Protesta de CCOO, este miércoles. / ALFREDO AGUILAR
Los 17 trabajadores de la empresa Rober, concesionaria del
transporte urbano de Granada, y dos sindicalistas, entre los que está el
secretario provincial de CCOO, han negado este miércoles cualquier
acción violenta durante dos jornadas de huelga, actos por los que la
Fiscalía ha solicitado hasta cuatro años de cárcel.
El Juzgado de lo Penal 3 de Granada ha celebrado est
miércoles la primera vista del juicio contra 19 personas de los 22
acusados iniciales, para los que el Ministerio Público ha solicitado
hasta cuatro años de cárcel por un delito contra los derechos de los
trabajadores por su actuación durante dos jornadas de huelga celebradas
el 30 de enero y el 20 de febrero de 2009.
Diecisiete de los acusados actuales pertenecían a la
empresa Rober, concesionaria del servicio público de autobús de Granada,
a los que se suma un sindicalista y el secretario general de CCOO en
Granada, Ricardo Flores.
Las acciones judiciales se iniciaron por la denuncia de la
anterior gerencia de la empresa, que retiró unos cargos que sí ha
mantenido la acusación pública y que partieron de una denuncia archivada
presentada por un conductor de autobús que se sintió increpado durante
la huelga.
Entre los hechos denunciados, la Fiscalía ha apuntado
insultos, el intento de impedir la circulación de los autobuses,
amenazas y el lanzamiento de huevos a la flota de vehículos.
El sindicalista acusado ha negado que insultara a la
responsable de recursos humanos de Rober y que, como apuntó la Fiscalía,
le enseñara sus genitales como amenaza, un término que ha confirmado su
supuesta víctima al testificar que le gritaron repetidamente
"desgraciada" con gestos obscenos pero sin ninguna exhibición.
Los acusados han repetido que no hubo coacciones ni
agresiones, que hablaron con los conductores que trabajaban para
defender sus movilizaciones y exigirles que portaran el cartel que
indicaba que eran servicios mínimos.
Sólo uno de los acusados ha reconocido que se interpuso en
la calzada al paso de un autobús, aunque ha apuntado que fue por una
caída accidental a la calle, tras la que fue atendido por un policía y
sin intención alguna de coaccionar.
El secretario de CCOO en Granada, Ricardo Flores, ha negado
que ordenara actuaciones violentas durante la huelga y ha recibido el
apoyo del secretario general andaluz, Francisco Carbonero, junto a un
centenar de compañeros, que ha reprochado que este tipo de acciones
intenten "instaurar el miedo entre la clase trabajadora".
Uno de los conductores que presentó la primera denuncia y
que fue testigo protegido por denunciar amenazas de muerte, ha recalcado
que le tiraron huevos, sufrió insultos y coacciones y que le dijeron
que "algún día pagaría con su vida la huelga".
Este testigo ha detallado que cuando circulaba con cerca de
un centenar de usuarios de su autobús, piquetes se interpusieron en su
camino y tuvo que dar un "frenazo que puso en peligro" la vida de los
viajeros.
Aunque no ha sabido concretar cómo reconoció a los
acusados, sí ha declarado que interpuso la denuncia
acompañado de la
responsable de recursos humanos, que lo ha negado, y que los reconoció
por fotos.
Los abogados de la defensa han reiterado que denunció
apoyado por la empresa y que pasó de estar en la bolsa de trabajo a ser
fijo, en un juicio que continuará el próximo viernes.
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