Los ataques anunciados por Wert exigen una respuesta inmediata. "Manifiesto estatal en defensa de la enseñanza pública y los servicios públicos en el marco del estado de bienestar"
Lunes 16 de abril de 2012,
Miquel Garcia
El anuncio hecho por el ministro de educación José Ignacio Wert de nuevos y brutales recortes en la enseñanza exige una respuesta inmediata por parte del conjunto de la comunidad educativa afectada, de las enseñantes, de la ciudadanía en general y por supuesto de las fuerzas sindicales.
Parece que ha llegado el momento oportuno y necesario para que, finalmente, se unifiquen de una vez por todas las luchas que han venido desarrollándose en todo el Estado contra los recortes en el servicio público de enseñanza.
De momento las fuerzas sindicales han respondido ya con un "Manifiesto estatal en defensa de la enseñanza pública y los servicios públicos en el marco del estado de bienestar". Pero, además de manifiestos, será preciso pasar a la acción. Una buena oportunidad, forzada por las circunstancias, para empezar a salir del aparente "impasse" producido tras el triunfo de la Huelga General del 29M.
El Gobierno propone subir un 20% el número de alumnos por clase
"Las comunidades autónomas son concientes de que este año el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal no va a tener excusa". De esta forma el ministro de Educación, José Ignacio Wert, justificó ante la prensa la batería de recortes adoptada tras reunirse con los consejeros autonómicos en la Conferencia sectorial de Educación.
Esos recortes se plasmarán en un decreto ley que según Wert tendrá dos tipos de medidas: "Unas de tipo conyuntural, y por tanto reversibles, y otras de carácter estructural, de incremento de eficiencia en el servicio".
En la educación no universitaria el Gobierno, de acuerdo con las comunidades autónomas, va a incrementar un 20% el ratio de alumnos por clases, aumenta el número de las horas lectivas del personal (hasta 25 horas a la semana en Infantil y Primaria, 20 horas a la semana en Secundaria), suspende la obligación de ofertar dos modalides de bachillerato, elimina la posibilidad de crear retribuciones variables, modifica el nombramiento de sustitutos al establecer que las bajas menores a diez días sean cubiertas por personal del propio centro educativo y, finalmente, decreta el retraso de la implantación de los módulos de FP de 2.000 euros se aplazan al curso 2014-2015.
Wert es consciente de que estas medidas, cuyo objetivo final en ahorrar 3.000 millones de euros, van a ser impopulares pero se mostró abierto al diálogo: "Estamos pidiendo un sacrificio importante a los docentes. Estamos en disposición de hablar con ellos".
El ministro no cree, sin embargo, que estos recortes vayan a afectar a la calidad de la enseñanza. "Son medidas realistas y conmesuradas", dijo Wert, quien quiso dejar claro que estas medidas no son la reforma educativa del Gobierno del PP, sino "las medidas para que en su momento se pueda desarrollar una reforma educativa".
Manifiesto estatal en defensa de la enseñanza pública y los servicios públicos en el marco del estado de bienestar
Las decisiones que están adoptando la mayoría de los gobiernos de recortar el gasto social, a través del empeoramiento de las condiciones de trabajo y de la destrucción de ocupación pública, ponen en riesgo el Estado del Bienestar, patrimonio de todos, al cual prácticamente la ciudadanía nos hemos ido acercando estos últimos años.
El Estado del Bienestar tiene su base en la existencia de unos servicios públicos de calidad, universales, accesibles y que respondan con eficacia a las necesidades de las personas, en base al principio de igualdad. Sin servicios públicos no pueden atender las necesidades de la ciudadanía en el mundo actual.
Tras cuatro años de profunda crisis económica, se sigue argumentando que, para salir de ella, se requiere una reducción del gasto social y una minoración de los sistemas fiscales y, en definitiva, una menor presencia de la actuación de los poderes públicos y una menor inversión en los servicios públicos. El resultado es evidente: cada vez estamos peor. Este no es el camino.
Además, todos los expertos indican que el gasto en Educación es la mejor inversión posible para el futuro de los pueblos, y más todavía en un país como nuestro, que llegó tarde al desarrollo de las sociedades europeas adelantadas y que, hasta hace pocos años , tenía muy graves carencias educativas, incluso en la formación básica de la ciudadanía.
Los recortes en la educación pública se producen tanto por el empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado (reducciones salariales, aumento de la jornada laboral, recortes en otras prestaciones como los complementos en situación de baja por enfermedad, etc.), como por la adopción unilateral de medidas de aumento de la ratio, de la disminución de grupos, de la desaparición de los diversos programas de ayuda y refuerzo al alumnado, etc., lo que está provocando el recorte de las plantillas de los centros y una fuerte reducción del profesorado interino. Además se acaba con la jubilación anticipada, se congelan las ofertas de ocupación pública docente y se reducen gravemente las partidas para gastos de funcionamiento de los centros educativos y las destinadas a infraestructuras y equipamiento.
Ni los años de bonanza ni la actual crisis económica han afectado a todos por igual. En los años buenos, mientras muchos se enriquecían, los docentes y los profesionales del sector público educativo tuvimos unos crecimientos retributivos modestos. Los que realmente se beneficiaron entonces son los mismos que ahora pretenden hacer cargar todo el peso de la crisis sobre los empleados públicos. No podemos aceptar ni los recortes salariales ya aplicados, ni los nuevos que pretenden aplicarnos, ni el empeoramiento de nuestras condiciones laborales, que además van a impedir que más de 50.000 universitarios acabados de titular se incorporen en los próximos años al sistema educativo público. Se está condenando al paro más absoluto, a la subocupació o la emigración a varias generaciones de jóvenes formatos a nuestras universidades. No podemos callar cuando estamos malgastando la mayor riqueza de nuestro país, su capital humano, el mejor formato que nunca hemos tenido en nuestra historia.
Actualmente la enseñanza pública llega a todos los rincones de nuestro país, desde la isla más pequeña hasta el pueblo más aislado de las montañas, desde el centro de las ciudades hasta los suyos barrios más alejados, es decir, allá dónde nunca será rentable para la iniciativa privada. Es la que asegura la escolarización de toda la población allá dónde sea.
La enseñanza pública acoge a todo el alumnado, sin ningún tipo de discriminación ni de selección previa.
La enseñanza pública ha impulsado el avance de nuestro país en esta última etapa histórica y ha sido clave de nuestro contrato social, porque ha sido la mejor garantía del derecho constitucional a la educación.
En definitiva, la enseñanza pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las desigualdades de origen, la vertebración de toda la sociedad en un objetivo común y el progreso individual y social de todos, no de unos pocos.
Consideramos que los servicios públicos de interés general son fuente de desarrollo económico, creación de ocupación, prosperidad y cohesión social.
Defendemos la gestión pública directa como mejor fórmula por procurar el acceso universal a los servicios públicos, de favorecer la equidad y calidad de los mismos, incluyendo su acceso en iguales condiciones en el ámbito rural, de garantizar y tutelar el ejercicio efectivo de los derechos subjetivos a la salud, a la educación y a la atención social, así como de evitar desviaciones en la gestión mediante la adecuada acción inspectora.
Por esto, entendemos que hace falta financiar adecuadamente la enseñanza pública, hace falta proteger de los recortes presupuestarios y de las consecuencias de la mala gestión de la crisis económica.
El mantenimiento de las políticas sociales y de igualdad es un principio y un derecho irrenunciable. La evolución de los estados democráticos en Europa ha estado vinculada al desarrollo del Estado de Bienestar Social, conocido como el modelo social europeo.
En España la población ocupada en el sector público es inferior al 10%, mientras que la media a la UE-15 llega al 16%. NO es verdad que, como norma general, en España sobran empleados públicos. Las medidas de ajuste, contención del gasto público y tasas de reposición muy restrictivas están provocando un mayor deterioro y destrucción de la ocupación pública. Por esto exigimos la convocatoria de amplias ofertas de ocupación pública en todas las comunidades autónomas.
El gasto social destinado a mantener y mejorar la red pública educativa, además de la sanitaria y el resto de servicios sociales, es la mejor inversión que las administraciones públicas pueden hacer por favorecer la salida de la crisis.
Madrid, 15 marzo 2012.
STES – INTERSINDICAL, FE.CCOO, FETE-UGT, ANPE, CSIF
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