Declaración de Izquierda Anticapitalista
La conmemoración del día 28 de septiembre como Día Internacional por
la Despenalización del Aborto surgió en el año 1990 por iniciativa de
las feministas de Latinoamérica y El Caribe para cambiar las
legislaciones criminalizadoras predominantes en la región, responsables
de más de 20.000 muertes al año debidas a abortos clandestinos. En el
Estado español, el aborto también está penalizado excepto en
determinadas condiciones, plazos y supuestos. En estos momentos, además,
nos enfrentamos al proyecto del Gobierno del PP de restringir aún más
estas condiciones. Dicho ataque se suma a todos los efectuados sobre las
mujeres desde el estallido de la crisis, destinados a recuperar roles
familiares y de género tradicionales y retrógrados para hacer recaer el
peso de los recortes sobre sus espaldas.
Desde Izquierda Anticapitalista, en apoyo a todas las iniciativas
provenientes del movimiento feminista, consideramos prioritario y de
máxima urgencia oponernos a este nuevo ataque. El proyecto de reforma
que propone el PP, junto al desmantelamiento de la sanidad pública,
supondrían la imposibilidad para muchísimas mujeres de interrumpir su
embarazo, si así lo desean, en unas condiciones adecuadas. Esta nueva
ofensiva contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y
capacidad reproductiva forma parte de una historia de intromisión del
Estado en su libertad sexual y reproductiva y, a su vez, de un ataque
generalizado contra los derechos de la gran mayoría de la población en
forma de privatización de la sanidad y la educación pública, los
recortes en servicios sociales y la atención a la dependencia.
La reforma de la Ley de Salud Reproductiva
El control que ejerce el Estado sobre la capacidad reproductora de
las mujeres, imponiendo su poder por encima de sus decisiones, es una de
las vías que emplea el capitalismo patriarcal para imponerles la
obligación de reproducir la mano de obra, tanto en el sentido biológico
como en el social. La regulación y el castigo penal del aborto forman
parte de un conjunto de medidas que incluye además la restricción de la
anticoncepción de urgencia, la limitación del acceso a la anticoncepción
y la imposición de un modelo de sexualidad enmarcado en relaciones
heterosexuales, en el que las mujeres tienen un papel subordinado y
donde se identifica sexualidad con coito. En resumen, quieren imponer
una sexualidad indisolublemente ligada a la reproducción.
Una de las formas del control del Estado es la criminalización.
Actualmente, de acuerdo con el Código Penal, el aborto por decisión de
la mujer es delito, excepto en los casos y condiciones previstos en la
Ley Orgánica 2/2010, “de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo”. Esta ley establece que las
mujeres, durante las 14 primeras semanas de embarazo pueden decidir si
abortan o no. Pasado este plazo y hasta las 22 semanas, solo podrán
hacerlo en caso de “grave riesgo para la vida o la salud de la
embarazada” o de “riesgo de graves anomalías en el feto”. A partir de
las 22 semanas solo es posible llevar a cabo una interrupción del
embarazo en aquellos casos en que el feto prácticamente es incapaz de
sobrevivir. La ley de 2010 proclama en su Preámbulo que el aborto es un
derecho de las mujeres, y que son ellas las que tienen que decidir, pero
en su articulado no les reconoce efectivamente ese derecho. En cuanto a
la regulación, en un aspecto presenta una mejora respecto a la de 1985:
las mujeres mayores de edad no tienen que pedir permiso para abortar
durante las primeras 14 semanas. Pero en otros aspectos supone un
empeoramiento, ya que impide prácticamente el aborto legal después de
este plazo. Un ejemplo de ello resulta el caso de una niña de 12 años,
violada en su propio hogar quien, cuando de manera comprensible tardó en
reconocer y verbalizar su embarazo, no pudo acceder a una interrupción
voluntaria del embarazo antes de las 22 semanas y, en aplicación de la
ley, se vio obligada a ser madre contra su voluntad. Los abortos tardíos
no son un capricho de las mujeres: son un derecho y una necesidad para
algunas de nosotras.
El proyecto de ley del PP, según la escasa información que dejan caer
con cuentagotas, pretende que el aborto solo sea legal en los casos de
“peligro cierto” para la salud física o psíquica de la madre o de
violación. Esto significa que las mujeres no podrían decidir, ya que se
les impide abortar legalmente salvo que puedan probar una de estas
circunstancias. Además, para las jóvenes de 16 y 17 sería obligatorio el
permiso de los padres. Resulta incongruente que jóvenes que según las
leyes pueden decidir sobre cualquier intervención sanitaria que les
afecte, incluso cuestiones de vida o muerte, no puedan decidir sobre su
embarazo. Es paradójico que se considere preparadas para afrontar una
maternidad impuesta a las mismas jóvenes a las que no se considera
suficientemente maduras para decidir sobre su aborto.
Las nuevas restricciones legales tendrán un impacto muy diferente
según la situación económica de las mujeres y sus otros recursos, como
información o posibilidad de viajar. Para unas supondrá la incomodidad
de los viajes a Londres o a otra ciudad europea. Para otras supondrá
poner en peligro su salud o su vida con abortos ilegales y clandestinos
(que son una causa importante de muerte allí donde se producen). Para
otras más, supondrá tener hijas e hijos de los que no pueden o no
quieren hacerse cargo. Para todas ellas significa poner en peligro su
salud, física o mental y, en resumen, su derecho de decidir sobre sus
propios cuerpos y sus propias vidas.
La reforma de la legislación sobre el aborto, además de responder al
carácter conservador del PP, que una vez más hace políticas
ultraderechistas, es un gesto hacia la jerarquía de la Iglesia Católica
la cual, Código Penal en mano, quiere imponer su moralidad a todas las
mujeres. No les basta con el miedo al infierno y utilizan el miedo a la
coerción del Estado.
Para justificar su posición hablan de defensa de la vida. Y emplean
un discurso mentiroso, con trucos como el de equiparar una célula con un
ser humano; buscando el impacto irracional sobre las emociones, por
ejemplo, cuando llaman a un embrión o un feto “pobre niño, víctima
indefensa de su madre” o cuando falsifican imágenes, haciendo pasar
fotos de niñas y niños por las de embriones o fetos.
La hipocresía del gobierno del PP queda patente al ver cómo actúan
frente a la vida humana real. Su política sanitaria, destinada a
aumentar las ganancias de los banqueros e inversores, supone un
empeoramiento de la calidad de vida de las personas y, tal como ha
ocurrido con políticas similares en otros países, causará muertes
prematuras y reducirá la esperanza de vida. La hipocresía supera
cualquier límite cuando Gallardón dice que eliminará el supuesto de
malformación fetal “para no discriminar a los discapacitados (sic)”.
Mientras, su gobierno reduce las prestaciones por dependencia, los
apoyos educativos, y en general los pocos servicios públicos destinados a
atender necesidades relacionadas con la diversidad funcional,
empeorando su calidad de vida actual y futura.
No podemos aceptar que se restrinja aún más el derecho de las mujeres
a controlar su cuerpo y capacidad reproductiva. Solo la propia
embarazada puede decidir si continúa o no el embarazo. Para ello el
aborto debe estar fuera del Código Penal, regulado como una prestación
sanitaria más. ¡La interrupción voluntaria del embarazo debe ser un
derecho y un servicio al que las mujeres accedan de manera gratuita en
la red de la sanidad pública, y no un delito!
El desmantelamiento de la sanidad pública
La situación actual es que solo un pequeño porcentaje de las
interrupciones de embarazo se realizan en la sanidad pública. Respecto a
las que se realizan en centros privados, en algunas comunidades es
gratuito, en otras la mujer tiene que pagarlo y luego se le reintegra, y
en otras no hay ninguna cobertura. Ahora se pretende que el aborto no
sea una prestación sanitaria para nadie. Uno de los aspectos del
desmantelamiento de la sanidad pública es que deja de ser universal, y
ya se ha excluido a una parte de la población: inmigrantes, jóvenes que
no han tenido un contrato de trabajo. Otro aspecto es la retirada de
prestaciones. Entre éstas se pretende eliminar la interrupción
voluntaria del embarazo, la anticoncepción y la detección precoz de
enfermedades.
La interrupción del embarazo, como las demás prestaciones sanitarias,
es un derecho. De la misma manera que estamos saliendo a la calle para
oponernos a los recortes, la austeridad y el resto de ataques contra las
clases populares, desde Izquierda Anticapitalista hacemos una llamada a
apoyar las movilizaciones que tendrán lugar el 28 de septiembre con
motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto.
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