El
pasado miércoles 13 de Abril el alcalde de la ciudad de Granada,
José Torres Hurtado, junto a la concejala de urbanismo, Isabel Nieto
fueron detenidxs por irregularidades en la operación urbanística
que dio origen a la construcción de una pista de patinaje y una
discoteca junto al centro comercial Serrallo Plaza. Fueron puestxs en
libertad con cargos casi de inmediato. El Partido Popular ha
intentado situar como hechos aislados tanto este caso como el del ya
exministro de Industria Jose Manuel Soria, implicado en la creación
de una sociedad offshore en el marco de los llamados Papeles de
Panamá. A pesar de los intentos del PP, tanto el alcalde, como
Isabel Nieto, así como Sebastián Pérez, actual presidente del PP
en Granada, han dimitido de sus cargos en el Ayuntamiento.
La
realidad es que estos no son casos aislados, no son “manzanas
podridas” sino que son un síntoma claro de cómo y para quién se
hace la política. Los partidos de todo el arco electoral asumen
todos estos casos de corrupción como un problema judicial. Hemos
escuchado declaraciones de todas las organizaciones en las que se
llama a “dejar actuar a las fuerzas policiales y judiciales”.
Situarlo como un problema judicial y no político significa dejar
está cuestión en manos de los propios aparatos del estado que están
bajo el control de los que gobiernan y dirigen la sociedad.
Significa, a todas luces, confiar una cuestión política a un poder
judicial que está claramente al servicio de los capitalistas, sus
políticas y sus cargos políticos. Y lo hemos visto claramente
durante los últimos años, las respuestas que ha dado el poder
judicial a la clase trabajadora y a la juventud han sido en forma de
ejecución de desahucios, apoyo a EREs en muchas empresas, represión
para lxs que luchan contra las políticas austericidas (ahí tenemos
el reciente caso de Andrés Bódalo, que sigue en prisión), mientras
que a lxs capitalistas y sus cargos políticos se les da la respuesta
contraria. Casos de corrupción como los de la Junta de Andalucía en
el caso de los EREs, la Casa Real, el gobierno de la Comunidad
Valenciana y los casos de corrupción que atraviesan al Partido
Popular…pero también el poder judicial ha respaldado y dado
cobertura a políticas legales que van claramente en contra de las
necesidades y los intereses de los sectores populares que más están
sufriendo la crisis. Es un problema político que debe ser resuelto
políticamente.
El
caso de Torres Hurtado e Isabel Nieto muestra de manera nítida que
no es exclusivamente un problema de legalidad e ilegalidad. Llevamos
años viendo como, de manera totalmente legal, están poniendo en
manos de familiares y amigxs los servicios públicos de nuestra
ciudad, mientras precarizan y despiden a trabajadorxs de esas mismas
empresas como Rober e Inagra. Paralelamente a esto han hecho
políticas que venían a empobrecer a lxs más pobres como los planes
de empleo para la juventud en condiciones de absoluta precariedad, el
aislamiento a lxs barrios trabajadorxs con planes de movilidad que
están destinados exclusivamente al turismo de la zona centro, así
como tantas otras políticas que, estando dentro de los marcos
legales de la institución, son tan sumamente graves como los casos
de corrupción que están saliendo ahora.
Desde
IZAR creemos que no es suficiente con un cambio de nombres. El
problema no es solo el Partido Popular sino sobre todo sus
políticas. Sacar a Torres Hurtado, Isabel Nieto y Sebastián Pérez
para poner a Juan García Montero no cambiará nada. Tampoco lo hará
una mezcla de siglas contra el Partido Popular, que es lo que está
ahora mismo encima de la mesa, tras la moción de censura anunciada
por Ciudadanos, PSOE, IU y previsiblemente Vamos Granada, ya que esto
no nos asegura un cambio de orientación en las políticas que se
están llevando a cabo en Granada. Es el momento de poner encima de
la mesa la corrupción del Partido Popular pero también la necesidad
de remunicipalizar los servicios públicos, la reversión del plan
actual de movilidad, la derogación de la ordenanza municipal “para
la convivencia”, el enfrentamiento a la deuda municipal que no
hemos generado lxs trabajadorxs granadinxs, el apoyo incondicional a
lxs trabajadorxs de la hostelería granadina que están en lucha por
su convenio y muchas otras cuestiones que vienen atacando a las
clases populares de nuestra ciudad. No podemos quedarnos sentadxs, a
la expectativa de los acuerdos a los que se lleguen por arriba. Para
que todas estas cuestiones se incluyan en el escenario político la
única posibilidad es que se presione desde las calles, desde los
barrios y los centros de estudio y de trabajo.
IZAR Granada. 20/04/16
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