Damien Millet - Eric Toussaint[1]
De acuerdo con las exigencias del FMI, los gobiernos de los países
europeos han tomado la decisión de imponer a sus pueblos políticas de
estricta austeridad, con recortes en los gastos públicos: despidos en la
función pública, congelación o incluso bajada de los salarios de los
funcionarios, reducción del acceso a ciertos servicios públicos vitales y
de la protección social, retroceso de la edad de jubilación.... El
coste de las prestaciones de los servicios públicos aumenta (transporte,
agua, salud, educación...). El recurso a subidas de impuestos
indirectos particularmente injustos, sobre todo el IVA, aumenta. Las
empresas públicas del sector competitivo son masivamente privatizadas.
Las políticas de rigor puestas en pie son llevadas a un nivel jamás
visto desde la Segunda Guerra Mundial. Los efectos de la crisis son así
multiplicados por pretendidos remedios, que intentan sobre todo proteger
los intereses de los poseedores de capitales. La austeridad agrava
claramente la ralentización económica y ha desencadenado el efecto bola
de nieve: dado el débil crecimiento, cuando existe, la deuda pública
crece de forma mecánica. Como ha escrito Jean-Marie Harribey, el
tríptico Austeridad salarial+Austeridad monetaria+Austeridad
presupuestaria da su fórmula de triple A.
Pero los pueblos soportan cada vez menos la injusticia de estas
reformas marcadas por una regresión social de gran amplitud. En términos
relativos, son los asalariados, los parados y los hogares más modestos
los que más están obligados a contribuir para que los estados continúen
engordando a los acreedores. Y entre las poblaciones más afectadas, las
mujeres ocupan la primera fila, pues la organización actual de la
economía y de la sociedad patriarcal hace recaer sobre ellas los efectos
desastrosos de la precariedad, del trabajo parcial y subpagado[2].
Directamente concernidas por la degradación de los servicios públicos
sociales, son las que más lo pagan. La lucha para imponer una lógica
diferente es indisociable de la lucha por el respeto absoluto de los
derechos de las mujeres. Esbozamos las grandes líneas de lo que
planteamos para esta lógica diferente.
La reducción del déficit público no es un objetivo en sí mismo. En
ciertas circunstancias, el déficit puede ser utilizado para relanzar la
actividad económica y realizar gastos a fin de mejorar las condiciones
de vida de las víctimas de la crisis. Una vez relanzada la actividad
económica, la reducción de los déficits públicos debe hacerse no
reduciendo los gastos sociales públicos, sino mediante la subida de los
ingresos fiscales, luchando contra el gran fraude fiscal y poniendo más
impuestos al capital, las transacciones financieras, el patrimonio y las
rentas de las familias ricas. Para reducir el déficit, hay también que
reducir radicalmente los gastos provocados por la devolución de la deuda
pública cuya parte ilegítima debe ser anulada. La compresión de los
gastos debe también afectar al presupuesto militar así como a otros
gastos socialmente inútiles y peligrosos para el medio ambiente. En
cambio, es fundamental aumentar los gastos sociales, particularmente
para paliar los efectos de la depresión económica. También hay que
aumentar los gastos en las energías renovables y en ciertas
infraestructuras como los transportes públicos, los establecimientos
escolares, las instalaciones de salud pública. Una política de
relanzamiento mediante la demanda pública y la demanda de la mayoría de
las familias genera igualmente una mejor entrada de impuestos. Pero más
allá, la crisis debe dar la posibilidad de romper con la lógica
capitalista y de realizar un cambio radical de sociedad. La nueva lógica
a construir deberá dar la espalda al productivismo, integrar la
situación ecológica, erradicar las diferentes formas de opresión
(racial, patriarcal...) y promover los bienes comunes.
Para esto, hay que construir un amplio frente anticrisis, tanto a
escala europea como localmente, a fin de reunir las energías para crear
una correlación de fuerzas favorable a la puesta en práctica de
soluciones radicales centradas en la justicia social y climática.
1.- Poner fin a los planes de austeridad, son injustos y profundizan la crisis
Poner fin a las medidas antisociales de austeridad constituye una
prioridad absoluta. Mediante la movilización en la calle, en las plazas
públicas, mediante la huelga, el rechazo de los impuestos y tasas
impopulares, hay que forzar a los gobiernos a desobedecer a las
autoridades europeas y a derogar los planes de austeridad.
2.- Anular la deuda pública ilegítima
La realización de una auditoría de la deuda pública efectuada bajo
control ciudadano, combinada, en ciertos casos, con una suspensión
unilateral y soberana del pago de la deuda pública permitirá llegar a
una anulación/repudio de la parte ilegítima de la deuda pública y
reducir fuertemente el resto de la deuda.
En primer lugar, no se trata de apoyar las reducciones de deuda
decididas por los acreedores, particularmente a causa de las severas
contrapartidas que implican. El plan de reducción de una parte de la
deuda griega puesto en práctica a partir de marzo de 2012 está ligado a
la aplicación de una dosis suplementaria de medidas que pisotean los
derechos económicos y sociales de la población griega y la soberanía del
país[3]. Según un estudio realizado por la Troika, a pesar de la
reducción de deuda concedida por los acreedores privados, ¡el
endeudamiento público de Grecia alcanzará el 164% del PIB en 2013![4]
Hay pues que denunciar la operación de reducción de la deuda griega tal
como ha sido realizada, y oponerla una alternativa: la anulación de
deuda, es decir su repudio por el país deudor, es un acto soberano
unilateral muy fuerte.
¿Porqué el estado endeudado debe reducir radicalmente su deuda
pública procediendo a la anulación de las deudas ilegítimas? Primero por
razones de justicia social, pero también por razones económicas que
todo el mundo puede comprender y asumir. Para salir de la crisis por
arriba, no hay que contentarse con relanzar la actividad económica
gracias a la demanda pública y a la de las familias. Pues de contentarse
con una política de relanzamiento así, combinada con una reforma fiscal
redistributiva, el suplemento de ingresos fiscales sería apropiado en
gran medida por la devolución de la deuda pública. Las contribuciones
que serían impuestas a las familias más ricas y a las grandes empresas
privadas serían en gran medida compensadas por la renta que sacarían de
las obligaciones estatales de las que son de lejos sus principales
tenedores y beneficiarios (razón por la que no quieren oír hablar de una
anulación de deuda). Hay pues, claramente, que anular una muy gran
parte de la deuda pública. La amplitud de esta anulación dependerá del
nivel de conciencia de la población víctima del sistema de la deuda (a
este nivel, la auditoría ciudadana juega un papel crucial), de la
evolución de la crisis económica y política y sobre todo de las
relaciones de fuerza concretas que se construyen en la calle, en las
plazas públicas y en los lugares de trabajo a través de las actuales
movilizaciones y de las que vengan. En algunos países como Grecia,
Portugal, Irlanda, España, Italia y Hungría, la cuestión de la anulación
de la deuda es una cuestión de la mayor actualidad. Para Francia,
Bélgica, está a punto de serlo. Y, pronto, el tema será un punto central
del debate político en el resto de Europa.
Para las naciones ya sometidas al chantaje de los especuladores, del
FMI y de otros organismos como la Comisión Europea, conviene recurrir a
una moratoria unilateral de la devolución de la deuda pública. Esta
propuesta se está haciendo popular en los países más afectados por la
crisis. Tal moratoria unilateral debe estar combinada a la realización
de una auditoría ciudadana de los empréstitos públicos, que debe
permitir aportar a la opinión pública las pruebas y los argumentos
necesarios para el repudio de la parte de la deuda identificada como
ilegítima. Como ha mostrado el CADTM en numerosas publicaciones, el
derecho internacional y el derecho interno de los países ofrecen una
base legal para tal acción soberana unilateral[5].
La auditoría debe también permitir determinar las diferentes
responsabilidades en el proceso de endeudamiento y exigir que los
responsables tanto nacionales como internacionales rindan cuentas ante
la justicia. En todos los casos, es legítimo que las instituciones
privadas y los individuos de altas rentas que poseen títulos de esas
deudas soporten el peso de la anulación de deudas soberanas ilegítimas
pues tienen en gran medida la responsabilidad de la crisis, de la que
además se han beneficiado. El hecho de que deban soportar esta carga no
es más que una justa vuelta hacia más justicia social. Es pues
importante levantar un catastro de los poseedores de títulos a fin de
indemnizar de entre ellos a los ciudadanos y ciudadanas de rentas bajas o
medias.
Si la auditoría demuestra la existencia de delitos ligados al
endeudamiento ilegítimo, sus autores deberán ser severamente condenados a
pagar reparaciones y no deberán escapar a penas de cárcel en función de
la gravedad de sus actos. Hay que demandar cuentas ante la justicia a
las autoridades que hayan lanzado empréstitos ilegítimos.
En lo que se refiere a las deudas que no están manchadas de
ilegitimidad según la auditoría, convendrá imponer un esfuerzo a los
acreedores en términos de reducción del stock y de las tasas de interés,
así como un alargamiento del período de devolución. Aquí también, será
útil realizar una discriminación positiva en favor de los pequeños
poseedores de títulos de la deuda pública a quienes habrá que pagar
normalmente. Por otra parte, a la parte del presupuesto del estado
destinado a la devolución de la deuda deberá ponérsele un techo en
función de la salud económica, de la capacidad de los poderes públicos
para devolver y del carácter no reducible de los gastos sociales. Hay
que inspirarse en lo que se hizo en el caso de Alemania tras la Segunda
Guerra Mundial: el acuerdo de Londres de 1953 que consistía
particularmente en reducir un 62% el stock de la deuda alemana
estipulaba que la relación entre servicio de la deuda y rentas de
exportaciones no debía superar el 5%.[6] Se podría definir una ratio de
este tipo: la suma asignada a la devolución de la deuda no puede exceder
el 5% de los ingresos del estado. Hay también que adoptar un marco
legal a fin de evitar la repetición de la crisis que comenzó en
2007-2008: prohibición de socializar deudas privadas, obligación de
organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento
público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos
ligados al endeudamiento ilegítimo, nulidad de las deudas ilegítimas,
adopción de una regla de oro que consiste en decir que los gastos
públicos que permiten garantizar los derechos humanos fundamentales no
se pueden reducir y priman sobre los gastos relativos a la devolución de
la deuda... Las pistas alternativas no faltan.
3.- Por una justa redistribución de la riqueza
Desde 1980, no han dejado de bajar los impuestos directos a las
rentas más elevadas y a las grandes empresas. Centenares de miles de
millones de euros de regalos fiscales han sido en lo esencial orientados
hacia la especulación y la acumulación de riquezas por parte de los más
ricos.
Hay que combinar una reforma en profundidad de la fiscalidad con un
objetivo de justicia social (reducir a la vez las rentas y el patrimonio
de los más ricos para aumentar los de la mayoría de la población) con
su armonización en el plano europeo a fin de impedir el dumping
fiscal.[7] El objetivo es un aumento de los ingresos públicos,
particularmente vía el impuesto progresivo sobre la renta de las
personas físicas más ricas (la tasa marginal del impuesto sobre la renta
puede ser llevada por entero hasta el 90%) [8], el impuesto sobre el
patrimonio a partir de un cierto montante y el impuesto sobre las
sociedades. Este aumento de los ingresos debe ir parejo con una bajada
rápida del precio de acceso a los bienes y servicios de primera
necesidad (alimentos de base, agua, electricidad, calefacción,
trasportes públicos, material escolar...), particularmente por una
reducción fuerte y bien dirigida del IVA sobre esos bienes y servicios
vitales. Se trata también de adoptar una política fiscal que favorezca
la protección del medio ambiente poniendo impuestos de forma disuasiva a
las industrias contaminantes.
Varios países pueden asociarse para adoptar un impuesto sobre las
transacciones financieras, particularmente en los mercados de cambios, a
fin de aumentar los ingresos de los poderes públicos, de limitar la
especulación y de favorecer la estabilidad de las tasas de cambio.
4.- Luchar contra los paraísos fiscales
Las diferentes cumbres del G20 han rechazado, a pesar de sus
declaraciones de intención, atacar realmente a los paraísos judiciales y
fiscales. Una medida sencilla a fin de luchar contra los paraísos
fiscales (que hacen perder cada año a los países del Norte, pero también
a los del Sur, recursos vitales para el desarrollo de las poblaciones)
consiste para un Parlamento en prohibir a todas las personas físicas y a
todas las empresas presentes en su territorio realizar cualquier tipo
de transacción que pase por paraísos fiscales, bajo pena de una multa de
un montante equivalente. Más allá, es preciso erradicar esos agujeros
negros de las finanzas, de tráficos criminales, de corrupción y de
delincuencia de cuello blanco. Las grandes potencias, que les avalan
desde hace años, tienen todos los medios precisos para hacerlo.
El gran fraude fiscal priva a la colectividad de medios considerables
y juega contra el empleo. Medios públicos consecuentes deben ser
asignados a los servicios de hacienda para luchar eficazmente y de forma
prioritaria contra el fraude organizado por las grandes empresas y las
familias más ricas. Los resultados deben ser hechos públicos y los
culpables fuertemente sancionados.
5.- Meter en cintura a los mercados financieros
La especulación a escala mundial representa varias veces las riquezas
producidas en el planeta. Los montajes sofisticados la hacen totalmente
incontrolable. Los engranajes que suscita desestructuran la economía
real. La opacidad sobre las transacciones financieras es la regla. Para
tasar a los acreedores en la fuente, hay que identificarlos. La
dictadura de los mercados financieros debe cesar. Conviene prohibir la
especulación sobre los títulos de la deuda pública, sobre las monedas,
sobre los alimentos.[9] Las ventas a descubierto[10] y los Credit
Default Swaps deben ser igualmente prohibidos. Hay que cerrar los
mercados de productos derivados que son verdaderos agujeros negros que
escapan a toda reglamentación y a toda vigilancia.
El sector de las agencias de notación debe igualmente ser
estrictamente reformado y encuadrado. Debe estar prohibido a las
agencias de notación notar a los estados. Lejos de ser la herramienta de
una estimación científica objetiva, esas agencias son estructuralmente
parte interesada de la mundialización neoliberal y han desencadenado en
numerosas ocasiones catástrofes sociales. En efecto, la degradación de
la nota de un país puede implicar una subida de las tasas de interés que
el estado debe pagar para lograr tomar prestado en los mercados
financieros. Debido a esto, la situación económica del país concernido
se deteriora. El comportamiento de rebaño de los especuladores
multiplica las dificultades que pesarán aún con más fuerza sobre las
poblaciones. La fuerte sumisión de las agencias de notación a los medios
financieros hace de estas agencias un actor importante a nivel
internacional, cuya responsabilidad en el desencadenamiento y la
evolución de las crisis no está puesta a la luz de forma suficiente por
los medios. La estabilidad económica de los países europeos ha sido
colocada en sus manos, sin protección, sin medios de control serio por
parte de los poderes públicos, por lo que hay que prohibirles continuar
haciendo daño.
A fin de prohibir otras maniobras de desestabilización de los
estados, hay que restaurar un control estricto de los movimientos de
capitales.
6.- Transferir bajo control ciudadano los bancos y los seguros al sector público
A causa de las decisiones que han tomado, la mayor parte de los
bancos hacen frente a una situación de insolvencia y no a una crisis
pasajera de liquidez. La decisión de los bancos centrales de concederles
un acceso ilimitado al crédito sin imponerles un cambio de las reglas
del juego agrava el problema.
Hay que volver a lo fundamental. Los bancos deben ser considerados
como servicios públicos, debido, precisamente, a su importancia y al
efecto devastador que su mala gestión puede tener sobre la economía. El
oficio de la banca es demasiado serio para ser confiado a banqueros
privados. Como utiliza dinero público, goza de garantías por parte del
estado y hace un servicio de base fundamental a la sociedad, la banca
debe convertirse en un servicio público.
Los estados deben encontrar su capacidad de control y de orientación
de la actividad económica y financiera. Deben igualmente disponer de
instrumentos para realizar inversiones y financiar los gastos públicos
reduciendo al mínimo el recurso al empréstito ante instituciones
privadas. Para esto, hay que expropiar sin indemnización a los bancos
para socializarlos transfiriéndoles al sector público bajo control
ciudadano.
En ciertos casos, la expropiación de los bancos privados puede
representar un coste para el estado debido a las deudas que han podido
acumular y los productos tóxicos que han conservado. El coste en
cuestión debe ser recuperado sobre el patrimonio general de los grandes
accionistas. En efecto, las sociedades privadas que son accionistas de
los bancos y que les han llevado hacia el abismo a la vez que hacían
jugosos beneficios tienen una parte de su patrimonio en otros sectores
de la economía. Hay pues que hacer una punción sobre el patrimonio
general de los accionistas. Se trata de evitar al máximo socializar las
pérdidas. El ejemplo irlandés es emblemático, la forma en que la
nacionalización del Irish Allied Banks ha sido efectuada es inaceptable
pues se ha hecho a costa de la población.
La opción que defendemos implica la eliminación del sector bancario
capitalista, tanto en el crédito y el ahorro (bancos de depósito) como
en el terreno de la inversión (bancos de negocios o de inversión). En
esta opción, no quedarían más que dos tipos de bancos: bancos públicos
con un estatuto de servicio público (bajo control ciudadano) y bancos
cooperativas de talla moderada.
Incluso si su estado de salud está menos mediatizado, el sector de
los seguros está también en el corazón de la crisis actual. Los grandes
grupos de seguros han llevado a cabo operaciones tan arriesgadas como
los bancos privados con los que numerosos de ellos están estrechamente
ligados. Una gran parte de sus activos está constituida de títulos de la
deuda soberana y de productos derivados. A la búsqueda del máximo de
beneficio inmediato, han especulado peligrosamente con las primas
pagadas por los asegurados, con el ahorro recogido bajo la forma de
seguro de vida o de cotizaciones voluntarias con vistas a una jubilación
complementaria. La expropiación de los seguros permitirá evitar una
debacle en este sector y protegerá a ahorradores y asegurados. Esta
expropiación de los seguros debe ir pareja con una consolidación del
sistema de jubilaciones por reparto.
7.- Socializar las empresas privatizadas desde 1980
Una característica de estos treinta últimos años ha sido la
privatización de numerosas empresas y servicios públicos. Desde los
bancos del sector industrial pasando por correos, las
telecomunicaciones, a la energía y los transportes, los gobiernos han
entregado al sector privado sectores enteros de la economía, perdiendo
de paso toda capacidad de regulación de la economía. Esos bienes
públicos, salidos del trabajo colectivo, deben volver al dominio
público. Se tratará de crear nuevas empresas públicas y adaptar los
servicios públicos según las necesidades de la población, por ejemplo
para responder a la problemática del cambio climático por la creación de
un servicio público de aislamiento de las viviendas.
8.- Reducir radicalmente el tiempo de trabajo para garantizar
el pleno empleo y adoptar una política de rentas para realizar la
justicia social
Repartir de otra forma las riquezas es la mejor respuesta a la
crisis. La parte destinada a los asalariados en las riquezas producidas
ha bajado claramente desde hace varios decenios, mientras que los
acreedores y las empresas han aumentado sus ganancias para consagrarlas a
la especulación. Aumentando los salarios, no solo se permite a las
poblaciones vivir dignamente, sino que se refuerzan también los medios
que sirven para la financiación de la protección social y de los
regímenes de jubilación.
Disminuyendo el tiempo de trabajo sin reducción de salario y creando
empleos, se mejora la calidad de vida de los trabajadores, se
proporciona un empleo a quienes tienen necesidad de él. La reducción
radical del tiempo de trabajo ofrece también la posibilidad de poner en
práctica otro ritmo de vida, una manera diferente de vivir en sociedad
alejándose del consumismo. El tiempo ganado a favor del tiempo libre
debe permitir el aumento de la participación activa de las personas en
la vida política, en el refuerzo de las solidaridades, en las
actividades benévolas y la creación cultural.
Hay igualmente que subir significativamente el montante del salario
mínimo legal, de los salarios medios y de las asignaciones sociales. En
cambio, hay que fijar un techo muy estricto para las remuneraciones de
los dirigentes de las empresas, sean privadas o públicas, remuneraciones
que alcanzan niveles absolutamente inaceptables. Se trata de prohibir
los bonus, las stock-options, las jubilaciones “doradas” y demás
ventajas injustificadas derogatorias. Conviene instaurar una renta
máxima autorizada. Recomendamos un abanico máximo de 1 a 4 de las rentas
(como recomendaba Platón hace ya 2400 años) con una globalización del
conjunto de las rentas de una persona a fin de someterlas al impuesto.
9. Empréstitos públicos favorables a la mejora de las
condiciones de vida, a la promoción de los bienes comunes y que rompan
con la lógica de la destrucción medioambiental.
Un estado debe poder pedir prestado a fin de mejorar las condiciones
de vida de las poblaciones, por ejemplo realizando trabajos de utilidad
pública e invirtiendo en las energías renovables. Algunos de esos
trabajos pueden ser financiados por el presupuesto corriente gracias a
decisiones políticas afirmadas, pero empréstitos públicos pueden hacer
posibles otros de mayor envergadura, por ejemplo para pasar del “todo
automóvil” a un desarrollo masivo de los transportes colectivos, cerrar
definitivamente las centrales nucleares y sustituirlas por energías
renovables, crear o reabrir vías férreas de proximidad sobre todo el
territorio comenzando por el territorio urbano y semi urbano, o también
renovar, rehabilitar o construir edificios públicos y viviendas sociales
reduciendo su consumo de energía y poniéndoles comodidades de calidad.
Hay que definir con toda urgencia una política transparente de
empréstito público. La propuesta que planteamos es la siguiente: 1. el
destino del empréstito público debe garantizar una mejora de las
condiciones de vida, rompiendo con la lógica de destrucción
medioambiental; 2. el recurso al empréstito público debe contribuir a
una voluntad redistributiva a fin de reducir las desigualdades. Es por
lo que proponemos que las instituciones financieras, las grandes
empresas privadas y las familias ricas sean obligadas por vía legal a
comprar, por un montante proporcional a su patrimonio y a sus rentas,
obligaciones del estado al 0% de interés y no indexadas con la
inflación; el resto de la población podrá adquirir de forma voluntaria
obligaciones públicas que garantizarán un rendimiento real positivo (por
ejemplo, el 3%) superior a la inflación. Así si la inflación anual se
eleva al 3%, la tasa de interés efectivamente pagado por el estado para
el año correspondiente será del 6%. Una medida así de discriminación
positiva (comparable a las adoptadas para luchar contra la opresión
racial en los Estados Unidos, las castas en la India o las desigualdades
hombre-mujer) permitirá avanzar hacia más justicia fiscal y hacia un
reparto menos desigualitario de las riquezas.
10. Cuestionar el Euro
El debate sobre la salida del euro para una serie de países como
Grecia es completamente necesario. Está claro que el euro es una camisa
de fuerza para Grecia, Portugal y también para España. Si no le
concedemos la misma atención que a las demás propuestas de alternativas,
es porque el debate atraviesa y divide tanto a los movimientos sociales
como a los partidos de izquierda. Nuestra preocupación central es
reagrupar sobre el tema vital de la deuda dejando de lado temporalmente
lo que nos divide.
11. Una Unión Europea diferente basada en la solidaridad
Numerosas disposiciones de los tratados que rigen la Unión Europea,
la zona euro y el BCE deben ser derogadas. Por ejemplo, hay que suprimir
los artículos 63 y 125 del Tratado de Lisboa que prohíben todo control
de los movimientos de capitales y toda ayuda a un estado en
dificultades. Hay también que abandonar el Pacto de Estabilidad y de
Crecimiento. El MEE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) debe ser
eliminado. Además, hay que reemplazar los actuales tratados por unos
nuevos en el marco de un verdadero proceso constituyente democrático a
fin de llegar a un pacto de solidaridad de los pueblos para el empleo y
el medio ambiente.
Hay que revisar completamente la política monetaria así como el
estatus y la práctica del BCE. La incapacidad del poder político para
imponerle crear moneda es un hándicap muy pesado. Al crear este BCE por
encima de los gobiernos y por tanto de los pueblos, la Unión Europea
tomó una opción desastrosa, la de someter lo humano a las finanzas, en
lugar de a la inversa.
Cuando numerosos movimientos sociales denunciaban estatutos demasiado
rígidos y profundamente inadaptados, el BCE ha sido obligado a cambiar
planteamientos en el momento más fuerte de la crisis modificando con
urgencia el papel que le fue concedido. Desgraciadamente, ha aceptado
hacerlo por malas razones: no para que los intereses de los pueblos sean
tenidos en cuenta, sino para que los de los acreedores sean
preservados. Es claramente la prueba de que las cartas deben ser
barajadas de nuevo: el BCE y los bancos centrales de los estados deben
poder financiar directamente a estados preocupados por alcanzar
objetivos sociales y medioambientales que integren perfectamente las
necesidades fundamentales de las poblaciones.
Hoy, actividades económicas muy diversas, como la inversión en la
construcción de un establecimiento hospitalario o un proyecto puramente
especulativo, son financiadas de forma similar. El poder político debe
imponer costes muy diferentes a los unos y los otros: tasas bajas deben
ser reservadas a las inversiones socialmente justas y ecológicamente
sostenibles, tasas muy elevadas, incluso prohibitivas cuando la
situación lo exija, para las operaciones de tipo especulativo, que es
igualmente deseable prohibir pura y simplemente en ciertos terrenos.
Una Europa construida sobre la solidaridad y la cooperación debe
permitir dar la espalda a la competencia y a la competición, que tiran
“hacia abajo”. La lógica neoliberal ha conducido a la crisis y revelado
su fracaso. Ha empujado los indicadores sociales a la baja: menos
protección social, menos empleos, menos servicios públicos. El puñado de
quienes se han beneficiado de esta crisis lo ha hecho pisoteando los
derechos de la mayoría de los demás. ¡Los culpables han ganado, las
víctimas pagan! Esta lógica, que está detrás de todos los textos
fundadores de la Unión Europea, debe ser desmontada. Una Europa
diferente, centrada en la cooperación entre estados y la solidaridad
entre los pueblos, debe convertirse en el objetivo prioritario. Para
ello, las políticas presupuestarias y fiscales deben ser no
uniformizadas, pues las economías europeas presentan fuertes
disparidades, sino coordinadas para que al fin emerja una solución
“hacia arriba”. Políticas globales a escala europea, que comprendan
inversiones públicas masivas para la creación de empleos públicos en
terrenos esenciales (servicios de proximidad con energías renovables,
lucha contra el cambio climático, sectores sociales de base), deben
imponerse. Una política diferente pasa por un proceso coordinado por los
pueblos a fin de adoptar una Constitución para construir una Europa
diferente.
Esta Europa diferente democratizada debe trabajar para imponer
principios no negociables: refuerzo de la justicia fiscal y social,
decisiones dirigidas a la elevación del nivel y de la calidad de vida de
sus habitantes, desarme y reducción radical de los gastos militares,
opciones energéticas sostenibles sin recurso a lo nuclear, rechazo de
los organismo genéticamente modificados (OGM). Debe también,
resueltamente, poner fin a su política de fortaleza asediada hacia los
candidatos a la inmigración, para convertirse en un socio equitativo y
verdaderamente solidario de los pueblos del sur del planeta. El primer
paso en este sentido debe consistir en anular la deuda del tercer mundo
de forma incondicional. La anulación de la deuda es decididamente un
denominador común a todas las luchas que es urgente llevar a cabo tanto
en el Norte como en el Sur.
Traducido por Alberto Nadal
Notas
[1] Damien Millet (profesor de matemáticas y portavoz del CADTM France www.cadtm.org
) y Eric Toussaint (doctor en ciencias políticas, presidente del CADTM
Belgique, miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia). Damien
Millet y Eric Toussaint han dirigido el libro colectivo La deuda o la
vida, publicado en Icaria-Antrazyt, que recibió el Premio del libro
político en la Feria del Libro Político de Lieja en 2011. Último libro
publicado: Damien Millet et Éric Toussaint, AAA, Audit, Annulation,
Autre politique, Le Seuil, Paris, 2012.
[2] Christiane Marty, « Impact de la crise et de l’austérité sur les femmes : des raisons de s’indigner et se mobiliser », www.cadtm.org/Impact-de-la-c...
[4] Ver Reuters, http://www.reuters.com/article/2012...
Ver tambien Damien Millet y Eric Toussaint han dirigido el libro colectivo La deuda o la vida, capitulos XXI y XXII
[6] Éric Toussaint, Banco Mundial, el golpe de Estado permanente, Viejo Topo, Barcelona, 2006, capitulo 4
[7] Pensemos en Irlanda que practica una tasa de solo el 12,5% sobre
los beneficios de las sociedades. En Francia, la tasa real de imposición
de las empresas del CAC 40 no es más que del 8%...
[8] Señalemos que esa tasa del 90% había sido impuesta a los ricos a
partir de la presidencia de Franklin Roosevelt en los Estados Unidos en
los años 1930.
[9] Éric Toussaint, La Crisis Global, Viejo Topo, Bercelona, capitulo 4.
[10] Las ventas a descubierto permiten especular sobre la bajada de
un título vendiendo a plazo ese título cuando ni siquiera se dispone de
él. Las autoridades alemanas han prohibido las ventas a descubierto
mientras que las autoridades francesas y las de otros países se han
opuesto a esta medida.
—
Eric Toussaint
www.cadtm.org
345 Avenue de l’Observatoire
4000 Liège
Belgique
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