más o menos significativas en función del territorio, y hace un diagnóstico de la situación política actual parecida. Sin embargo, no da ningún paso serio para tratar de coordinarse para, 1.- intervenir conjuntamente en las movilizaciones y las huelgas y, 2.- visibilizar una alternativa política, también a nivel electoral, que ponga en el centro del debate la necesidad de imponer un programa de urgencia social para los y las trabajadoras y la juventud que asuma que:
- Frente a la pérdida del poder adquisitivo, es necesaria una subida de los salarios al mismo nivel que el coste de la vida.
- Frente al incremento de la factura de la luz y del gas, es necesaria la nacionalización de los sectores energéticos bajo control de los y las trabajadoras y usuarias.
- Frente a la subida del precio de los alquileres y de los desahucios, es necesaria la expropiación de las viviendas vacías en propiedad de los bancos, el control del precio de los alquileres así como la creación de un parque público de viviendas con alquileres sociales.
- Frente a las reformas de las pensiones, es necesaria fijar la jubilación a los 60 años con unas pensiones dignas al nivel del IPC.
- Frente al saqueo de nuestros servicios públicos en beneficio de la privada, es necesaria la reincorporación de la sanidad privada al sistema público mediante la derogación de la ley 15/97 y del artículo 135 de la Constitución que fijó, con nocturnidad y alevosía, como prioridad absoluta el pago de la deuda ilegítima sobre cualquier tipo de gasto social.
Estas medidas no las aprobará ninguno de estos gobiernos del “cambio” mediante ninguna votación en el Parlamento. Son medidas que se enfrentan a los intereses de los que más tienen y para lograr imponerlas es necesario un movimiento de conjunto de la mayoría ejerciendo una presión en la calle y en la economía mediante las huelgas y las movilizaciones. Las fuertes movilizaciones de la clase trabajadora y de la juventud en Francia, muestran el camino a seguir.
En enero de 2023, propusimos a toda esa izquierda consecuente realizar “una reunión pública en Madrid para debatir sobre estas cuestiones en la mayor brevedad posible”. El objetivo era, partiendo de las movilizaciones y de las huelgas en las que muchos/as estamos implicados/as, conseguir que “los y las militantes que participamos de dichas luchas nos coordinemos y debatamos sobre los pasos a seguir para extenderlas y reforzarlas” con el fin de arrancar victorias que nos permitan “visibilizar un programa de urgencia social que responda al menos a la cuestión del aumento automático de los salarios y de las pensiones de acuerdo con el incremento del coste de la vida, a la defensa de los servicios públicos, a la expropiación de las eléctricas para ponerlas al servicio de las necesidades de la mayoría y a la creación de parques de viviendas públicos para que nadie se quede sin techo” (http://izar-revolucion.org/a-que-estamos-esperando /)
5 meses después, la mayoría de las organizaciones contactadas no han creído útil realizar dicha reunión. Unos meses antes, propusimos, allá dónde teníamos fuerzas, “construir candidaturas municipales anticapitalistas unitarias gobierne quien gobierne” (http://izar-revolucion.org/ante-el-nuevo-ciclo-electoral-pongamos-los-ayuntamientos-al-servicio-de-las-luchas/) para “ofrecer una alternativa de izquierdas a aquella que no tiene ningún reparo en gobernar con el PSOE para acabar aplicando políticas antisociales y gestionando el sistema capitalista”.
Asimismo alertábamos entonces sobre el riesgo de “la acumulación de listas electorales a la izquierda de lo que representa a día de hoy el gobierno PSOE-UP” argumentando que “ninguna de esas candidaturas podrá por sí sola suponer una alternativa, al contrario la suma de todas ellas en una candidatura unitaria tendrá al menos la virtud de dar confianza a los y las que convergen en las luchas diarias gobierne quien gobierne”.
Lamentamos constatar que el próximo 28M no habrá listas unitarias de este tipo. La mayoría de las organizaciones políticas a la izquierda de UP-SUMAR han preferido hacer oídos sordos a ese llamamiento desechando presentar candidaturas unitarias. Consideramos que esa política es errónea e irresponsable y que sólo responde a la creencia de que su propia organización será la que acabe, por sí sola, ocupando el espacio político a la izquierda de UP-SUMAR y reagrupando bajo su único paraguas a todas las demás organizaciones.
Desde IZAR consideramos, al contrario, que eso no ocurrirá nunca y que los y las que nos vemos en las movilizaciones y nos enfrentamos a las políticas antisociales gobierne quien gobierne deberíamos de estar en disposición de coordinarnos de cara a las luchas que están por venir y de proponer listas anticapitalistas unitarias para las próximas elecciones generales.
Por todo ello, desde IZAR no daremos ninguna consigna de voto a favor de las candidaturas de esas organizaciones. Consideramos que hacerlo sería validar esa orientación política que lejos de reforzar y reagrupar a quienes se movilizan, gobierne el PP-VOX o lo haga el PSOE-UP-SUMAR, sólo favorece su debilitamiento y su atomización.
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