El 11 de abril de 2022 Alfonso Fernández Mañueco conseguía la presidencia de Castilla y León tras alcanzar un acuerdo con Vox para formar un gobierno en el que la ultraderecha iba a hacerse cargo de consejerías por primera vez en su historia. Es una situación que en las últimas elecciones municipales y autonómicas se ha replicado en otros lugares, como el ayuntamiento de Burgos o la Comunitat Valenciana, y podía haber ocurrido algo similar tras el 23 de Julio. Ante estas situaciones, es importante hacer un balance de las políticas que se han llevado a cabo en Castilla y León.
Vox consiguió en el acuerdo 3 cargos: la vicepresidencia, la consejería de Agricultura, ganadería y desarrollo rural y la consejería de Industria, empleo y comercio. Desde el comienzo de la legislatura la coalición mostró su rostro más reaccionario. En tan sólo un año, Vox, con Juan García-Gallardo al frente, intentó que se aprobasen una ley de violencia intrafamiliar que sustituyese a la ley existente en materia de violencia de género, un decreto de concordia para desmantelar el decreto de Memoria Histórica e intentó llevar a cabo un protocolo antiaborto, todo ello acompañado con un discurso ultraderechista y grandilocuente. Sin embargo, diferencias internas en la coalición y la tensión con el gobierno de PSOE-UP impidieron que ninguna de ellas llegase a realizarse.
Sin embargo, sí que han conseguido marcar la agenda e imponer los temas de debate hasta tal punto que durante la última polémica, sobre los controles sanitarios del ganado, una concentración de ganaderos invadió la delegación territorial de la Junta en Salamanca. Esto es un síntoma de hasta qué punto la mediana y gran burguesía se siente impune y respaldada por las promesas de Vox, que también ha realizado ataques a los sindicatos. Es obvio que un gobierno de estas características es un desastre para la clase obrera. Ambos partidos defienden de forma clara los intereses de los capitalistas a cualquier coste, y esto se ha visto reforzado por la debilidad actual de la clase obrera en Castilla y León.
Esta ha sido una legislatura en la que lo más presente ha sido el constante ataque por parte de Vox, desde su posición de fuerza, contra ecologistas, trabajador@s, feministas, activistas LGTBI, etc. con el fin de culpar a los distintos sectores en lucha de las consecuencias del capitalismo: por ejemplo, culparon al feminismo de la baja natalidad en Castilla y León y al ecologismo de los incendios forestales, cargando sobre el proletariado las consecuencias de las condiciones económicas y de la explotación capitalista tanto sobre las personas como sobre el medio ambiente y la salud.
También han estado marcados por el ridículo, como el del concierto solidario que iba a organizar la Junta pero que ni siquiera se molestó en preguntar a los artistas que participaban si estaban de acuerdo, siendo también una legislatura en la que se puede ver cómo actúan de forma impune, apoyados por la burguesía, que prefiere que se hable de los desmanes de Vox que de las causas de los incendios forestales o de los bajos salarios.
El papel del reformismo ante PP-Vox
Ante estas situaciones, el papel del reformismo ha sido el de confiar en el legalismo y el gobierno central. La izquierda reformista IU y Podemos, junto al PSOE, han intentado utilizar esto en su propio beneficio, azuzando el miedo al fascismo con la intención de ganar votos en las elecciones. Esto viene sumado al visible desencanto de la clase obrera con el gobierno, incapaz de solventar los múltiples problemas que sufren l@s trabajador@s en torno a la vivienda, a los salarios o al aumento del coste de la vida, por poner algunos ejemplos.
Las promesas incumplidas sobre la reforma laboral y la Ley mordaza han mostrado cómo el reformismo es incapaz de enfrentarse a los intereses del capital, y de hecho actúa para defender a la burguesía cuando la clase obrera se moviliza para defender sus derechos como ocurrió en Cádiz. El gobierno de coalición no contradice tampoco a la UE, respandando a la Europa-fortaleza, o abandonando al pueblo saharaui a su suerte. Intentan vender electoralmente el miedo a la extrema derecha, diciendo que habrá represión, retroceso de derechos, empeoramiento de las condiciones de vida, etc. pero cuando las contradicciones afloran, muestran cómo no hay tantas diferencias. Ambos gobernando para el capital, los reformistas no dudarán en recortar derechos y usar las mismas herramientas de represión que los otros.
Ante esto, es necesario defender un programa de independencia de clase, al margen de las agendas del posibilismo reformista, capaz de enfrentarse a la extrema derecha y sus medidas imponiendo sus demandas, y sobre todo, capaz de enfrentarse a los capitalistas que se lucran con nuestra explotación y con la destrucción del planeta. La emancipación del proletariado no vendrá de la mano de unas elecciones, sino con la lucha. Como revolucionari@s, nuestra tarea no es luchar únicamente contra la extrema derecha o las medidas reaccionarias, sino desmantelar el sistema capitalista al completo. No defendemos una gestión amable del capitalismo, como pretende el reformismo, sino una sociedad nueva, en la que no exista la explotación y ni tenga cabida la extrema derecha y su reacción.
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