El
monumento más emblemático de Granada, gestionado en su mayor parte
por la Junta de Andalucía a través del Patronato de la Alhambra,
lleva años apostando por la precariedad laboral de sus trabajadorxs
a través de la externalización sistemática de los puestos de
trabajo a través de subcontratas, que en un principio venían siendo
cubiertos por personal laboral, y que ha provocado un
desmantelamiento en lo que a derechos laborales se refiere.
La
reducción de plantilla de carácter indefinido es una evidencia
mientras la inestabilidad propia de la contratación de carácter
temporal y fraudulenta aumenta. El ejemplo del desmantelamiento al
que hacemos referencia se observa en un documento que publica el
propio Patronato a través del Portal de Transparencia, donde aparece
una interminable lista de empresas que tienen algún tipo de
contrato con la Alhambra, abarcando funciones básicas como
mantenimiento y limpieza, seguridad, restauración, administración o
seguridad, lo que da muestra una vez más de la fatídica gestión de
lo público, al servicio de la privatización de manos de aquellxs
que precisamente deberían de apostar por lo contrario.
La
situación de opacidad total de elementos básicos como contratación
de personal a través de las subcontratas, aplicación de Convenio y
respeto a Derechos de carácter laboral y sindical que provoca el
fomento de la gestión privada en este ámbito, favorece por tanto
la precarización sistemática, y que por otro lado en la práctica
lo único que supone es el sobrecoste de los propios servicios, con
un balance positivo únicamente para la Patronal, que con la
inestimable ayuda de la Junta de Andalucía, ha convertido el
Patrimonio Histórico de Granada en un “Cortijo” más donde
instaurar el enorme fraude que supone la privatización progresiva de
servicios públicos.
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