El Gobierno del Partido Popular
prosigue en su lucha implacable contra el mundo del trabajo y las
políticas sociales. En esta ocasión ha puesto en el punto de mira a las
pensiones, salario diferido que, en teoría, debiera ser garantizado por
el Estado a través de la Seguridad Social.
Tras buscarse un marco de supuesta legitimidad científica recurriendo
a expertos de parte, y a otros con tendencias complacientes, el
gobierno afronta una reforma durísima del Sistema de Pensiones que
comportará una erosión drástica en los próximos años del poder
adquisitivo de las pensiones actuales, y, a partir de 2019, un recorte
sumamente duro de las pensiones venideras. Estas medidas recrudecen la
reforma de las pensiones de 2011 que ya emprendieron un severo recorte,
contando con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, que dijeron
aliviar las condiciones del ajuste.
La garantía de un aumento de apenas el 0,25% (Factor de
Revalorización Anual) de las pensiones, entraña una reducción de la
capacidad de compra de las pensiones que, al día de hoy arrojan cifras
donde hasta un 20% de las pensiones contributivas y la totalidad de las
no contributivas están por debajo del umbral de la pobreza” y hasta el
49% de los pensiones no superan los 700 euros (tal y como advierte el
manifiesto En defensa del sistema público de pensiones, www.documentopensiones.org),
en uno de los sistemas de protección social más rácanos de Europa. Si
se mantuviese la tasa media anual del IPC de 2012, un 2,4% durante los
próximos diez años, equivaldría a una pérdida de un 21,5% de poder
adquisitivo en las pensiones actuales.
El mal llamado Factor de Equidad Intergeneracional, introduce un
factor corrector basado en la esperanza de vida. A mayor crecimiento de
esta variable mayor reducción del montante mensual de la pensión. Este
factor no sólo castiga que la gente viva más, sino que atribuye la
esperanza de vida (que, por otro lado, en medio la crisis decrece por el
empeoramiento de las condiciones de existencia social), que es un valor
estadístico pasado a una expectativa futura. Pero en sí mismo, no sólo
es injusto sino que es erróneo. El problema es la crisis y las políticas
en vigor, no la robustez del sistema de Seguridad social. Aún incluso
con el impacto de la transición demográfica, a partir de 2025 y sólo
hasta 2050 (porque sus consecuencias son temporales una vez que la
generación del baby boom vegetativamente desaparezca) apenas supondría
un impacto del 14% de gasto social en pensiones en ese año 2050, que
estaría por debajo del esfuerzo que realizan hoy países como Francia o
Italia. En cualquier caso, la solución es evidente: fortalecer el
apartado de ingresos del sistema, combatiendo el fraude y modificando
progresivamente el sistema tributario, aumentar los porcentajes de
cotizaciones a la seguridad social de manera progresiva en función de la
renta (justo al contrario de lo que sucede hoy), desarrollar políticas
de creación de empleo bien pagado y socialmente útil, cambiar el sistema
productivo y energético generando empleo sustentable, y, por qué no,
derogar las generosas desgravaciones fiscales a los fondos de pensiones
privados, engrosando el sistema de seguridad social.
La alternativa a las pensiones, que han de ser garantizadas por el
Estado, no debiera pasar por recortar en los gastos, sino en fortalecer
los ingresos. Hay muchos previos a cuestionar: el pago de la deuda como
prioridad, el despilfarro injusto de los rescates bancarios, una
política económica y de empleo que se basan en un ajuste recesivo
permanente, entre otras, ¡no podemos admitir que nos quiten los derechos
sociales para favorecer a una minoría!. ¡Ni toleraremos que desvíen lo
que es nuestro para rescatar a la banca, y nos enfrentaremos contra el
negocio espurio de los fondos de pensiones privados que esta medida
facilita!. Para eso es necesaria una reforma fiscal progresiva, en la
que contribuyan principalmente las rentas del capital y rentas más
altas, una reforma del sistema para que pueda también sufragarse el
sistema de seguridad social mediante impuestos, entre otras.
El sistema de seguridad social sólo puede estar en peligro si se
continúan las políticas neoliberales. Estas políticas destruyen empleo y
cotizantes, reducen salarios y bases de cotización, separan el sistema
de seguridad social del sistema impositivo para secar sus recursos,
erosionan sus garantías para cernir dudas y presentar como alternativa
los fondos de pensiones privados. Precisamente, los que sí han estado
quebrando en la crisis pasada, y a los que muy pocos pueden acceder
porque apenas tienen ahorros para ello.
Sin duda alguna, la reforma es de un calado histórico y necesita una
respuesta social a la altura. Es preciso que la izquierda política y
sindical aborde algo más que declaraciones o quejas en comunicados. Sin
una rotunda movilización social que paralice la economía las clases
dirigentes no se darán por enteradas. Para calentar motores es
fundamental manifestarse y dar a explicar estas medidas, involucrando a
toda la sociedad, en la que los principales damnificados son la juventud
trabajadora, pensionista en futuro, y los pensiones actuales, a los que
debe darse cuenta de las implicaciones de la pérdida del poder
adquisitivo y de que hay alternativas, para que no se dejen seducir por
la “ilusión monetaria” del raquítico aumento anual del 0,25%.
Izquierda Anticapitalista promoverá tantas iniciativas para dar
cuenta de la grave situación y se sumará a todas las luchas que
paralicen esta reforma del gobierno, exigiendo una vez la necesidad de
que ¡ECHEMOS DESDE ABAJO AL GOBIERNO DE LOS ARRIBA!.
25 de septiembre de 2013
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