Comunicado de IZAR-Andalucía
El
pasado 24 de Abril la Junta de Andalucía publicó una resolución
mediante la que se abría un plazo de 15 días para que el
profesorado de formación profesional activo en bolsa de trabajo,
acreditara estar en posesión de un certificado de formación
pedagógica y didáctica, quedando, en caso contrario, congelado (sin
trabajar) 2 años y siendo expulsado en 2017 de forma definitiva en
caso de no presentarla antes de esa fecha.
Según
explica la propia Junta en un comunicado publicado en su web el 7 de
mayo, esta medida afectaría a 5800 docentes, y es la propia
Consejería de Educación la que reconoce que esta formación no ha
sido facilitada por ninguna universidad pública andaluza. En esta
misma resolución se recoge que se convalidará este certificado de
formación pedagógica y didáctica por el tiempo de servicio al
personal que accede a la docencia a través de la formación
profesional si acredita 12 meses de experiencia docente, en centros
públicos o privados,
con anterioridad al 1 de septiembre del 2014, exigiendo al
profesorado que accede a la bolsa a través de formación
universitaria esta experiencia docente a 1 de septiembre del 2009.
Esta
resolución establece un agravio comparativo importante entre el
profesorado, penalizando en este caso, al que tiene formación
universitaria, y dándose la situación que con un solo año de
servicio en un centro privado en 2008 se va a convalidar a personal
para la enseñanza pública, dejando fuera a docentes con más de 6
años de experiencia en la educación pública.
La
Junta de Andalucía no oferta ninguna especialidad de FP para el
máster exigido, por lo que insta al profesorado a matricularse en
otra especialidad, dejando claro que el único
interés que mueve a
sacar esta resolución, ahora sin previo aviso, es el económico,
ya que un/a profesor/a con 6 años de docencia como son muchos casos,
firmando actas (que son documentos oficiales) tiene más que
reconocida su formación en cuestiones docentes.
Asimismo,
para acceder al máster de secundaria es necesario estar en posesión
de un certificado de idiomas B1, y en la fecha en la que ha sido
publicada la resolución, y con el poco margen propuesto, no ha sido
posible, no sólo prepararse, sino matricularse en las pruebas de
junio, para poder, en caso de aprobarlas, presentar la preinscripción
al máster de secundaria. Peor es la situación del personal excluido
sin formación universitaria, puesto que no pueden acceder a ningún
máster universitario y la junta no habilita ningún curso de
capacitación pedagógica.
El
consejero de educación Luciano Alonso ha denunciado la indefensión
del profesorado Andaluz, acusando al gobierno central de esta
situación, cuando está en su mano resolverlo, convalidando el
tiempo de servicio a fecha de 1 de septiembre del 2014 para la
totalidad del profesorado, lo que reduciría en un 80%
aproximadamente los afectados, y estableciendo una moratoria de 2
años para la obtención de la capacitación pedagógica para el
resto del profesorado activo en bolsa. Del mismo modo sólo se
entiende que esta capacitación sea impartida por la Universidad
Pública bajo la modalidad de formación a distancia, debido a la
movilidad del profesorado.
Esta
medida vuelve a sacudir al ya maltratado cuerpo de profesorado
interino de FP. Se da la circunstancia de que al ser pocos centros,
las bolsas son pequeñas, por lo que los recortes se sufren con mucha
fuerza: el aumento de 2 horas lectivas, el crecimiento de la ratio a
valores imposibles como son los de la FP Básica, la eliminación de
FP en centros públicos en el paso de PCPI a FPB, ha dejado a
numeroso docentes fuera del sistema educativo, por lo que ahora
vuelven a estar en desempleo sin posibilidad de cobrar el paro, en
muchos casos, al haberse encontrado en esta situación anteriormente
por los recortes.
Susana
Díaz negocia su permanencia en el parlamento Andaluz a costa de las
profesoras y profesores que mantienen un sistema educativo enfermo y
tocado de muerte por la ley Wert, donde no se sustituyen bajas, no
hay libros para profesor y alumnado en muchos de los módulos de FP,
y se carece de material para la labor práctica esencial en una
formación profesional.
Defender
la convalidación por tiempo de servicio a fecha de 1 de septiembre
de 2014 y moratoria de 2 años para el resto del profesorado, no es
sólo de justicia, por el merecido reconocimiento de la labor que se
viene realizando desde la FP, en condiciones extremas en muchos
casos, sino que es defender una Educación Pública de Calidad que no
sirva de moneda de cambio para intereses electoralistas ni
recaudatorios, al exigir de un día para otro y con carácter
retroactivo, una formación no adaptada a las necesidades reales de
profesorado y alumnado.
NO
A LOS RECORTES EN EDUCACIÓN
NO
AL DESPIDO DE PROFESORAS Y PROFESORES TÉCNICOS DE FP
POR
UNA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD
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