LA VIVIENDA ES UN DERECHO NO UNA MERCANCÍA
El deterioro de las condiciones laborales y de los derechos de los
trabajadores, el aumento del paro, la destrucción del empleo y los
recortes de todos los servicios públicos, está desembocando en unas
condiciones de vida cada vez más extremas y para más personas, donde las
familias están perdiendo sus viviendas, ya que el despido es el primer
paso para que las familias se vean obligadas a dejar de pagar su
hipoteca y el siguiente paso es el desahucio. Esta situación tiene unos responsables concretos: el gobierno, los jueces y los bancos, a pesar de que cada una de esas entidades, se escuden en que no pueden hacer nada.
La realidad de gran número de familias es que se ven obligadas dejar de pagar la hipoteca para poder sobrevivir.
Estas situaciones están ocasionando numerosos suicidios, y graves problemas de salud
en las familias afectadas, sobre todo cuando las familias no afrontan
esta situación desde la colectividad, el apoyo mutuo y la organización
dentro de los grupos que luchan por el derecho a la vivienda y contra
los desahucios. Ante esto las administraciones públicas no hacen nada, y sí impiden que otros hagan algo, amenazando y amedrentando con numerosas multas a aquellos que se movilizan para defender el derecho a la vivienda para evitar que una familia sea expulsada de su casa.
Algunos jueces tanto españoles como europeos han señalado la
ilegitimidad que se esconde tras los desahucios y tras las condiciones
en que se firmaron las hipotecas en España, en las que se incluyen
cláusulas e intereses abusivos. A pesar de ello, las administraciones
públicas, entre ellas la Junta de Andalucía, miran hacia otro lado,
proponen parches, que lejos de solucionar esta situación la perpetúan.
Por lo tanto:
A la administración pública, autonómica y estatal, les exigimos:
- La dación en pago y condonación de deuda, con alquiler social por un período mínimo de cinco años, con o sin opción a compra, para que las familias puedan continuar en su vivienda.
- Para las familias ya desalojadas, la dación en pago retroactiva, que incluye la condonación de deuda y el realojo en viviendas vacías de los bancos o viviendas públicas.
- Suspensión de todos los procedimientos ejecutivos, no sólo de la orden de desalojo, para poder negociar con los bancos soluciones satisfactorias.
- Que las viviendas vacías de los bancos pasen a la administración pública y se pongan a disposición de las familias desahuciadas y/o sin vivienda.
- Despenalizar la reocupación de viviendas vacías públicas o pertenecientes a los bancos.
- Exigir a las entidades bancarias que reestructuren la deuda, reduzcan los intereses excesivos y supriman las cláusulas abusivas.
- Que declaren el “estado de emergencia habitacional”, que justifica las medidas indicadas.
A los jueces, les exigimos que apliquen la legislación de forma favorable a los más desfavorecidos, en función de la realidad social del momento (art. 3 del Código Civil) y no tomen partido por los bancos.
A los bancos les exigimos que cesen de acosar a las familias que
no pueden pagar la hipoteca y negocien soluciones satisfactorias que
impliquen la continuidad de las familias en sus viviendas.
No queremos más soluciones al servicio de los bancos.
Exigimos soluciones para las familias, porque la vivienda es un derecho, no una mercancía.
GRUPO STOP DESAHUCIOS 15M GRANADA.
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