Charles-André Udry/kaosenlared
El sector bancario ocupa un lugar importante en España, debido a un
fuerte proceso de concentración-centralización y a una pronunciada
transnacionalización de sus principales agentes.
La «limpieza de los bancos» es, desde hace meses, una verdadera
prueba para el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y la
oligarquía española, así como para sus «socios» europeos. El sector
bancario ocupa un lugar importante en España, debido a un fuerte proceso
de concentración-centralización y a una pronunciada
transnacionalización de sus principales agentes. A finales de 2011, el
balance de los bancos se sitúa a la altura de un 330% del PIB (Neue
Zürcher Zeitung, 9 mayo de 2012). La exposición de los acreedores
(bancos, en lo esencial) al sector de la construcción e inmobiliario se
eleva a 338.000 millones de euros (405.600 millones de francos suizos),
de los que son «problemáticos» entre 176.000 y 184.000 millones, según
declaraciones del Banco de España (Wall Street Journal, 8 de mayo de
2012, Les Echos, 8 de mayo de 2012, El País, 9 de mayo de 2012).
Dicho de otro modo: se trata oficialmente de préstamos «dudosos» – en
el lenguaje corriente se habla de «gentes dudosas» – a constructores y
promotores inmobiliarios, los ex-hacedores de milagros, hace ya cinco
años. Se incluyen hasta bienes inmobiliarios adquiridos por los bancos a
causa de «impagos». Entiéndase: asalariados a quienes se han vendido
apartamentos y que no pueden hacer frente al pago de los intereses
hipotecarios, por no hablar ya del reembolso del principal. Por decenas
de miles, a estos «proprietarios» los han echado de «sus» pisos…pero
deben sin embargo, pagar su deuda, aunque esté un poco «acomodada».
Hace falta situar este rescate de los bancos en un contexto en el que
la caída de la producción industrial – uno de los factores que
alimentan el paro, con sus desastrosos efectos sobre los ingresos de los
asalariados y de sus familias – continúa desde octubre de 2011 a tasas
mensuales (en relación al año precedente) que oscilan entre un -3% y un
-7,5% (en marzo de 2012).
El banquero político y el político banquero
La dimensión del rescate de los bancos revela el entrelazamiento
entre este sector y el poder del Estado. Hace varios años que insistimos
en la mutación que se ha operado en la jerarquía de las instancias
gubernamentales y del Estado. El primer lugar lo ocupan, desde los años
80, los ministros de finanzas y los bancos centrales. Esto se acentúa en
el marco de la Unión Europea (UE). Hoy en día, con la crisis de la
«deuda pública» – que no es pública, hay que repetirlo, sino del sistema
bancario y de seguros – se ha impuesto una superposición estridente
entre imponentes banqueros y «técnicos gubernamentales». Es lo que
ilustran los Mario Monti (Italia), Lucas Papademos (Grecia) o incluso
Luis de Guindos Jurado en España. En la operación de rescate del sistema
bancario español resalta con nitidez este trazo grueso.
Rodrigo Rato, patrono de Bankia – cuarto banco del país, fruto más
que maduro de siete cajas de ahorro, cuyo porvenir es tan dudoso como
sospechosa fue su unión –, ilustra esta maquinaria. Nacido en 1949, es
hijo de dos riquísimas familias de Asturias, encarnadas por su padre,
Ramón Rato, y su madre, Aurora Figaredo. Su padre fue uno de los grandes
banqueros de España (El Pais, 8 de mayo de 2012). Formado por los
jesuitas, realizará sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid
y en Berkeley. A los 30 años ingresa en Alianza Popular (AP), de la que
se convertirá en dirigente, y después en el Partido Popular (PP),
formación unificada y creada por el franquista Manuel Fraga,
[recientemente] «desaparecido».
Fue ministro de Economía con Aznar entre abril de 2000 y abril de
2004. Ya lo había sido antes entre 1996 y 2000, siempre con Aznar; todo
ello habiendo desempeñado la tarea de segundo vicepresidente del
gobierno entre mayo de 1996 y 2003. En estas funciones, fue él quien
regentó la «burbuja inmobiliaria» cuyas explosiones, de rebote, han
golpeado finalmente a Bankia.
En un primer momento, orientará su carrera internacional como
«representante» de España en el Banco Mundial (BM), en el Banco
Internacional de Desarrollo (BID), el Banco Europeo para la
Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) o como representante del
Ministerio de Economía en la UE. Prosigue su ascensión en el FMI. En
efecto, sucederá como director general al alemán Horst Köhler, de la
CDU, tras el breve periodo de interinidad asumido por la norteamericana
Anne Krueger (marzo-junio de 2004). R. Rato fue coronado el 7 de junio
de 2004 y dimitió el 31 de octubre de 2007. Se reciclará rápidamente en
el Banco Lazard de Londres, con dos continentes como campo de batalla
cuyo terreno conocía bien gracias a sus responsabilidades precedentes:
Europa y América Latina.
En diciembre de 2009, entra en Caja Madrid, cuyas riendas toma en
enero de 2010. Algunos meses más tarde, anuncia la fusión de esta
entidad – que flotaba sobre un cojín de acreedores hipotecarios
hipotéticos y sospechosos – con otras cajas agujereadas: Bancaja, Caja
de Canarias, Caixa Laietana, y las Cajas de Avila, de La Rioja y de
Segovia. Con el descaro propio de su casta – con la seguridad de esa
inmunidad que Dios concede, sin límite de crédito, a los suyos de veras –
apuesta sobre sus redes y su distinción para: desactivar la bomba de
tiempo que constituye la gestión clientelar y de estafadores de estas
cajas, estabilizar la vacilante pila de préstamos hipotecarios y guardar
silencio sobre las más que magras entradas de depósitos de los
ahorradores. Así se pone en marcha el mecano Bankia (con una
participación dominante de Caja Madrid, 52,06%, y de Bancaja, 37,7%) y
el Banco Financiero y de Ahorros (BFA). A principios de mayo de 2012,
Rodrigo Rato osaba todavía afirmar que no era necesario ningún rescate
del Estado; una especie de proclamación provocadora en la atmósfera de
Kriegspiel que reina entre tiburones de la banca e intrigantes del
gobierno Rajoy.
Los «mercados» – los inversores – no ignoraban que la exposición a
los activos inmobiliarios no estaba neutralizada por las iniciativas de
Rato y sus adláteres. El cierre del 20% de sus oficinas supone un ligero
maquillaje en términos contables. Luego se pone en marcha una
operación, correctamente denominada segregación, en abril de 2011.
Traducido: se efectúa en la «casa madre» una clasificación y asignación
de los activos más tóxicos al BFA, que se ha construido sobre la base de
un sistema de mutualización y autoprotección en diciembre de 2010 y
comienza su actividad el 1 de enero de 2011. Volvemos a encontrar ahí a
las cajas. El BFA es el accionista mayoritario de Bankia. Este último no
sólo dispone de una red en España sino que está activo a escala
internacional: Lisboa, Dublín, Milán, Londres, Munich, Viena, Miami,
Pekín y Shanghai. Una tarjeta de visita que no basta para tranquilizar a
«los mercados», al contrario. Las acciones de Bankia se despeñan entre
el 2 de agosto de 2011 y el 8 de mayo de 2012 de 3,9 euros a 2,375
euros, es decir, una caída del 39%. La exposición a activos sospechosos
de Bankia se eleva a 31.800 millones de euros. .
Deloitte enciende la mecha
La mecha la ha prendido la sociedad auditora Deloitte, una de las
cuatro grandes multinacionales de la auditoría junto a
PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst&Young y KPGM. Deloitte ilumina
el fallo en su informe de auditoría (El País, 9 de mayo de 2012). En
efecto, en el balance de 2011 del BFA se contabiliza una participación
en Bankia por valor de 12.000 millones de euros. Según el valor de
mercado (el precio de las acciones en Bolsa), se estima esta
participación en 2.000 millones. Una ligera diferencia. Aun cuando,
según las normas contables en vigor y dado que el BFA no pensaba ceder
enseguida sus acciones de Bankia en el mercado, era posible atribuir a
esta participación un valor de 8.500 millones. Pero una deducción mínima
de 3.500 millones en el balance señalaba la necesidad. Ahora bien, si
se cotejan las ganancias del BFA, o sea 41 millones de euros, y la
pérdida a registrar, o sea, 35.000 millones, salta a los ojos la
dificultad aritmética.
Deloitte había sugerido una solución: poner a cero el patrimonio del
BFA, la casa madre de Bankia, y para no dejar BFA totalmente al desnudo,
transformar la participación preferencial del Estado español en capital
del BFA. Pero esto equivaldría a la nacionalización al 100% de BFA. Una
vez más se ofrece la imagen de la toma de rehenes con la que operan los
bancos: un rescate obligado, pero sin contrapartidas. Lo que justifica
desde nuestro punto de vista, muy concretamente, la exigencia política y
estratégica – en la perdurable crisis presente del capitalismo – de una
nacionalización-desprivatización del sector bancario, para hacer de
ello un polo público único, que no entre en competencia con los grandes
cachalotes privados, esos que se zampan a un tiburón de un bocado.
Se perfila otra solución: asignar a Bankia fondos públicos sin
«intervención alguna del Estado» (La Vanguardia, 9 de mayo de 2012). En
otras palabras, canalizar hacia Bankia ingresos del conjunto de
asalariados contribuyentes que sufren un ataque sin precedentes contra
el salario social: salario directo, indirecto, asignaciones diversas,
educación, sanidad, guarderías, etc. Volveremos sobre ello, pues la
decisión concreta sobre la materia debe tomarse este viernes 11 de mayo.
A menos que, acelerándose la crisis «en los mercados», como síntoma de
una crisis del sistema bancario, se escoja la nacionalización antes como
intervención de urgencia.
De Rato a Goirigolzarri
A Rodrigo Rato lo substituirá un hombre de confianza: José Ignacio
Goirigolzarri, nacido en Bilbao en 1954. Dejó el gran banco BBVA – del
que fue uno de los que pilotó su expansión por los Estados Unidos de
América, tras treinta de buenos y leales servicios. Su salida, con la
ayuda del gran patrón del BBVA, tuvo lugar hace 32 meses. Recibe una
indemnización estrella de 61 millones de euros, de la que esperar un
nuevo mandato tras haber firmado una cláusula de confidencialidad y de
no competencia. El Banco de España y el gobierno «han presionado para
que acepte» (El Pais, 8 de mayo de 2012).
Rato no parecía muy dispuesto a dejar los mandos de piloto de Bankia.
Entre gentes de buena crianza, y desconfiando por tanto como es norma,
José Ignacio Goirigolzarri ha exigido todos los poderes. Y los ha
conseguido.
Este género de enfrentamientos constituye un reflejo de los que
tienen lugar en el seno mismo del PP y de la oligarquía reinante,
situada bajo los golpes de una crisis de una fuerza que no se había
previsto necesariamente en todos sus contornos. Este terremoto
financiero provoca sacudidas no sólo en los círculos dirigentes del
«mundo de las finanzas», sino también en los correlativos del llamado
campo político y del bloque social a los mandos. Mandos desdoblados en
el «espacio europeo», donde las torres de control dudan en los pasillos
si otorgar préstamos a los jumbos con trenes de aterrizaje poco fiables,
pese a los procedimientos autoritarios que se maduran: los del
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES) y del Tratado de Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza en el seno de la UE (TSCG).
El Costa-Concordia bancario español necesita un capital sólido. Pero
las profundidades de las finanzas del mercado español son más que
traicioneras e imprevisibles. Puede estallar una crisis de falta de
liquidez en el sistema bancario, sin previo aviso, y poner de rodillas a
la oligarquía bancaria, que tomaría a la sociedad como rehén con una
violencia fría y decidida.
Es hora de denunciar la toma de rehenes por parte de los bancos
El «rescate» de Bankia – bajo una u otra forma – saca a la luz la
gravedad de la crisis bancaria sistémica en vigor en España y otros
lugares. Veamos de qué forma se han engarzado y se engarzan los balances
de Bankia y de otras instituciones. Con toda razón, Les Echos (9 de
mayo de 2012) insiste en un dato, más allá de la crisis griega y su
posible extensión a Portugal e Irlanda: los «inversores se preguntan ya
por la situación de otras entidades y sobre los medios de España para
ayudar a los demás [aparte de Bankia y BFA]. ¿Cómo encontraría el
gobierno el dinero necesario en plena crisis?» François Duhen, estratega
de CM-CIC, constata sucintamente: «España no ha llegado al final de sus
problemas». En cuanto a los analistas de Barclays, en un artículo
titulado «Por qué la crisis del euro se hace aun más compleja», afirman:
«El sistema bancario ibérico necesitará a corto plazo100.000 millones
de liquidez, y en la hipótesis de que sea el Estado quien deba poner
todo el dinero, la deuda pública salpicaría al 100% del PIB y el
esfuerzo de austeridad presupuestaria habrá sido en vano» (24Ore/Il
Sole, 9 de mayo de 2012).
Entre líneas de diferentes artículos de la prensa económica,
sobresale otra interrogación en forma de eufemismo: ¿qué «grado de
aceptabilidad social y política» va a manifestar la población frente a
esta socialización de las pérdidas de una deuda bancaria presentada como
algo público y «justificar» que se enjuague con los impuestos de los
asalariados? Aquí es donde la «crisis griega» adquiere un eco europeo
mediante el rechazo masivo de la regresión social y existencial.
Ahora bien, los bancos españoles han logrado en estos últimos meses
la hazaña de recoger fondos (acciones y obligaciones convertibles) de
«pequeños ahorradores», desde luego una minoría de la población, y de
fondos de pensiones, así como de vendedores de seguros de vida.
Según el Banco de España, los fondos recogidos en el último trimestre
de 2011 son superiores en unos 8.000 millones de euros a los adquiridos
en el mismo trimestre de 2010. Este acopio – gracias a una ofensiva de
marketing – ha permitido, en parte, camuflar por más tiempo las
pérdidas infracontabilizadas en los balances de los bancos.
La crisis de Bankia – con el lote de «escándalos» que van a salir a
la superficie – puede golpear a los buques insignia del sistema bancario
español. De ahí el nerviosismo que se registra y los tajantes
enfrentamientos sobre los parqués encerados y las moquetas mullidas.
Tanto más cuando se había difundido a mansalva desde hace tres años la
imagen de control del sistema bancario, pese al desastre gigantesco del
hundimiento inmobiliario, es decir, de la crisis de superproducción de
alojamientos.
¿Cómo se explica que ninguno de los grandes bancos españoles haya
anunciado pérdidas en sus resultados anuales desde el inicio de la
crisis financiera de 2008 (que data más exactamente de 2007), cuya
cuarta fase está en curso?
El rescate de Bankia marca una nueva etapa socio-política en España.
La denuncia de la deuda y el objetivo de una
nacionalización-desprivatización de los bancos se convierte en eslabón
necesario de una lucha contra las políticas de austeridad. Es decir,
contra el paro y la degradación histórica del salario social,
contemplado como precio de la reproducción ampliada, en la duración de
una vida, de la fuerza de trabajo colectiva del asalariado, a partir de
baremos establecidos en los años 1970-1980. A lo que debería añadirse, a
partir de coordinaciones sectoriales de resistencias y luchas, una
perspectiva europea, socialista y democrática. Esto último puede
plantear, bajo el ángulo de la solidaridad de clase, la cuestión de una
reconquista soberana de derechos expropiados, derechos que traducían la
necesaria satisfacción de necesidades sociales y de una verdadera
seguridad, en primer lugar, de orden social.
Charles-André Udry es profesor de economía en la
Universidad de Laussane, director de Editions Page deux y editor de la
revista electrónica suiza A l´encontre.
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