Manifestantes por las calles de Granada este miércoles. :: R. L. P.
Ideal.es
Trabajadores de Transportes Rober, concesionaria
del servicio del transporte urbano en Granada capital, se han vuelto a
manifestar este miércoles, desde la sede del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía hasta los Juzgados de la Caleta, para denunciar la
"injusticia" que a su juicio se está cometiendo con los 22 compañeros
imputados por la Fiscalía por su actuación en un piquete informativo
durante la huelga convocada entre el 30 de enero y el 20 de febrero de
2009.
Esta manifestación se enmarca en el calendario de
movilizaciones impulsado por CCOO, que preside el comité de empresa de
Rober, para pedir la libre absolución de todos los imputados.
Entre los acusados, que serán enjuiciados el 6 y 8
de noviembre tras suspenderse la vista celebrada el pasado 23 de mayo,
se encuentra el secretario general de CCOO de Granada, Ricardo Flores, y
todos ellos se enfrentan a una petición fiscal de hasta cuatro años de
prisión por un posible delito contra el derecho de los trabajadores.
No obstante, desde CCOO defienden que en la citada
huelga de 2009 se lograron importantes mejoras para la plantilla que se
reflejaron en el convenio colectivo, entre ellas la condición de
trabajadores fijos para 35 conductores, y advierten de que los piquetes
informativos están amparados por la Ley.
Por ello, el sindicato solicita la libre
absolución de todos y cada uno de los imputados al considerar que esta
situación es un "despropósito", entendiendo que supone "una clara
represión sindical y una vulneración a los derechos de los
trabajadores".
El juicio, previsto en el Juzgado de lo Penal 3 de
Granada, fue aplazado el pasado 23 de mayo por la ausencia de un
imputado que se encontraba de baja médica por hospitalización.
La vista oral se fijó a raíz de una denuncia
presentada por la anterior Gerencia de Transportes Rober por la
actuación de los piquetes informativos en la citada huelga, al
considerar que se produjeron "coacciones" al personal de la empresa e
"interrupciones del servicio público de autobuses y de los servicios
mínimos legalmente establecidos".
Finalmente, la Fiscalía calificó los hechos como
un posible delito contra el derecho de los trabajadores y pide penas de
hasta cuatro años de cárcel. Fuentes sindicales sostienen que el
Ministerio Público ha mantenido su acusación pese a que la empresa ha
retirado la denuncia tras alcanzar un acuerdo con los trabajadores, lo
que ha motivado que el juicio siga adelante.
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