
Trabajadores de Telemadrid se presentaron el pasado viernes en la
oficina del Defensor de Pueblo, en la calle Zurbano de Madrid, con
intención de presentar un escrito solicitando su amparo, ante el
inadmisible proceso de despido colectivo que afectaría a 925 de los
1.170 empleados de esta empresa pública y que supondría en la práctica
la desaparición del Ente Público Radio Televisión Madrid tal y como lo
entendemos ahora.
Desde que el pasado mes de mayo el Presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, anunciará que se abriría un proceso de
“reestructuración” del EPRTVM la representación sindical ha reclamado
permanentemente la apertura de un proceso de negociación para diseñar,
junto a la Dirección, un modelo de futuro para Radio Televisión Madrid.
Desgraciadamente este proceso de negociación se le ha negado
sistemáticamente hasta la fecha a los representantes sindicales.
En lugar de esto, la Dirección del EPRTVM prefirió adjudicar a una
consultora externa formada por la UTE Deloitte-Cuatrecasas, la
elaboración de un estudio para “la adecuación de la estructura
empresarial del Ente Público Radio Televisión Madrid y sus sociedades a
la situación actual del mercado audiovisual”. Dicho estudio, por el que
la Dirección del EPRTVM tiene que pagar 140.000 euros más IVA, fue
filtrado al diario “El Mundo” que lo publicó en su edición del sábado 24
de noviembre. 48 horas antes de que lo tuviera el propio Consejo de
Administración del EPRTV y los Comités de Empresa.
El informe de Deloitte sobre la “adecuación de la Estructura
empresarial del EPRTVM” contempla el despido del 90% de la actual
plantilla. Sólo seguirían en la cadena 92 personas en la Dirección de
Informativos (89 periodistas, presentadores, editores etc) 19 en la
Dirección de Antena, 34 en la Dirección de Operaciones y 38 en la
Dirección de Coorporativo. Es decir, se efectúa un despido masivo por razones meramente ideológicas y políticas. De hecho en la página 64 del informe de Deloitte dice textualmente:
“El peso específico de los informativos en la parrilla de emisión y la importancia estratégica de los mismos, que en la mayoría de los casos manifiestan la estrategia editorial de los grupos, implica que los procesos asociados al establecimiento de la línea editorial, la planificación diaria y coordinación sean necesariamente internos. Asimismo, se considera el proceso de edición como consecuencia de la importancia para los distintos operadores de mantener el control de las decisiones sobre los contenidos (establecer criterios orientativos para la redacción, garantizar que se cumple con la línea editorial, estrategia e imagen de la cadena, dar estructura, formato y orden adecuado y coherente a las noticias llegadas a la redacción, etc).”
Esto es lisa y llanamente establecer un férreo control
político sobre las informaciones de la cadena que vulneraría el artículo
20 de la Constitución Española que reconoce el derecho a la información
de los ciudadanos.
Y estos planteamientos son también radicalmente contrarios a la LEY
DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL PARLAMENTARIO DEL ENTE PÚBLICO RADIO
TELEVISIÓN MADRID que en su artículo 13 establece:
“Los principios inspiradores de la programación de Radio Televisión Madrid son:
a) El respeto a los principios que informan a la Constitución
española y el Estatuto de Autonomía de Madrid y a los derechos y
libertades que en ellos se reconocen y garantizan.
b) La objetividad, la veracidad y la imparcialidad de las informaciones.
c) El respeto a la libertad de expresión.
d) El respeto al pluralismo político, cultural, religioso y social.
e) La separación entre informaciones y opiniones, la identificación
de quienes sustenten éstas últimas y su libre expresión con los límites
del apartado 4. del artículo 20 de la Constitución “.
El desmantelamiento del Ente Público Radio Televisión Madrid
contradice los planteamientos del Consejo de Europa sobre televisión
pública. La IV Conferencia Ministerial del Consejo de Europa sobre
Medios de Comunicación (Praga, diciembre de 1994) y las reuniones
informales de ministros europeos de Cultura y Audiovisual (Galway,
septiembre de 1996 y Maastricht, abril de 1997) reafirmaron de forma
unánime la necesidad de la televisión pública en los países miembros de
la Unión Europea. En todas sus resoluciones el Consejo de Europa fija
claramente que las televisiones públicas están obligadas a “ofrecer una
información independiente, fiable y universal velar por la calidad de
sus contenidos; asegurar el pluralismo audiovisual, y mantener una
importante producción de programas propios, como soporte esencial de
identidad nacional y garantía de la diversidad cultural de Europa”. Y ya
en febrero de 2012, el comité de ministros del Consejo de Europa alertó
de que el pluralismo y la diversidad en los medios “están amenazados si
el modelo actual, que incluye el servicio público (…), no se preserva”.
En palabras del comisario europeo de Derechos Humanos, Thomas
Hammarberg, “los medios públicos están amenazados por el intento de los
poderes públicos de dominar el mercado mediático”.
Por todo esto, se reclama al Defensor del Pueblo que intervenga ante
el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Dirección del EPRTVM para que
se paralice la ejecución de los despidos colectivos previstos en esta
empresa. Así mismo, se pide su intermediación para facilitar la apertura
inmediata de una mesa de negociación con la representación sindical que
estudie un proyecto de futuro que garantice la viabilidad de Radio
Televisión Madrid como servicio público audiovisual y el mantenimiento
de los puestos de trabajo.
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