Protesta de CCOO, este miércoles. / ALFREDO AGUILAR
El Juzgado de lo Penal número 3 de Granada acoge desde este
miércoles, a partir de las 9,00 horas, el juicio contra 22 trabajadores
de Transportes Rober imputados por la supuesta comisión de un delito
contra el derecho de los trabajadores por su actuación como piquetes en
la huelga convocada entre el 30 de enero y el 20 de febrero de 2009,
hechos por los que se enfrentan a penas de hasta cuatro años de cárcel.
La vista estaba prevista para el pasado 23 de mayo, aunque
la ausencia de uno de los procesados, de baja médica por
hospitalización, obligó a un aplazamiento, hasta el 6 y 8 de noviembre.
En los días previos al juicio, que sentará en el banquillo
al secretario provincial de CCOO en Granada, Ricardo Flores, entre
otros, el sindicato se ha movilizado para pedir la absolución de los 22
empleados, defendiendo que en aquella huelga se consiguieron importantes
mejoras para la plantilla, entre ellas la condición de trabajadores
fijos para 35 conductores.
También este miércoles, media hora antes del juicio, a las
8,30 horas, han convocado una concentración en los Juzgados de la
Caleta, a la que han acudido el secretario general de CCOO de Andalucía,
Francisco Carbonero, y el secretario general de la Federación de
Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Andalucía, Agustín De la Cruz.
El juicio se fijó a raíz de una denuncia presentada por la
anterior Gerencia de Transportes Rober por la actuación de los piquetes
informativos en la citada huelga, al considerar que se produjeron
"coacciones" al personal de la empresa e "interrupciones del servicio
público de autobuses y de los servicios mínimos legalmente
establecidos".
Finalmente, la Fiscalía calificó los hechos como un posible
delito contra el derecho de los trabajadores y pide penas de hasta
cuatro años de cárcel. El Ministerio Público ha mantenido su acusación
pese a que la empresa ha retirado la denuncia tras alcanzar un acuerdo
con los trabajadores, lo que ha motivado que el juicio siga adelante.
El secretario general de CCOO de Granada, Ricardo Flores,
considera "desproporcionada" la pena solicitada ya que, según han
mantenido, "los piquetes informativos están amparados por la Ley al
estar ejerciendo los trabajadores el derecho fundamental reconocido en
el artículo 28.1 de la Constitución Española de informar sobre una
huelga".
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