Javier Cordón
No hace muchos días una persona me dijo: “la privatización de los seis hospitales ya está hecha, la única esperanza está en los tribunales. Así que, ¿para qué seguir luchando?” El miércoles 10, al conocer el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la paralización parcial del proceso de entrega de esos seis hospitales a las empresas privadas, me acordé de esa frase, que creo es errónea: todo parece indicar que la fuerza de la movilización ha extendido el conflicto al terreno judicial y que este, a su vez, está ayudando a la continuidad de la movilización.
Lo jurídico no es una esfera autónoma de la sociedad, sino una parte más de ella. Esto es así tanto en lo relativo a la elaboración de las leyes como en lo relativo a su aplicación. Los que hacen las leyes, salvo excepciones, y los que las aplican tienden a ser conservadores, ya que suelen pertenecer por origen o carrera a los sectores privilegiados de la sociedad. Pero aún así el contexto social es de enorme influencia, por sus efectos sobre las personas y por las presiones que originan las luchas o su ausencia.
En épocas de luchas sociales y políticas fuertes, y no digamos en los momentos revolucionarios, las necesidades y los intereses de los de “abajo” se ven de alguna forma reflejadas, a veces incluso en gran medida, en las leyes. Y, viceversa, en momentos de calma, la elaboración legislativa tiende a reflejar los intereses de las clases dominantes, a ir hacía atrás, a aumentar las desigualdades, los privilegios y la opresión.
Lo mismo sucede a la hora de aplicar las la legislación: ante la ausencia de luchas la interpretación y aplicación de las normas tiende a ser elitista, a consolidar la injusticia y a penalizar a l@s minorías que siguen luchando. Y a la vez, en cualquiera de las situaciones, tiene importancia la ideología del juez o del legislador concreto.
Las trabas que desde algunos tribunales han empezado a poner al proceso de privatización de la sanidad, tiene que ver en muchos aspectos con la coyuntura de crisis económica, social y política y con la gran lucha de la desarrollada por “Marea Blanca”.
Tiene que ver, por un lado, con el cabreo generalizado ante el expolio social y la corrupción y con la decadencia que afecta a las llamadas clases medias, compuestas bien por trabajador@s que disfrutaban de buenas condiciones de trabajo y están sufriendo un proceso de “proletarización”, por poseedores de pequeños negocios y por miembros de profesiones liberales en vías de empobrecimiento. Desde ese punto de vista, la relación entre los jueces y el PP no pasa por su mejor momento, a causa de los recortes y la contrarreforma de la justicia.
Por otro lado, una de las mayores conquistas de la “Marea Blanca” es haber logrado que un segmento muy importante de la sociedad haya comprendido que la sanidad pública está en peligro y que hay que defenderla, y eso también afecta a los jueces. Otro factor, en mi opinión, es que cualquier juez sabe que enfrentarse al PP, aunque sea parcialmente, le puede acarrear muchos problemas. Desde ese punto de vista, la movilización no deja de ser un contrapeso a las presiones del PP, que han sido muy claras ante el juez que ha imputado a los dos exconsejeros de sanidad. El clima social favorece, al menos en un aspecto más: en que las organizaciones o colectivos dispuestos a denunciar aumentan gracias a ese respaldo popular, bien sea por convicción u oportunismo.
ALGUNOS HECHOS
Si miramos algunos hechos parece que hay evidencias de que la fuerza de la movilización está en el origen de los problemas judiciales que le están apareciendo al gobierno de Ignacio González.
Primero, la influencia de la conflictividad se puede ver comparando el inmediato pasado y la actualidad: años atrás ninguna o casi ninguna sentencia ha frenado u obstaculizado el proceso privatizador, mientras que hoy son varios los procesos judiciales que parecen estar en el buen camino.
Segundo. Otra diferencia en el tiempo, efecto de la lucha, la encontramos en la multitud de organizaciones que hoy plantean demandas y que años atrás fueron pasivas en este terreno, cuando no colaboradoras en el proceso privatizador. Así, no deja de ser curioso que quien hoy está teniendo un papel de mucho peso en esta batalla judicial es el PSOE que votó la Ley 15/97 o el Estatuto Marco e incluso que un personaje ahora muy activo en este terreno, como Tomás Gómez, secretario general del PSM, cuando era alcalde de Parla abrió los brazos a que allí se instalara un hospital modelo Concesión de Obra, tipo de hospital que como todo el mundo sabe ha sido una pieza fundamental en el Plan Privatizador del PP en Madrid. En el viaje que va de la colaboración al enfrentamiento judicial, afortunadamente, también se encuentra AMYTS.
Tercero. Ha sido la lucha lo que ha dado pie al gobierno de la CAM a cometer ilegalidades flagrantes. La movilización social obligó a este gobierno a publicar unos pliegos bastante restrictivos. Lo que unido a la conflictividad y al desprestigio social que esperaba a las empresas, ha llevado a que muchas de ellas desistiesen de participar en el concurso. Y, probablemente, ello obligó al Consejero a modificar la cuantía del aval cuatro días antes, motivo en el que se ha basado el TSJM para dictar la paralización del proceso. Debieron ser los nervios ante la falta de empresas licitadoras lo que ha dejado múltiples rastros de un posible reparto entre empresas. Lo que también está siendo revisado por otro tribunal.
Cuarto, y muy importante. La organización que está teniendo un papel fundamental en la batalla jurídica es AFEM. Esta organización se hizo fuerte en el proceso de movilización del otoño pasado y se ha podido apoyar en buenos despachos de abogados gracias a las colectas masivas, impensables en una situación de desmovilización. Es más, su planteamiento de trabajar la vía jurídica vino como continuación de un proceso huelguístico que no daba frutos inmediatos y como decisión de pelear en todos los terrenos.
Los avances jurídicos, todavía relativos, están dando nuevas fuerzas a la movilización. Ello se ha podido ver estos días, y concretamente en las concentraciones del pasado viernes: la decisión del TSJM ha dado ánimo y ganas de lucha a mucha gente. Lo que creo que debe aprovecharse para continuar la movilización, como medio fundamental de ayuda y presión de cara a las sentencias que tienen que venir, y concretamente a la decisión definitiva que en los próximos días tiene que emitir el TSJM.
La privatización de la sanidad está en los tribunales. La privatización que está llevando adelante el gobierno regional de Ignacio González, siguiendo los pasos de Esperanza Aguirre, tiene pendiente la resolución de bastantes demandas.
La más llamativa hasta el momento ha sido la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de paralizar provisionalmente el concurso público de licitación de los seis hospitales. Dentro de unos días se sabrá si tal decisión se mantiene o se revoca.
Asimismo están pendientes otras. La resolución del Tribunal Constitucional sobre un recurso de inconstitucionalidad que admitió a trámite el pasado abril. El juzgado de lo contencioso-administrativo nº 8 de Madrid está estudiando otro recurso contra la citada licitación de los seis hospitales. A estas demandas impulsadas por el PSOE hay que añadir una querella interpuesta por AFEM en el juzgado de instrucción nº4 de Madrid por prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con los Hospitales privados de Torrejón, Móstoles y Valdemoro, y por la que están imputados los dos consejeros de sanidad anteriores, Lamela y Güemes, y representantes de las empresas que explotan esos hospitales. AFEM, además, tiene presentado un contencioso administrativo en el juzgado nª 9 de Madrid y AMYTS otro en el juzgado nº 32 de Madrid. Estos juicios son un reflejo de la gran movilización desarrollada a cabo en estos meses. (Sacado de El País, 11-7-13)
A todo esto hay que añadir la impugnación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad que han hecho los sindicatos CCOO, UGT, CSIT- UP, AMYTS y SATSE.
No hace muchos días una persona me dijo: “la privatización de los seis hospitales ya está hecha, la única esperanza está en los tribunales. Así que, ¿para qué seguir luchando?” El miércoles 10, al conocer el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la paralización parcial del proceso de entrega de esos seis hospitales a las empresas privadas, me acordé de esa frase, que creo es errónea: todo parece indicar que la fuerza de la movilización ha extendido el conflicto al terreno judicial y que este, a su vez, está ayudando a la continuidad de la movilización.
Lo jurídico no es una esfera autónoma de la sociedad, sino una parte más de ella. Esto es así tanto en lo relativo a la elaboración de las leyes como en lo relativo a su aplicación. Los que hacen las leyes, salvo excepciones, y los que las aplican tienden a ser conservadores, ya que suelen pertenecer por origen o carrera a los sectores privilegiados de la sociedad. Pero aún así el contexto social es de enorme influencia, por sus efectos sobre las personas y por las presiones que originan las luchas o su ausencia.
En épocas de luchas sociales y políticas fuertes, y no digamos en los momentos revolucionarios, las necesidades y los intereses de los de “abajo” se ven de alguna forma reflejadas, a veces incluso en gran medida, en las leyes. Y, viceversa, en momentos de calma, la elaboración legislativa tiende a reflejar los intereses de las clases dominantes, a ir hacía atrás, a aumentar las desigualdades, los privilegios y la opresión.
Lo mismo sucede a la hora de aplicar las la legislación: ante la ausencia de luchas la interpretación y aplicación de las normas tiende a ser elitista, a consolidar la injusticia y a penalizar a l@s minorías que siguen luchando. Y a la vez, en cualquiera de las situaciones, tiene importancia la ideología del juez o del legislador concreto.
Las trabas que desde algunos tribunales han empezado a poner al proceso de privatización de la sanidad, tiene que ver en muchos aspectos con la coyuntura de crisis económica, social y política y con la gran lucha de la desarrollada por “Marea Blanca”.
Tiene que ver, por un lado, con el cabreo generalizado ante el expolio social y la corrupción y con la decadencia que afecta a las llamadas clases medias, compuestas bien por trabajador@s que disfrutaban de buenas condiciones de trabajo y están sufriendo un proceso de “proletarización”, por poseedores de pequeños negocios y por miembros de profesiones liberales en vías de empobrecimiento. Desde ese punto de vista, la relación entre los jueces y el PP no pasa por su mejor momento, a causa de los recortes y la contrarreforma de la justicia.
Por otro lado, una de las mayores conquistas de la “Marea Blanca” es haber logrado que un segmento muy importante de la sociedad haya comprendido que la sanidad pública está en peligro y que hay que defenderla, y eso también afecta a los jueces. Otro factor, en mi opinión, es que cualquier juez sabe que enfrentarse al PP, aunque sea parcialmente, le puede acarrear muchos problemas. Desde ese punto de vista, la movilización no deja de ser un contrapeso a las presiones del PP, que han sido muy claras ante el juez que ha imputado a los dos exconsejeros de sanidad. El clima social favorece, al menos en un aspecto más: en que las organizaciones o colectivos dispuestos a denunciar aumentan gracias a ese respaldo popular, bien sea por convicción u oportunismo.
ALGUNOS HECHOS
Si miramos algunos hechos parece que hay evidencias de que la fuerza de la movilización está en el origen de los problemas judiciales que le están apareciendo al gobierno de Ignacio González.
Primero, la influencia de la conflictividad se puede ver comparando el inmediato pasado y la actualidad: años atrás ninguna o casi ninguna sentencia ha frenado u obstaculizado el proceso privatizador, mientras que hoy son varios los procesos judiciales que parecen estar en el buen camino.
Segundo. Otra diferencia en el tiempo, efecto de la lucha, la encontramos en la multitud de organizaciones que hoy plantean demandas y que años atrás fueron pasivas en este terreno, cuando no colaboradoras en el proceso privatizador. Así, no deja de ser curioso que quien hoy está teniendo un papel de mucho peso en esta batalla judicial es el PSOE que votó la Ley 15/97 o el Estatuto Marco e incluso que un personaje ahora muy activo en este terreno, como Tomás Gómez, secretario general del PSM, cuando era alcalde de Parla abrió los brazos a que allí se instalara un hospital modelo Concesión de Obra, tipo de hospital que como todo el mundo sabe ha sido una pieza fundamental en el Plan Privatizador del PP en Madrid. En el viaje que va de la colaboración al enfrentamiento judicial, afortunadamente, también se encuentra AMYTS.
Tercero. Ha sido la lucha lo que ha dado pie al gobierno de la CAM a cometer ilegalidades flagrantes. La movilización social obligó a este gobierno a publicar unos pliegos bastante restrictivos. Lo que unido a la conflictividad y al desprestigio social que esperaba a las empresas, ha llevado a que muchas de ellas desistiesen de participar en el concurso. Y, probablemente, ello obligó al Consejero a modificar la cuantía del aval cuatro días antes, motivo en el que se ha basado el TSJM para dictar la paralización del proceso. Debieron ser los nervios ante la falta de empresas licitadoras lo que ha dejado múltiples rastros de un posible reparto entre empresas. Lo que también está siendo revisado por otro tribunal.
Cuarto, y muy importante. La organización que está teniendo un papel fundamental en la batalla jurídica es AFEM. Esta organización se hizo fuerte en el proceso de movilización del otoño pasado y se ha podido apoyar en buenos despachos de abogados gracias a las colectas masivas, impensables en una situación de desmovilización. Es más, su planteamiento de trabajar la vía jurídica vino como continuación de un proceso huelguístico que no daba frutos inmediatos y como decisión de pelear en todos los terrenos.
Los avances jurídicos, todavía relativos, están dando nuevas fuerzas a la movilización. Ello se ha podido ver estos días, y concretamente en las concentraciones del pasado viernes: la decisión del TSJM ha dado ánimo y ganas de lucha a mucha gente. Lo que creo que debe aprovecharse para continuar la movilización, como medio fundamental de ayuda y presión de cara a las sentencias que tienen que venir, y concretamente a la decisión definitiva que en los próximos días tiene que emitir el TSJM.
La privatización de la sanidad está en los tribunales. La privatización que está llevando adelante el gobierno regional de Ignacio González, siguiendo los pasos de Esperanza Aguirre, tiene pendiente la resolución de bastantes demandas.
La más llamativa hasta el momento ha sido la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de paralizar provisionalmente el concurso público de licitación de los seis hospitales. Dentro de unos días se sabrá si tal decisión se mantiene o se revoca.
Asimismo están pendientes otras. La resolución del Tribunal Constitucional sobre un recurso de inconstitucionalidad que admitió a trámite el pasado abril. El juzgado de lo contencioso-administrativo nº 8 de Madrid está estudiando otro recurso contra la citada licitación de los seis hospitales. A estas demandas impulsadas por el PSOE hay que añadir una querella interpuesta por AFEM en el juzgado de instrucción nº4 de Madrid por prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con los Hospitales privados de Torrejón, Móstoles y Valdemoro, y por la que están imputados los dos consejeros de sanidad anteriores, Lamela y Güemes, y representantes de las empresas que explotan esos hospitales. AFEM, además, tiene presentado un contencioso administrativo en el juzgado nª 9 de Madrid y AMYTS otro en el juzgado nº 32 de Madrid. Estos juicios son un reflejo de la gran movilización desarrollada a cabo en estos meses. (Sacado de El País, 11-7-13)
A todo esto hay que añadir la impugnación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad que han hecho los sindicatos CCOO, UGT, CSIT- UP, AMYTS y SATSE.
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