El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha asestado este
miércoles el que, según fuentes jurídicas y empresariales, puede ser el
golpe definitivo al proceso de privatización de la gestión de seis hospitales impulsado por el Gobierno de esa comunidad. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto en el que ordena la suspensión cautelar
del proceso hasta que tome una decisión, lo que puede suponer entre año
y medio y dos años. Ordena que se mantenga la prestación sanitaria tal y
como está hasta que haya sentencia y, sin entrar todavía en el fondo
del asunto, apunta a irregularidades en el concurso de adjudicación.
Los magistrados han tomado en consideración el hecho de que el paso de estos hospitales a manos privadas
afecta a 1,2 millones de madrileños y a 5.000 profesionales sanitarios y
supone trasacciones económicas de decenas de millones de euros. La sala
cree que el plan privatizador “es de unas dimensiones tan
extraordinarias” que, de seguir adelante y si finalmente una sentencia
obligara a volver a la situación anterior, los cambios en la gestión
sanitaria pública serían ya “irreversibles”. De ahí que acuerde la
suspensión, es decir, “mantener la situación existente” ahora “hasta que
el recurso se resuelva”. Contra el auto cabe recurso.
Fuentes próximas a las empresas concesionarias consultadas por EL
PAÍS dan el proceso de privatización prácticamente por muerto. De hecho,
Ribera Salud, adjudicataria de dos hospitales, ha admitido este
miércoles que ha suspendido las reuniones internas con los equipos
directivos. Esta empresa cerró la oficina en la que informaba de las
condiciones contractuales la semana pasada, cuando otro juzgado de menor
rango (el de lo Contencioso-Administrativo 4 de Madrid), también ordenó
la suspensión cautelar del proceso. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty,
reaccionó cuestionando la competencia del juzgado y solicitando que
decidiera el TSJM. Este miércoles ha obtenido la respuesta que pedía.
Esta resolución judicial responde al recurso presentado por la asociación de médicos Afem,
la más activa en la marea blanca de protesta contra la privatización
sanitaria. Una colecta entre personal sanitario organizada en febrero
pasado permitió contratar a un bufete que inició una ofensiva jurídica
en varios frentes: contencioso-administrativo, penal... La de este miércoles es la mayor victoria del colectivo
y deja a la Comunidad de Madrid en una situación muy complicada. La
gestión privada de los hospitales ya está adjudicada, pero los contratos
aún no se han firmado. Todas las fuentes consultadas coinciden en que
el Gobierno regional no va a poner en marcha su plan este año, y puede
que tampoco el próximo. Las próximas elecciones autonómicas están
previstas para mayo de 2015.
Este mismo tribunal fue el que paralizó el proceso de forma cautelar el 10 de julio pasado
a consecuencia de un recurso presentado por el Partido Socialista de
Madrid (PSM). Dos semanas después levantó la suspensión al entender que
los seis diputados socialistas —residentes en las zonas de influencia de
los hospitales— “no ostentan un interés legítimo”. El auto de este
miércoles sí le reconoce a la asociación de médicos esa legitimidad y
niega el argumento de los abogados de la Comunidad de Madrid, que
intentaron tumbar el recurso alegando, entre otras cosas, que Afem no ha
participado en elecciones sindicales y no tiene “representatividad”.
Tras enumerar las alegaciones de los médicos, el auto del TSJM (24
páginas) asegura que debe “ponderar los perjuicios” para los
recurrentes, los licitadores y “el interés general” que se producirían
si estimara el recurso una vez adjudicados los hospitales y “una vez
entregada la gestión del servicio público a las concesionarias”. Una de
las cuestiones que destaca es una modificación de las condiciones del
concurso que hizo la Comunidad de Madrid solo cuatro días antes de que
se cerrara el plazo.
Mediante una corrección de errores en el boletín oficial modificó las
garantías que deben depositar las concesionarias (avales para cubrir
incumplimientos de contrato y penalidades, daños y perjuicios...) y las
redujo a una décima parte (de 233 millones de euros a 28). La oposición
política y la marea blanca lo calificaron de “regalo” a las empresas
para facilitar que concursaran. El cambio, dice el tribunal, “supone una
modificación sustancial de las condiciones” que “podría haber limitado
el principio de libre concurrencia competitiva”. Esta es, añade, “una
circunstancia que no puede ser obviada por la Sala” al resolver sobre si
suspende cautelarmente el proceso o no.
El Gobierno madrileño ha asegurado este miércoles que su plan aún
está pendiente de la decisión de los tribunales y que las resoluciones
judiciales “contradictorias” generan “confusión”. Por su parte, Afem ha
mostrado su “satisfacción” con el auto e invitado a la Comunidad de
Madrid a negociar con los profesionales sanitarios “la reforma que
necesita el sistema, y que no era el plan calamitoso que plantearon
ellos y que solo beneficiaba económicamente a unas empresas y no a los
pacientes”, según su portavoz, Patricia Alonso.
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