País Valencià: la corrupción, hijo legítimo del capitalismo.

La última macrooperación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción contra dirigentes del Partido Popular valenciano (la Operación Taula) y las redadas en el ayuntamiento de Valencia y otros organismos provinciales, han terminado con 24 arrestados y 29 imputados destapando nuevos casos de corrupción en el seno del partido.

El Partido “serio” y renovado, que apostaba por el cambio y la estabilidad, del que hablaba Rajoy durante la última campaña electoral, vuelve a mostrarnos su verdadera cara, desde luego alejada de esa imagen “honrada y decente” que nos vendían en las generales: una nueva trama de corrupción en la que se encuentran implicados casi todos los miembros del PP valenciano que incluye, entre otros delitos, una red ilegal de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos o financiación irregular del partido. En una mañana, 24 detenidos, entre ellos el expresidente de la corporación provincial, el exvicepresidente, secretarios, diputados y algunos exalcades; y 29 imputados, investigados todos ellos por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de dinero.

Los casos de corrupción destapados en los últimos años en el seno del PP Valenciano nos sirven como ejemplo para poner sobre la mesa algunas de las principales contradicciones de este sistema.

Desde el comienzo de la crisis económica en 2007, las y los trabajadores de este país no hemos dejado de sufrir sus efectos: despidos masivos, recortes en los servicios públicos y en las ayudas sociales, así como el empeoramiento continuo de nuestras condiciones de trabajo y la disminución constante de los derechos. Al mismo tiempo, las grandes empresas, como Telefónica o el Banco Santander, han aumentado, en estos años, sus beneficios más que nunca.

Por otro lado, miembros y dirigentes del Partido Popular (y representantes de los ciudadanos en instituciones como el parlamento, la diputación o el ayuntamiento), implicados en los numerosos casos de corrupción masiva investigados en la última década (casos Imelsa, Gürtel, Brugal, Rabassa, Cooperación, Emarsa, Nóos, Fabra…), se han embolsado entre 2008 y 2013, por medio del robo y el saqueo a los ciudadanos, 12.500 millones de euros. Los mismos que permiten, con sus leyes y reformas, a las grandes empresas despedir sin miramientos ni indemnizaciones a sus trabajadores y que aplican las medidas de austeridad impuestas por la Troika escondiéndose tras el argumento de la crisis, son los que utilizan el dinero público para fines personales, no pagan sus impuestos o crean redes de clientelismo y, todo ello, con el único propósito de mantener sus privilegios.

Aquí tenemos la otra cara de la misma moneda. La crisis que llevamos años padeciendo y pagando los y las trabajadoras tiene unos culpables, y son los mismos que están llenándose los bolsillos y multiplicando sus beneficios y sus fortunas a nuestra costa. Tanto las grandes empresas y multinacionales, por un lado, que están trasladando sus plantas a otros países para reducir los costes de la producción mientras aumentan aún más sus beneficios, cerrando por el camino todas las fábricas locales y contribuyendo al desmantelamiento industrial de las comarcas (como es el caso de Bosal, entre otras) y a la precarización de los puestos de trabajo; como los gobiernos neoliberales, antisociales y corruptos que llevan años saqueando el País Valencià e imponiendo recortes y austeridad a los trabajadores, tienen claro cuál es su papel en la lucha de clases y seguirán haciendo lo necesario para no perder sus privilegios.

Por ello es necesaria e imprescindible la organización consciente de los y las trabajadoras, aquellos que luchamos día a día por sobrevivir y llegar a fin de mes, para lograr revertir esta situación. La solidaridad y el apoyo ante los despidos y los recortes, son nuestra única arma para frenar sus ataques, así como exigir la detención y el encarcelamiento de todos los implicados en casos de corrupción y la devolución del dinero robado. No podemos seguir permitiendo que nos roben con impunidad desde las instituciones, que empeoren aún más nuestras condiciones de trabajo o que dificulten cada día el acceso a servicios como la educación o la sanidad, mientras ellos continúan libres, sin cargos y aumentando sus beneficios a nuestra costa.